Emmanuel Abinadid Rivera Rodríguez
Expediente 633/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Emmanuel Abinadid Rivera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
PRAL 633/2021 MESSAA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.633/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel Abinadid Rivera Rodríguez, por propio derecho, contra actos reclamados al presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; depositada el nueve de junio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 633/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: (Imagen escaneada) En los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, señaló lo siguiente: (Imágenes escaneadas) En la etapa de demanda y excepciones el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, interpuso incidente de falta de personalidad respecto de Víctor Emmanuel Rodríguez y Jaime Marcial Cruz, quienes se ostentaron como apoderados de la parte patronal demandada "CNCI, OAXACA S. C."; una vez que la Junta escuchó a la parte actora y demandada determinó lo siguiente: (Imagen escaneada) De las imágenes escaneadas se advierte que la parte quejosa se duele, esencialmente, de la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, promovido por Emmanuel Abinadid Rivera Rodríguez -aquí quejoso- en el expediente laboral 256/2020, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, ya que, a su consideración, la junta omitió valorar debidamente el poder exhibido por Víctor Emmanuel Rodríguez y Jaime Marcial Cruz. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por estos últimos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente señalados prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, cabe establecer que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y b) recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales, y respecto de los cuales no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como derechos fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En este contexto, es oportuno precisar que, en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente no es procedente contra violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo cuando se reclama el fallo definitivo. En efecto, atento al contexto actual de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que solo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de estos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Por tanto, teniendo en cuenta que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, promovido por Emmanuel Abinadid Rivera Rodríguez -aquí quejoso- en el expediente laboral 256/2020, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, ya que, a su consideración, la Junta omitió valorar debidamente el poder exhibido por Víctor Emmanuel Rodríguez y Jaime Marcial Cruz; resulta inconcuso que este juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que solo tienen repercusiones intraprocesales, por lo que no pueden catalogarse entre las hipótesis comprendidas en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el reconocimiento de la personalidad del apoderado de la parte aquí tercera interesada, parte patronal demandada, en el juicio laboral, no es de aquellos actos dictados dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas, o que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que sus efectos solo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo respectivo, si este es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarla en el juicio de amparo directo que intente contra el mismo, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" Por tanto, queda de manifiesto que la referida violación procesal, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es, precisamente, la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese orden, se insiste, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impide la posibilidad de que la hipotética violación procesal que produce como efecto, sea reparada en el laudo que se pronuncie en el procedimiento laboral, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, la parte promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Tiene aplicación a lo que interesa, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. " En consecuencia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 4. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica. b) Autorizado. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado con las facultades amplias a 1) Víctor Manuel Porras Galindo (cédula 6965419) 2) Víctor Manuel Porras Garrido (cédula 8436042), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas (Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx). Y únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Ana Lilia Garrido Baños, por así solicitarlo de manera expresa. 5. Correo electrónico y teléfono móvil. Ahora, toda vez que también proporciona el correo electrónico "porrasadvocatus@outlook.com" y el número telefónico "951 197 6161", mismos que, no obstante que no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa. 6. Captura de constancias por medios electrónicos. Además, como lo solicita la parte promovente, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". En el entendido que para efectuar la captura de constancias físicas, deberá agendar cita previa en el micrositio sobre "servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por ello, se indica al (a la) actuario (a) que cuando se lleve a cabo el uso de aparatos electrónicos por la parte quejosa, deberá solicitar la identificación de la persona respectiva y asentar razón del nombre y de las constancias que se capturen. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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