Emmanuel Islas Félix

Expediente 635/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
635/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Islas Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (1) ********************; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIEMNTE DETERMINACION QUE REZA: Mexicali, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se (1) Emmanuel Islas Félix, contra actos de la Agencia del Ministerio Publico Investigadora denominada Unidad de Tramitación Masiva de Casos, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y otras; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 635/2021. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra CarrilloAl respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En efecto, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, emitida en el número único de caso SON/SLR/FGE/2020/343/12818, carpeta de investigación CI/SLR/343/00193/7-2020, así como la posible orden de aprehensión que refiere el gestor de amparo; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Los referidos artículos estipulan: 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillo"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley; y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De una interpretación integral de los artículos transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, uno de los requisitos que debe acreditarse para que el juicio de amparo resulte procedente, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, lo que se traduce en que, con motivo de la aplicación de un acto de autoridad, se ha producido una afectación real y actual a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del gobernado. 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra CarrilloBajo esta óptica, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminente muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, condicionan su promoción a que el acto reclamado perjudique real y actualmente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." A efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, el quejoso debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos fundamentales, o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillointereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente de una suposición, o de un cometido de una persona; pues ello no actualiza la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. Establecido dicho marco jurídico, en el presente contradictorio federal tenemos en torno a la citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, así como la posible orden de aprehensión que refiere la parte quejosa, contenida en la cédula de notificación que le extendieron, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, por medio de una orden privativa de libertad, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado, de ahí que no exista certeza de que tal acto llegará a verificarse; es decir, en el presente caso no se acredita que se trate de actos de realización inminente. Lo anterior, evidencia una "suposición subjetiva y apreciación personal", evento en el que el solicitante del amparo sustenta su reclamo, en la posible afectación de sus intereses por futuros actos de autoridad. En ese tenor, resulta claro que ese acto que por esta vía intenta combatir no existe en el orden jurídico real y actual, por tanto, no puede afirmar le irroga algún perjuicio a su esfera de derechos; máxime, que no tiene elementos que le permitan presumir que en realidad el acto motivo del presente estudio le irrogará algún perjuicio personal y 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillodirecto; lo cual evidencia que lo que el quejoso intenta es prevenir actos futuros de realización incierta, en contra de los cuales deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, es válido concluir que el peticionario del amparo no ha sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo del acto que se examina, lo cual hace improcedente la presente instancia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado y sus efectos son restituir al agraviado en el goce éstos, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1º y 73 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio irrogado al quejoso de manera real y actual, ya que, como se adelantó, este constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, supuesto que evidentemente, no se acredita en la especie. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillo[INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, se cita la jurisprudencia 19 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte SCJN, página 13, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrilloejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Igualmente resulta aplicable, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De ahí que en el caso opere la causa de improcedencia de referencia, respecto los actos reclamados de análisis. Por otro lado, en relación a los diversos actos atribuidos al fiscal señalado como respecto, que básicamente hizo consistir en que al comparecer ante la agencia del ministerio público correspondiente, no se le dio oportunidad de una adecuada defensa -por las razones que indica-, no se le dio oportunidad de ofrecer pruebas y no ha rendido declaración; debe decirse que igualmente es improcedente el juicio de amparo en este momento, al actualizarse la citada causal de improcedencia, según se explica esguida. Como se anticipó, la procedencia del juicio de amparo, presupone la existencia de un perjuicio resentido por la parte quejosa, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, cuya transgresión faculta a su titular a acudir a la tutela constitucional, porque considera que el acto de autoridad es lesivo a sus intereses. Sin embargo, tal presupuesto en la especie no se actualiza, debido a que el quejoso se duele de que la representación social responsable ha omitido designarles una defensa técnica y no les ha dado oportunidad de defenderse, ofrecer pruebas y declarar. A fin de evidenciar la aseveración contenida en el párrafo que antecede, resulta conveniente precisar el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillopersecución de los delitos incumbe al Ministerio Público (.) De la citada porción normativa se advierte que la investigación y persecución de los delitos es facultad única y exclusiva del Ministerio Público. De igual manera, es necesario destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del Procedimiento Penal que son las siguientes: 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación, y; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y; 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. En el caso, el solicitante de amparo, refiere que existe una carpeta de investigación, y que la misma aún no ha sido consignada 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrilloante autoridad judicial, de lo que se colige que se encuentra en la etapa de investigación inicial. Cabe señalar, que durante esa etapa (investigación inicial), el representante social actúa como órgano acusador, y el imputado no tienen la calidad de parte ya que, el Ministerio Público es el encargado de investigar hechos con la finalidad de determinar la identidad de los probables responsables, en ese tenor, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales. (.)" Del precepto transcrito, se advierte que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre detenido; b) Cuando sea citado a comparecer; y, c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra CarrilloEn tal virtud, las omisiones apuntadas atribuidas al Agente del Ministerio Pública en la etapa de investigación inicial, de momento, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues dicho actos no le irrogan perjuicio alguno, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, resuelva lo que en derecho proceda en torno a la formulación del imputación; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Lo anterior es así, porque el artículo 21, párrafo primero, dispone que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, esto es, que él dirige la investigación, y por ende, decide qué datos de pruebas recabar en esa fase, a fin de judicializarla, sin que le imponga la obligación de citar al imputado durante la fase de investigación inicial. En este tenor, existe una restricción constitucional que impide el acceso a la etapa de investigación inicial, a quien tenga reconocido el carácter de indiciado para acudir a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, por ser facultad del Ministerio Público determinar hasta cuando lo estima conveniente para el éxito de su investigación. Considerar que la omisión de citarlos a declarar ante el fiscal afecta su interés jurídico o legítimo, obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En tal virtud, es que las omisiones aquí reclamadas no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica los gobernados, pues dicho actos no le irrogan de momento perjuicio alguno, ya que éste, en todo caso, se materializará justamente hasta la audiencia inicial, donde la autoridad judicial procederá a resolver en torno a la formulación de imputación por parte del Agente del Ministerio Público, momento procesal donde precisamente se garantizaran todos esos derechos fundamentales que refiere.. 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra CarrilloSirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada (X Región)2o.1 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2592, registro 2012423, de rubro y texto: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillolegítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Asimismo, se cita la tesis aislada XXVII.3o.48 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947, registro 2015500, de rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra Carrillocontrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." En congruencia con todo lo anterior y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto los actos reclamados, contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a (2) María Elena García Alberto y (3) Elmer Hernández Hernández, al encontrarse registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de 11/03/24 11:59:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.44 Christian Eduardo Parra CarrilloTransparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágasele ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovent

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