Emilio Vazquez Inzunza

Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
487/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Emilio Vazquez Inzunza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de julio de dos mil diecinueve. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documento original. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción II y último párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. Sin que se haya ordenado la apertura del incidente de suspensión. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, el informe justificado y anexo de cuenta, de los cuales se advierte que el diez de junio de la presente anualidad, dictó el laudo en el expediente 2230/2017-4A, del índice administrativo de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, y que el laudo en cuestión le fue notificado a la ahora parte quejosa el uno de julio de dos mil diecinueve. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, toda vez que la citada autoridad acompaña a su informe justificado copia certificada del laudo de diez de junio de dos mil diecinueve, y la notificación que le realizó a la ahora parte quejosa del laudo en cita, con ello aparece que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa que contempla la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa reclama en esencia la omisión por parte de la Junta señalada como responsable de dictar laudo en el juicio laboral 2230/2017-4A, así como su notificación; sin embargo, de las constancias que anexó la Junta responsable a su informe justificado, se desprende que con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se dictó el laudo de cuya omisión se duele la parte quejosa y el uno de julio del año en curso, se realizó la notificación del laudo en cuestión; en consecuencia, es inconcuso que se está en presencia de una situación que destruyó los efectos de los actos negativos que motivaron el amparo. Por todo lo anterior, es indiscutible que con la emisión del laudo y su notificación, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Se invoca a ese respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Materia: Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa que ya le fue notificado el laudo dictado en el juicio laboral 2230/2017-4A, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, por lo que considera cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, al respecto dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/3391/2019 de dos de julio de dos mil diecinueve, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, el informe justificado y anexo de cuenta, de los cuales se advierte que el diez de junio de la presente anualidad, dictó el laudo en el expediente del índice administrativo de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, y que el laudo en cuestión le fue notificado a la ahora parte quejosa el uno de julio de dos mil diecinueve. Sobreseimiento fuera de audiencia. procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa que contempla la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa que ya le fue notificado el laudo dictado en el juicio laboral ********, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, por lo que considera cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, al respecto dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por David Guadalupe Reyna Yahuaca, y en atención al contenido del mismo, se acuerda lo siguiente: Autorizado. Téngase a David Guadalupe Reyna Yahuaca, dando cumplimiento al requerimiento de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, esto es, aceptando el cargo conferido por la parte quejosa; y, en consecuencia, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Domicilio. En relación al domicilio que señala, dígasele que se esté a lo acordado en auto de diecinueve de junio del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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