Emmanuel Inzunza Lau
Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/08/2021
Partes del expediente
- Emmanuel Inzunza Lau
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el trece de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación del proveído de trece de julio del año en curso, a la parte quejosa, el cual fue ordenado notificar por lista en proveído de veintisiete de julio del año en curso, virtud de la razón actuarial de dieciséis de julio del mismo año; sin que se haya recibido dicha constancia de notificación, o se encuentre integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Atento a lo anterior, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo la notificación respectiva, integre de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Notificación por lista. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que a la actuaria adscrita no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de trece de julio del año en curso, por la razón expuesta en la misma; en consecuencia, instrúyase al actuario de la adscripción a efecto de que notifique a la quejosa el auto de referencia, por medio de lista, ello en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 27, de la Ley de Amparo; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que la parte promovente no dio cumplimiento a la prevención formulada en los presentes autos mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Improcedencia. Analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Órgano Jurisdiccional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, el numeral 62 del citado ordenamiento legal, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia ha explicado que "manifiesto" es cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo "indudable", resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, el suscrito advierte de oficio, que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--- (.)--- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.--- (.)--- Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:--- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;--- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;--- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;--- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."--- Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, la demanda de amparo debió promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama la determinación, notificación, citación o comparecencia del mandato de embargo, desalojo, restitución, desposesión y/o lanzamiento respecto del inmueble que refiere habitar. Asimismo, en su escrito de demanda la parte quejosa manifiesta expresamente y bajo protesta de decir verdad manifestó, por una parte, que con fecha trece de mayo del año en curso, a su domicilio se apersonó alguien a su domicilio quien le dijo que tenía indicaciones de medir ese inmueble, ya que al respecto señaló lo siguiente: "(.) 2.- Con fecha 13 de mayo del año en curso, encontrándome en mi domicilio, se apersonó una persona diciendo que tenía indicaciones de medir el inmueble el cual poseo desde hace poco más de 8 años, a lo cual le exigí que se identificara para saber de qué dependencia venía o que particular lo había en enviado a lo que no me dio respuesta, dicha persona además comenzó a tomar fotografías de mi vivienda y la suscrita al volverlo a cuestionar de lo que hacía solo se limitó a decir que no podía revelar información retirándose minutos después. 3.- Al día siguiente es decir el día 6 de abril de 2021 de nueva cuenta al encontrarme dentro de mi domicilio el ubicado en LOTE 50 DE LA MANZANA 20 del Fraccionamiento VALLE DEL PEDREGAL 7TA SECCION de esta ciudad. 4.- alrededor de las 10:15 a.m. por medio de unos vecinos me comentaron que una patrulla estaba en mi domicilio y que oficiales se habían metido a mi casa, por lo que cuando me avisaron de lo que pasaba lo más pronto posible me regrese a mi domicilio y." (.) "6.- Siendo, así las cosas, para el día 7 de abril de 2021 alrededor de las 11:00 a.m., se apersona una mujer que se dijo ser actuaria y que pretendía llevar a cabo el desalojo, esta persona se ostentó como actuaria del juzgado,." Dichas afirmaciones de la parte gestora del amparo, en cuanto a diversas fechas en que manifestó de alguna manera tener conocimiento de los actos que reclama, constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Tiene aplicación al presente asunto, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en la página 57, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200094, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De la confesión en cuestión, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el trece de mayo, seis y siete de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, si la parte quejosa confesó expresamente que tuvo conocimiento de los actos reclamados, en las fechas en cuestión, el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo fue, en el caso de tener conocimiento del acto reclamado desde el día trece de mayo del diecisiete de mayo al cuatro de junio del año en curso; para el caso que hubiera tenido conocimiento de los actos que reclama, el seis de abril, los quince días aludidos transcurrieron del ocho al veintiocho de abril del presente año, y finalmente, para el caso de haber tenido conocimiento de los actos reclamados el día siete de abril, el término de quince días para presentar la demanda de amparo, transcurrieron del nueve al veintinueve de abril de la anualidad, por lo que si la demanda fue presentada hasta el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es incuestionable que el juicio de amparo fue instaurado extemporáneamente, al haber transcurrido el término de quince días con que se contaba para la presentación de la demanda relativa, a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Al respecto es de citarse, la jurisprudencia anteriormente citada bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Juan José Chávez Montes, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al primer semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesiones de siete y veintiuno de junio del año en curso, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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