Emmanuel Eduardo Lozano Rivas

Expediente 397/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
397/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Eduardo Lozano Rivas
  • Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el Cumplimiento de las Obligaciones Alimentarias de la Fiscalía Especializada en atención a Mujeres Víctimas del Delitos por Razones de Género
  • Idahín Angélica Reyes Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio el siete de septiembre de este año, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción II, 17, fracción III, inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 397/2023-IV, promovido por ********************, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil veintitrés y turnado a este juzgado el diez del citado mes y año, ********************, promovió juicio de amparo, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad, a quien reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO: La confirmación de la revocación de la suspensión condicional del proceso dictada en el TOCA N-********************, esto en fecha 14 de marzo del 2023 ." Segundo. Por auto de once de abril de dos mil dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo indirecto, quedando registrada como expediente 397/2023-IV, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercero interesada, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Cumplidos los requisitos legales se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en atención a que este juicio de amparo indirecto se promueve contra una autoridad responsable con residencia en esta ciudad, la cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa de los actos reclamados a la autoridad que ha sido señalada como responsable. De una lectura integral del escrito de demanda de amparo formulada por el quejoso, así como del informe justificado que rindiera la autoridad responsable, se tiene que el acto que en efecto reclama el quejoso lo constituye: La resolución emitida dentro del toca penal ********************, el catorce de marzo del dos mil veintitrés, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante la que determinó confirmar la resolución dictada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, que revocó la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal ********************, del índice del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio. Tercero. La autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad, aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la resolución emitida dentro del toca penal ********************, el catorce de marzo de dos mil veintitrés. Amén de que su dicho se ve corroborado con las constancias en copia certificada del toca penal ********************, así como del registro del audio y video (discos ópticos) de las audiencias celebradas por el Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, en la causa penal ********************; documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, lo anterior, al haberse expedido por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones. En este sentido, debe señalarse que los registros de audio y video, contenidos en un disco óptico remitido por la autoridad responsable, que contienen las diligencias de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del toca penal ********************, así como las diversas de veintisiete de enero y nueve de febrero del año en curso, verificadas dentro de la causa penal ********************, revisten pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues el método a través del cual se capturó la información en dicho disco archivada, es confiable por estar contemplado el mismo en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y porque el medio electrónico fue remitido por una autoridad judicial quien debidamente realizó la certificación correspondiente, además de que el contenido del mismo estuvo al alcance de las partes en este juicio de garantías, sin que lo haya objetado en forma alguna, pese a que se le dio vista oportunamente con el informe justificado respectivo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 290460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la Quinta Época-III, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente es conducente la diversa jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni el suscrito advierte oficiosamente su actualización, por lo que lo procedente será analizar los conceptos de violación hechos valer. Quinto. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que están contenidos en el escrito inicial de demanda, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se consideran infundados, por los motivos que enseguida se expondrán; para concluir de dicha manera es importante precisar lo que se entiende respecto a las garantías que aduce el quejoso le fueron violentadas. Como se ve, la autoridad responsable fundó y motivó de manera adecuada las consideraciones que sustentaron su resolución, pues para que dicha garantía se verifique es menester que el juzgador exponga de manera concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 176546, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, a pág. 162, de rubro y texto "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Ahora, conviene pormenorizar la naturaleza de la suspensión condicional del proceso, para lo cual se aborda contenido de los numerales del 191 al 198, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 191. Definición - Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite. La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso". De los artículos trascritos se advierte, en lo que interesa, que la suspensión condicional del proceso procede a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años. II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. III. Se exceptúan de suspensión condicional del proceso, cuando el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso. Así, es oportuno precisar que la suspensión condicional del proceso es uno de los procedimientos que se incorpora con la reforma a la Constitución Federal de la República, de junio de dos mil ocho y su inclusión surge como una respuesta a los conflictos sociales vinculados con la aplicación del sistema mixto o tradicional, en específico a la racionalización de la persecución penal, buscando la resolución del conflicto social que subyace a los delitos. En el actual sistema penal constitucional se consignan distintas respuestas o alternativas al proceso judicial, a la sentencia y a la pena, ante la existencia de hechos considerados como delito, cuyo fin esencial no es la de castigar al infractor, sino el de buscar resolver el conflicto social derivado de dichos hechos, a fin de lograr la satisfacción de la reparación del daño de la víctima u ofendido como prioridad y la integración social de quienes con su conducta infringen la ley penal, sin tener que llegar al dictado de una sentencia. Por ello, la solicitud de suspensión del proceso debe contener un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo; esto es, un esquema detallado de la manera en que se propone reparar el daño ocasionado, en cuanto a la forma, cantidad o contenido, plazo, condiciones o modalidades; pues la reparación del daño es requisito esencial para la procedencia de la suspensión, en tanto que, se busca satisfacer los intereses de la víctima y lograr la integración del infractor sin necesidad de ir a prisión. Asimismo, el diverso numeral 198 de la codificación en cita, en su párrafo primero en lo conducente, señala que se revocara la suspensión condicional del proceso si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, o no cumpliera con el plan de reparación, entre otras cosas. Luego, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, mediante audiencia de revisión de suspensión condicional a proceso de veintisiete de enero de dos mil veintitres, emitida dentro de la causa penal ******************** de su índice, el cual se sigue contra el peticionario de amparo, por el delito de violencia familiar, debido a la existencia de nuevos hechos violentos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, esto es, dentro del periodo de la suspensión condicional, donde el aquí quejoso no debía de molestar a la víctima. En esa tesitura, al no haber cumplido cabalmente las condiciones que se le impusieron al imputado ********************, como lo es la fracción II, del numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que si hubo incumplimiento injustificado por parte del imputado, y en esa situación, estimó que dio lugar a la revocación de la suspensión condicional del proceso, acorde al numeral 198 del mencionado código. Ahora, la magistrada responsable, correctamente estimó que no le asiste razón al aquí quejoso, cuando reprocha el actuar del Juez de origen, pues su decisión se basó en los datos invocados por la Agente del Ministerio Público interviniente, relativo a los hechos de agresión a cargo del imputado sobre la víctima, dentro del periodo de cumplimiento de condiciones fijadas para la suspensión condicional del proceso, información que también fue mencionada por el asesor jurídico de la víctima. Así tampoco comparte la apreciación en el sentido de que la resolución de alzada escapa de las reglas de valoración de la prueba contenidos en los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la parte quejosa estima desproporcional, puesto que se estima correcto el juicio de ponderación realizado por la Magistrada, fue conforme con lo previsto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sin soslayar que el dictamen de informática forense elaborada por el perito oficial que si bien, se señaló que del examen de correspondencia entre los correos electrónicos amenazantes con los dispositivos del quejoso: teléfono celular 1 y laptop 1 arrojó cero resultados, destacó que lo que motivo al juez de origen a revocar el beneficio de la salida alterna, lo fue una llamada telefónica con mensaje amenazante, por lo que independientemente del valor de dicha pericial, que si bien no vincula al aquí quejoso con los correos recibidos por la víctima, ello es, únicamente en relación a los dispositivos móviles respecto a los cuales se verificó la pericial, sin embargo, dicha prueba no desvincula al quejoso de manera alguna con la llamada telefónica que la propia víctima refirió haber recibido el día veintitrés de enero del año en curso, hecho que evidentemente fue posterior al desahogo de pericial en cita. Aunado a que como acertadamente lo refirió la magistrada responsable, la llamada telefónica y el mensaje de texto referidos por la víctima fueron incorporados a la audiencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, tanto por el Agente del Ministerio Público, como por el Asesor Jurídico, sustentándolos además con el testimonio de la víctima y su madre, considerando así, que con ello quedaron evidenciados los actos de intimidación en un contexto de violencia, de lo cual se evidencia que la magistrada empleando reglas racionales, lógicas, máximas de la experiencia y pensar reflexivo para valorar e interpretar los elementos probatorios desahogados determinó que fue acertado lo estimado por el juez a quo al considerar la acreditación del incumplimiento injustificado por parte del imputado con las condiciones impuestas para que subsistiera la suspensión condicional del proceso, por lo cual carece de sustento jurídico lo dicho al efecto por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad jurídica la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2388, Décima Época, Materia Penal, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Además, contrario a lo aducido por la parte quejosa, se estima que la deposición de la víctima no deviene inducida por haber escuchado los datos de prueba que obraban en la causa penal de origen, en primer lugar en razón de que fue la propia víctima quien aporto dichos datos, e incluso el día siguiente en que recibió la llamada telefónica y mensaje de whatsapp compareció ante la representación social para exponer lo acontecido, aunado a que como acertadamente fue expuesto por la magistrada responsable, es un derecho de la víctima estar presente durante todas las etapas de proceso conforme al artículo 109, fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, acorde a lo establecido por el artículo 198 de la legislación procesal penal, el incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas, provocara la revocación de la suspensión condicional del proceso; de ahí que confirmó la determinación del A quo, toda vez que el incumplimiento injustificado por parte del imputado, dio lugar a la revocación de la suspensión condicional del proceso. Bajo ese panorama, la resolución reclamada se ajusta a los requisitos constitucionales de debida fundamentación y motivación que sirvieron de sustento para confirmar la determinación del juez natural, que a su vez revocó la suspensión condicional del proceso, en la medida que, para llegar a una salida alterna, es requisito indispensable que se cumplan las condiciones fijadas, lo que en el caso no ocurrió. Lo anterior, como ya se señaló, debido al incumplimiento de las condiciones impuestas de parte del quejoso, es que el Juez titular de la causa penal de origen en audiencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, determinó revocar la suspensión condicional a proceso, asimismo, en atención a los motivos que se expusieron, fue que la magistrada responsable confirmó dicha actuación, pues es requisito fundamental que se cumplan con las referidas condiciones. Lo anterior, sin que se inadvierta que la parte quejosa también arguye que no se debió otorgar valor preponderante a la declaración de la víctima bajo la óptica de juzgar con perspectiva de género, sin embargo este resolutor considera que ello no aconteció, pues la Magistrada responsable se limitó a tomar en consideración que la víctima es una mujer que se encuentra en estado de vulnerabilidad pues el delito por el cual se vinculó a proceso al imputado es por violencia familiar y que existen datos que revelan una afectación en su estado emocional, por lo cual debió atendió la obligación que corre a cargo de los jueces y tribunales de juzgar con perspectiva de género, sin que se estime que ello derivara que otorgara valor preponderante a su declaración. Al respecto, importa señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte 16 de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2655/2013, estableció que constituye un estándar convencional derivado de las obligaciones en materia de derechos humanos, reconocer que para garantizar el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres sin discriminación alguna, el Estado tiene la carga de probar que al impartir justicia la aplicación de una regla de derecho no conlleva a un impacto diferenciado en el tratamiento de las personas involucradas en la litis por razón de género, por lo que es imprescindible que en toda controversia que se adviertan posibles desventajas ocasionadas por estereotipos culturales o bien que expresamente den cuenta de denuncias por violencia por género en cualquiera de sus modalidades, las autoridades del Estado implementen un protocolo para ejercer sus facultades atendiendo a una perspectiva de género. Lo anterior, en virtud de que el derecho humano que señaló la Suprema Corte deriva expresamente de las obligaciones del Estado estatuidas en el propio texto constitucional, de acuerdo con lo reconocido en los artículos 1° y 4°, párrafo primero, y en su fuente convencional en los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como en el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer. Máxime que como lo precisó el Pleno del Alto Tribunal, al fallar el expediente varios 1396/2011, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, consideraciones reflejadas en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) cuyo rubro se reproduce enseguida: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." Además, en casos, como el del presente estudio, la interpretación de la norma a aplicar no puede ser vista de manera aislada, máxime que nos encontramos frente a un caso en el que el imputado fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, sin que el análisis efectuado por la magistrada responsable haya implicado una restricción a los derechos del imputado, sino más bien únicamente limito ponderar con perspectiva de género a fin de eliminar la posible discriminación de la que la víctima mujer pudiera ser objeto, pero sin vedarle derecho alguno al imputado. En las relatadas condiciones, resultan infundados los conceptos de violación analizados en la presente resolución, en virtud de que la determinación que aquí se combate se apega a los imperativos constitucionales de debida fundamentación y motivación, además que se ajusta a las garantías individuales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso contempladas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. En consecuencia, al no advertirse materia para suplir la queja deficiente, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados contra de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad, que hizo consistir en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, mediante la cual se confirmó la determinación que revocó la suspensión condicional del proceso al quejoso en la causa penal ********************, del orden del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, instruida en su contra por el delito de violencia familiar en perjuicio de la aquí tercero interesada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente auto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad, por los motivos y fundamentos que se establecieron en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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