Emma Concepcion Almaraz Carrillo

Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 44 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
31/2019
Año
2019
Actuaciones
44
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Frayre Castro
  • Emma Concepcion Almaraz Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    quejoso: Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se le tiene solicitando se desahoguen los siguientes puntos, con relación al presente controvertido constitucional: 1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del juicio de amparo en mención, así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra la sentencia que se hubiere emitido. Como antecedentes cabe precisar que el doce de enero de dos mil diecinueve, se recibió la demanda de amparo suscrita por Emma Concepción Almaraz Carrillo, en representación de su esposo Carlos Frayre Castro, en la que señaló como autoridades responsables al Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, de la Procuraduría General de la República, Fiscal General del Estado, Zona Norte y Primer Subcomandante de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO:- reclamo de las ordenadoras, la ILEGAL orden de detención girada en contra de CARLOS FRAYRE CASTRO y de las ejecutoras la ejecución de la misma, consistente en la detención ilegal e improcedente que realizaron en contra de dicha persona el día de 10 de Enero del presente, sin que haya delito alguno ni falta administrativa que lo amerite y sin existir flagrancia ni orden de aprehensión para ello."(sic) Como antecedentes, bajo protesta de decir verdad expuso los siguientes: "Que siendo las 23:30 horas del día 10 de enero del 2019 me encontraba en el interior de mi domicilio en compañía de mi esposo CARLOS FRAYRE CASTRO y mi pequeña hija cuando de pronto entraron varios sujetos con vestimenta tipo militar los cuales portaban armas largas y sin mediar orden de aprehensión y mucho menos de cateo lo golpearon y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido gritando ser Agentes de la PGR. El caso es que hemos realizado una· búsqueda en las diversas dependencias FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES solicitando informes el estado en que guarda el C. CARLOS FRAYRE CASTRO en las cuales se nos ha impedido verlo o hablar con el. negándose en todo momento a darnos información al respecto teniéndolo incomunicado e impidiendo su defensa, siendo violatorio al artículo 1 y 22 Constitucional. Ante esta violación de Derechos Fundamentales establecidas en la constitución, al haber sido detenido ilegalmente el C. CARLOS FRAYRE CASTRO y estar incomunicado ilegalmente, acudo en su nombre y representación a promover esta demanda de garantías, fundándome para ello en los artículos 17 fracc 4 de la Ley de amparo que dice: Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." (sic) Desarrollo Procesal: ---En el juicio de amparo: -Mediante auto de doce de enero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto a la demanda de amparo, admitiéndose la misma, se ordenó la apertura del incidente de la suspensión y se concedió la suspensión de plano. -Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se tomaron las medidas contenidas en el citado proveído con finalidad de dar con el paradero del quejoso, en atención a lo manifestado por la promovente del juicio amparo. -Por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades que habían sido requeridas mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, que informaran la concerniente con dicho requerimiento y se dejó sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. -Mediante proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, una vez que se logró el desahogo de la totalidad de la comunicaciones oficiales enviadas con la finalidad de localizar al quejoso mediante auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, sin obtener resultado positivo alguno, se suspendió el procedimiento en términos de lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se consignaron los hechos al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales conducentes, siendo este el estado actual de los autos en el juicio principal. ---Respecto al incidente de suspensión. -Mediante proveído de doce de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a la parte quejosa y se requirió a las autoridades responsables sus informes previos. -Por resolución interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados por la promovente de amparo, en virtud de que autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa, ello conforme lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos y el sentido de las resoluciones emitidas: Al respecto mediante auto de doce de enero de dos mil diecinueve: Se admitió la demanda de amparo se con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en términos de lo previsto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Asimismo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, los informes con justificación, que deberían rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumiría cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (80.60), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido en el artículo 115 de la citada ley reglamentaria, se señalaron las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado y acompañen las constancias que la acrediten, apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (80.60), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Se comisionó al Actuario Judicial adscrito a efecto de que se constituyera en los separos de la Procuraduría General de la República de Chihuahua o de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, con domicilio en esta ciudad, pues en dicho lugar se presumió que se encontraba detenido el quejoso directo quejoso Carlos Frayre Castro, según se desprende de la manifestación que vierte en la demanda la promovente Emma Concepción Almaraz Carrillo, o bien en cualquier otro lugar en que pudiera encontrarse recluido; por lo tanto, en el acto de la notificación del presente auto, requiriera a dicho quejoso para que manifestara si ratificaba o no, la demanda de garantías presentada a su favor, o bien, lo hiciera por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 15, de la Ley de Amparo Asimismo, con fundamento en el artículo 22 constitucional y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano respecto a la ejecución del acto reclamado, a efecto de que cesara el estado de incomunicación, que refirió la promovente de la demanda de amparo, y cualquier otro acto de los prohibidos por el citado 22 de la Carta Magna, que les atribuye a las autoridades responsables, requiriéndose a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informaran a este Juzgado Federal, respecto el cumplimiento dado a dicha medida suspensional, bajo el apercibimiento que de no acatar con lo ordenado, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que puedan incurrir. ---Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. -Se comisiona al actuario se constituyera en el domicilio aportado por la parte promovente a fin de lograr la comparecencia del quejoso y que este ratificara la demanda de amparo conforme lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo. -Asimismo se dio vista al Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a efecto para que en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y convencionales, procediera en términos del Protocolo homologado para la investigación de la desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, encargados de la investigación del delito de desaparición forzada. -Así también, para que por su conducto se activara la alerta a la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (RNBPD); la implementación de las acciones de búsqueda correspondientes y la práctica de diligencias policiales necesarias para ubicar al agraviado de que se trata. -Con fundamento en el precepto 1 Constitucional, que impone a las autoridades del Estado Mexicano, el deber de realizar, en el ámbito de su competencia, todos los actos necesarios para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, se ordenó girar vía "SISE" exhorto a los Juzgados de Distrito de Guardia en los Treinta y un circuitos del Poder Judicial de la Federación. -Se requirió al Agente del Ministerio Público adscrito a la Suprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, con sede en esta ciudad, para que, realice lo siguiente: I. Ordenara la aplicación inmediata de las acciones de búsqueda de Carlos Frayre Castro, de conformidad con el Protocolo homologado para la investigación de la desaparición forzada de personas y cometida por particulares. II. Provea lo conducente para que la información de Carlos Frayre Castro se ingrese al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se remita a la Comisión Nacional de Búsqueda. En el entendido que deberá observarse lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación a los datos personales del agraviado, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar su suerte o paradero y esclarecer los hechos. III. Disponga la obtención de muestras biológicas y genéticas de los familiares de Carlos Frayre Castro, para estar en condiciones de realizar a la brevedad el examen comparativo entre las mismas y las que se localizan en el Banco Nacional de Datos Forenses que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de la persona desaparecida. En la inteligencia de que el procedimiento de obtención de muestras, deberá llevarse a cabo cumpliendo los lineamientos de los artículos 119 a 127 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tomando las medidas adecuadas para evitar la revictimización de los involucrados, quienes desde luego deberán otorgar su consentimiento para que se les recabe la muestra. ---Mediante auto de auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, dados los resultados infructuosos de la búsqueda del quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspendió el procedimiento dentro del juicio de amparo. 3. Síntesis de los razonamientos jurídicos emtiidos en la suspensión de plano o provisional y definitiva; así como de la medidas que se ordenaron para lograr la localización del peticionario y la forma en que estas se actaron: -Se reitera que mediante auto de doce de enero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto a la demanda de amparo, admitiéndose la misma, se ordenó la apertura del incidente de la suspensión y se concedió la suspensión de plano con fundamento en el artículo 22 constitucional y 126 de la Ley de Amparo, a efecto de que cesara el estado de incomunicación, que refirió la promovente de la demanda de amparo se encontraba sufriendo el quejoso, y cualquier otro acto de los prohibidos por el citado 22 de la Carta Magna, que les atribuye a las autoridades responsables, requiriéndosele a las autoridades responsables antes referidas para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informaran a este Juzgado Federal, respecto el cumplimiento dado a dicha medida suspensional. . ---Respecto cuadernilo del incidente de suspensión. -Mediante proveído de doce de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a la parte quejosa y se requirió a las autoridades responsables sus informes previos, previo que se inserta en lo conducente: "(.) En principio, respecto a la emisión de las órdenes de detención o aprehensión, giradas en contra del quejoso, en el procedimiento natural, al respecto, el que esto resuelve, considera que debe negarse la suspensión provisional solicitada, en virtud de que se tratan de actos que se consumaron con su sola emisión y respecto de los cuales, resulta improcedente otorgar la medida suspensional solicitada, puesto que en caso de concederse, se estarían otorgando efectos restitutorios a dicha suspensión provisional, los cuales son propios solamente de una sentencia en la que eventualmente se concediera el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por otro lado, resulta, resulta procedente conceder al quejoso directo CARLOS FRAYRE CASTRO, la suspensión provisional respecto de los efectos de los actos que señaló como órdenes de detención y/o aprehensión, en virtud que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia, ni algún otro similar. Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 138, fracción I, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se precisa que la medida suspensional, al consistir el acto reclamado en una orden de privación de la libertad, se concede para el efecto de que la misma no sea ejecutada, con las salvedades que adelante se expresarán. Para el caso de que previamente a la emisión del presente auto, se hubiera ejecutado la detención por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, la detención cesara sin demora, debiendo las autoridades correspondientes poner al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público, quien a su vez determinará su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional permite, o bien, su libertad o consignación, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, o en caso de haber sido detenido en flagrancia, el mismo contará a partir de haber sido puesto a su disposición. Lo antes mencionado con fundamento en los numerales 164 y 165 de la Ley de Amparo. Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene el efecto de que el quejoso sea puesto en inmediata libertad. En caso de emanar el acto reclamado de un procedimiento del orden penal, con apoyo en el numeral 163 de la Ley de Amparo, el quejoso queda a disposición de este órgano jurisdiccional en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que se instruya la carpeta de investigación correspondiente o se sustancie la causa penal respectiva, en virtud de que el procedimiento es de orden público y por tanto insuspendible, como lo establece el ordinal 150 de la Ley de Amparo. Igualmente, al carecer de elementos que determinen las características del caso, por el estado procesal del incidente, en caso de que la autoridad responsable lo estime necesario y de haberse librado la orden de detención con apoyo en el sexto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, en un caso que por su urgencia, al tratarse de delito grave así calificado por la ley, ante el riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se haya podido ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, fundando y expresando los indicios que hayan motivado su proceder, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad de que se duele el quejoso, se ejecute en su domicilio, como lo autoriza el segundo párrafo del artículo 162 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se sorprende al quejoso en flagrante delito, o falta administrativa que amerite sanción corporal, en cuyos casos podrá ser capturado. Por otro lado, en caso de que la afectación a la libertad de la quejosa, se deduzca de una orden de aprehensión o reaprehensión, o medida cautelar que implique privación de la libertad, dictada por la autoridad judicial, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre otros, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede privado de su libertad, a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar que designe la autoridad responsable correspondiente, en lo que se refiera a su libertad, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Por lo que respecta a la suspensión de cualquier medida cautelar privativa de libertad que pretenda imponer el juez de control responsable, la suspensión provisional producirá el efecto de que el quejoso quede privado de su libertad, a disposición de este órgano jurisdiccional. En caso de tratarse de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. Asimismo, en caso de que previamente a la emisión de la presente medida cautelar, el quejoso hubiera sido detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión únicamente será para que quede privado de su libertad, a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar que designe la autoridad responsable correspondiente, en lo que se refiera a su libertad, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación La suspensión aquí decretada, surte efectos de inmediato, como lo ordena el primer párrafo del numeral 136 de la ley de la materia, empero, con apoyo en el diverso 162, en relación con el 168 del mismo cuerpo normativo, a efecto de asegurar que la quejosa no evada la acción de la justicia, para que la suspensión continúe surtiendo efectos, deberá comparecer en el plazo de veinticuatro horas ante la autoridad responsable, para la práctica de las diligencias que aquéllas estimen necesarias y que legalmente procedan y ante esta autoridad cuántas veces sea requerido, término que se computará legalmente, a partir de que se le notifique por lista el informe de la autoridad que convenga en la existencia de los actos reclamados. (.)" -Por resolución interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados por la promovente de amparo, en virtud de que autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa, ello conforme lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. 4. Informe si en el expediente en mención, las peticionarias Emma Concepción Almaraz Carrillo y Yolanda Castro López manifestaron vulneración a la libertad personal y a la vida del señor Carlos Frayre Castro como posible víctima de detención arbitraria y desaparición forzada. En su caso, indicar la fecha y medidas que se hubieran tomado al respecto. -Se estima que si se realizaron manifestaciones en torno a la desaparición forzada del quejoso, ello en virtud, de que ante la imposibilidad de localizar a la promovente del juicio de amparo, el Secretario del Juzgado, levantó la certificación de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, de la que se desprende realizó una búsqueda de Emma Concepción Almaraz Carrillo, en diversas redes sociales, logrando localizarla en la denominada Facebook, una vez que reiteró su media filiación con la de la foto de la identificación consistente en visa expedida por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que adjunto a la demanda; le mando un mensaje vía la aplicación denominada Messenger, el cual le contestó con una llamada mediante dicha aplicación, la promovente Emma Concepción Almaraz Carrillo, a quien le solicitó su comparecencia ante este juzgado de Distrito, quien acudió el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, manifestando que hasta esa fecha no había localizado a su pareja sentimental, en favor de quien promovió el presente controvertido constitucional Carlos Frayre Castro, por lo que procedió a recabar un domicilio y un número telefónico en el que pudiera ser localizada, informándole que de momento podía ser localizada en la Calle Gabriel Leyva 5720 de la Colonia Chihuahua, en esta ciudad y que su teléfono celular era el (656) 316-0121, ya que desde la detención de su concubino, se trasladó a vivir a dicho domicilio por temor; sin embargo previo a levantarle una comparecencia donde expusiera lo antes dicho, el Secretario de Juzgado le recomendó que acudiera con los Asesores Jurídicos adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública, para que una vez que estuviera debidamente asesorada manifestara lo que considerara conducente, no obstante, dicha persona no volvió; por lo que, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el citado Secretario de Juzgado, procedió a comunicarse de nueva cuenta, con Emma Concepción Almaraz Carrillo, al número de teléfono celular que para tal efecto le proporcionó, quien le expuso que el veinticinco de enero del año en curso, no pudo regresar, toda vez que tuvo una urgencia con su menor hija, y que de momento se había visto en la necesidad de trasladarse fuera de la ciudad en búsqueda del aquí quejoso, por lo que le era físicamente posible comparecer ante este órgano jurisdiccional, manifestando que lo último que supo de su concubino fue que el doce de enero de dos mil diecinueve, había acudido a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, el hermano de Carlos Frayre Castro, a quien le informaron que aparecía en la lista de detenidos en los separos de dicha dependencia, sin embargo les dijeron que hasta las once de la mañana era la visita y que lo podrían ver, por lo que salieron a desayunar algo, volviendo aproximadamente a las once horas del doce de enero de dos mil diecinueve, donde otra persona les negó ver la lista de detenidos, negándoles también que el mismo hubiera estado detenido en ese lugar. Atento a lo anterior, el mismo veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se comisiono de nueva cuenta al Actuario Judicial, a fin de que se constituyera en el domicilio ubicado en la Calle Gabriel Leyva 5720 de la Colonia Chihuahua, en esta ciudad, en busca tanto de la promovente del amparo Emma Concepción Almaraz Carrillo, como del quejoso Carlos Frayre Castro, y se entrevistara con cualquier persona o familiar que ahí se encontrara, para que manifestará lo conducente, y en su caso, señalaran, de tener conocimiento, la ubicación del quejoso directo; con el apercibimiento que, de no hacerlo así en el plazo concedido, se actuaría conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo. En caso de localizar, al quejoso lo requiriera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos su notificación, manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada y quedarían sin efectos las providencias dictadas. Además, se requirió al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, remitiera ante este órgano jurisdiccional, en copia certificada el listado de la personas que estuvieron detenidas en los separos de dicha dependencia desde el diez de enero del año en curso hasta la presente fecha, con la finalidad de corroborar lo expuesto por la promovente cuando compareció ante este órgano jurisdiccional, y que reitero vía telefónica con el Secretario de Juzgado. Sin perjuicio de lo anterior, también se requirió al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para que en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y convencionales, procediera en términos del Protocolo homologado para la investigación de la desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, encargados de la investigación del delito de desaparición forzada. Así también, para que por su conducto se activara la alerta a la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (RNBPD); la implementación de las acciones de búsqueda correspondientes y la práctica de diligencias policiales necesarias para ubicar al agraviado de que se trata. De igual forma, se requirió al Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, informe a este juzgado de Distrito, si en alguno de los centros federales a su cargo, existe algún dato que ayude a la localización del quejoso directo Carlos Frayre Castro, es decir, si fue recluido por la comisión de algún delito. A su vez, se requirió al Titular de la Policía Federal Ministerial y al Coordinador General de Servicios Periciales, de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con sede en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, informen a este órgano jurisdiccional, si dentro de los registros de investigación policial, tecnológica, científica y pericial que tienen a su alcance, existe algún dato que ayude a la localización del quejoso directo Carlos Frayre Castro. No obstante lo anterior, este órgano de control constitucional, dictó las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso directo Carlos Frayre Castro, en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el precepto 1 Constitucional, que impone a las autoridades del Estado Mexicano, el deber de realizar, en el ámbito de su competencia, todos los actos necesarios para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, se giraron vía "SISE" exhorto a los Juzgados de Distrito, siguientes: .- PRIMER CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TURNO. II.-SEGUNDO CIRCUITO. 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO. Ill.-TERCER CIRCUITO. 1.- JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, EN TURNO IV.- CUARTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO. V.- QUINTO CIRCUITO, 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN NOGALES, EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, EN TURNO. 4.-JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN AGUA PRIETA. VI.- SEXTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA, EN TURNO VII.- SÉPTIMO CIRCUITO 1.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, EN TURNO. 2.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO; EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN TUXPAN, EN TURNO. 4.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CORDOBA, EN TURNO. 5.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN POZA RICA, EN TURNO. VIII.- OCTAVO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN SALTILLO EN TURNO. 2.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN MONCLOVA EN TURNO. 3.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN LA LAGUNA SEDE TORREÓN, EN TURNO. 4.-JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN PIEDRAS NEGRAS. XI.- NOVENO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ EN TURNO 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES EN TURNO. X.- DÉCIMO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS EN TURNO. 2.-JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA EN TURNO. XI.- DÉCIMO PRIMER CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN URUAPAN EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN MORELIA EN TURNO. XII.-DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN EN TURNO 2.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN MAZATLÁN EN TURNO. XIII.- DÉCIMO TERCER CIRCUITO 1.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ EN TURNO. 2.- JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO, COYOTEPEC EN TURNO XIV.-DÉCIMO CUARTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA EN TURNO XV.-DÉCIMO QUINTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN TURNO 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI EN TURNO. 3.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ENSENADA EN TURNO XVI.-DÉCIMO SEXTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN LEÓN EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN IRAPUATO EN TURNO 4.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN CELAYA EN TURNO. XVII.-DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO 1.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA EN TURNO XVIII.-DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA EN TURNO XIX.-DÉCIMO NOVENO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN MATAMOROS EN TURNO 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA EN TURNO. 3.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN REYNOSA EN TURNO. 4.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO EN TURNO. 5.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD MADERO EN TURNO. 6.-JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO, EN TURNO. XX.-VIGÉSIMO CIRCUITO. 1.- JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS CON RESIDENCIA EN TAPACHULA EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO DE PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS CON RESIDENCIA EN CINTALAPA EN TURNO. XXI.-VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO EN TURNO 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, EN TURNO. 3.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN IGUALA EN TURNO. XXII.-VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CON RESIDENCIA QUERÉTARO EN TURNO XXIII.-VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS EN TURNO XXIV.- VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, EN TURNO XXV. VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO, CON RESIDENCIA EN DURANGO, EN TURNO. XXVI.- VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN LA PAZ. XXVII.-VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CHETUMAL, EN TURNO. 2.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, EN TURNO. XXVIII.- VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO, EN TURNO. XXIX.-VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA, EN TURNO. XXX.-TRIGÉSIMO CIRCUITO 1.- JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES,CON SEDE EN AGUASCALIENTES. XXXI.-TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO 1.-JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN CAMPECHE. Para que en el ámbito de sus respectivas competencias, ordenaran con libertad de decisión a sus actuarios, para que se constituyeran en las instalaciones policiales y de detención de las respectivas Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías tanto federales como estatales, Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, Zonas Militares en la Entidad Federativa de que se trate, hospitales y centros de atención psiquiátricos, esto es, en líneas generales, en cualquier lugar en el que el juez exhortado considere pudiere estar el agraviado; a con la finalidad de localizar al directo quejoso Carlos Frayre Castro. Además, a efecto de brindar contexto a la determinación de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido en diversos precedentes, que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas. En efecto, la Corte Interamericana ha reiterado que con la desaparición forzada de una persona, se pretende impedirle el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, por lo que en estos casos resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Por lo que de conformidad con los artículos I, incisos a) y b), de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Aunado a que los Estados están en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos; de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. De igual manera, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho de los familiares de la persona desaparecida, a conocer la verdad de lo sucedido, saber cuál fue el destino del agraviado y en su caso, dónde se encuentran sus restos; es decir, en este tipo de casos, se entiende que los familiares de la persona desaparecida son también víctimas. Como parte de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en la materia, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto a través del cual se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que entró en vigor el quince de enero de dos mil dieciocho. Dicha legislación, que involucra a los tres órdenes de gobierno, dispone entre otras cosas, la coordinación entre autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas; esclarecer el hecho que la ley señala como delito, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia y los vinculados con ésta. De igual forma, establece la forma de participación de los familiares para garantizar que en las etapas de la investigación, reciban información y puedan aportar indicios o evidencias. Para ello y en cumplimiento a los artículos Transitorios del referido ordenamiento, en la II Sesión Extraordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que tuvo verificativo del diez al trece de julio de dos mil dieciocho, se emitió el Protocolo homologado para la investigación de la desaparición forzada de personas y cometida por particulares. En lo que interesa, el documento de trato tiene por objetivo desarrollar una técnica específica, diferenciada y especializada para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, para conocer el paradero de la persona desaparecida, dilucidar el móvil y motivos de la desaparición, determinar la responsabilidad de los autores del hecho, para así garantizar a las víctimas el legítimo y legal acceso al derecho a la justicia completa e integral y satisfacer su derecho a la verdad. Con base en las anteriores consideraciones y atendiendo a la nueva legislación de la materia, en virtud de que en este juicio de amparo se consideró que se estaba ante la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en agravio de Carlos Frayre Castro, en términos del último párrafo del invocado arábigo 15 de la Ley de Amparo, se requirió al Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, con sede en esta ciudad, para que, realizara lo siguiente: I. Ordenara la aplicación inmediata de las acciones de búsqueda de Carlos Frayre Castro, de conformidad con el Protocolo homologado para la investigación de la desaparición forzada de personas y cometida por particulares. II. Proveyera lo conducente para que la información de Carlos Frayre Castro se ingresara al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se remita a la Comisión Nacional de Búsqueda. En el entendido que debería observarse lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación a los datos personales del agraviado, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar su suerte o paradero y esclarecer los hechos. III. Dispusiera la obtención de muestras biológicas y genéticas de los familiares de Carlos Frayre Castro, para estar en condiciones de realizar a la brevedad el examen comparativo entre las mismas y las que se localizan en el Banco Nacional de Datos Forenses que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de la persona desaparecida. En la inteligencia de que el procedimiento de obtención de muestras, deberá llevarse a cabo cumpliendo los lineamientos de los artículos 119 a 127 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tomando las medidas adecuadas para evitar la revictimización de los involucrados, quienes desde luego deberán otorgar su consentimiento para que se les recabe la muestra. Asimismo, dicho procedimiento debería realizarse en Ciudad Juárez Chihuahua, o en el lugar que sea más conveniente para los familiares, evitando su traslado de un lugar a otro a menos que sea estrictamente necesario, y de ser así, deberán proporcionárseles los medios que garanticen su seguridad e integridad física. Es importante destacar que si en el transcurso de la investigación se tiene conocimiento del hallazgo de fosas clandestinas, se deberán tomar las medidas pertinentes y girar las instrucciones necesarias para proceder al examen comparativo entre los restos humanos que puedan localizarse en ellas, con la muestra obtenida a través de los familiares del quejoso directo, debiendo informar a éstos de forma diligente y respetuosa de su integridad emocional, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia. IV. Deberá reconocerse el carácter de víctima a Emma Concepción Almaraz Carrillo (concubina de Carlos Frayre Castro), y como tal, la autoridad requerida se asegurará que él o los representantes que tenga a bien designar, siempre tengan acceso a la indagatoria y puedan proponer acciones para la investigación, así como la búsqueda y localización del agraviado, en términos del dispositivo 92 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La autoridad ministerial deberá hacer del conocimiento del nombrado, los derechos que le asisten en términos del artículo 138 de la invocada legislación especial, así como también que tiene derecho a solicitar y recibir de inmediato, sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas. Precisando además, que el reconocimiento de la promovente de amparo como víctima, no constituiría impedimento alguno para que en adición se le otorgue tal carácter durante la investigación o en su caso, en el proceso penal correspondiente, a diversos familiares del desaparecido. -Asimismo, por escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, Emma Concepción Almaraz Carrillo, desahogo el requerimiento formulado mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, exponiendo que hasta esa fecha no habían localizado al quejoso, a quien había buscado en diversas dependencias locales, estatales y federales, así como hospitales, sin embargo cabe precisar que a la fecha de presentación de dicho escrito, el órgano jurisdiccional ya había tomado la medidas pertinentes en el auto de veintiocho de enero del año en curso, mismas que han quedado precisadas en líneas precedentes. 5. Si refirieron que el señor Carlos Frayre Castro fuera víctima de afectaciones a su integridad personal, derivado de actos de tortura y malos tratos al momento de su detención. En su caso, fechas y medidas que se hubieran tomado al respecto. -Únicamente lo expuesto en el punto precedente y en la demanda de amparo. 6. Si manifestaron la transgresión a las garantías judiciales, debido proceso y derecho a la verdad, en virtud de la presunta investigación deficiente de la desaparición del señor Frayre Castro por parte de la Fiscalía General de la República, sin apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y los protocolos de búsqueda correspondientes. -No se estima que se hayan hecho manifestaciones en este sentido, pues la promovente no volvió a presentar escritos, ni a comparecer ante este órgano jurisdiccional, después del escrito de once de febrero de dos mil diecinueve. 7. Si las peticionarias manifestaron la vulneración al principio de legalidad, certeza jurídica y protección judicial, en relación con el retardo injustificado en emitir una decisión final sobre la investigación del caso, así como la negativa de acceder y agotar recursos internos. -Tampoco se estima que se hayan hecho manifestaciones en este sentido, pues como se precisó en el punto precedente la promovente no volvió a presentar escritos, ni a comparecer ante este órgano jurisdiccional, después del escrito de once de febrero de dos mil diecinueve. Cabe señalar que de Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, se tuvo conocimiento de diversos juicios de amparo y recursos en los que el señor Carlos Frayre Castro fue parte, y que pudieran tener relación con los hechos que refiere el Comité, para lo cual se hacen de su conocimiento los datos relevantes de los expedientes correspondientes: -Del sistema integral de seguimiento de expedientes se desprende la existencia de diverso juicio de amparo y de un proceso penal acusatorio con los siguientes datos: ---Juicio de amparo 306/2018, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua- ---Proceso penal acusatorio 44/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez 8. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto. Cabe precisar que mediante oficio FGR/CHIH/PA/450/2019, recibido en este órgano jurisdiccional el seis de marzo de dos mil diecinueve, el Delegado Estatal Chihuahua, de la Fiscalía General de la República, informó que con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cumplimiento a nuestro oficio número 4831/2019, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le requirió informara si ante dicha dependencia ya había sido recibida la carpeta de investigación número 37-2019-001191, integrada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, y a quien había sido turnada la misma, asimismo, se le solicitó informara si corroborara la existencia de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas de la Fiscalía General de la República. A lo que manifiesto que el once de febrero de dos mil diecinueve, había sido recibida en dicha Unidad Administrativa, el oficio número UIDPAE-631/2019, signado por el Licenciado Jorge Arnaldo Nava López, Fiscal de Distrito Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante el cual remitió el número de caso único 37-2019-0001191. Derivado de lo anterior, se inició la carpeta de investigación número FED/CHIH/JUA/0000306/2019, en la Agencia 11ª Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en esta ciudad, en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por el hecho que la ley señala como delito previsto en el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, teniendo como víctima a Carlos Frayre Castro; asimismo, informó que en la Fiscalía General de la República, hasta esa fecha no existía una Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas. Así, atento lo anterior cabe destacar que conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, razón por la que se estima que las actuaciones realizadas en la carpeta de investigación número FED/CHIH/JUA/0000306/2019, de la Agencia 11ª Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en esta ciudad, son medulares a efecto de que el Estado Mexicano fije su postura respecto la acción urgente AU 881/2020 relativa a la presunta desaparición forzada de Carlos Frayre Castro, en trámite ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Desahogados los puntos anteriores, cabe destacar que el presente expediente consta de siete tomos, excediendo estos de seis mil cincuenta fojas, y que en virtud de que conforme a lo previsto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto al periodo de su vigencia por el similar 1/2022, se encuentra trabajando de manera presencial con menos del 50% de su personal, aunado a que de momento el equipo de fotocopiadoras se encuentran fuera de funcionamiento por fallas técnicas, lo que dificulta expedir en su totalidad las constancias solicitadas, dadas las cargas de trabajo que se han presentado, razón por la que se le remitirán copia certificadas de las constancias de mayor trascendencia, vía electrónica a los correos rotiz@cjf.gob.mx, así como al diverso dgdhigai@correo.cjf.gob.mx; debiendo reiterar que el juicio de amparo en cita se encuentra integró en el expediente electrónico por lo que de ser de su interés, se podrá habilitar a un usuario a fin de que se puedan realizar las consultas que se estimen necesarias. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto los oficios y anexos que remite vía electrónica la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, agréguense a sus autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, en virtud de que mediante proveído de quince de agosto del presente año, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    Visto el oficio que remite vía electrónica la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, agréguese a sus autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que mediante proveído de quince de agosto del presente año, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio que remite vía electrónica la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene haciendo las manifestaciones a que se refiere. Cúmplase.

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