Emmanuel Alejandro Chávez Medina
Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Emmanuel Alejandro Chávez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y, en atención a que el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 251/2021-V-A, promovido por Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por conducto de José Luis Chávez Samaniego, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto seguido, se da cuenta al juez con el oficio que remite Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a lo que se acuerda: "Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, y atención a su contenido, se tiene a la referida autoridad informando lo solicitado mediante oficio 8948/2021." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y toda vez que no existen otros elementos de prueba pendientes de desahogo, se cierra dicho periodo y se pasa a la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada la misma; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 251/2021-V-A, promovido por promovido por Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por conducto de José Luis Chávez Samaniego, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el cinco de abril de dos mil veintiuno, Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por conducto de José Luis Chávez Samaniego, promovió juicio de amparo, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó la detención del directo quejoso realizada fuera de procedimiento. SEGUNDO. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, registrándose como expediente 251/2021-V-A, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General número 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que los actos que se reclaman, se los atribuye a autoridades que radican dentro de los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;". De la trascripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Bajo este contexto, de la lectura integral de la demanda se aprecia que el quejoso, reclama la detención del aquí quejoso realizada fuera de procedimiento. TERCERO. Las autoridades responsables, Jefe de Grupo de la Unidad Especializada del Centro de Operaciones Estratégicas, de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO.- La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y del Agente del Ministerio Público, Coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas (Narcomenudeo), con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto materia de reclamo y en apoyo a su informe, envío copia autorizada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación 37-2021-1107, de las cuales se aprecia que en efecto el quejoso Emmanuel Alejandro Chávez Medina y/o Emmanuel Alejandro Chávez Medina, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, de esta ciudad, a las siete horas con quince minutos del cinco de abril del dos mil veintiuno, por haber sido detenido en flagrancia a las tres horas con diez minutos de la citada fecha, por probable responsable en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, previsto en la Ley General de Salud. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues resultan ser medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas actuaciones. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cabe señalar que la diversa autoridad Coordinador de Investigación de la Policía Estatal Única, Zona Norte, de esta, ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificadas del oficio petitorio, en tal virtud, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por ciertos los actos que a la omisa se le reprocha, máxime que la diversa autoridad, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y del Agente del Ministerio Público, Coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas (Narcomenudeo), con sede en esta ciudad, con vino en la existencia del acto que se le reprocha. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, en la especie, de manera oficiosa, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: a) La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la detención del directo quejoso, realizada el cinco de abril de dos mil veintiuno, por la comisión de un delito en flagrancia, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por conducto de José Luis Chávez Samaniego, promovió demanda de amparo contra su detención, realizada por las autoridades responsables, en la fecha antes indicada, por lo que, previa ratificación de la misma, en auto de seis de abril del año en curso, se admitió la demanda de amparo y se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, de los cuales se tiene que la autoridad Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y del Agente del Ministerio Público, Coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas (Narcomenudeo), con sede en esta ciudad, convino en la existencia del acto reclamado, se reitera, que señaló que el directo quejoso fue detenido en delito flagrante por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y que se puso a disposición del Agente del Ministerio adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, de esta ciudad, a las siete horas con quince minutos del cinco de abril del dos mil veintiuno, por haber sido detenido en flagrancia a las tres horas con diez minutos de la citada fecha, por probable responsable en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, previsto en la Ley General de Salud. En atención, a lo anterior, se solicitó informe al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dicha autoridad mediante oficio 30819/2021, indicó que en fecha siete de abril del dos mil veintiuno, mediante audiencia de control de detención, se ratificó la legal detención del quejoso, por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, por actualizarse el supuesto que establece el artículo 146, fracción ii, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, procediendo en la misma a la formulación de imputación, por parte de la representación social, renunciando el quejoso a su derecho a rendir declaración preparatoria, así como al término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo tanto en la misma fecha se vinculó a proceso a Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por los hechos ocurridos en calle Marfil y Basalto, de la Colonia Libertad, de eta ciudad, y que en la misma audiencia se admitió la suspensión condicional del proceso, a favor del aquí quejoso. Informe el anterior, que tiene valor preponderan, y del que se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento judicial, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud. Por tanto, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso aludido, la situación jurídica del quejoso Emmanuel Alejandro Chávez Medina, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de su detención, que reclama el impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal, máxime que en el controvertido juicio constitucional no se reclamó la calificación de la detención. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Ahora bien, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de vinculación a proceso y la suspensión condicional del proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone necesario sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Emmanuel Alejandro Chávez Medina, por conducto de José Luis Chávez Samaniego, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de este fallo. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy Fe. cuatro de mayo de dos mil veintiuno
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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la comunicación oficial de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, atento a su contenido se tiene al Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Narcomenudeo (C.O.E.), de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en la localidad, informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano, concedida en el presente juicio de amparo, a favor de la parte quejosa. Asimismo, se le tiene aclarando la denominación correcta de la misma. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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el 13 de abril de 2021 se publica la presente síntesis a fin de notificar a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27 de la ley de amparo CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la constancia de notificación de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tiene al directo quejoso Emmanuel Alejandro Chávez Medina, ratificando la demanda de amparo interpuesta en su favor por José Luis Chávez Samaniego, contra actos del Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del delito Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Atinente a ello, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridad federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, los responsables podrán tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuenten con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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