Emma Pérez Ríos

Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
860/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Emma Pérez Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL 860/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Precisión sobre acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4. Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18 del acuerdo en cita se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será DEPURABLE, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; previa digitalización. Terminado el proceso de depuración, este juzgado solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federa determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. 9. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten la leyenda referida que en el mismo es depurable. 10. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió documentos originales, se le requiere para que en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; se le apercibe que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 860/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Estados de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, a través del representante legal de dicho Municipio, comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. 2. Antecedentes. A) El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa *****, para los efectos siguientes: ".Sexto. Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto negativo, se concede a la quejosa ***** el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca : a) Dicte el acuerdo que conforme a derecho proceda respecto de la petición que formuló la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno; y b) Lo haga de su conocimiento (notifique) conforme a la ley que rija la materia del acto que se le reclama." B) Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de septiembre de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la referida autoridad responsable. C) Mediante oficio de once de octubre de dos mil veintidós, el presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, a través del representante legal de dicho Municipio, remitió copia del acuse de recibo del oficio de doce de septiembre de dos mil veintidós, dirigido a la quejosa *****, por el cual dio contestación a su escrito de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, recibido el treinta de julio siguiente, notificado a la parte quejosa el once de octubre del año en curso; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós. 3. Análisis del cumplimiento. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no, a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a), se advierte que se dio cumplimiento, ya que mediante oficio de doce de septiembre último, notificado a la quejosa el once de octubre del año en curso, la autoridad responsable dio contestación al escrito de la referida quejosa, de veintidós de julio de dos mil veintiuno, recibido el treinta de julio siguiente. Por el cual se informó a la quejosa que, en atención a sus peticiones, giró instrucciones al regidor de obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Municipales de dicho Municipio, para que, de manera inmediata, mantuviera limpio y en perfectas condiciones el encierro municipal del parque vehicular y maquinaria ubicado en el municipio de San Agustín de las Juntas, paraje Lomas del Santo; asimismo, le hizo de su conocimiento que los carros recolectores de basura fueron reubicados; finalmente, informó las gestiones realizadas relativas a su queja de violencia contra un animal. Respecto al inciso b), también se encuentra cumplido, pues la referida responsable notificó el oficio en mención a la parte quejosa el once de octubre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su demanda de amparo. Aunado a que este órgano jurisdiccional también le hizo del conocimiento dicho oficio de manera personal a la quejosa, como se advierte de la constancia de notificación de diecisiete de octubre del año en curso. De ahí que dichos puntos se encuentren cumplidos. 4. Manifestaciones de la parte quejosa. Sin que obste que la quejosa, en su escrito de cuenta, manifieste que la autoridad simula cumplir con la sentencia dictada en este juicio, toda vez que aún guarda los camiones de basura en el encierro municipal del parque vehicular y maquinaria ubicado en el municipio de San Agustín de las Juntas, paraje Lomas del Santo, lugar que se ubica al lado de su domicilio, y solicita que se requiera a la autoridad para que cierre por completo dicho lugar. Lo anterior, porque, como ya se precisó, los efectos de la concesión de amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable diera contestación a su escrito de petición y le notificara dicha respuesta, no así, para que reubicara o cerrara por completo el encierro municipal del parque vehicular y maquinaria ubicado en el municipio de San Agustín de las Juntas, paraje Lomas del Santo, donde guardan los camiones de basura del Municipio de San Agustín de las Juntas. De ahí que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, por tanto, sin existir defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la sentencia de mérito; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. 5. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 860/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Informa cumplimiento de la sentencia. Agréguese el oficio firmado por el síndico Municipal del Municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y remite las constancias relativas. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo; para que, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que, de hacer caso omiso sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro 192174, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA).". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 860/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 860/2022, como se ordenó en acuerdo de doce de agosto del año en curso, sin que asistieran las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: I. Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Emma Pérez Ríos, por propio derecho, y demás constancias que integran este juicio de amparo. II. Además, hace constar que: -A la fecha, no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe agregado el veintitrés de agosto de este año, y la de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. - Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales y que no existe documento con el que deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Respecto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en el caso, se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, por el hecho de que el informe agregado el veintitrés de agosto de este año, no se haya rendido, al menos, con ocho días de anticipación a esta data, dado el sentido de la sentencia que se dictará; ello, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además de que la quejosa no solicitó el diferimiento de la audiencia, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en el momento procesal oportuno, determínese lo conducente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las siguientes documentales: a) Escrito de veintidós de julio de dos mil veintiuno, dirigido al presidente Municipal Constitucional de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, con sello de recepción de treinta de julio de dos mil veintiuno. b) Tres fotografías. Así como las pruebas de c) instrumental de actuaciones y d) presuncional legal y humana. El síndico Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, ofreció como pruebas las siguientes documentales en copias certificadas: e) Tres fotografías. f) Dos citatorios de dos y seis de agosto de dos mil veintiuno, dirigidos a Francisco Reyes. A continuación, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las referidas documentales, las que se desahogan por su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Por cuanto a las pruebas: de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la quejosa, se tienen por ofrecidas y desahogadas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, que serán consideradas al resolver este juicio, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron; por lo que se declara cerrado este período y se procede a emitir la sentencia respectiva. Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 860/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diecinueve de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el veinte siguiente, Emma Pérez Ríos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, consistente en la omisión o falta de contestación al escrito presentado en oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno. Dicha quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; invocó como derechos fundamentales vulnerados los previstos en los artículos 8, 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de dos mil veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 860/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la omisión se reclama de una autoridad residente en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es la: - a) Omisión o falta de contestación a su escrito presentado en la oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno, y b) su notificación. Lo que se reclama al presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable síndico Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, representante legal de dicho municipio, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable manifiesta que la demanda de amparo de la quejosa es extemporánea; causal invocada que deviene infundada, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión o falta de contestación al escrito presentado en la oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, los efectos de esa omisión no han dejado de surtir efectos, por tanto, el derecho de la quejosa para promover juicio de amparo contra ese acto, se actualiza a cada momento que continúa vigente esa omisión Quinto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Concepto de violación. El análisis del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa (vulneración en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8° constitucional), en relación con las constancias del expediente, conduce a determinar lo siguiente: Precepto constitucional. El artículo 8º de la Constitución Federal refiere: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la obliga a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Ese ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. En el caso, con fecha treinta de julio de dos mil veintiuno la parte quejosa presentó un escrito ante la oficialía de partes del Municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, por el cual solicitó, en esencia, el cierre del corralón municipal ubicado en la calle Agustín de Iturbide sin número, de dicha población, como consta del acuse de recibo presentado por la quejosa; sin embargo, hasta la fecha en que se resuelve este juicio la responsable no ha dado contestación a esa petición, no obstante haber transcurrido más de un año. Ahora, el artículo 8º constitucional no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados; por ello, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atiende al concepto de plazo razonable, a que se refiere el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: "Artículo 8.- Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". En el caso Suárez Rosero vs Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un estándar interpretativo mediante el uso de varios criterios, que permiten al juzgador analizar cuándo se ha cumplido con la obligación del plazo razonable de conformidad con la Convención; para lo cual, se debe estudiar: a) La complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. Por lo anterior, si, en el caso, la parte quejosa presentó su escrito el treinta de julio de dos mil veintiuno ante la oficialía de partes del Municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, han transcurrido once meses con veinte días entre la presentación de la referida promoción y el de la demanda de amparo (diecinueve de julio de dos mil veintidós); pese a ello, la autoridad responsable no ha atendido dicho escrito; razón por la cual se estima que se ha rebasado el término prudente en el que la responsable debió atender la petición, ya que no existe prueba alguna que demuestre la imposibilidad que se ha tenido para contestar; por tal motivo, debió pronunciarse al respecto, ya que el derecho fundamental de petición se agota con el dictado del acuerdo respectivo y su notificación al interesado. De ahí que la conducta omisiva configura una violación directa al derecho fundamental previsto en el artículo 8º constitucional. Cabe precisar que la autoridad responsable alega que el Municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca se rige por usos y costumbres y que, de acuerdo a ello, no dan respuesta por escrito a las solicitudes que se le realizan, sino que únicamente toman las medidas necesarias para atender esas peticiones. De lo cual se advierte que esas medidas que realizan no son notificadas a la parte peticionaria, lo cual deja en estado de incertidumbre jurídica al justiciable; de ahí que no es dable tener por contestado una petición, si ésta no se realiza de acuerdo a los parámetros constitucionales, es decir, por escrito y con debida notificación. Sin que obste, como lo precisó la responsable en su informe, de que al tratarse de una comunidad se rige por usos y costumbres, pues el artículo 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como autoridades comunitarias, para que actúen en la regulación y solución de sus conflictos internos; asimismo, es un derecho constitucional su libre determinación y autonomía, entre otras cuestiones, para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, de acuerdo con sus usos y costumbres; sin embargo, todo ello debe ser sujetándose siempre al marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el acto reclamado se reclama a una autoridad municipal, por tanto, debe regirse a lo previsto por el articulo 115 fracción III, inciso i), segundo párrafo, de la Constitución Federal, que establece que ".en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales"; lo que en el caso no aconteció, pues la autoridad responsable no cumplió con lo dispuesto por el artículo 8° constitucional. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto negativo, se concede a la quejosa Emma Pérez Ríos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca : a) Dicte el acuerdo que conforme a derecho proceda respecto de la petición que formuló la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno; y b) Lo haga de su conocimiento (notifique) conforme a la ley que rija la materia del acto que se le reclama. Se invoca en apoyo por tratar sobre el tema la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 248 del tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181149, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO". Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Emma Pérez Ríos, contra la omisión o falta de contestación al escrito presentado en oficialía de partes el treinta de julio de dos mil veintiuno, atribuido al presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Oaxaca; en los términos a que se refieren los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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