Emma García García

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Emma García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    PRAL 383/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para la autoridad responsable, terceros interesados y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de tomos anexos. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable, magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, la copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente agrario ******************** de su estadística, mismas que obran como tomos anexos I y II relativos a este juicio. 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino (relevancia documental). Como se indicó en la certificación de cuenta, este juicio de amparo versa sobre materia agraria, por lo que, con fundamento en los artículos 14, fracción I, y 15, fracción X, de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita, este asunto se considera de relevancia documental; por tanto, se conservará en su integridad el expediente. 5.2. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 16 del multicitado acuerdo, este expediente será resguardado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es relevancia documental. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 383/2023 MESA 6 Visto para resolver el juicio de amparo ********************, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************; y,****************************************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el diecinueve de abril siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia.********************La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados.********************Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de nueve de mayo de este año se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Por diverso acuerdo de catorce de julio de este año se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, 1) ********************, 2) ********************e 3) Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************, quienes quedaron emplazados el quince de agosto de este año, a través de los estrados de Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, ********************Finalmente, previo los trámites respectivos se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ******************** es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa (agraria) y los actos reclamados se atribuyen a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados.********************Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama:********************Del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************:********************La resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente ********************de su estadística, en la cual se decretó una medida cautelar.****************************************Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************TERCERO. Existencia del acto reclamado.********************Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues precisó que mediante auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************de su estadística, decretó una medida cautelar en términos del artículo 166 de la Ley Agraria, a efecto de conminar a las partes en dicho juicio a abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legamente el inmueble motivo de la litis; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.********************Circunstancia que quedó corroborada con la copia certificada de las diversas constancias deducidas del expediente agrario ********************de su estadística, mismas que obran como tomos anexos I y II relativos a este juicio de amparo.********************CUARTO. Causa de improcedencia.********************Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto.********************QUINTO. Antecedentes del asunto.********************De las constancias remitidas por la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que:********************1. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en ******************** de Juarez, ********************, ******************** demandó a ********************e ******************** diversas prestaciones, entre ellas:****************************************La devolución y entrega material de la fracción de terreno comunal (solar), ubicado en el ********************, perteneciente a la comunidad de ********************, con las medidas y colindancias siguientes:****************************************Al norte mide quince metros y colinda con una calle.********************Al sur mide dieciséis metros y colinda con un acceso de paso.********************Al este mide diez metros con cincuenta centímetros y colinda con una calle.********************Al oeste mide diez metros y colinda con la ciudadana ********************.****************************************El mejor derecho a poseer de la superficie comunal del sitio solar de las medidas y colindancias establecidas en la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete, expedida por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de ********************.****************************************Se declare el respeto a la posesión.****************************************La nulidad absoluta y de pleno derecho de la constancia de posesión de quince de enero de dos mil catorce. ******************** ********************2. En auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, previo cumplimiento de prevención, se admitió la demanda, registrándose con el expediente ********************, se señaló fecha y hora para la audiencia de derecho establecida en el artículo 185 de la Ley Agraria y se ordenó correr traslado y emplazar a la parte tercera interesada, 1) ********************, 2) ********************e 3) integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************.****************************************3. Mediante escritos de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y catorce de febrero de dos mil veinte, ******************** y el Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************, contestaron la demanda instaurada.****************************************4. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, sede en ******************** de Juárez, ********************, declinó competencia por razón de territorio, para continuar conociendo del juicio agrario ********************, al diverso Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, en cumplimiento al Acuerdo General ********************, de once de mayo de ese mismo año, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, por el que se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios Distritos 21, 22 y 46, con sede en las ciudades de ********************, Tuxtepec y Huajuapan de León, del Estado de ********************.****************************************5. En proveído de doce de julio de dos mil veintidós el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, declaró ser competente para conocer del juicio ******************** y lo radicó con el expediente agrario ********************; además, reanudó los plazos y términos suspendidos a partir de esa fecha.****************************************6. Por escrito de once de enero de dos mil veintitrés 1) ********************, 2) ********************solicitaron en términos del artículo 166 de la Ley Agraria "diligencias precautorias" -medida cautelar-, pues manifestaron que la parte actora se encontraba modificando el terreno materia de la controversia con una retroexcavadora, concretizado en una base de una construcción; es decir, se encontraba alterando el estado del terreno materia de la litis del juicio agrario natural.****************************************7. Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en lo que interesa, se requirió a la parte actora ******************** para que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de ese acuerdo, manifestara lo que a sus intereses conviniera y expresara si era cierto o no que se encontraba realizando las actividades referidas por la parte demandada; apercibiéndola que de no hacerlo se tendría por ciertas las acusaciones; además, de quedar sujeto a la decisión de ese tribunal.****************************************8. Mediante escrito de catorce de febrero de este año ******************** contestó la vista otorgada y precisó que, si estaba realizando trabajos en el solar que ampara la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete, expedida por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de ********************; sin vulnerar la superficie que ampara la constancia a nombre del finado ******************** (hermano de la parte actora); además, solicitó que se llevara a cabo la inspección judicial ordenada a fin de resolver esa controversia, conforme a los puntos que precisó.****************************************9. A su vez, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés el actuario adscrito Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, realizó la inspección ocular ordenada en auto de diecisiete de enero de este año con la comparecencia de la parte actora y demandada; en la cual observó, en lo conducente, un amontamiento de arena, y una construcción reciente y en proceso, con material pétreo, cemento, arena, tabiques, castillos de acero, personas laborando, troncos de madera y restos de excavación; etcétera. ********************Además, precisó que la actora manifestó que la parte en que se está construyendo no es de la zona en conflicto; es decir, que se trata de lugares distintos.******************** ********************10. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés se agregó el escrito de la parte actora ******************** por el que dio contestación a la vista realizada en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés.********************Además, el tribunal realizó precisiones en suplencia de la queja respecto que la pretensión de la parte demandada era la de promover una medida cautelar.********************Así, el tribunal responsable precisó que al no estar debidamente integrada la pericial topográfica ordenada en autos, que es la legal y humanamente idónea para ilustrar y determinar la identidad del predio o predios en controversia; no se contaba con mayores elementos suficientes para establecer si había o no identidad en el objeto del juicio; es decir, si se trataba de un solo inmueble o dos inmuebles distintos.****************************************Por ello, a fin de evitar una afectación física o legal de la superficie objeto de la litis, la señalada expresamente por ******************** y que dijo se amparaba con la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete y en la que expresamente reconoció la parte actora se estaban ejecutando trabajos, la responsable decretó una medida cautelar para el efecto de conminar a ambas partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; es decir, deben evitar realizar cualquier tipo de construcción a su interior que no signifique un servicio de mantenimiento necesario o preventivo por un posible riesgo a la integridad del mismo bien o de las personas que lo poseen o habitan. Además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte.****************************************Se les apercibió de asumir el riesgo en caso de realizar dichos actos y de ser responsables de su resultado; así también, se les conminó con la multa respectiva.****************************************Finalmente, respecto al cuestionario aportado sobre el cual versaría la inspección judicial solicitada por la parte quejosa a fin de resolver esa controversia, precisó que no había lugar pues no se trataba de una probanza ofrecida en autos; sino la misma fue ordenada a fin de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesitad de la medida cautelar. ****************************************Auto que constituye el acto reclamado en este expediente. ********************SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".********************No obstante, cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda.********************SÉPTIMO. Estudio de fondo.********************La parte quejosa refiere, en esencia, que se vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la resolución reclamada no fue dictada en atención al principio de la completitud, pues la responsable no fue exhaustiva en dicha resolución; asimismo, que se le vulneró su derecho a probar ya que no se realizó el desahogo de la inspección judicial ordenada conforme a los puntos del cuestionario que ofreció; además, que dicha resolución no se encuentra fundada ni motivada; en tanto que, refiere, la responsable no expresó los beneficios económicos obtenidos por la parte actora con motivo de la construcción que realizó en el inmueble de la litis o los perjuicios patrimoniales causados, ni motivó las circunstancias respectivas; tampoco tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer, dice, la multa ahí descrita.********************Son infundados los conceptos de violación, como enseguida se examinará.********************El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente:********************"Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho".****************************************El referido precepto legal contiene el derecho de audiencia, la cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos y, su debido respeto, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que se cumplan en el juicio las formalidades esenciales del procedimiento, dado que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica, se traducen en los requisitos siguientes:********************1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.****************************************2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.****************************************3) La oportunidad de alegar.****************************************4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del rubro:********************"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".****************************************Por su parte, el artículo 16 constitucional establece:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". ****************************************El transcrito numeral 16 establece, en términos generales, la garantía de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, al destacar tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos que realizan:********************1) Se exprese por escrito;****************************************2) Provenga de autoridad competente y,****************************************3) El documento escrito en el que se exprese, se fundamente y motive la causa legal del procedimiento.****************************************Es así que la garantía de legalidad la cual deben cumplir todas las autoridades en los actos de molestia que realizan y que afectan la esfera jurídica de los gobernados en los bienes jurídicamente tutelados por nuestro orden constitucional, primordialmente en la fundamentación y motivación de su actuar que consiste en expresar las razones y motivos de hecho que justifiquen la decisión de la autoridad para actuar de cierta forma.********************Con mayor claridad la fundamentación radica en el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los ordenamientos y preceptos jurídicos que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la exigencia de motivación ha sido referida a la manifestación de las razones y motivos particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en los cuales se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar al caso concreto.********************Ambos deberes tiene que acatar toda autoridad administrativa y jurisdiccional que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados, no se excluyen uno del otro, sino, por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, donde su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se aplican al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, al ser imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado.********************Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del rubro:********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE".************************************************************Así, con arreglo a los imperativos ya citados, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.********************Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, como lo son, entre otros, las medidas precautorias; ello, en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo.********************Por otro lado, el artículo 166 de la Ley Agraria establece:********************"Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve, en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo.****************************************En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso".****************************************Del contenido de ese numeral, se advierte que establece dos supuestos jurídicos:********************1. Las diligencias precautorias o cautelares y,****************************************2. La suspensión de los actos de autoridad en materia agraria que sean impugnados en un juicio de la misma naturaleza.****************************************En el caso concreto, las diligencias precautorias o cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento agrario.********************Así, cuando en un juicio agrario como el aquí analizado alguna de las partes solicita una medida precautoria, la autoridad responsable acudirá acertadamente a las disposiciones que sobre el particular establece supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que así lo dispone el artículo 167 de la Ley Agraria, al estipular:********************"Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente".****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 449, del rubro y texto:********************"MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles".****************************************De ese modo, los artículos 384, 388, 389, fracción II, 392, 395 y 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a las medidas de aseguramiento y precautorias, establecen lo siguiente:********************"ARTICULO 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.****************************************ARTICULO 388.- La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita.****************************************ARTICULO 389.- Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias:********************(.)********************II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito.****************************************ARTICULO 392.- La medida de que trata la fracción II del artículo 389, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse.****************************************ARTICULO 395.- Toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decretará sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa.****************************************ARTICULO 399.- No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esté autorizada por este título o por disposición especial de la ley".****************************************De tales preceptos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:********************a) Las medidas o diligencias precautorias se decretan para mantener una situación de hecho existente.****************************************b) Pueden fijarse dentro del juicio o antes de iniciarse.****************************************c) El aseguramiento de las cosas sobre las que verse el juicio, se dictará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas puedan ocultarse, perderse o alterarse.****************************************En efecto, las diligencias o medidas precautorias, calificadas también como providencias o medidas cautelares, se decretan para evitar se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica.********************Dichas medidas, conforme a la legislación mexicana, pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio.********************Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se dictan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida. Por lo que, por regla general, para poder concederlas se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos, entre los que se encuentran:********************a) Un presumible derecho. Quien la solicita debe acreditar, aun presuntivamente que tiene facultad de exigir de la otra parte algún derecho que se pretende asegurar con la medida cautelar.****************************************b) Peligro actual o inminente. Dados los hechos en que se sustenta la petición, se advierta que en caso de no obsequiarse la medida precautoria se causará un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente.****************************************c) Urgencia de la medida. Es necesario que el derecho sustancial deducido o a deducir por el solicitante no pueda ser protegido inmediatamente de otra manera pues, de ser así, no se justificaría tomar una medida de excepción.****************************************d) Solicitud formal. La petición se debe hacer de acuerdo con las formalidades previstas en la ley respectiva, ante el órgano jurisdiccional competente.****************************************De lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.********************Luego, al limitarse los efectos de las medidas cautelares a la resolución del proceso, la naturaleza de éstas es provisional y no definitiva.********************En consecuencia, al tener efectos provisionales, para la imposición de medidas cautelares no rige el derecho de audiencia previa.********************Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 1998, página 18, registro 196727, de rubro:********************"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. ****************************************En el caso en estudio, el auto reclamado en este juicio es de carácter jurisdiccional, al haber sido emitido dentro de un juicio agrario.********************Consecuentemente, su estudio debe realizarse tomando en consideración que su fundamentación y motivación debida se encuentra en el análisis de los puntos que integran la litis o, en el caso, en el estudio relativo a la procedencia de la medida cautelar, con base en los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración la autoridad responsable.********************Así, en principio, el artículo 166 de la Ley Agraria establece que los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados, asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos, en tanto se resuelve en definitiva; además, los diversos 384, 385, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles contemplan el procedimiento para el trámite de dichas medidas.********************En ese contexto, como ya se adelantó, son infundados los conceptos de violación en estudio en la porción en que la parte quejosa aduce que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, pues del contenido del auto de siete de marzo de dos mil veintitrés se desprende que el tribunal responsable sustentó dicha determinación en el artículo 166 de la Ley Agraria.********************En efecto, analizó la petición de la parte demandada en suplencia de la queja respecto a la medida cautelar; es decir, precisó las diferencias entre las diligencias cautelares o precautorias y la suspensión de actos de autoridad en materia agraria a fin de encuadrar la figura jurídica solicitada en términos del artículo 166 de la Ley Agraria.********************Así, refirió que la petición de la parte solicitante encuadraba en la primera hipótesis; es decir, en el decreto de una medida cautelar misma que se encuentra regida por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria.********************Precisó que en diverso auto de diecisiete de enero de este año comisionó al actuario adscrito a ese tribunal para realizar una inspección ocular en la superficie donde las partes señalaron como la de objeto o materia de litis, la cual se ubica en la población de ********************; aspecto que se materializó mediante diligencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés y en el que las partes actora y demandada le señalaron a ese funcionario físicamente dos lugares distintos a inspeccionar, respecto a las medidas y colindancias del predio respectivo. ********************Por ello, al estar en trámite la litis del juicio agrario, y no encontrarse integrada la prueba pericial topográfica que es la idónea para ilustrar y determinar la identidad del predio o predios en controversia, determinó que no contaba con los elementos suficientes para establecer sobre la identidad en el objeto del juicio. Sin embargo, resolvió que, con el único propósito de evitar algún tipo de afectación, física o legal de la superficie objeto de la litis, la señalada expresamente por ******************** desde su escrito de demanda, esto es, aquel inmueble que dijo amparaba con la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete y en la que expresamente reconoció la parte actora se estaban ejecutando trabajos de construcción, la responsable decretó una medida cautelar para el efecto de conminar a ambas partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tuviera por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; es decir, debían evitar realizar cualquier tipo de construcción a su interior que no signifique un servicio de mantenimiento necesario o preventivo por un posible riesgo a la integridad del mismo bien o de las personas que lo poseen o habitan. Además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte.********************Se les apercibió de asumir el riesgo en caso de realizar dichos actos y de ser responsables de su resultado; así también, se les conminó con la multa respectiva.********************Hasta aquí, como se ve, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, si se encuentra debidamente fundada y motivada la medida cautelar, pues la responsable determinó que, por haberse acreditado con la inspección realizada por el actuario adscrito a ese tribunal y con la confesión expresa de la parte actora -aquí quejosa-, que se encontraba realizando actos de construcción en el inmueble de la litis (y en la cual aún no se ha determinado la parte relativa de la controversia por estar pendiente el desahogo de la prueba pericial), las cosas debían mantenerse en el estado en que se encontraban; es decir, las partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte; fundando su determinación en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Agraria; de ahí que es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa.********************Por otro lado, la parte quejosa formula como concepto de violación que se le vulneró su derecho a probar, ya que, agrega, no se realizó el desahogo de la inspección judicial ordenada en auto de diecisiete de enero de este año, conforme a los puntos del cuestionario que ofreció; pues la responsable precisó que no había lugar a admitirla ya que no se trataba de una probanza ofrecida en autos; sino la misma se había ordenado a fin de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesitad de la medida cautelar solicitada. ********************Criterio que se considera emitido conforme a derecho, pues en actos de naturaleza provisional las mismas se decretan para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento agrario; por lo que uno de los aspectos de este tipo de medidas cautelares consiste en que se dicten, incluso, sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa.********************Y, en el caso, como lo expresó la autoridad responsable, la inspección que ordenó realizara el actuario adscrito a dicho Tribunal fue con la finalidad de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesidad de la medida cautelar; no así de decidir o dilucidar sobre la litis principal en el juicio agrario ********************, conforme a las pretensiones demandadas; de ahí que no le asiste la razón a la parte quejosa al señalar que se le vulneró su derecho de audiencia y a probar, pues los mismos se encuentran intocados a fin de hacerlos valer en la litis de fondo.********************Por otro lado, la parte quejosa formula como concepto de violación que la responsable no expresó los beneficios económicos que aquélla obtuvo con motivo de la construcción que realizó en el inmueble motivo de la litis, o los perjuicios patrimoniales causados, ni motivó las circunstancias que lo llevaron a establecer el apercibimiento con la que fue conminada; además, tampoco tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer, dice, la multa ahí descrita.********************Al respecto, debe decirse que también es infundado el argumento sostenido por la parte quejosa, pues, en primer término, y como ya se destacó, basta con que se actualice, entre otros, un peligro actual o inminente y la urgencia para obsequiar la medida precautoria; considerar lo contrario, a fin de que se recaben datos, como los que refiere la parte quejosa (los beneficios económicos obtenidos con motivo de la construcción o los perjuicios patrimoniales causados), ello conllevarían a realizar un trámite moratorio a fin de determinar si es procedente la diligencia precautoria; sería contrario al espíritu de la finalidad de la medida cautelar, esto es, otorgar la misma a fin de no causar un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente.********************Y, por lo que hace al argumento que sustenta la parte quejosa en el sentido que el tribunal responsable no motivó las circunstancias para señalar el apercibimiento que decretó; además, que no tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer "la multa ahí descrita"; también es infundado, pues en el auto reclamado se aprecia que dicha autoridad fundó tal apercibimiento en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria; en tanto que al momento de señalar un requerimiento, la autoridad responsable no se encuentra obligada a expresar las circunstancias económicas de las partes a fin de imponer una multa; ya que su ejecución se encuentra supeditada al acatamiento o no de lo ordenado por la autoridad responsable; es decir, sería necesario que la persona apercibida continuara realizando el acto u omisión que se le está conminando a no realizar o dejar de hacer, por lo que su posible ejecución dependería, en todo caso, del modo de actuar de la quejosa, por ello debe considerársele como un acto futuro; y su mandamiento encuentra sustento en el ordenamiento en la legislación que dota a las autoridades para apercibir con medios de apremio conforme a la ley, a fin de que sus mandamientos sean cumplidos; de ahí que resulte infundado el argumento sostenido por la parte quejosa.********************En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************.********************OCTAVO. Publicación de datos personales.********************Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************Por lo expuesto y fundado se:********************RESUELVE:********************PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, consistente en la resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente ********************de su estadística, en la cual se decretó una medida cautelar, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia.********************SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados.********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 383/2023 MESA 6 Visto para resolver el juicio de amparo ********************, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************; y,****************************************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el diecinueve de abril siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia.********************La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados.********************Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de nueve de mayo de este año se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Por diverso acuerdo de catorce de julio de este año se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, 1) ********************, 2) ********************e 3) Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************, quienes quedaron emplazados el quince de agosto de este año, a través de los estrados de Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, ********************Finalmente, previo los trámites respectivos se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ******************** es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa (agraria) y los actos reclamados se atribuyen a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados.********************Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama:********************Del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************:********************La resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente ********************de su estadística, en la cual se decretó una medida cautelar.****************************************Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************TERCERO. Existencia del acto reclamado.********************Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues precisó que mediante auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************de su estadística, decretó una medida cautelar en términos del artículo 166 de la Ley Agraria, a efecto de conminar a las partes en dicho juicio a abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legamente el inmueble motivo de la litis; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.********************Circunstancia que quedó corroborada con la copia certificada de las diversas constancias deducidas del expediente agrario ********************de su estadística, mismas que obran como tomos anexos I y II relativos a este juicio de amparo.********************CUARTO. Causa de improcedencia.********************Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto.********************QUINTO. Antecedentes del asunto.********************De las constancias remitidas por la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que:********************1. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en ******************** de Juarez, ********************, ******************** demandó a ********************e ******************** diversas prestaciones, entre ellas:****************************************La devolución y entrega material de la fracción de terreno comunal (solar), ubicado en el ********************, perteneciente a la comunidad de ********************, con las medidas y colindancias siguientes:****************************************Al norte mide quince metros y colinda con una calle.********************Al sur mide dieciséis metros y colinda con un acceso de paso.********************Al este mide diez metros con cincuenta centímetros y colinda con una calle.********************Al oeste mide diez metros y colinda con la ciudadana ********************.****************************************El mejor derecho a poseer de la superficie comunal del sitio solar de las medidas y colindancias establecidas en la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete, expedida por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de ********************.****************************************Se declare el respeto a la posesión.****************************************La nulidad absoluta y de pleno derecho de la constancia de posesión de quince de enero de dos mil catorce. ******************** ********************2. En auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, previo cumplimiento de prevención, se admitió la demanda, registrándose con el expediente ********************, se señaló fecha y hora para la audiencia de derecho establecida en el artículo 185 de la Ley Agraria y se ordenó correr traslado y emplazar a la parte tercera interesada, 1) ********************, 2) ********************e 3) integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************.****************************************3. Mediante escritos de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y catorce de febrero de dos mil veinte, ******************** y el Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de ********************, ********************, contestaron la demanda instaurada.****************************************4. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, sede en ******************** de Juárez, ********************, declinó competencia por razón de territorio, para continuar conociendo del juicio agrario ********************, al diverso Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, en cumplimiento al Acuerdo General ********************, de once de mayo de ese mismo año, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, por el que se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios Distritos 21, 22 y 46, con sede en las ciudades de ********************, Tuxtepec y Huajuapan de León, del Estado de ********************.****************************************5. En proveído de doce de julio de dos mil veintidós el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, declaró ser competente para conocer del juicio ******************** y lo radicó con el expediente agrario ********************; además, reanudó los plazos y términos suspendidos a partir de esa fecha.****************************************6. Por escrito de once de enero de dos mil veintitrés 1) ********************, 2) ********************solicitaron en términos del artículo 166 de la Ley Agraria "diligencias precautorias" -medida cautelar-, pues manifestaron que la parte actora se encontraba modificando el terreno materia de la controversia con una retroexcavadora, concretizado en una base de una construcción; es decir, se encontraba alterando el estado del terreno materia de la litis del juicio agrario natural.****************************************7. Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en lo que interesa, se requirió a la parte actora ******************** para que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de ese acuerdo, manifestara lo que a sus intereses conviniera y expresara si era cierto o no que se encontraba realizando las actividades referidas por la parte demandada; apercibiéndola que de no hacerlo se tendría por ciertas las acusaciones; además, de quedar sujeto a la decisión de ese tribunal.****************************************8. Mediante escrito de catorce de febrero de este año ******************** contestó la vista otorgada y precisó que, si estaba realizando trabajos en el solar que ampara la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete, expedida por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de ********************; sin vulnerar la superficie que ampara la constancia a nombre del finado ******************** (hermano de la parte actora); además, solicitó que se llevara a cabo la inspección judicial ordenada a fin de resolver esa controversia, conforme a los puntos que precisó.****************************************9. A su vez, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés el actuario adscrito Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cuatro, con residencia en Puerto Escondido, ********************, realizó la inspección ocular ordenada en auto de diecisiete de enero de este año con la comparecencia de la parte actora y demandada; en la cual observó, en lo conducente, un amontamiento de arena, y una construcción reciente y en proceso, con material pétreo, cemento, arena, tabiques, castillos de acero, personas laborando, troncos de madera y restos de excavación; etcétera. ********************Además, precisó que la actora manifestó que la parte en que se está construyendo no es de la zona en conflicto; es decir, que se trata de lugares distintos.******************** ********************10. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés se agregó el escrito de la parte actora ******************** por el que dio contestación a la vista realizada en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés.********************Además, el tribunal realizó precisiones en suplencia de la queja respecto que la pretensión de la parte demandada era la de promover una medida cautelar.********************Así, el tribunal responsable precisó que al no estar debidamente integrada la pericial topográfica ordenada en autos, que es la legal y humanamente idónea para ilustrar y determinar la identidad del predio o predios en controversia; no se contaba con mayores elementos suficientes para establecer si había o no identidad en el objeto del juicio; es decir, si se trataba de un solo inmueble o dos inmuebles distintos.****************************************Por ello, a fin de evitar una afectación física o legal de la superficie objeto de la litis, la señalada expresamente por ******************** y que dijo se amparaba con la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete y en la que expresamente reconoció la parte actora se estaban ejecutando trabajos, la responsable decretó una medida cautelar para el efecto de conminar a ambas partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; es decir, deben evitar realizar cualquier tipo de construcción a su interior que no signifique un servicio de mantenimiento necesario o preventivo por un posible riesgo a la integridad del mismo bien o de las personas que lo poseen o habitan. Además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte.****************************************Se les apercibió de asumir el riesgo en caso de realizar dichos actos y de ser responsables de su resultado; así también, se les conminó con la multa respectiva.****************************************Finalmente, respecto al cuestionario aportado sobre el cual versaría la inspección judicial solicitada por la parte quejosa a fin de resolver esa controversia, precisó que no había lugar pues no se trataba de una probanza ofrecida en autos; sino la misma fue ordenada a fin de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesitad de la medida cautelar. ****************************************Auto que constituye el acto reclamado en este expediente. ********************SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".********************No obstante, cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda.********************SÉPTIMO. Estudio de fondo.********************La parte quejosa refiere, en esencia, que se vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la resolución reclamada no fue dictada en atención al principio de la completitud, pues la responsable no fue exhaustiva en dicha resolución; asimismo, que se le vulneró su derecho a probar ya que no se realizó el desahogo de la inspección judicial ordenada conforme a los puntos del cuestionario que ofreció; además, que dicha resolución no se encuentra fundada ni motivada; en tanto que, refiere, la responsable no expresó los beneficios económicos obtenidos por la parte actora con motivo de la construcción que realizó en el inmueble de la litis o los perjuicios patrimoniales causados, ni motivó las circunstancias respectivas; tampoco tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer, dice, la multa ahí descrita.********************Son infundados los conceptos de violación, como enseguida se examinará.********************El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente:********************"Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho".****************************************El referido precepto legal contiene el derecho de audiencia, la cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos y, su debido respeto, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que se cumplan en el juicio las formalidades esenciales del procedimiento, dado que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica, se traducen en los requisitos siguientes:********************1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.****************************************2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.****************************************3) La oportunidad de alegar.****************************************4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del rubro:********************"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".****************************************Por su parte, el artículo 16 constitucional establece:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". ****************************************El transcrito numeral 16 establece, en términos generales, la garantía de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, al destacar tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos que realizan:********************1) Se exprese por escrito;****************************************2) Provenga de autoridad competente y,****************************************3) El documento escrito en el que se exprese, se fundamente y motive la causa legal del procedimiento.****************************************Es así que la garantía de legalidad la cual deben cumplir todas las autoridades en los actos de molestia que realizan y que afectan la esfera jurídica de los gobernados en los bienes jurídicamente tutelados por nuestro orden constitucional, primordialmente en la fundamentación y motivación de su actuar que consiste en expresar las razones y motivos de hecho que justifiquen la decisión de la autoridad para actuar de cierta forma.********************Con mayor claridad la fundamentación radica en el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los ordenamientos y preceptos jurídicos que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la exigencia de motivación ha sido referida a la manifestación de las razones y motivos particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en los cuales se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar al caso concreto.********************Ambos deberes tiene que acatar toda autoridad administrativa y jurisdiccional que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados, no se excluyen uno del otro, sino, por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, donde su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se aplican al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, al ser imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado.********************Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del rubro:********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE".************************************************************Así, con arreglo a los imperativos ya citados, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.********************Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, como lo son, entre otros, las medidas precautorias; ello, en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo.********************Por otro lado, el artículo 166 de la Ley Agraria establece:********************"Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve, en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo.****************************************En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso".****************************************Del contenido de ese numeral, se advierte que establece dos supuestos jurídicos:********************1. Las diligencias precautorias o cautelares y,****************************************2. La suspensión de los actos de autoridad en materia agraria que sean impugnados en un juicio de la misma naturaleza.****************************************En el caso concreto, las diligencias precautorias o cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento agrario.********************Así, cuando en un juicio agrario como el aquí analizado alguna de las partes solicita una medida precautoria, la autoridad responsable acudirá acertadamente a las disposiciones que sobre el particular establece supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que así lo dispone el artículo 167 de la Ley Agraria, al estipular:********************"Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente".****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 449, del rubro y texto:********************"MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles".****************************************De ese modo, los artículos 384, 388, 389, fracción II, 392, 395 y 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a las medidas de aseguramiento y precautorias, establecen lo siguiente:********************"ARTICULO 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.****************************************ARTICULO 388.- La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita.****************************************ARTICULO 389.- Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias:********************(.)********************II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito.****************************************ARTICULO 392.- La medida de que trata la fracción II del artículo 389, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse.****************************************ARTICULO 395.- Toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decretará sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa.****************************************ARTICULO 399.- No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esté autorizada por este título o por disposición especial de la ley".****************************************De tales preceptos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:********************a) Las medidas o diligencias precautorias se decretan para mantener una situación de hecho existente.****************************************b) Pueden fijarse dentro del juicio o antes de iniciarse.****************************************c) El aseguramiento de las cosas sobre las que verse el juicio, se dictará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas puedan ocultarse, perderse o alterarse.****************************************En efecto, las diligencias o medidas precautorias, calificadas también como providencias o medidas cautelares, se decretan para evitar se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica.********************Dichas medidas, conforme a la legislación mexicana, pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio.********************Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se dictan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida. Por lo que, por regla general, para poder concederlas se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos, entre los que se encuentran:********************a) Un presumible derecho. Quien la solicita debe acreditar, aun presuntivamente que tiene facultad de exigir de la otra parte algún derecho que se pretende asegurar con la medida cautelar.****************************************b) Peligro actual o inminente. Dados los hechos en que se sustenta la petición, se advierta que en caso de no obsequiarse la medida precautoria se causará un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente.****************************************c) Urgencia de la medida. Es necesario que el derecho sustancial deducido o a deducir por el solicitante no pueda ser protegido inmediatamente de otra manera pues, de ser así, no se justificaría tomar una medida de excepción.****************************************d) Solicitud formal. La petición se debe hacer de acuerdo con las formalidades previstas en la ley respectiva, ante el órgano jurisdiccional competente.****************************************De lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.********************Luego, al limitarse los efectos de las medidas cautelares a la resolución del proceso, la naturaleza de éstas es provisional y no definitiva.********************En consecuencia, al tener efectos provisionales, para la imposición de medidas cautelares no rige el derecho de audiencia previa.********************Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 1998, página 18, registro 196727, de rubro:********************"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. ****************************************En el caso en estudio, el auto reclamado en este juicio es de carácter jurisdiccional, al haber sido emitido dentro de un juicio agrario.********************Consecuentemente, su estudio debe realizarse tomando en consideración que su fundamentación y motivación debida se encuentra en el análisis de los puntos que integran la litis o, en el caso, en el estudio relativo a la procedencia de la medida cautelar, con base en los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración la autoridad responsable.********************Así, en principio, el artículo 166 de la Ley Agraria establece que los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados, asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos, en tanto se resuelve en definitiva; además, los diversos 384, 385, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles contemplan el procedimiento para el trámite de dichas medidas.********************En ese contexto, como ya se adelantó, son infundados los conceptos de violación en estudio en la porción en que la parte quejosa aduce que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, pues del contenido del auto de siete de marzo de dos mil veintitrés se desprende que el tribunal responsable sustentó dicha determinación en el artículo 166 de la Ley Agraria.********************En efecto, analizó la petición de la parte demandada en suplencia de la queja respecto a la medida cautelar; es decir, precisó las diferencias entre las diligencias cautelares o precautorias y la suspensión de actos de autoridad en materia agraria a fin de encuadrar la figura jurídica solicitada en términos del artículo 166 de la Ley Agraria.********************Así, refirió que la petición de la parte solicitante encuadraba en la primera hipótesis; es decir, en el decreto de una medida cautelar misma que se encuentra regida por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria.********************Precisó que en diverso auto de diecisiete de enero de este año comisionó al actuario adscrito a ese tribunal para realizar una inspección ocular en la superficie donde las partes señalaron como la de objeto o materia de litis, la cual se ubica en la población de ********************; aspecto que se materializó mediante diligencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés y en el que las partes actora y demandada le señalaron a ese funcionario físicamente dos lugares distintos a inspeccionar, respecto a las medidas y colindancias del predio respectivo. ********************Por ello, al estar en trámite la litis del juicio agrario, y no encontrarse integrada la prueba pericial topográfica que es la idónea para ilustrar y determinar la identidad del predio o predios en controversia, determinó que no contaba con los elementos suficientes para establecer sobre la identidad en el objeto del juicio. Sin embargo, resolvió que, con el único propósito de evitar algún tipo de afectación, física o legal de la superficie objeto de la litis, la señalada expresamente por ******************** desde su escrito de demanda, esto es, aquel inmueble que dijo amparaba con la constancia de posesión de veinticinco de junio de dos mil diecisiete y en la que expresamente reconoció la parte actora se estaban ejecutando trabajos de construcción, la responsable decretó una medida cautelar para el efecto de conminar a ambas partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tuviera por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; es decir, debían evitar realizar cualquier tipo de construcción a su interior que no signifique un servicio de mantenimiento necesario o preventivo por un posible riesgo a la integridad del mismo bien o de las personas que lo poseen o habitan. Además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte.********************Se les apercibió de asumir el riesgo en caso de realizar dichos actos y de ser responsables de su resultado; así también, se les conminó con la multa respectiva.********************Hasta aquí, como se ve, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, si se encuentra debidamente fundada y motivada la medida cautelar, pues la responsable determinó que, por haberse acreditado con la inspección realizada por el actuario adscrito a ese tribunal y con la confesión expresa de la parte actora -aquí quejosa-, que se encontraba realizando actos de construcción en el inmueble de la litis (y en la cual aún no se ha determinado la parte relativa de la controversia por estar pendiente el desahogo de la prueba pericial), las cosas debían mantenerse en el estado en que se encontraban; es decir, las partes procesales que se abstuvieran de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar física o legalmente ese inmueble; además, se decretó que debían de abstenerse de realizar cualquier acto que pretenda ser jurídico para transmitir ese bien, en todo o en parte; fundando su determinación en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Agraria; de ahí que es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa.********************Por otro lado, la parte quejosa formula como concepto de violación que se le vulneró su derecho a probar, ya que, agrega, no se realizó el desahogo de la inspección judicial ordenada en auto de diecisiete de enero de este año, conforme a los puntos del cuestionario que ofreció; pues la responsable precisó que no había lugar a admitirla ya que no se trataba de una probanza ofrecida en autos; sino la misma se había ordenado a fin de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesitad de la medida cautelar solicitada. ********************Criterio que se considera emitido conforme a derecho, pues en actos de naturaleza provisional las mismas se decretan para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento agrario; por lo que uno de los aspectos de este tipo de medidas cautelares consiste en que se dicten, incluso, sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa.********************Y, en el caso, como lo expresó la autoridad responsable, la inspección que ordenó realizara el actuario adscrito a dicho Tribunal fue con la finalidad de apreciar la veracidad de las afirmaciones realizadas por los demandados y establecer la necesidad de la medida cautelar; no así de decidir o dilucidar sobre la litis principal en el juicio agrario ********************, conforme a las pretensiones demandadas; de ahí que no le asiste la razón a la parte quejosa al señalar que se le vulneró su derecho de audiencia y a probar, pues los mismos se encuentran intocados a fin de hacerlos valer en la litis de fondo.********************Por otro lado, la parte quejosa formula como concepto de violación que la responsable no expresó los beneficios económicos que aquélla obtuvo con motivo de la construcción que realizó en el inmueble motivo de la litis, o los perjuicios patrimoniales causados, ni motivó las circunstancias que lo llevaron a establecer el apercibimiento con la que fue conminada; además, tampoco tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer, dice, la multa ahí descrita.********************Al respecto, debe decirse que también es infundado el argumento sostenido por la parte quejosa, pues, en primer término, y como ya se destacó, basta con que se actualice, entre otros, un peligro actual o inminente y la urgencia para obsequiar la medida precautoria; considerar lo contrario, a fin de que se recaben datos, como los que refiere la parte quejosa (los beneficios económicos obtenidos con motivo de la construcción o los perjuicios patrimoniales causados), ello conllevarían a realizar un trámite moratorio a fin de determinar si es procedente la diligencia precautoria; sería contrario al espíritu de la finalidad de la medida cautelar, esto es, otorgar la misma a fin de no causar un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente.********************Y, por lo que hace al argumento que sustenta la parte quejosa en el sentido que el tribunal responsable no motivó las circunstancias para señalar el apercibimiento que decretó; además, que no tomó en consideración las circunstancias económicas para imponer "la multa ahí descrita"; también es infundado, pues en el auto reclamado se aprecia que dicha autoridad fundó tal apercibimiento en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria; en tanto que al momento de señalar un requerimiento, la autoridad responsable no se encuentra obligada a expresar las circunstancias económicas de las partes a fin de imponer una multa; ya que su ejecución se encuentra supeditada al acatamiento o no de lo ordenado por la autoridad responsable; es decir, sería necesario que la persona apercibida continuara realizando el acto u omisión que se le está conminando a no realizar o dejar de hacer, por lo que su posible ejecución dependería, en todo caso, del modo de actuar de la quejosa, por ello debe considerársele como un acto futuro; y su mandamiento encuentra sustento en el ordenamiento en la legislación que dota a las autoridades para apercibir con medios de apremio conforme a la ley, a fin de que sus mandamientos sean cumplidos; de ahí que resulte infundado el argumento sostenido por la parte quejosa.********************En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************.********************OCTAVO. Publicación de datos personales.********************Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************Por lo expuesto y fundado se:********************RESUELVE:********************PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, ********************, consistente en la resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente ********************de su estadística, en la cual se decretó una medida cautelar, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia.********************SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados.********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    P 383/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cuatro, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de catorce de agosto del año en curso, remite copia con firmas originales del emplazamiento realizado el quince de agosto de este año a los terceros interesados, 1) Israel Cirilo García Molina, 2) Justina Molina García e 3) Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Benito Juárez, Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca (parte demandada en el expediente agrario 83/2022), a través de los estrados de ese órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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