Emilio Carrasco Juárez
Expediente 517/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Emilio Carrasco Juárez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Emilio Carrasco Juárez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo que promueve Emilio Carrasco Juárez, contra actos de la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama: ".a). Reclamo de la autoridad que es Responsable Ordenadora, le reclamo y atribuyo la falta de convivencia, incomunicación y castigo con personas relacionadas con el exterior por parte del suscrito, que fue ordenada en contra del promovente EMILIO CARRASCO JUÁREZ, dentro el Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala Capital; determinación decretada en mi contra que me fue notificada de manera verbal el día quince de junio del año dos mil veintiuno por las autoridades responsables, determinación que vulnera mis derechos humanos. b). De la autoridad que he señalado como responsable ejecutora, le reclamo y le atribuyo el cumplimiento de la orden y determinación de la incomunicación y castigo de mis relaciones con personas del exterior, que me fue ordenada en mi contra, en el Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala Capital, determinación que vulnera mis derechos humanos". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 517/2021-VIII. Se desecha Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados la falta de convivencia, incomunicación y castigo con personas relacionadas con el exterior; ello, derivado de la determinación decretada en su contra. Así, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, no pasa inadvertido que la parte quejosa destaque como acto reclamado la incomunicación de la que alude es objeto; sin embargo, del análisis integral del escrito de demanda se desprende que dicho acto en sí, consiste en la restricción que le ha sido impuesta por las autoridades responsables, en relación con la convivencia con sus familiares y cónyuge. Aunado a lo anterior, en los antecedentes referidos bajo protesta de decir verdad el quejoso destaca que únicamente le permiten el acceso a su esposa para la convivencia respectiva, por un lapso de una hora; de lo que se infiere que no se encuentra totalmente suspendida esa visita. De igual forma, se advierte que el escrito de demanda que se provee, se encuentra signado por el propio quejoso, de lo que se infiere que no se encuentra totalmente incomunicado, pues ha logrado tener contacto con personas del exterior, tan es así, que incluso designa a su abogado y firma directamente la demanda. Por ello, se precisa como acto reclamado: la restricción del quejoso de tener visitas familiares y de comunicación con sus familiares, así como la convivencia únicamente por el lapso de una hora con su cónyuge, en el lugar donde se encuentra recluido, lo que únicamente se refiere a las cuestiones de internamiento del quejoso, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente están relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Emilio Carrasco Juárez, derivado de la restricción de tener visita familiar y el tiempo -una hora- con la visita de su cónyuge (lo cual, según su dicho deriva del castigo impuesto por las autoridades señaladas como responsables). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud que de conformidad con los artículos 59, 107 a 115, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 59. Régimen de visitas El Protocolo respectivo, establecerá el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales, sin que en caso alguno pueda impedirse el contacto corporal de la persona visitante con la persona visitada, salvo que alguna de las dos solicite tal restricción. Asimismo, se establecerán mecanismos para informar clara y puntualmente sobre el tipo de objetos cuyo ingreso está permitido o prohibido durante las visitas, garantizando que tales disposiciones puedan ser conocidas por las personas que realizan las visitas. Las visitas se limitarán en la medida necesaria para favorecer la gobernabilidad y el buen funcionamiento del Centro Penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de cinco horas semanales y máximo de quince horas semanales. Las horas de visita semanal se considerarán sumando el tiempo efectivo de todos los tipos de visita, excepto aquellas destinadas a la visita íntima. En casos de restricción de visitas por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta una hora de visita semanal, de conformidad a lo establecido en la presente Ley. Para obtener la autorización de visita íntima, la persona privada de la libertad deberá presentar solicitud a la Autoridad Penitenciaria, quien resolverá de acuerdo a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. Las disposiciones aplicables del Centro Penitenciario establecerán los alimentos que excepcionalmente puedan ser suministrados a las personas privadas de la libertad por las personas visitantes, así como los objetos que puedan ser introducidos por éstas. En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la Autoridad Penitenciaria deberá generar disposiciones aplicables flexibles que alienten y faciliten las visitas familiares, especialmente de sus hijas e hijos de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. Las personas privadas de la libertad deberán ser consultadas sobre a qué personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de dos horas mínimo y cinco máximo, y con una periodicidad de al menos una vez cada dos semanas. En ningún caso estará permitido el acompañamiento de niñas, niños o adolescente en las visitas íntimas. No podrá condicionarse la visita íntima de las mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos anticonceptivos. La Autoridad Penitenciaria debe asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada, además deberá reunir las condiciones de aseo e higiene necesarias. Existirá un registro de personas autorizadas a realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona autorizada para realizarla. Los Centros Penitenciarios deberán garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación. Los protocolos y disposiciones aplicables del Centro Penitenciario deberán establecer las disposiciones que permitan la visita íntima ínter e intracarcelaria cuando la pareja de la persona privada de la libertad también se encuentre privada de su libertad. Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. Al respecto, en el caso concreto, el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social del Estado de Tlaxcala, en el capítulo Sexto, prevé las cuestiones relativas a las relaciones de los internos con el exterior, en los siguientes artículos: "CAPITULO SEXTO DE LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR ARTÍCULO 30.- La readaptación social de lo internos, fomentará su relación con personas del exterior, siempre y cuando estas tengan influencia positiva para lograr los objetivos de la misma, comprendiendo dentro de estas relaciones, las visitas y la correspondencia. ARTÍCULO 31.- El régimen general de relaciones con el exterior queda sujeto al control de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley y este Reglamento, las cuales ejercerá a través de las diversas áreas que integran la estructura del Centro de Readaptación Social de que se trate. ARTÍCULO 32.- Las visitas se recibirán única y exclusivamente en los lugares, días y horarios que señala este Reglamento, las cuales bajo ninguna circunstancia podrán llevarse a cabo en los dormitorios, aulas, unidades de trabajo o en las oficinas. ARTÍCULO 33.- Los jueves y domingos de cada semana, serán días de visita a los internos, permitiéndose el acceso de sus familiares y amigos, en el entendido de que esta no debe resultar inconveniente para su readaptación, por lo tanto no se admitirán como visitantes a ex-internos, personas en estado de ebriedad, o bajo los influjos de algún estupefaciente o tóxico, así como de cualquier otra persona que por sus antecedentes resulte no recomendable su acceso. La visita concedida en estos términos se denominará como familiar, y se podrá realizar de 09:00 a 15:00 horas, pudiéndose prolongar hasta las 17:00 horas. ARTÍCULO 34.- Los internos tendrán derecho a visita íntima, que tendrá como finalidad el que tengan la posibilidad de mantener las relaciones sexuales con su pareja, de manera sana y moral. ARTÍCULO 35.- El trámite para la concesión de la visita íntima, se realizará ante el área de Trabajo Social, quien someterá a la aprobación del Director del Centro de Readaptación Social respectivo, el expediente integrado para tal efecto, el cual deberá cumplir con los requisitos siguientes: I.- Acreditar mediante documento oficial, el carácter de cónyuge o en su defecto de concubina. Esta disposición aplica para el caso de internos mujeres; II.- Resultado del examen médico de papanicolau de la esposa o concubina del interno, practicado de manera periódica;. III.- Examen médico de detección de enfermedades sexuales, en caso del interno; IV.- Examen de Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida, tanto de la esposa o concubina como del interno, pudiendo ser optativo, sin perjuicio de hacerse exigible en casos necesarios; V.- Dos fotografías tamaño infantil recientes, para la expedición de la identificación correspondiente. ARTÍCULO 36.- Los familiares y personas que visiten al interno deberán ser tratados con absoluto respeto, así como con absoluta discreción en el caso de visita íntima. ARTÍCULO 37.- Los internos cuya sentencia no haya causado ejecutoria, tienen derecho a ser visitados por sus abogados defensores, en cualquier día y hora hábil. Quien desee visitar a un interno como defensor, deberá acreditar previamente su calidad de tal, exhibiendo cédula profesional o bien constancia de la designación correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente y presentar identificación vigente. En caso de no cumplirse con estos requisitos, no se permitirá el acceso de éstos, al Centro de Readaptación Social. ARTÍCULO 38.- La visita de todo abogado defensor tendrá lugar exclusivamente en los locutorios destinados para tal efecto, donde podrá hablar libre o reservadamente, con el interno. ARTÍCULO 39.- Cualquier visita familiar, íntima, o de abogado defensor, deberá anotarse invariablemente en los libros de control correspondiente. ARTÍCULO 40.- Los visitantes, abogados y en general cualquier persona que pretenda ingresar a los centros de readaptación social, estarán sujetos a revisión personal. La revisión se practicará en cubículos cerrados en forma individual y por personal del sexo del visitante, en el cual únicamente podrá permanecer el visitante y el custodio designado para realizar la revisión, estando por tanto prohibido permitir el acceso de cualquier otra persona, incluyendo a todo el personal directivo, administrativo, técnico o de seguridad. La violación a esta disposición será sancionada con la destitución del servidor público que ingrese sin autorización y de quien hubiese aprobado en su caso se permitiera. Sin perjuicio de lo anterior, por causas graves y justificadas, podrá determinarse el ingreso de otros miembros del personal a que se refiere el párrafo anterior, previa autorización del Director del Centro de Readaptación Social, bajo su más estricta responsabilidad. Toda revisión se hará dentro de rigurosas condiciones de higiene y respeto a la dignidad de las personas. ARTÍCULO 41.- Los bultos, maletines, bolsas, o cualquier otro Artículo similar que porten los visitantes, deberán ser revisados sin excepción, los cuales serán abiertos para llevar a cabo esta revisión, y si es necesario se vaciará su contenido. ARTÍCULO 42.- La introducción de todo tipo de armas, explosivos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier otro artículo o sustancia similar, estará estrictamente prohibida. De igual forma no se permitirá el acceso o portación en el interior de los centros de readaptación social, de ropa de vestir de color oscuro, escotada o entallada, zapatos de plataforma, tenis de válvula, botas en general, bermudas, pantalón de peto u overoles, disfraces, artículos de belleza, frutas o vegetales que por su naturaleza puedan causar fermentación tales como: Piña, uva, guayaba, plátano, manzana, tejocote, nanche, caña de azúcar, mora y durazno. En el caso de personas del sexo masculino únicamente se permitirá el acceso de quienes tengan cabello corto, y tratándose de mujeres no se permitirá su acceso con peinados extravagantes. La introducción de artículos de vidrio o de metal, queda absolutamente prohibido, y en el caso de herramientas, éste se permitirá únicamente previa autorización del Director del Centro de Readaptación Social. ARTÍCULO 43.- Cuando el visitante traiga consigo algún objeto o sustancia, cuya introducción no esté autorizada, se le recogerá previo recibo y se le devolverá a su salida. Si la portación de dicho objeto o sustancia constituye delito, se dará parte a la autoridad competente. Cuando el visitante pertenezca a algún cuerpo de seguridad, con autorización para portar arma, se le recogerá este previo recibo y se le devolverá a la salida. ARTÍCULO 44.- Los representantes de cualquier culto religioso que ingresen a los centros de readaptación social del Estado, deberán acatar las siguientes disposiciones: I.- Presentar una copia del registro de la iglesia, congregación o religión a la que pertenezca, ante la Secretaría de Gobernación. II.- Llenar un formato único de ingreso en el que se deberá mencionar nombre del representante que asistirá, domicilio de la congregación, domicilio particular del representante, teléfono para localización, y los demás datos que permitan su plena identificación; III.- Los representantes que ingresen deberán de acatar lo dispuesto en este Reglamento para los visitantes; IV.- La autorización otorgada a los representantes de cultos religiosos, que por alguna u otra razón se les sorprenda violando las reglas de disciplina que establece la Ley y el Reglamento, quedará suspendida por el tiempo que se considere necesario para corregir las faltas cometidas y en caso de reincidencia se procederá a su cancelación definitiva; V.- Los días y horarios para la práctica del culto serán determinados por el Consejo Técnico Interdisciplinario." De los numerales señalados se advierte que el objetivo de la readaptación social de los internos es fomentar su relación con personas del exterior, siempre y cuando estas tengan influencia positiva para lograr los objetivos de la misma, comprendiendo dentro de estas relaciones, las visitas y la correspondencia. De igual forma, se destaca que el régimen general de relaciones con el exterior queda sujeto al control de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley y ese Reglamento, las cuales ejercerá a través de las diversas áreas que integran la estructura del Centro de Readaptación Social de que se trate. Asimismo, se establecen los diversos lineamientos y requisitos para llevar a cabo la visita con sus familiares, íntima y su abogado defensor. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Décima Época, página 230, con número de registro 2018548, cuyos rubro y textos son: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Finalmente, se estima oportuno destacar que la existencia del criterio señalado hace factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta, pues dicho criterio es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, lo que también actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con aquel, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los estados unidos mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales. (.)." De la interpretación de estos artículos se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando así resulte del algún criterio jurisprudencial emitido por el Pleno o las Salas del Alto Tribunal, lo que en la especie se actualiza, con el referido criterio citado. Resulta aplicable el siguiente criterio: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." De igual forma, orienta a lo anterior el siguiente criterio: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También es aplicable, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), que es del tenor siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que, si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse, previo a la promoción del juicio de amparo." Así como la diversa tesis de jurisprudencia número III.2o.P.135 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Por tanto, en el caso concreto, se actualizan la hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere en su escrito de cuenta. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Juan Barragán Rodríguez, Fernando Serrano Cabrera y Ernesto Juárez Zamora, toda vez que cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Albamar Ocotitla Harris, Jovani Díaz Riaño, Aridai Cuecuecha Moreno, Areli Flores Cuatecontzi y Luis Eduardo Meneses Romero, por no contar con dicho registro. Con independencia de lo anterior, y en virtud que de que el quejoso Emilio Carrasco Juárez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Consulta de expediente electrónico y notificación. Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario barragan1973 toda vez que el mismo se encuentra registrado. Se tiene señalado correo electrónico y número telefónico. En diverso aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación un correo electrónico, así como número telefónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo y número telefónico que indica en el ocurso de cuenta, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorización firma de oficios Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Párrafo de Transparencia Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Emilio Carrasco Juárez, en el domicilio designado para tal efecto y en el centro de su reclusión. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo que promueve Emilio Carrasco Juárez, contra actos de la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama: ".a). Reclamo de la autoridad que es Responsable Ordenadora, le reclamo y atribuyo la falta de convivencia, incomunicación y castigo con personas relacionadas con el exterior por parte del suscrito, que fue ordenada en contra del promovente EMILIO CARRASCO JUÁREZ, dentro el Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala Capital; determinación decretada en mi contra que me fue notificada de manera verbal el día quince de junio del año dos mil veintiuno por las autoridades responsables, determinación que vulnera mis derechos humanos. b). De la autoridad que he señalado como responsable ejecutora, le reclamo y le atribuyo el cumplimiento de la orden y determinación de la incomunicación y castigo de mis relaciones con personas del exterior, que me fue ordenada en mi contra, en el Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala Capital, determinación que vulnera mis derechos humanos". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 517/2021-VIII. Se desecha Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados la falta de convivencia, incomunicación y castigo con personas relacionadas con el exterior; ello, derivado de la determinación decretada en su contra. Así, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, no pasa inadvertido que la parte quejosa destaque como acto reclamado la incomunicación de la que alude es objeto; sin embargo, del análisis integral del escrito de demanda se desprende que dicho acto en sí, consiste en la restricción que le ha sido impuesta por las autoridades responsables, en relación con la convivencia con sus familiares y cónyuge. Aunado a lo anterior, en los antecedentes referidos bajo protesta de decir verdad el quejoso destaca que únicamente le permiten el acceso a su esposa para la convivencia respectiva, por un lapso de una hora; de lo que se infiere que no se encuentra totalmente suspendida esa visita. De igual forma, se advierte que el escrito de demanda que se provee, se encuentra signado por el propio quejoso, de lo que se infiere que no se encuentra totalmente incomunicado, pues ha logrado tener contacto con personas del exterior, tan es así, que incluso designa a su abogado y firma directamente la demanda. Por ello, se precisa como acto reclamado: la restricción del quejoso de tener visitas familiares y de comunicación con sus familiares, así como la convivencia únicamente por el lapso de una hora con su cónyuge, en el lugar donde se encuentra recluido, lo que únicamente se refiere a las cuestiones de internamiento del quejoso, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente están relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Emilio Carrasco Juárez, derivado de la restricción de tener visita familiar y el tiempo -una hora- con la visita de su cónyuge (lo cual, según su dicho deriva del castigo impuesto por las autoridades señaladas como responsables). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud que de conformidad con los artículos 59, 107 a 115, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 59. Régimen de visitas El Protocolo respectivo, establecerá el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales, sin que en caso alguno pueda impedirse el contacto corporal de la persona visitante con la persona visitada, salvo que alguna de las dos solicite tal restricción. Asimismo, se establecerán mecanismos para informar clara y puntualmente sobre el tipo de objetos cuyo ingreso está permitido o prohibido durante las visitas, garantizando que tales disposiciones puedan ser conocidas por las personas que realizan las visitas. Las visitas se limitarán en la medida necesaria para favorecer la gobernabilidad y el buen funcionamiento del Centro Penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de cinco horas semanales y máximo de quince horas semanales. Las horas de visita semanal se considerarán sumando el tiempo efectivo de todos los tipos de visita, excepto aquellas destinadas a la visita íntima. En casos de restricción de visitas por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta una hora de visita semanal, de conformidad a lo establecido en la presente Ley. Para obtener la autorización de visita íntima, la persona privada de la libertad deberá presentar solicitud a la Autoridad Penitenciaria, quien resolverá de acuerdo a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. Las disposiciones aplicables del Centro Penitenciario establecerán los alimentos que excepcionalmente puedan ser suministrados a las personas privadas de la libertad por las personas visitantes, así como los objetos que puedan ser introducidos por éstas. En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la Autoridad Penitenciaria deberá generar disposiciones aplicables flexibles que alienten y faciliten las visitas familiares, especialmente de sus hijas e hijos de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. Las personas privadas de la libertad deberán ser consultadas sobre a qué personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de dos horas mínimo y cinco máximo, y con una periodicidad de al menos una vez cada dos semanas. En ningún caso estará permitido el acompañamiento de niñas, niños o adolescente en las visitas íntimas. No podrá condicionarse la visita íntima de las mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos anticonceptivos. La Autoridad Penitenciaria debe asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada, además deberá reunir las condiciones de aseo e higiene necesarias. Existirá un registro de personas autorizadas a realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona autorizada para realizarla. Los Centros Penitenciarios deberán garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación. Los protocolos y disposiciones aplicables del Centro Penitenciario deberán establecer las disposiciones que permitan la visita íntima ínter e intracarcelaria cuando la pareja de la persona privada de la libertad también se encuentre privada de su libertad. Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. Al respecto, en el caso concreto, el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social del Estado de Tlaxcala, en el capítulo Sexto, prevé las cuestiones relativas a las relaciones de los internos con el exterior, en los siguientes artículos: "CAPITULO SEXTO DE LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR ARTÍCULO 30.- La readaptación social de lo internos, fomentará su relación con personas del exterior, siempre y cuando estas tengan influencia positiva para lograr los objetivos de la misma, comprendiendo dentro de estas relaciones, las visitas y la correspondencia. ARTÍCULO 31.- El régimen general de relaciones con el exterior queda sujeto al control de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley y este Reglamento, las cuales ejercerá a través de las diversas áreas que integran la estructura del Centro de Readaptación Social de que se trate. ARTÍCULO 32.- Las visitas se recibirán única y exclusivamente en los lugares, días y horarios que señala este Reglamento, las cuales bajo ninguna circunstancia podrán llevarse a cabo en los dormitorios, aulas, unidades de trabajo o en las oficinas. ARTÍCULO 33.- Los jueves y domingos de cada semana, serán días de visita a los internos, permitiéndose el acceso de sus familiares y amigos, en el entendido de que esta no debe resultar inconveniente para su readaptación, por lo tanto no se admitirán como visitantes a ex-internos, personas en estado de ebriedad, o bajo los influjos de algún estupefaciente o tóxico, así como de cualquier otra persona que por sus antecedentes resulte no recomendable su acceso. La visita concedida en estos términos se denominará como familiar, y se podrá realizar de 09:00 a 15:00 horas, pudiéndose prolongar hasta las 17:00 horas. ARTÍCULO 34.- Los internos tendrán derecho a visita íntima, que tendrá como finalidad el que tengan la posibilidad de mantener las relaciones sexuales con su pareja, de manera sana y moral. ARTÍCULO 35.- El trámite para la concesión de la visita íntima, se realizará ante el área de Trabajo Social, quien someterá a la aprobación del Director del Centro de Readaptación Social respectivo, el expediente integrado para tal efecto, el cual deberá cumplir con los requisitos siguientes: I.- Acreditar mediante documento oficial, el carácter de cónyuge o en su defecto de concubina. Esta disposición aplica para el caso de internos mujeres; II.- Resultado del examen médico de papanicolau de la esposa o concubina del interno, practicado de manera periódica;. III.- Examen médico de detección de enfermedades sexuales, en caso del interno; IV.- Examen de Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida, tanto de la esposa o concubina como del interno, pudiendo ser optativo, sin perjuicio de hacerse exigible en casos necesarios; V.- Dos fotografías tamaño infantil recientes, para la expedición de la identificación correspondiente. ARTÍCULO 36.- Los familiares y personas que visiten al interno deberán ser tratados con absoluto respeto, así como con absoluta discreción en el caso de visita íntima. ARTÍCULO 37.- Los internos cuya sentencia no haya causado ejecutoria, tienen derecho a ser visitados por sus abogados defensores, en cualquier día y hora hábil. Quien desee visitar a un interno como defensor, deberá acreditar previamente su calidad de tal, exhibiendo cédula profesional o bien constancia de la designación correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente y presentar identificación vigente. En caso de no cumplirse con estos requisitos, no se permitirá el acceso de éstos, al Centro de Readaptación Social. ARTÍCULO 38.- La visita de todo abogado defensor tendrá lugar exclusivamente en los locutorios destinados para tal efecto, donde podrá hablar libre o reservadamente, con el interno. ARTÍCULO 39.- Cualquier visita familiar, íntima, o de abogado defensor, deberá anotarse invariablemente en los libros de control correspondiente. ARTÍCULO 40.- Los visitantes, abogados y en general cualquier persona que pretenda ingresar a los centros de readaptación social, estarán sujetos a revisión personal. La revisión se practicará en cubículos cerrados en forma individual y por personal del sexo del visitante, en el cual únicamente podrá permanecer el visitante y el custodio designado para realizar la revisión, estando por tanto prohibido permitir el acceso de cualquier otra persona, incluyendo a todo el personal directivo, administrativo, técnico o de seguridad. La violación a esta disposición será sancionada con la destitución del servidor público que ingrese sin autorización y de quien hubiese aprobado en su caso se permitiera. Sin perjuicio de lo anterior, por causas graves y justificadas, podrá determinarse el ingreso de otros miembros del personal a que se refiere el párrafo anterior, previa autorización del Director del Centro de Readaptación Social, bajo su más estricta responsabilidad. Toda revisión se hará dentro de rigurosas condiciones de higiene y respeto a la dignidad de las personas. ARTÍCULO 41.- Los bultos, maletines, bolsas, o cualquier otro Artículo similar que porten los visitantes, deberán ser revisados sin excepción, los cuales serán abiertos para llevar a cabo esta revisión, y si es necesario se vaciará su contenido. ARTÍCULO 42.- La introducción de todo tipo de armas, explosivos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier otro artículo o sustancia similar, estará estrictamente prohibida. De igual forma no se permitirá el acceso o portación en el interior de los centros de readaptación social, de ropa de vestir de color oscuro, escotada o entallada, zapatos de plataforma, tenis de válvula, botas en general, bermudas, pantalón de peto u overoles, disfraces, artículos de belleza, frutas o vegetales que por su naturaleza puedan causar fermentación tales como: Piña, uva, guayaba, plátano, manzana, tejocote, nanche, caña de azúcar, mora y durazno. En el caso de personas del sexo masculino únicamente se permitirá el acceso de quienes tengan cabello corto, y tratándose de mujeres no se permitirá su acceso con peinados extravagantes. La introducción de artículos de vidrio o de metal, queda absolutamente prohibido, y en el caso de herramientas, éste se permitirá únicamente previa autorización del Director del Centro de Readaptación Social. ARTÍCULO 43.- Cuando el visitante traiga consigo algún objeto o sustancia, cuya introducción no esté autorizada, se le recogerá previo recibo y se le devolverá a su salida. Si la portación de dicho objeto o sustancia constituye delito, se dará parte a la autoridad competente. Cuando el visitante pertenezca a algún cuerpo de seguridad, con autorización para portar arma, se le recogerá este previo recibo y se le devolverá a la salida. ARTÍCULO 44.- Los representantes de cualquier culto religioso que ingresen a los centros de readaptación social del Estado, deberán acatar las siguientes disposiciones: I.- Presentar una copia del registro de la iglesia, congregación o religión a la que pertenezca, ante la Secretaría de Gobernación. II.- Llenar un formato único de ingreso en el que se deberá mencionar nombre del representante que asistirá, domicilio de la congregación, domicilio particular del representante, teléfono para localización, y los demás datos que permitan su plena identificación; III.- Los representantes que ingresen deberán de acatar lo dispuesto en este Reglamento para los visitantes; IV.- La autorización otorgada a los representantes de cultos religiosos, que por alguna u otra razón se les sorprenda violando las reglas de disciplina que establece la Ley y el Reglamento, quedará suspendida por el tiempo que se considere necesario para corregir las faltas cometidas y en caso de reincidencia se procederá a su cancelación definitiva; V.- Los días y horarios para la práctica del culto serán determinados por el Consejo Técnico Interdisciplinario." De los numerales señalados se advierte que el objetivo de la readaptación social de los internos es fomentar su relación con personas del exterior, siempre y cuando estas tengan influencia positiva para lograr los objetivos de la misma, comprendiendo dentro de estas relaciones, las visitas y la correspondencia. De igual forma, se destaca que el régimen general de relaciones con el exterior queda sujeto al control de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley y ese Reglamento, las cuales ejercerá a través de las diversas áreas que integran la estructura del Centro de Readaptación Social de que se trate. Asimismo, se establecen los diversos lineamientos y requisitos para llevar a cabo la visita con sus familiares, íntima y su abogado defensor. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Décima Época, página 230, con número de registro 2018548, cuyos rubro y textos son: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Finalmente, se estima oportuno destacar que la existencia del criterio señalado hace factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta, pues dicho criterio es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, lo que también actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con aquel, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los estados unidos mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales. (.)." De la interpretación de estos artículos se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando así resulte del algún criterio jurisprudencial emitido por el Pleno o las Salas del Alto Tribunal, lo que en la especie se actualiza, con el referido criterio citado. Resulta aplicable el siguiente criterio: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." De igual forma, orienta a lo anterior el siguiente criterio: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También es aplicable, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), que es del tenor siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que, si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse, previo a la promoción del juicio de amparo." Así como la diversa tesis de jurisprudencia número III.2o.P.135 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Por tanto, en el caso concreto, se actualizan la hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere en su escrito de cuenta. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Juan Barragán Rodríguez, Fernando Serrano Cabrera y Ernesto Juárez Zamora, toda vez que cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Albamar Ocotitla Harris, Jovani Díaz Riaño, Aridai Cuecuecha Moreno, Areli Flores Cuatecontzi y Luis Eduardo Meneses Romero, por no contar con dicho registro. Con independencia de lo anterior, y en virtud que de que el quejoso Emilio Carrasco Juárez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Consulta de expediente electrónico y notificación. Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario barragan1973 toda vez que el mismo se encuentra registrado. Se tiene señalado correo electrónico y número telefónico. En diverso aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación un correo electrónico, así como número telefónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo y número telefónico que indica en el ocurso de cuenta, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorización firma de oficios Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Párrafo de Transparencia Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Emilio Carrasco Juárez, en el domicilio designado para tal efecto y en el centro de su reclusión. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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