Emiliano Pluma Mendieta
Expediente 145/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Emiliano Pluma Mendieta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 61), se ordenó el archivo de este asunto; sin embargo, se estableció que el cuaderno de antecedentes en que se actúa era destruible una vez transcurridos cinco años posteriores a la notificación del auto citado. No obstante, toda vez que se está en la hipótesis a que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la aclaración que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción una vez transcurridos seis meses posteriores a la notificación del auto que ordenó su archivo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, hace del conocimiento el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo 189/2019 de su índice, por el que acepta la competencia planteada por este juzgado, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Emiliano Pluma Mendieta y otros. Se ordena el archivo del expediente. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 145/2019-II, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que en la parte que interesa dice: Vista la demanda de amparo que promueve Emiliano Pluma Mendieta y otros, por propio de derecho, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 145/2019-II. Se declina competencia a Tribunal Colegiado. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de la vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que del estudio integral de la demanda, escrito aclaratorio y de las constancias obrantes en este juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 1168/2018, por la cual se desechó el recurso de revisión hecho valer, la cual resulta ser una resolución que, sin decidir el recurso de revisión en lo principal, lo dio por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; de ahí que, en su contra, es procedente el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 47 y 170 de la ley de la materia, que estipulan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo directo procede, entre otras resoluciones, contra aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; de ahí que, si la resolución reclamada dio por concluido el juicio natural, en su contra es procedente el juicio de amparo en la vía directa. En efecto, la determinación combatida de doce de noviembre de dos mil dieciocho, fue dictada por un tribunal administrativo (Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia), y encuadra en las resoluciones que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Esto es así, porque la resolución reclamada desechó un "recurso de revisión", el cual no constituye una segunda etapa, ni un recurso propiamente, sino un juicio para reclamar actos administrativos, por lo que su naturaleza jurídica es de un juicio de nulidad. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, visible en la página 1610, del tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONFORME A SU NATURALEZA JURÍDICA ES PROPIAMENTE UN JUICIO DE NULIDAD. El recurso que se encuentra previsto en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse de revisión y registrarse en la práctica el expediente respectivo como toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los citados preceptos legales y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, en materia procesal, es de aplicación supletoria a la citada ley, pues así lo establece el segundo párrafo de su artículo 3º". En este sentido, es claro que la determinación atribuida a la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de desechar un recurso de revisión, puso fin al juicio, ya que a pesar de que no lo decidió en lo principal, lo dio por concluido. En otras palabras, el acuerdo, que por esta vía constitucional se reclama, resulta ser una resolución que pone fin al juicio administrativo de origen, ya que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, debido a que la determinación de desechar el citado recurso de revisión lo finiquitó, por ende, se actualiza una hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en la vía directa. Por tanto, es evidente que el acto de autoridad que ahora se impugna, no puede ser analizado por este órgano de Control Constitucional, pues tal resolución pone fin al mencionado recurso administrativo o juicio de nulidad, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Es aplicable al caso, la tesis XVI.1º. 5K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página: 1692, bajo el rubro: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO. El auto que pone fin al juicio, así sea recurrible, para efectos de determinar la vía en la que puede ser impugnado, constituye la última resolución y no aquella que resuelve el recurso procedente contra el indicado proveído o, en su caso, el acuerdo que declara firme el respectivo auto, porque la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, está prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo en términos claros acerca de que la materia del juicio de amparo son las sentencias definitivas o laudos y aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y si bien ese numeral exige, además, que las resoluciones sean definitivas, es decir, que respecto de ellas no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, esta última disposición incide solamente por cuanto hace a la procedencia y no por cuanto a la vía por la cual deban ser impugnadas dichas determinaciones; es decir, por como está redactado el indicado artículo 158, siendo el acto reclamado una última resolución o sentencia definitiva, esas resoluciones deben ser impugnadas por la vía de amparo directo y lo inherente al principio de definitividad, esto es, al estudio relativo a si procede o no recurso contra la resolución que se reclame y si se agotó o no ese recurso, es un tema que toca dilucidarlo al Tribunal Colegiado al proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver en definitiva el asunto". Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera, consultable en la página 56, tomo IX, enero de 1999 y, la segunda, visible en la página 346, tomo VIII, septiembre de 1998, ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido, respectivamente, dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia". "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa". Aunado a ello, es pertinente destacar que contra el auto que desechó el citado recurso las leyes comunes no conceden recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado, lo que se corrobora con el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 132. En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión interpuesto ante la Sala Electoral Administrativa no habrá recurso ordinario alguno". Sobre esta base, si el acto reclamado constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en contra de la cual no procede recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, resulta procedente en su contra el juicio de amparo en la vía directa. Aunado a que la nueva Ley de Amparo no exige que, para la procedencia del juicio de amparo directo, sea necesario agotar los medios de defensa ordinarios, esto es que se trate de una resolución definitiva, ya que el Pleno del Alto Tribunal, al interpretar los numerales 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concluyó que para promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), impresa en la foja 95, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2008791, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Desde esta perspectiva, es evidente que, contra la resolución reclamada por los quejosos es procedente el juicio de amparo en la vía directa, en términos de los artículos 47 y 170 de la ley de la materia. Consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo. Luego, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, con las constancias necesarias, una vez que cause estado la presente determinación, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial planteada. Asimismo, solicítese el acuse de recibo respectivo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tal efecto. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios a Lucas Alberto López Soto, César Ismael Estrada García y Mario Alfredo González, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Isidro Rebollar Pérez, J. Jesús Bautista Capetillo, Juan Roberto Mancera Sánchez, Pedro Antonio Reyes Florentino, Eliecer Morales Montes de Oca, Felipe Arroyo Huerta, Ricardo Loza de Jesús, Raúl Hernández Ochoa y Axel Sánchez Bautista por no contar con dicho registro. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, téngase a Nicasio Juan Texquis Carrillo, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, toda vez que los impetrantes fueron omisos en designarlo. Ello, sin perjuicio de que posteriormente los quejosos designen con tal carácter a otro de ellos. Medios electrónicos. Por lo que hace a su petición de autorizar la reproducción electrónica de las constancias de este juicio (fotografías); en atención a ello, dígasele que se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos de los quejosos. Finalmente, respecto a su petición, dígasele que con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se autoriza suprimir los datos personales de la promovente y sus autorizados, toda vez que esto no impide dar a conocer los criterios sostenidos por este órgano.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del expediente 145/2019-II del índice de este juzgado, mismo que registró con el número de juicio de amparo directo 189/2019 de su índice, asimismo previo a proveer respecto del conocimiento de dicho juicio, requirió el expediente 1168/2018 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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