Emilia Pluma Cruz

Expediente 3/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
3/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Emilia Pluma Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, por tanto el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de la resolución del uno de marzo del año en curso, así como la notificación a la parte quejosa, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 201/2014 de su índice, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante se desprende que mediante resolución del uno de marzo del año en curso, el Juez responsable resolvió la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo en el juicio sucesorio intestamentario 201/2014 de su índice, misma que se notificó a la parte quejosa el siete de marzo de la presente anualidad.Ahora, del análisis de las constancias remitidas se desprende la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, lo que permite su sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de resolver la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de dicha resolución, contra el cual no procede la ampliación de demanda.

  3. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EMILIA PLUMA CRUZ O SUS AUTORIZADOS, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE MARZO DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 3/2016-IV, QUE ESTABLECE: "Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de la resolución del uno de marzo del año en curso, así como la notificación a la parte quejosa, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 201/2014 de su índice, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante se desprende que mediante resolución del uno de marzo del año en curso, el Juez responsable resolvió la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo en el juicio sucesorio intestamentario 201/2014 de su índice, misma que se notificó a la parte quejosa el siete de marzo de la presente anualidad.Ahora, del análisis de las constancias remitidas se desprende la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, lo que permite su sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de resolver la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de dicha resolución, contra el cual no procede la ampliación de demanda."

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que la audiencia constitucional está señalada para esta fecha; empero, tomando en consideración que el titular de este juzgado se encuentra de licencia y que Lucio Alberto Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, funge como Encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentra impedido para resolver en definitiva el presente asunto. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho solo puede practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, a fin de evitar alguna violación al procedimiento, lo cual acarrearía mayores dilaciones procesales, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

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