EMILIO ANDRES y/o EMILIO MORAYTA BARRIOS

Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1120/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • EMILIO ANDRES y/o EMILIO MORAYTA BARRIOS

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por las siguientes autoridades: ? Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Puebla; y, ? Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En éstos, rinden el informe justificado que les corresponde, negando los actos reclamados por el quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se toma nota de los datos de contacto (correo electrónico y número telefónicos) proporcionados por el titular de la Agencia Estatal de Investigación, los cuales, en caso de ser necesario, serán considerados para entablar comunicación.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso * contra los actos señalados en el considerando primero de esta interlocutoria, y por las razones referidas el diverso segundo.

  3. Incidental

    Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de los "JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA" -así señalado en la demanda-, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Admisión. Como la demanda cumple los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Actos reclamados. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda, comprenden: a) La orden de presentación, comparecencia o aprehensión librada en su contra; y, b) La ejecución de la referida orden. Precisión de las autoridades responsables. La revisión efectuada a la demanda permitió detectar que el quejoso señaló como autoridades responsables ordenadoras a once Jueces de Control, pero todos ellos adscritos a la Región Judicial Centro, sede Puebla, Puebla. Ahora, aun cuando en dicha región judicial existen diversos jueces de control, los mismos se conforman en un solo ente: un Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución (de la Región Judicial Centro, sede Puebla). Ello según lo han precisado los diversos Jueces de Control que han sido señalados como autoridades responsables ante este órgano constitucional1 , pues sustancialmente refieren que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que distintos jueces de control han rendido en forma individual, los informes previo y justificado que * se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial a la que se encuentran adscritos. Por tanto, resulta innecesario enviar oficio para cada uno de los jueces de control de la misma región judicial y tenerlos como autoridades responsables distintas. Máxime que existe el riesgo de que alguno de ellos sea cambiado de adscripción y éste se vea impedido para rendir su informe, mientras que aquél que pueda reemplazarlo omitiría hacer lo propio. Por tanto, únicamente se requerirá al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Puebla, para que rinda los correspondientes informes previo y justificado. En sentido similar, el quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras a tres autoridades, dos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla (su titular incluido) y al titular de una corporación de seguridad pública. Sin embargo, de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución material de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de dicha agencia. Por tanto, a fin de maximizar el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución, y en atención a la naturaleza del acto reclamado, se determina que en el presente juicio (y en el incidente de suspensión que se forme con motivo del mismo), sólo se tendrán como autoridades responsables a las siguientes: Con el carácter de ordenadora: 1) Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Puebla; y, Como ejecutora: 2) Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Lo anterior, se insiste, a fin de no retardar la integración del presente asunto y así tutelar el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita que asiste al quejoso, sobre todo porque lo aquí determinado no significa descartar de plano a alguna de las autoridades señaladas como responsables por el quejoso, sino sólo rectificar su denominación y, conforme a los asuntos que se han tramitado en este juzgado, emplazar con tal carácter a quienes tienen facultades para ejecutar dichos actos. Anotaciones internas. En consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de las autoridades que habrán de tenerse como responsables en este juicio. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación2 . En éste, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir copia certificada, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Además, el juez de control señalado como autoridad responsable deberá remitir los registros digitales (videograbaciones) relativos a la audiencia donde se haya dictado el acto reclamado (de ser el caso), en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como deberán contar con la certificación correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. * Cabe hacer la aclaración que el índice cronológico no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. En caso de que la orden reclamada no haya sido solicitada y librada en audiencia, deberá remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la causa penal de la cual deriva (carpeta judicial administrativa). Se prescinde de remitir copia de la demanda, dado que ésta se adjuntará al oficio por el cual se requiera su informe previo. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá presentarse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables para que, al rendir su informe justificado, informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, les será impuesta una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables que en el plazo de cinco días3 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa * penal), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. De manera adicional, el juez de control responsable deberá proporcionar el nombre y domicilio oficial para recibir notificaciones del agente del Ministerio Público que esté asignado para intervenir en la causa penal o haya solicitado el mandamiento de captura. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado, -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. Por otra parte, * quedan autorizados sólo para oí y recibir notificaciones, dado que el quejoso no les otorgó las facultades amplias referidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

  4. Principal

    Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1120/2023-II, promovido por el quejoso *, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Puebla, y otra autoridad Requerimiento de informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso. De ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se les apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen:  La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso, y si fueren de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada.  Si el delito imputado es de aquéllos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, o si está catalogado grave en la legislación estatal. De no ubicarse en el supuesto anterior, deberán indicar las razones que le permitieron establecer la necesidad de cautela necesaria para librar la orden de aprehensión. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Actos reclamados. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda, comprenden: a) La orden de presentación, comparecencia o aprehensión librada en su contra; y, b) La ejecución de la referida orden. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se otorga la suspensión provisional bajo los siguientes lineamientos: a) Si la orden reclamada fue emitida por una autoridad judicial, donde el quejoso tiene la calidad de indiciado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito por el que proceda decretar de oficio su prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional o se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido o internado y a disposición del juez de control para continuar el procedimiento que se le instruya. Con la salvedad de que si la orden de captura se libró por el inicio del procedimiento -conforme lo establecido por la norma adjetiva secundaria-, la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne al quejoso que deberá mantenerlo recluido en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. b) Si la orden de captura fue emitida por una autoridad judicial donde el quejoso tiene la calidad de indiciado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, pero que no amerite la prisión preventiva de oficio, o no se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentra y no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Por otra parte, en términos del artículo 166, último párrafo de la Ley de Amparo, si los actos reclamados consisten en una orden o medida de protección dictadas conforme a la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Lo mismo sucederá si se sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito. Medidas de aseguramiento y garantía. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarlo con documentales idóneas y eficaces para ello, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, quedará sin efectos la suspensión y las responsables podrán ejecutar la orden de aprehensión reclamada. Ahora, la suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero el quejoso deberá exhibir en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido de que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar la orden combatida. Por lo que deberá acompañar el original y dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame (en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente) de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de información para decretarla; pero se estima asequible y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que no pretenda evadir la acción de la justicia. Por tanto, dicha garantía la deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Por otro lado, de resultar cierta la orden reclamada, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a ponerse a su disposición para efectos de llevar a cabo la audiencia inicial en términos de los artículos 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, se requiere al juez de control responsable que acepte la orden reclamada, para que una vez el quejoso acuda a ponerse a su disposición, señale día y hora para la citada audiencia dentro del mismo plazo de tres días. Para tal efecto, deberá notificar al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de la cual derive el acto reclamado, al quejoso y a las demás partes que deban comparecer a la audiencia. De no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario (vigente en esta data), ello con apoyo en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Una vez cumplido lo anterior, deberá informarlo de inmediato a esta autoridad. Asimismo, deberá informar la comparecencia o inasistencia del quejoso, a la audiencia indicada. Con independencia del informe que rinda el juez responsable, el quejoso deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada Además, con apoyo en el referido artículo 162 de la ley de la materia, se requiere al quejoso para que se presente ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces les sea así solicitado. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, es menester precisar que el billete de depósito debe contener el nombre del quejoso, el número de expediente de este incidente y que se advierta que el mismo es para garantizar la suspensión provisional. Autorización de copia. Por último, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se informa a la parte quejosa que si es su deseo obtener copia de esta determinación, sólo se le podrá expedir una copia digital del archivo digital que la contenga -del expediente electrónico, con su respectiva evidencia criptográfica-; pues, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que, dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico

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