Emilia Hernandez Perez
Expediente 1205/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Emilia Hernandez Perez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1205/2023-V.. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo firmada por +++++ (sic), por propio derecho, contra actos del Juez Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversatial de la Región Judicial Norte con sede en Zacatlán, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Prevención. De la lectura integral1 de la demanda, se advierten irregularidades respecto de la persona que solicita la protección, y en los actos reclamados. Se explica: Primeramente, se hace notar que en el proemio de la demanda se advierte el nombre de la siguiente quejosa: +++++++Z Sin embargo, la demanda fue firmada por: ++++++++. Lo cual genera confusión, pues existe duda de la persona que solicita la protección. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda; porque de admitirla en los términos propuestos, generaría confusión de la persona que promueve la acción constitucional; y este dato resulta indispensable para la debida integración de la litis, porque servirá de base a las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado. Por otra parte, se detectó una segunda irregularidad, en uno de los actos reclamados al juez de control señalado como responsable, siendo el siguiente: Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control, porque estos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece únicamente las órdenes: de citación, comparecencia y aprehensión, y que serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Por lo tanto, existiría una causal de improcedencia contra esos actos, pues el citado numeral no contempla la orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden + de aprehensión (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. Además, existe una tercera irregularidad respecto a la orden de aprehensión o comparecencia que les atribuye a los Ministerios Públicos y Fiscal señalados como responsables ordenadoras. En el caso particular, resulta patente que las citadas autoridades, no tienen las atribuciones legales para emitir la orden de aprehensión o comparecencia que reclama la quejosa; pues, en su caso, serían facultades de una autoridad judicial. Tan es así, que el artículo 1412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las órdenes de citación, comparecencia y aprehensión serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Ahora, el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, unos policías se presentaron en su domicilio particular, y que tiene el temor de ser privada de su libertad, pues refirieron que tienen una investigación penal. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Ahora, el juicio de amparo resulta improcedente contra la orden de presentación atribuida a los Ministerio Públicos y Fiscal señalados como ordenadoras. La improcedencia resulta de que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando fuera dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para éste con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se da oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Al hilo de lo anterior, se detectó una diversa irregularidad, respecto de los actos consistentes en el inicio de una carpeta de investigación. Ese acto encontrarían una causal de improcedencia, porque la investigación dentro de una carpeta de investigación, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal, por lo tanto, debe agotarse todas las diligencias necesarias, para poder decretar el archivo o inejecución de la acción penal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra los citados actos, porque la investigación; se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la Tesis de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE Pero la aclaración debe realizarla la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"4 . Por tanto, con la finalidad de que la quejosa ejerza su derecho de aclarar su demanda, con fundamento en los artículos 108 fracciones I, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste: el nombre de la persona que solicita la acción constitucional; 2. Precise si desea dejar de tener como responsables a los agentes del Ministerio Público y Fiscal General del Estado de Puebla, dado que carecen de facultades para emitir las órdenes reclamadas; y el inicio de una carpeta de investigación reclamada encontraría una causa de improcedencia por los motivos precisados en los parágrafos que anteceden 3. Indique si desea limitar los actos reclamados a la orden de aprehensión o comparecencia y su ejecución, emitida por el juez señalado como responsable, pues los jueces de control no tienen facultades para emitir una orden de presentación, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla Además, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, pues no se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales del Poder Judicial de la Federación. Medios de contacto. Asimismo, se tienen únicamente como medios de contacto el correo electrónico y los números telefónicos señalados en el escrito de cuenta. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese de forma personal a la quejosa
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉSJUICIO DE AMPARO 1205/2023-V.. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo firmada por +++++ (sic), por propio derecho, contra actos del Juez Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversatial de la Región Judicial Norte con sede en Zacatlán, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Prevención. De la lectura integral1 de la demanda, se advierten irregularidades respecto de la persona que solicita la protección, y en los actos reclamados. Se explica: Primeramente, se hace notar que en el proemio de la demanda se advierte el nombre de la siguiente quejosa: +++++++Z Sin embargo, la demanda fue firmada por: ++++++++. Lo cual genera confusión, pues existe duda de la persona que solicita la protección. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda; porque de admitirla en los términos propuestos, generaría confusión de la persona que promueve la acción constitucional; y este dato resulta indispensable para la debida integración de la litis, porque servirá de base a las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado. Por otra parte, se detectó una segunda irregularidad, en uno de los actos reclamados al juez de control señalado como responsable, siendo el siguiente: Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control, porque estos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece únicamente las órdenes: de citación, comparecencia y aprehensión, y que serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Por lo tanto, existiría una causal de improcedencia contra esos actos, pues el citado numeral no contempla la orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden + de aprehensión (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. Además, existe una tercera irregularidad respecto a la orden de aprehensión o comparecencia que les atribuye a los Ministerios Públicos y Fiscal señalados como responsables ordenadoras. En el caso particular, resulta patente que las citadas autoridades, no tienen las atribuciones legales para emitir la orden de aprehensión o comparecencia que reclama la quejosa; pues, en su caso, serían facultades de una autoridad judicial. Tan es así, que el artículo 1412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las órdenes de citación, comparecencia y aprehensión serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Ahora, el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, unos policías se presentaron en su domicilio particular, y que tiene el temor de ser privada de su libertad, pues refirieron que tienen una investigación penal. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Ahora, el juicio de amparo resulta improcedente contra la orden de presentación atribuida a los Ministerio Públicos y Fiscal señalados como ordenadoras. La improcedencia resulta de que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando fuera dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para éste con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se da oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Al hilo de lo anterior, se detectó una diversa irregularidad, respecto de los actos consistentes en el inicio de una carpeta de investigación. Ese acto encontrarían una causal de improcedencia, porque la investigación dentro de una carpeta de investigación, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal, por lo tanto, debe agotarse todas las diligencias necesarias, para poder decretar el archivo o inejecución de la acción penal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra los citados actos, porque la investigación; se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la Tesis de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE Pero la aclaración debe realizarla la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"4 . Por tanto, con la finalidad de que la quejosa ejerza su derecho de aclarar su demanda, con fundamento en los artículos 108 fracciones I, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste: el nombre de la persona que solicita la acción constitucional; 2. Precise si desea dejar de tener como responsables a los agentes del Ministerio Público y Fiscal General del Estado de Puebla, dado que carecen de facultades para emitir las órdenes reclamadas; y el inicio de una carpeta de investigación reclamada encontraría una causa de improcedencia por los motivos precisados en los parágrafos que anteceden 3. Indique si desea limitar los actos reclamados a la orden de aprehensión o comparecencia y su ejecución, emitida por el juez señalado como responsable, pues los jueces de control no tienen facultades para emitir una orden de presentación, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla Además, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, pues no se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales del Poder Judicial de la Federación. Medios de contacto. Asimismo, se tienen únicamente como medios de contacto el correo electrónico y los números telefónicos señalados en el escrito de cuenta. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese de forma personal a la quejosa
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