Emilio Hernández Goméz
Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Emilio Hernández Goméz
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO. Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio y anexo de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde; acepta el acto reclamado pues adujo haber recibido el escrito de *************** -quejoso-de uno de agosto de dos mil diecisiete en el cual el quejoso solicita el beneficio de la libertad anticipada. Pero también manifiesta haberse pronunciado al respecto el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho dentro del incidente derivado de la carpeta de ejecución **************. Ahora bien, del estado procesal de autos, en confrontación al informe de la autoridad responsable, se advierte la actualización de manera notoria y manifiesta de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda de protección de derechos ***************** -quejoso-,señaló como acto reclamado en el retardo de dar trámite a su solicitud de libertad anticipada de uno de agosto de dos mil diecisiete. La Juez de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de Puebla, en el oficio de cuenta informa a este juzgador que el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, acordó la solicitud del beneficio de libertad anticipada en donde entre otras cuestiones se declaró competente para conocer de la incidencia planteada, tuvo promovida en la vía incidental el beneficio de la libertad anticipada por estimar un cumplimiento a los requisitos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y ordenó girar oficios al Director del Centro de Reinserción del Estado y Directora de Sentencias de Estado para allegarse de los estudios técnicos del sentenciado y copias certificadas relativas al tratamiento preliberacional. Y ello se corrobora con la copia autorizada del acuerdo emitido dentro del incidente derivado de la carpeta de ejecución ******************, de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, donde se encuentra asentado lo manifestado por la juez responsables. De donde se sigue que se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos la omisión señalada como acto reclamado, y de esa manera, es inconcuso, se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada. Pues la omisión de la autoridad responsable de no dar trámite a la petición del quejoso de uno de agosto de dos mil diecisiete, respecto a la solicitud del beneficio de la libertad anticipada (acto del cual se duele la parte quejosa), tal como se ha expuesto, ya fue subsanada, pues se emitió una determinación en donde refirió entre otras cuestiones se declaró competente para conocer de la incidencia planteada, tuvo promovida en la vía incidental el beneficio de la libertad anticipada por estimar un cumplimiento a los requisitos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y ordenó girar oficios al Director del Centro de Reinserción del Estado y Directora de Sentencias de Estado para allegarse de los estudios técnicos del sentenciado y copias certificadas relativas al tratamiento preliberacional A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación de la materia, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto omisivo antes precisado que se desprende de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional: diez horas con treinta y seis minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace de conocimiento a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
- Principal
++++++++++++++ Se recibe la demanda de protección de derechos que signada por ++, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se tramita incidente de suspensión porque el quejoso omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Con independencia de lo anterior y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad responsable que si omiten cumplir lo ordenado en el presente párrafo en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable ordenadora, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia ++++de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 20++++, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS, se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificaran por medio de lista. De igual manera, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos. Además, se le hace saber que desde el acto de emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se le apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Una vez que resulte cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de las personas que en su caso sean terceros interesados, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Luego, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que citó en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla) y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas +++++ por haberse encontrado registro único de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, y a las demás personas que señaló para oír y recibir notificaciones. En otro orden de ideas, se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita.
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