Emilia Pilotzi Rodríguez

Expediente 1248/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1248/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Emilia Pilotzi Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Emilia Pilotzi Rodríguez, la cual dio origen al expediente en que se actúa, virtud a la incompetencia planteada por este juzgado. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que previo a avocarse al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Emilia Pilotzi Rodríguez, la cual dio origen al expediente en que se actúa, requirió a la autoridad responsable a efecto de que le remita diversas constancias para que la superioridad esté en condiciones de determinar lo conducente respecto a su competencia. Por tanto, estése a la espera de lo que tenga a bien determinar el tribunal de alzada, a fin de ordenar el archivo del asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EMILIA PILOTZI RODRÍGUEZ. Vista la demanda de amparo promovida por Emilia Pilotzi Rodíguez, por derecho propio, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos con el número IV-1248/2017 como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De la demanda se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: la absolución injusta que efectuó del pago de las costas y los gatos que el juicio fuente del acto reclamado originó a la quejosa, después de decretarse la caducidad de la instancia en dicho contencioso. Lo cual acreditaré en su momento y en principio con las fotocopias de la resolución respectiva que PUSO FIN AL JUICIO fuente del acto reclamado". Así, del estudio integral de la demanda, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada el uno de diciembre de dos mil diecisiete en el recurso de revocación deducido del expediente 501/2015, sobre acción reivindicatoria, con el cual, se puso fin al juicio. Atento a lo anterior, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, por los razonamientos siguientes: Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Asimismo, el precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b) de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". De la demanda de amparo y constancias que el quejoso adjuntó, se desprende lo siguiente: Que ante el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, se interpuso en contra de la quejosa acción reivindicatoria, la cual se registró con el número 501/2015, en la cual, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva. El catorce de marzo del año dos mil diecisiete, la quejosa interpuso apelación en contra de la sentencia en cita, el cual por razón de turno correspondió conocer al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en esta ciudad, registrándolo con el número I-149/2017, medio de impugnación en el que el cinco de junio siguiente dictó sentencia en la que ordenó la reposición del procedimiento en virtud de que consideró existía un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que ordenó su emplazamiento. La parte quejosa solicitó la caducidad de la instancia a lo que el juez de origen le dijo que no había lugar a ello, dado que en el sumario ya se había emitido sentencia definitiva. Inconforme con lo anterior, la promovente del amparo interpuso recurso de revocación, en el cual se dictó sentencia en el que se revocó la determinación anterior y en su lugar se decretó la caducidad de la instancia y, de igual modo, declaró concluido el juicio de origen, sin hacer condena en costas. Atendiendo al acto reclamado y los antecedentes antes señalados este juzgador federal estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en razón de que el acto reclamado constituye una resolución que pone fin a un juicio o instancia que, desde la perspectiva de quien resuelve debió reclamarse en la vía del amparo directo, establecida en los dispositivos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, con base en las siguientes consideraciones: La parte quejosa en forma medular reclama, la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que el juez responsable decreta la caducidad de la instancia y da por concluido el sumario Sentado lo anterior, este juzgador considera respetuosamente que en la especie, se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". (Lo subrayado es de este juzgado). En ese contexto, se considera que el acto reclamado encuadra en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, en relación con el 34, ambos de la Ley de Amparo, es decir, la vía para combatir el acto reclamado sería el juicio de amparo directo por tratarse de una determinación que pone fin al juicio, esto es, que lo decide en lo principal; de lo que puede advertirse la carencia de competencia de este órgano jurisdiccional en razón de la instancia o vía intentada, lo cual impediría el conocimiento del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3ª./J.30/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, tomo VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, de la Octava época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítanse el escrito inicial de demanda con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad en turno, en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto tenga a bien determinar si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en esta ciudad, el trece de marzo de dos mil catorce, al resolver la queja civil 3/2014 interpuesta por Fidel Garnica León. Con copia de la demanda y copia de este proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que los tribunales colegiados de circuito en esta ciudad, algunas dependencias del Estado así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, se encuentran gozando del segundo periodo vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizado a Adolfo Arreygue Flores, quien gozará de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Y para el único efecto de iomponerse de autos, oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica, dado que no está inscrita en el referido sistema ni acreditó estar facultado para ejercerá la profesión de licenciado en derecho. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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