Emilio Chávez Bautista

Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
377/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Emilio Chávez Bautista
  • Magistrado y/o Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado con residencia en Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como corresponda, los oficios signados por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y Juez Séptimo de lo Civil de este distrito judicial; en atención a sus contenidos, téngaseles acusando recibo de los diversos 19269 y19270, con los que se notificó el proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho y se remitieron las constancias que se exhibieron como prueba, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el Juez oficiante devuelve los autos originales relativos al expediente 996/2016, de su índice, los cuales refiere obraban en la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por tanto, se ordena la remisión de dichas documentales a la sala responsable para los efectos legales correspondientes, con la atenta súplica del acuse de su recibo; en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidos a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Asimismo, dado que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Juez Séptimo de lo Civil de este distrito judicial, remitieron uno y tres tomos de prueba, respectivamente; por tanto, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo; en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidos a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-377/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Morelia, Michoacán y turnado ese día a este juzgado, Emilio Chávez Bautista, por conducto de su apoderado jurídico Raúl Garibay Tarelo, presentó demanda de amparo indirecto contra el acto del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, el cual hizo consistir en lo siguiente: La sentencia de segunda instancia dictada por el magistrado responsable dentro del toca I-97/2018, la cual confirma el auto dictado por el juez primario que ordena reponer el procedimiento del juicio 996/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de este distrito judicial. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 78-79), previa prevención, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso (foja 82), se ordenó emplazar al tercero interesado José Torres Godtsseels. Asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos se atribuyen a autoridades judiciales que tiene su residencia donde esta potestad ejerce jurisdicción. Lo anterior, dado que la resolución que se reclama en esta vía fue emitida por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la ejecución se tribuye al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, esto es, ambas autoridades pertenecen al distrito en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado su acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: La sentencia de segunda instancia dictada por el magistrado responsable dentro del toca I-97/2018, la cual confirma el auto dictado por el juez primario que ordena reponer el procedimiento del juicio 996/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de este distrito judicial. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, como se advierte de la tabla siguiente: Autoridad Responsable sentido Foja Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cierto 81 Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 83 Del cuadro antes inserto se advierte que tanto el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, como el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido. Además, del contenido de sus informes de ley, se advierte que ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de este distrito judicial se tramita el juicio ordinario civil 996/2016, en el que se pronunció el auto de veintiuno de febrero del año en curso que ordenó reponer el procedimiento para llamar a un litisconsorte -acto primigenio- mismo que fue impugnado por el quejoso a través del recurso de apelación, el cual fue resuelto por la sala responsable mediante sentencia de once de abril de dos mil dieciocho -acto reclamado- que confirmó el proveído sujeto a revisión, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, para acreditar su dicho, ambas autoridades responsables remitieron las constancias que conforman tanto el juicio ordinario civil 996/2016, como el toca de apelación I-97/2018, de las que se advierte la determinación que constituye el acto reclamado. Documentales que tienen el carácter de públicas de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por tales aquellas cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública y que son expedidas en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos de los sellos, firmas, así como membretes oficiales y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere pleno valor probatorio pleno en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal en consulta. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158. IV.1. Actualización de una causal de improcedencia. En esa tesitura, de oficio, este juzgador federal considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, cuestión que amerita su análisis a fin de evidenciar su actualización. En ese sentido, es importante destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado que tiene como consecuencia que se reponga el procedimiento a fin de llamar a juicio a un litisconsorte pasivo, por lo que, para resolver lo conducente respecto a la improcedencia del amparo en el caso que nos ocupa, conviene realizar un análisis sobre las disposiciones previstas en la Ley de Amparo, la Constitución, así como la interpretación que se ha realizado respecto a la improcedencia cuando se trata de actos intraprocesales que no vulneran derechos sustantivos. IV.2. Marco legal. En principio, los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que la Constitución General de la República se limitó a enunciar, como uno de los supuestos de procedencia, los actos en juicio con una ejecución de imposible reparación, sin ofrecer una definición al respecto, lo cual se entiende si se parte de la premisa que la Constitución Federal establece los principios esenciales de las instituciones y que, por virtud de ello, el Constituyente Permanente deja al legislador la tarea de pormenorizar y explicar en la ley secundaria lo que debe entenderse como actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Debe mencionarse que a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la reforma del artículo 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo indirecto, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando, a su vez, la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, pues constituía un obstáculo para la pronta impartición de justicia; tal como se explicó en la exposición de motivos: "Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. "En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. "La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Por tanto, resulta claro que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo y si, además, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, entonces, la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto; de tal suerte que, sólo de manera excepcional, se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Conforme a lo anterior el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo . La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. Ahora bien, tratándose de resolución que tenga por efecto reponer el procedimiento a fin de integrar a los litisconsortes pasivos a la relación jurídico procesal, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial, no debe pasar por alto lo expresado hasta aquí, esto es, la simple reposición del procedimiento para esos fines no implica que por sí sola afecte derechos sustantivos, pues, como se dijo con anterioridad, deben atenderse las dos condiciones previstas por el Ato Tribunal del País, esto es que se vulneren materialmente derechos y que éstos sean sustantivos tutelados por la Carta Magna. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello toda vez que las posibles violaciones en que hubiere incurrido la autoridad responsable únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, como se pondrá en evidencia a continuación. IV.3. Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la ejecución por parte del Juez Séptimo de lo Civil de este distrito judicial, mismo que hizo consistir en la sentencia de segunda instancia de once de abril de dos mil dieciocho que confirma el auto de veintiuno de febrero del año en curso, en el que el juez responsable ordenó la reposición del juicio ordinario civil 996/2016 al estimar que se actualizaba litisconsorcio pasivo necesario. A fin de dar contexto al acto reclamado, se procede a realizar una breve relatoría de los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a saber: Mediante escrito de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, José Torres Godtsseels -aquí tercero interesado- demandó en la vía ordinaria civil la acción pauliana y de nulidad por simulación a Paulina Fernández Rojas, Georgina López Valle y Emilio Chávez Bautista -aquí quejoso-, Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, así como a los Notarios Públicos Números 102, 113 y 62, todos del Estado de Michoacán (fojas 1-20 del tomo I de prueba). Por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de distrito judicial de Morelia, Michoacán admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a los demandados y les concedió el plazo de nueve días para que dieran contestación a la demanda (foja 155 ídem). Una vez transcurrido el plazo para dar contestación a la demanda mediante acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó la apertura de período probatorio (foja 339 del citado tomo). Finalizada la etapa probatoria, mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se pusieron los autos a la vista de las partes para que en el término de tres días formularan sus allegados (foja 2 del tomo II de prueba). Mediante proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, el juez responsable citó a las partes para oír sentencia definitiva (foja 11 ibídem). Luego, el veintiuno de febrero del año en curso, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia emitió una determinación en la que, ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario respecto de la sucesión a bienes de Alicia Bautista Rodríguez, ordenó reponer el procedimiento a fin de que se dejara insubsistente todo lo actuado a partir del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete [con excepción de los acuerdos de once de septiembre y trece de diciembre, ambos de dos mil diecisiete] (fojas 21-25 del mencionado tomo). Contra tal determinación el apoderado jurídico del hoy quejoso interpuso recurso de apelación el cual fue admitido por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándose con el número I-97/2018 (fojas 1-14 y 24 del tomo III de prueba) Finalmente, el once de abril de dos mil dieciocho el magistrado responsable dictó sentencia de segunda instancia en la que confirmó el acto recurrido, siendo esta resolución la que el quejoso señala como acto reclamado (fojas 29-38 ídem). De la anterior relatoría, se advierte que con la resolución tildada de inconstitucional se dejaría sin efectos todo lo actuado a partir del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, con excepción de los acuerdos de once de septiembre y trece de diciembre, ambos del mismo año. Ahora, a fin de precisar si con la reposición del procedimiento podrían afectarse derechos sustantivos, es oportuno precisar, groso modo, qué actuaciones se dejaron sin efectos y cuál fue la naturaleza de éstas. En ese tenor, de las constancias relativas a juicio ordinario civil 996/2016, se advierte que con posterioridad al auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se dejaron insubsistentes determinaciones correspondientes al período probatorio en los que se acordó respecto de medios de convicción como lo fueron documentales, instrumental de actuaciones, confesionales, testimoniales, inspecciones judiciales, acuerdos relativos a su admisión como a su desahogo, asimismo, se dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso en el que se dio por concluido el período probatorio y se dio vista a las partes por el término de tres días para que formularan alegatos, y el auto de seis de febrero del año que transcurre en el que se citó a las partes para oír sentencia definitiva, lo que no implica que con la reposición del procedimiento y al dejarse sin efectos esos proveídos se pudiera haber causado una afectación directa a alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, se trata de actos meramente intraprocesales; y, en caso de trascender a su esfera jurídica, únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es decir, el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento para que se deje sin efecto todo lo actuado a partir del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe referir que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sí existen casos en los que con la sola reposición del procedimiento podrían vulnerarse derechos sustantivos. Ello, tal como quedó de manifiesto en las ejecutorias de las contradicciones de tesis 311/2013 y 168/2016, donde sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede en contra de las resoluciones de tribunal de alzada que ordenen reponer el procedimiento penal respecto de: Un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, y Para el desahogo de una prueba pericial, en materia penal. Pues en los casos anteriores se puede vulnerar el derecho de libertad del imputado. Por ello, la determinación consistente en si con la reposición de un procedimiento se vulneraron derechos sustantivos, es una cuestión que deberá analizarse en sentencia y no en el auto inicial, ya que, para llegar a dicha conclusión es menester analizar el cúmulo de constancias que obran en autos; tal como quedó manifiesto en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la reposición del procedimiento no implica vulneración a derechos sustantivos ya que el análisis exhaustivo de las constancias allegadas, permite concluir que la resolución reclamada sólo trae como consecuencia que en el procedimiento de origen se deje sin efecto todo lo actuado a partir del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, a fin de que se llame a un litis consorte, para después se continúe el juicio por todas sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo cual se traduce en derechos adjetivos. Por lo que es evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre la parte quejosa una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede encuentra sustento en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". IV.4. Conclusión. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee, por notoria e indudable improcedencia, el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Emilio Chávez Bautista, por conducto de su apoderado jurídico Raúl Garibay Tarelo, contra el acto de autoridad precisado en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Visto el oficio que remite el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida autoridad ofreciendo como prueba las constancias que adjunta al comunicado de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Con las referidas constancias se ordena formar un tomo de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, únicamente agregándoles las carátulas para su debida identificación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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