Elvira Ponce Valencia

Expediente 1069/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1069/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Elvira Ponce Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración de expedientes. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Ahora, aun cuando se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; lo cierto es que fue negada la definitiva; por ende, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, por lo que en términos de la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyanse. 1.2.2. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1.3. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a devolver documentos dado que no se ofertaron.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-9-1069/2021, promovido por Elvira Ponce Valencia, por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidos al Fiscal General del Estado de Michoacán, y otras, este órgano jurisdiccional ha decidido 1. SOBRESEER EN EL JUICIO. Al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama la [1] orden de localización, búsqueda, presentación y detención girada en su contra. A las autoridades ordenadoras: Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fiscal Regional de Morelia. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Director de Litigación con residencia en Morelia, Michoacán. Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. Cuya ejecución atribuye a: Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. [2] A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia: La integración de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202026898; y, [3] Al Fiscal General del Estado de Michoacán: La omisión de ordenar y de investigar diversas querellas y denuncias que ha presentado la quejosa en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno, en contra de Roberto Varela Díaz Barriga, por los delitos de violencia familiar y de género. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Primeramente se abordará el estudio de la orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención de que se duele la quejosa. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de dicha dependencia y del Fiscal Regional de Morelia; Coordinador General de la Policía de Investigación y Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, negaron la existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, manifestó que no obstante que el veinticuatro de julio de dos mil veinte se inició la carpeta de investigación 1003202026898, en contra de la quejosa Elvira Ponce Valencia, por el delito de robo cometido en agravio de Roberto Varela Díaz Barriga, en ningún momento dictó orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención en su contra, con la finalidad de privarla de su libertad, no obstante la misma ya se judicializó, registrándose con el número de causa 288/2021 ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Morelia, a fin de solicitar audiencia para formulación de imputación en contra de la aquí quejosa. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe justificado y en vía de alcance, las cuales, al estar certificadas, adquieren valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, con dichas manifestaciones y con las documentales antes valoradas se robustece la negativa de la fiscal responsable identificada, pues de éstas no se advierte la existencia de la orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención que le atribuye la peticionaria; de ahí que es obvia la inexistencia del acto reclamado; máxime que en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se le dio vista con el contenido de ese informe y constancias que se adjuntaron. Determinación que se hace extensiva al Director de Litigación, con residencia en Morelia, Michoacán, no obstante que fue omiso en rendir su informe de ley, a pesar de encontrarse debidamente notificado para ello, en virtud de su carácter de ejecutora, ya que no puede materializar un acto que fue negado por las autoridades ordenadoras señaladas en párrafos anteriores. En relación con el acto reclamado al Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, consistente en la omisión de ordenar y de investigar diversas querellas y denuncias que ha presentado la quejosa en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno, en contra de Roberto Varela Díaz Barriga, por los delitos de violencia familiar y de género, tampoco se encuentra probada su existencia, en virtud de que dicha autoridad al rendir su informe de ley sostuvo su inexistencia y, además manifestó: "(.) En ese contexto se considera necesario puntualizar que si bien es cierto, el Ministerio Público, por disposición del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ejerce sus atribuciones a través del Fiscal General del Estado, las cuales están contenidas en el numeral 8 del ordenamiento legal previamente citado, entre ellas la de iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda, recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, así como ordenar, de manera fundada y motivada, la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cierto resulta también que atendiendo a la organización interna de esta Institución, dichas facultades son delegadas y ejercidas con plenitud a través de los funcionarios que sean designados como sus agentes adscritos a las fiscalías regionales y especializadas, tal como lo señalan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 6, 7, 8 y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no así por su Titular, sin que esto sea óbice para que en un momento determinado, el ejercicio de dichas facultades pueda llevarse a cabo por la autoridad que represento. Sin embargo, en el caso particular que nos ocupan, se insiste en negar la emisión de los actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Michoacán (.)". Informe con el cual se dio vista a la quejosa en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, sin que haya desvirtuado dicha negativa con elementos de prueba, máxime que ni siquiera emitió manifestaciones al respecto. En ese contexto, toda vez que las autoridades responsables Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de dicha dependencia y del Fiscal Regional de Morelia; Coordinador General de la Policía de Investigación; Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la [1] orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención y la [2] omisión de ordenar y de investigar diversas querellas y denuncias que ha presentado la quejosa en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno, en contra de Roberto Varela Díaz Barriga, por los delitos de violencia familiar y de género, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en aportar prueba alguna tendente a desvirtuarlas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Corresponde ahora analizar el acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202026898, atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, quien al rendir su informe de ley manifestó que efectivamente el veinticuatro de julio de dos mil veinte se inició dicha indagatoria en contra de la quejosa Elvira Ponce Valencia, por el delito de robo cometido en agravio de Roberto Varela Díaz Barriga, misma ya se judicializó, registrándose con el número de causa 288/2021 ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Morelia, a fin de solicitar audiencia para formulación de imputación en contra de la peticionaria. Probanzas que para efectos del juicio de amparo adquieren el carácter de una prueba documental pública, a las que se les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Quinta Época, Tomo II, con registro 1002815, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causas de improcedencia. De manera oficiosa, se advierte que en el presente, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. El acto reclamado se hizo consistir en: La integración de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202026898, en contra de la quejosa Elvira Ponce Valencia, por el delito de robo cometido en agravio de Roberto Varela Díaz Barriga. Se sostiene la actualización de dicha causa de improcedencia, del análisis de las constancias que integran el presente juicio, así como del informe rendido por la fiscal responsable, de las que se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la fiscal responsable envió al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, la carpeta de investigación con número único de caso 1003202026898, a fin de solicitar audiencia para la formulación de imputación en contra de la quejosa, registrándose con el número de causa penal 288/2021, sin que a la fecha se haya señalado fecha para el verificativo de la audiencia inicial. Por lo anterior, es evidente que si se transita de una fase de investigación no judicializada como lo es la integración de la carpeta de investigación 1003202026898 a una judicializada, como lo fue la solicitud de audiencia inicial a efecto de formular imputación y vinculación a proceso de la aquí impetrante de garantías, misma que dio origen a la carpeta judicial 288/2021 del índice del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, opera un cambio de situación jurídica respecto del acto combatido por la promovente, que lo es la integración de la carpeta de investigación en cita, toda vez que la misma ya fue judicializada, por lo que los actos atribuidos a la autoridad ministerial, quedaron consumados de modo irreparable para los efectos del amparo indirecto. Se cita como apoyo la tesis IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". También cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia cuyo rubro y texto disponen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia precisada en líneas precedentes, lo que conduce a sobreseer en el juicio constitucional promovido por Elvira Ponce Valencia, de acuerdo a lo establecido en la fracción XVII del artículo 61 de la ley en la materia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Elvira Ponce valencia, contra los actos que atribuyó a las autoridades responsables precisados en el considerando tercero de este fallo, acorde con los motivos y fundamentos especificados en las consideraciones tercera y quinta.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Cumple requerimiento. Visto el comunicado que remite la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán a través del cual, en cumplimiento al auto de veintinueve de noviembre pasado, remite copia certificada del oficio de veinticinco de febrero pasado, a través del cual envió la carpeta de investigación con N.U.C. 1003202026898, al juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, Región Morelia, Michoacán, a fin de solicitar audiencia para formulación de imputación en contra de la aquí quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales pertinentes.

  4. Incidental

    VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Elvira Ponce Valencia, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables que se detallarán a continuación, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas: Fiscal General del estado de Michoacán; Fiscal Regional de Morelia, Michoacán; Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del estado de Michoacán; Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Michoacán; Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. Bajo esa tesitura, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte incidentista la suspensión definitiva solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/19, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. La autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia la existencia del acto reclamado, el que tiene su génesis virtud al ámbito de su competencia. Por tanto, queda plenamente acreditada la existencia de los actos que se le atribuyen. QUINTO. Improcedencia de la suspensión solicitada. Ahora, no obstante que la autoridad responsable antes señalada haya aceptado la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió el veintiséis de noviembre de la presente anualidad, se evidencia que mediante oficio de veinticinco de febrero pasado, remitió la carpeta de investigación con N.U.C. 1003202026898, al juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, Región Morelia, Michoacán, a fin de solicitar audiencia para formulación de imputación en contra de la aquí quejosa, esto es, dicha carpeta de investigación ya se judicializó; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para concederla. En efecto, la parte quejosa acudió a esta instancia judicial a reclamar la orden de localización, búsqueda, presentación y/o detención; sin embargo, de las pruebas que remitió la agente responsable se advierte que con motivo de la judicialización de la carpeta de investigación, de donde derivan los actos reclamados, ya quedaron atrás las actuaciones autónomas de dicha responsable, quien ahora se encuentra sometida a la jurisdicción del juez competente, es decir, ya han quedado superadas las determinaciones previas, por las cuales se promovió el juicio de amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Elvira Ponce Valencia, dado que no existe materia para la concesión de la medida cautelar. RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Elvira Ponce Valencia, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución incidental. SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Elvira Ponce Valencia, virtud a lo determinado en el considerativo quinto de resolución interlocutoria.

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