Elvia Elena Castro Aguirre

Expediente 163/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
163/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Elvia Elena Castro Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    En veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de marzo del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por Elvia Elena Castro Aguirre; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda presentada por la vía electrónica por ******************** en su carácter de quejosa, contra actos de la Secretaría de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. En consecuencia, fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese bajo el número 163/2021-4B; asimismo, en términos del artículo 21, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese el expediente electrónico con la totalidad de las constancias que integra el expediente impreso. Ante todo, es preciso señalar, que la presente demanda, se substanciará, conforme a las disposiciones aplicables de la nueva Ley de Amparo, contenido en el decreto publicado el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En este sentido, las tesis integradas conforme a la Ley de la Materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, a que se aluda con posterioridad en el presente juicio, serán aquellas que resulten aplicables en lo que no se opongan a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de conformidad con el artículo sexto transitorio de éste ordenamiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, promovida vía electrónica por ********************, contra los actos que reclama a la Secretaría de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, constante de ocho fojas por ambos lados, se advierte que la misma carece de la firma de la promovente y de evidencia criptográfica. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, sólo la parte (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En los citados preceptos, se regula la legitimación para promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante o apoderado legal en términos de los diversos 10 y 11 de la Ley de Amparo. La firma electrónica (FIREL), por su parte, es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego entonces, el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada", salvo cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la propia Ley de Amparo. Esto es, la demanda de amparo que se presente través de la modalidad de "juicio en línea", debe ineludiblemente ser firmada electrónicamente por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, excepción hecha en los aludidos casos. Sin embargo, en el escrito de cuenta, presentado a través del Portal de Servicios en Línea, no obra la firma electrónica de ********************, quien aparentemente promueve la demanda por propio derecho, por lo que no existe certeza de que haya sido su voluntad accionar la instancia constitucional; y no es el caso de prevenirla en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues al no contener su firma electrónica, única exigible cuando la demanda de amparo se presenta través de la modalidad de "juicio en línea", no queda de manifiesto su voluntad de promover, es decir, no hay instancia de parte. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se adelantó, no se advierte expresada la voluntad de quien aparece como promovente para darle trámite a la demanda, es decir, no hay instancia de parte respecto de quien se dice promueve en nombre propio, y no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Asimismo, como autorizados para oír y recibir notificaciones a ********************. Asimismo, como lo solicita la promovente, se permite la reproducción de autos, proveídos o sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, mediante el uso de aparatos electrónicos y tecnológicos como cámaras fotográficas o lectores ópticos, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En diverso orden, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, también se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación vía electrónica del presente procedimiento, por lo que se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los nombres de usuarios son "********************", "********************", "********************", "********************", "********************" y "******************** y se encuentran registrados y autorizados en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020.

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