Elselyeni Lugo Morales
Expediente 343/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Elselyeni Lugo Morales
- Director General del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social En los Mochis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que fueron declarados inhábiles los días del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora, del estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciséis de octubre del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa de manera electrónica el diecisiete de octubre de este año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". El reclamo de la quejosa se relaciona, esencialmente, c******************. Por otro lado, mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el doce de julio de dos mil veintitrés, se concedió a la quejosa ********************** En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo sustancialmente para el efecto de que las autoridades responsables, en esencia, le otorgaran la intervención respectiva y le otorgaran la atención médica que requiere para su padecimiento de columna vertebral, lo cual ya aconteció; por ende es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria, máxime que se acreditó por las autoridades que suministra el medicamento con el que vinculó el quejoso su reclamo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ''INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓNDE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.''. Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ''INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.''.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En consecuencia, téngase a la autoridad en cita informando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de este negocio; en el sentido de que se programó para el uno de octubre de la presente anualidad, la intervención quirúrgica materia de este juicio.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante escrito presentado en este Juzgado el dieciséis de agosto del actual, informó las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de este negocio; en el sentido de que se programó para el uno de octubre de la presente anualidad, la intervención quirúrgica de la quejosa, relativa al padecimiento *********************. No obstante, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable, a fin de que, en el término de veinticuatro horas, comunique a este órgano jurisdiccional si a la quejosa de mérito se le ha otorgado alguna atención médica diversa previa a la cirugía que tiene programada. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: ( ''*************************. Por último, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante escrito presentado en este Juzgado el dieciséis de los actuales, informó las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de este negocio; en el sentido de que se programó para el uno de octubre de la presente anualidad, la intervención quirúrgica de la quejosa, relativa al padecimiento traumatológico referente a su columna vertebral. No obstante, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable, a fin de que, en el término de cuarenta y ocho horas, comunique a este órgano jurisdiccional si a la quejosa de mérito se le ha otorgado alguna atención médica diversa previa a la cirugía que tiene programada. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: ( ''SEXTO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que las autoridades responsables: Otorguen la atención médica que requiere la quejosa para el tratamiento de su padecimiento traumatológico referente a su columna vertebral''. Por último, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. N
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