Elsa Patricia Alvarez Cardenas
Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Elsa Patricia Alvarez Cardenas
- Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio número 10723/2022 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el que resuelve: "ÚNICO. La Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por ********************; por lo que, con testimonio de esta ejecutoria, remítasele los autos del expediente número juicio de amparo indirecto 1181/2021 ó ********************/2022, para que se avoque a su conocimiento.". En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, remitió el expediente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al considerar que es el competente para conocer del juicio de amparo número ********************/2022-2A; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 7447/2022 que suscribe el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió a trámite la contienda de competencia suscitada entre este Juzgado Quinto de Distrito y del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Culiacán, en relación al juicio de amparo indirecto 1181/2021 formado con motivo de la demanda promovida por Elsa Patricia Álvarez Cárdenas, formándose el conflicto competencial 14/2022, asimismo, solicita se exponga lo que estime pertinente en relación con el conflicto competencial, dentro del término legal de tres días. En atención a lo anterior, gírese oficio a través del servicio de interconexión tecnológica al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y dígasele que este juzgado sostiene los argumentos expuestos en el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, donde no se aceptó la competencia planteada. Notifíquese por lista electrónica y por oficio Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio 4943/2022 que suscribe la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que remitió el juicio de amparo 1181/2021-VII-B de su índice al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, para que decida a cuál de los dos juzgados corresponde conocer del presente asunto.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que se acompaña diversas constancias del juicio de amparo número 1181/2021 de su índice, mediante el cual por los motivos y fundamentos que expone se declara incompetente para conocer de la demanda intentada por Elsa Patricia Álvarez Cárdenas. Formación y registro del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 102/2022; y al efecto se provee: No se acepta competencia En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. El suscrito Juzgado considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada. Para dilucidar el tema es necesario señalar que de los antecedentes relatados por el Juzgado Federal declinante, y se derivan las siguientes premisas fácticas del asunto que nos ocupa: La quejosa señala como acto reclamado la orden verbal o por escrito para que no se le pague la pensión que percibía su finado esposo, en términos del artículo 46 de la Ley de Seguridad Pública del Estado en lo que dura el trámite para que le otorgue su pensión. En este contexto, el órgano jurisdiccional declinante considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en virtud de que la quejosa, durante el trámite del juicio, por escrito manifestó que su domicilio lo tenía en esta ciudad, por tanto, que el acto reclamado se está ejecutando dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio que sostiene la Juez declinante, pues a consideración de este juzgado la determinación que de manera destacada reclama la parte quejosa, carece de ejecución material, por las consideraciones que a continuación se exponen. En principio, es oportuno destacar que sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que el acto impugnado tenga ejecución material. b) La segunda regla deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en los lugares en donde tiene ejecución el acto, a prevención. c) La tercera regla se refiere al supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Pues bien, en la especie este juzgador considera la actualización del supuesto previsto en el último párrafo del artículo invocado, es así, pues el acto que se atribuye a las responsables, consistente en la orden verbal o por escrito para no pagarle a la quejosa de mérito la pensión de su finado esposo; por ello, resulta evidente que la naturaleza de los actos reclamados es negativa, por ende, no tienen ejecución material. También, no está demás precisar que el acto reclamado es meramente una declaración que niega a la quejosa el pago de una pensión, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al negarse realizar dicho pago. Es así, porque con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo la responsable, la materia del juicio de amparo es una negativa carente de ejecución ?un no actuar? de ésta, y ese acto es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar la autoridad responsable. Ciertamente, el acto reclamado se traduce en una negativa simple, que carece de efectos positivos, al margen de que conlleve que mientras la autoridad responsable persista en la negativa impugnada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso pleno y eficaz a la justicia, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las autoridades responsables, la materia del juicio de amparo, se reitera, es negativo, no así los actos que pudiera desplegar dicha autoridad responsable. De ahí que si la parte quejosa acude ante el juez de Distrito y reclama la negativa de pago de una pensión, resulta patente que la competencia para conocer del amparo se surte a favor del juez Federal en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es así, toda vez que la negativa de la autoridad responsable no trae consigo ejecución material alguna. No está demás precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 17/2014, determinó que dicha porción normativa debe ser analizada de forma literal y que no permite ningún tipo de interpretación ya sea sistemática, teleológica, lógica o alguna otro; por tanto, si el acto reclamado es una negativa de pago de pensión, el juez competente para conocer de esa demanda de amparo, es ante quien se promueve, sin que dicha regla permita una modulación. De ahí que la competencia territorial del asunto se resuelve con la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que cuando el acto reclamado no requiere ejecución, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 500, materia común, con número de registro 2006529, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Por ende, con fundamento en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la demanda corresponde al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, dado que en aquella ciudad fue presentada la demanda de amparo de que se trata. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador no acepta la competencia declinada por su homóloga residente en la ciudad de Culiacán, por lo que se ordena devolver el expediente formado con motivo de la demanda que se analiza a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que provea lo que conforme a derecho proceda. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
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