Elsa de la Luz Hernandez Venegas

Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
83/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Elsa de la Luz Hernandez Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    "S E N T E N C I A ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal ***instruida en contra de **** por su probable participación en la comisión del delito de violencia familiar, previsto en los numerales 404 y 404 bis, fracciones I y II, y 405 del Código Penal para el Estado de Oaxaca en perjuicio de ***. En audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, la jueza de control del Circuito de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de *** por la comisión del hecho señalado como delito citado en el párrafo que antecede. Asimismo, se precisa que en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, el magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca -en cumplimento a la ejecutoria de amparo dictada por éste órgano jurisdiccional en el expediente 910/2022- emitió resolución de segunda instancia por la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor del referido tercero interesado en la causa penal ** que se instruye en el Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La quejosa ***por propio derecho, presentó la demanda de amparo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que se precisarán en el apartado correspondiente. La promovente señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20, apartado A, fracciones I, II y X, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó a este juzgado de distrito el mismo día de su presentación, registrada con el consecutivo 83/2023. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se: I) admitió a trámite la citada demanda de amparo; II) solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; III) otorgó intervención al agente del ministerio público de la federación adscrito a este juzgado; IV) ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y V) fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; los actos reclamados son de naturaleza penal y se atribuyen a diversas autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama: Magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La determinación adoptada en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, en el toca penal ***, donde confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por la juez de Control del Circuito de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, en la causa penal ***por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto en los numerales 404 y 404 BIS, fracciones I y II, y 405 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca. La ejecución y cumplimiento a la resolución emitida por la sala responsable y como consecuencia, ordenar el archivo o sobreseimiento de la causa penal 771/2021 de su índice. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Respecto al acto atribuido al magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditado a partir del informe justificado en el que reconoció la existencia de la determinación judicial que se le atribuye -audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, en el toca penal ***. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso; por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, se corroboró con la remisión por parte de la responsable del original del toca penal *** donde emana el acto reclamado y un disco versátil digital relativo a dicho expediente que acompañó en apoyo a su informe de ley. Además, como apoyo a su informe de ley y en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito dictada en el amparo en revisión 152/2023 la sala responsable remitió un disco versátil digital -que en su oportunidad- le hizo llegar la juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, el cual contiene la audiencia de formulación de imputación inicial y de ampliación del plazo constitucional celebradas el doce y diecisiete de enero de dos mil veintidós en la causa penal 771/2021 de su índice. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1ª/J. 43/2013 (10ª.), visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL... Por su parte, en cuanto a los actos atribuidos al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en el cumplimiento a la determinación emitida el doce de enero de dos mil veintitrés en el toca penal *** por el citado magistrado titular, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor del aquí tercero interesado ***. No obstante a lo anterior, dicha negativa se tiene por desvirtuada, debido a que la sala responsable aceptó su existencia, aunado a que dentro del ámbito competencial, el juez de control como ejecutor debe cumplir con las determinaciones que emita el tribunal de segunda instancia. LEGITIMACIÓN ***se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 5, último párrafo del propio cuerpo normativo, debido a que tiene la calidad de víctima del delito en la causa penal de la que deriva el acto reclamado. OPORTUNIDAD El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, surtiendo efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis de enero al tres de febrero del propio año, descontándose del cómputo el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve, del referido mes y año, por ser sábados y domingos, inhábiles conforme al numeral 19 de la ley de la materia. En ese orden, al presentarse la demanda de amparo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, como se aprecia de la boleta de turno correspondiente y sello de recepción, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria, que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN... ESTUDIO DE FONDO En primer lugar, cabe precisar que en el caso, al tratarse de materia penal, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa serán analizados supliendo la deficiencia de la queja, al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; por ser la víctima en la causa penal de origen, misma que tiene como propósito examinar la legalidad del fallo sujeto a examen, a fin de que se respeten a su favor los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. La promovente del amparo -en esencia- hace valer los siguientes conceptos de violación: a) Se viola en su perjuicio el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, en donde para el dictado de un auto de vinculación a proceso el estándar probatorio es mínimo, pues basta para su emisión que el agente del Ministerio Público vierta datos de prueba indispensables para reunir los requisitos de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, marco jurídico que fue transgredido por la sala responsable al exigir un grado de corroboración mayor en los datos de prueba aportados por la fiscalía. b) Tanto la juez de origen como la sala responsable, buscaron "una verdad absoluta" para acreditar el hecho que la ley señala como delito, lo cual resulta erróneo, pues basta con que la conducta encuadre al tipo penal, lo cual aconteció en el presente caso. c) La sala responsable al estimar acertada la decisión adoptada por la juez de control de no vincular a proceso al imputado *** transgredió el principio de libre valoración de la prueba, pues incurrió en una falta de fundamentación y motivación en el análisis y ponderación de los datos de prueba aportados por la fiscalía, atendiendo a apreciaciones subjetivas sin establecer con base en la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos o la constatación de los hechos con apariencia de delito. d) La autoridad responsable apreció de manera errónea el dicho de la quejosa, en razón que no se comprobó lo manifestado por su menor hijo al no presenciar los hechos denunciados, por lo que faltó credibilidad. e) La declaración del menor, contrario a lo referido en la determinación de segunda instancia, sí corrobora lo acontecido momentos después de la agresión física que recibió la quejosa por parte de *** ya que precisó que la vio llorando y con rasguños en el cuello y que acudió a su ayuda por haber escuchado su nombre. f) Carece de sustento la afirmación de la responsable al aseverar que lo que reveló los datos de prueba aportados por la fiscalía era que existió un pleito entre la aquí quejosa y su agresor, lo cual estimó corroborado con el señalamiento del menor referente a que en sus convivencias era frecuente las peleas, pues contrario a lo aducido en el fallo de alzada, de la narrativa de hechos vertidos por la promovente, afirmó que realizó actos defensivos para poder detener la agresión del imputado. g) El Tribunal Unitario responsable le resta valor a su narrativa por el hecho de no haberle contado con detalle a su hijo la agresión por parte de su padre y que contrario a lo señalado por la responsable ello no se traduce en que no existió la agresión denunciada, además de que genera estereotipos en el sentido de que para estimarla como mujer maltratada debe repetir y narrar exhaustivamente lo sucedido para que dote de credibilidad su dicho. h) El Magistrado Unitario yerra al aseverar que las agresiones que recibió la disidente por parte de su agresor *** no corresponden con las lesiones que le fueron certificadas por el perito médico, esto por considerar que no hubo ningún otro dato de prueba que acreditara la comisión del hecho, pues a estimación de la autoridad el resultado material debe ser acorde, congruente y lógico con la forma en que debió narrar las agresiones sufridas, las cuales también deben ser señaladas con exactitud en el dictamen médico correspondiente. i) Las lesiones presentadas por la quejosa sí corresponde a su narrativa de cómo fue agredida, pues incluso el parámetro cronológico realizado por la sala responsable para establecer la mecánica de hechos, guardan coincidencia con las evidencias señaladas en el dictamen médico, suscrito por la doctora María Elena Rojas Ramírez, perito oficial adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. j) No le asiste razón al Tribunal de Apelación al afirmar que el objetivo de un dictamen médico lo es determinar el tipo de lesiones y su clasificación, así como, el objeto o elementos que los produjo y no sólo enunciar las lesiones que presenta la víctima, por lo que, al no haber sucedido así, tal dictamen emitido por la perito oficial no tiene valor demostrativo, aunado a que el objeto del mismo, contrario a lo dicho por la responsable, era determinar la integridad física de la ofendida y no la precisión de lo que ocasionó esas lesiones. k) Resulta desacertada la conclusión de la responsable al referir que el ahorcamiento que sufrió es imposible de ejecutarse, debido a que si su agresor tenía las manos en su cuello no era factible que le hubiera aventado un "mono" para repeler esa agresión, pues implicaba la existencia de distancia entre ambos, tornando en inverosímil su dicho; afirmación que se aleja de la reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. l) Sobre la conclusión de la sala responsable respecto del dictamen psicológico emitido por la perito en la materia, señaló que no resulta suficiente para corroborar el dicho de la ofendida, por no ser concluyente en que el daño psicológico que presentó fuera como consecuencia de los hechos denunciados. De ahí que, la quejosa estima que esa conclusión carece de sustento, pues resulta evidente que la experta en psicología se sustenta en los hechos narrados por la denunciante con motivo de la agresión recibida, lo que torna en incongruente el razonamiento vertido por el tribunal de apelación. m) La sala responsable pasó por alto la aseveración de la aquí disidente narrada en su denuncia, en el sentido de que su agresor la amenazó con matarla y de ocupar las armas que ya tenía cargadas y listas para accionar, dicho que fue corroborado en diligencia ministerial practicada, pues si bien tal prueba no resulta directa de lo acontecido el día de la agresión, si es útil para contextualizar la violencia a la que estaba sujeta y el peligro inminente en que se encontraba. n) No se valoró de manera adecuada y correcta todos y cada uno de los datos de prueba aportados en la audiencia inicial, por lo que, su actuar resulta arbitrario al carecer de fundamentación y motivación, ya que quedó acreditado con base en el estándar probatorio exigido para esa etapa primaria del juicio, tanto el hecho que señala como delito de violencia familiar, en sus vertientes física y psicológica, como la probable responsabilidad del imputado ***. Le asiste razón a la quejosa en los motivos de disenso reseñados aun cuando deban ser suplidos en su deficiencia en términos del numeral 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En principio, se estiman fundados los conceptos de violación reseñados en los apartados a), b), c), m) y n) al señalar la quejosa ***que en la ponderación realizada por la sala responsable a los datos de prueba aportados por la fiscalía no se respetó el estándar probatorio que para la etapa procesal inicial del procedimiento acusatorio exige el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es por ello que se vulneró el principio de libre valoración de la prueba y sana crítica y su determinación carece de la fundamentación y motivación que exige el numeral 16 constitucional para todo acto de autoridad. Para sustentar la conclusión alcanzada, es pertinente el análisis de los postulados que rigen al sistema penal acusatorio de corte adversarial, así como, la reflexión crítica que sobre el parámetro probatorio mínimo exige el artículo 20 de la Carta Magna al resolver el auto de término constitucional y las reglas que para la ponderación de los datos de prueba previó el legislador. Respecto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la peticionaria del amparo lo cometió, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito en el auto de vinculación a proceso, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Asimismo, sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". Lo anterior, denota un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio poder constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el ministerio público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto- con lo cual, se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito" entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, puesto que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, ya que es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo- basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. A la par de lo expuesto, resulta indispensable tener presente que la adopción del sistema procesal penal acusatorio de corte oral, incorporada por la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, constituye una de las más trascendentales transformaciones en el ámbito procesal penal del país. Dicha reforma procesal penal tuvo como finalidad que, con la aplicación de los principios de contradicción, inmediación y publicidad, se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio: determinar la verdad real, histórica o procesal, la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune. Además, de lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Es por ello que se cambiaron los estándares probatorios, que conforme al sistema penal inquisitorio, se exigen para el dictado de un auto de formal prisión, puesto que en la etapa preliminar o de investigación dentro del sistema penal acusatorio y oral sólo se requiere que el ministerio público aporte datos. Es decir, que la representación social exponga la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, no implica que el juez de control se encuentre exento de realizar un análisis minucioso de los datos y medios de prueba, pues de lo contrario, dicha potestad se le exige revisar la racionalidad de aquellos datos objetivos y exponer los motivos que permitan conocer que su decisión se funda sobre bases racionales para hacerla aceptable, ya que sólo así quedará satisfecho lo previsto en la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese punto específico, cabe destacar que el máximo tribunal del país también se ha pronunciado en el sentido de que los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba; no obstante, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza; ello debido a que, para resolver sobre la vinculación a proceso, el juez de control debe ponderar los datos de prueba del imputado en contradicción con los expuestos por el ministerio público; facultad que resulta exclusiva de las autoridades de instancia y por tanto, no pueden ejercerla los jueces constitucionales. Empero, no implica que no se pueda revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el juez de control y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Este ejercicio no implica que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal y constatar que no se hubieren alterado los hechos y que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Para la emisión de un auto de vinculación a proceso no es necesario que el hecho delictivo sea comprobado plenamente con cada uno de sus elementos típicos, sino únicamente que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. De este modo, el estado de investigación inicial no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba) que constituye la información que proporciona el ministerio público y que el juez de control no puede valorar al no desahogarse ante su potestad. Asimismo, el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el dato de prueba es "la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado". Ahora bien, este órgano jurisdiccional, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada el siete de septiembre del año en curso, en el amparo en revisión 152/2023, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, se impone de la audiencia inicial y la diversa de ampliación de plazo constitucional, donde la juez de control emitió el auto de no vinculación a proceso que fue materia de los recursos de apelación, al encontrarse en aquéllas diligencias donde se incorporaron los datos de prueba y se plantearon las discusiones sobre el alcance probatorio de dichos elementos probatorios con los cuales resolvió la juez especializada en sistema acusatorio. Bajo esa tesitura, de la audiencia de doce de enero de dos mil veintidós, la representación social expuso como datos de prueba: Denuncia realizada el siete de febrero de dos mil veintiuno, por parte de la víctima ***. Declaración del adolescente de identidad reservada Y.E.R.H. de eintinueve de junio de dos mil veintiuno. Acta de entrevista a la denunciante, rendida ante el agente Estatal de Investigaciones, recibida el seis de julio de dos mil veintiuno. Comparecencia espontánea de ***de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Dictamen médico de lesiones de integridad física de siete de febrero de dos mil veintiuno, expedido por la doctora María Elena Rojas Ramírez a favor de ***. Dictamen en materia de psicología, expedido el ocho de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de ***. Inspección ocular realizada por el agente Estatal de Investigaciones, el cinco de julio de dos mil veintiuno. Por lo que respecta a la defensa, en la audiencia de ampliación de término constitucional de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se recibieron como datos de pruebas: Copia de la carpeta de investigación 40059/FDAI/UEE/2020 certificada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada al Combate al Secuestro dependiente de la Fiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. Expediente clínico de Francisco Cruz Montero de siete de febrero de dos mil veintiuno. Bitácora de ingresos del Hospital Santa María. Inspección ocular de quince de enero de dos mil veintidós, realizado por el agente Estatal de Investigaciones Entrevista realizada a la doctora Aracely Velasco Velasco de quince de enero de dos mil veintidós. Entrevista de Elvia Cortés Silvia de quince de enero de dos mil veintidós. Metadictámen psicológico emitido el catorce de enero de dos mil veintidós por Norma Romero Sánchez, perito en materia de psicología. Dictamen de mecánica de lesiones de quince de enero de dos mil veintidós. No obstante, la juez de control desestimó la copia certificada de la carpeta de investigación al indicar que no cuenta con relación a la causa penal 771/2021. Una vez asentando el marco normativo que rigen las premisas que para la ponderación de pruebas establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la etapa de la audiencia inicial y los datos de prueba ofrecidos por las partes, este órgano jurisdiccional estima que de la reflexión y análisis, tanto de la determinación oral vertida por la sala responsable en la audiencia celebrada el doce de enero de dos mil veintitrés y que obra en el disco versátil digital (DVD) así como, en la versión escrita anexa a su informe justificado, se concluye que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, debido a que la ponderación que realizó del material probatorio no se ajusta al postulado de legalidad que prevé el numeral 26 constitucional. Ello es así, ya que como lo señala la quejosa de mérito, en la ponderación realizada por el magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a los datos de prueba aportados por la representación social y por la asesora de la ofendida, se exigió un estándar probatorio mayor al mínimo, cercano al de certeza plena, con lo que se trasgredió los postulados constitucionales que rigen un auto como el analizado en el término constitucional. Ciertamente, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad -como el que se está analizando en este asunto- es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables que representen un estado de convencimiento de probabilidad a través de un hecho indicador (dato de prueba) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. De igual forma, durante la investigación inicial -que actualmente se encuentra el procedimiento de origen- no se habla de prueba sino de dato de prueba, que constituye la información que proporcionan tanto el ministerio público, la asesora de la víctima como la defensa, mientras que el juez de control, en caso de aperturarse la segunda instancia por la interposición del recurso de apelación, la sala no pueden valorar al no desahogarse ante su potestad. Ahora bien, se estima que la determinación dictada por el magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó y compartió los razonamientos jurídicos a los que arribó la jueza de control al emitir el auto de no vinculación a proceso a favor de *** por el delito de violencia familiar al ponderar los datos de prueba introducidos al debate por la representación social, lo realizó en desapego al sistema de la sana crítica que se sustenta en las máximas de la experiencia, la lógica y el conocimiento científico, en violación directa al derecho humano a la legalidad de la ahora quejosa. La sala responsable al analizar los agravios sometidos a su potestad, los calificó de infundados y consideró que la juez de control actuó correctamente al decretar en favor del imputado auto de no vinculación a proceso, estimando que la narrativa expuesta por la ofendida ***no se corroboraba con la declaración de su menor hijo, debido a que éste no presenció los hechos denunciados y no advirtió el momento en que el imputado agredió físicamente a la víctima, afirmando que cuando arribó al consultorio de su padre, su madre ya se encontraba llorando y el agresor con la playera rota. De lo anterior, la sala penal concluyó que de la narrativa del menor, sólo se advertía que la víctima y el imputado tuvieron un altercado, pues solamente relató el estado físico en el que se encontraban ambos progenitores, aunado a que manifestó que entre ellos se peleaban constantemente y se insultaban entre sí, por lo que no resulta idóneo ni pertinente para corroborar el hecho denunciado por la víctima, de donde no se evidencia que el imputado "solamente haya ejercido violencia física o moral, en contra de la víctima dirigida a dominar, someter, controlar o agredir a la víctima [.]". El suscrito considera que la apreciación realizada por la responsable sobre el dicho del menor y que lo llevó a confirmar la determinación asumida por la juez de primera instancia, no se encuentra apegada a la legalidad, en razón de que no existe una sana crítica que derive de la lógica y el sentido común que regula los estados de violencia que frecuentemente se ejercen sobre las víctimas de agresión física. Al respecto, debe precisarse que de la exposición realizada por la fiscalía sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la agresión física y psicológica en contra de la víctima ***se advierte lo siguiente: El siete de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, en uno de los consultorios que se encuentran al interior de la clínica hospital "Santa María", localizada en la calle de Niños Héroes, número ciento tres, colonia "Ex Marquesado", Centro, Oaxaca, la denunciante se encontraba sentada en una de las sillas del consultorio, en donde el imputado le dijo que lo tenía harto, por lo que la jaló del cabello con sus manos, ocasionándole que se parara del asiento. Luego, el imputado con su mano derecha, la agarró de nuevo el cabello, mientras que con su mano izquierda le apretó el cuello, sentándola en la misma silla para proceder a la acción de ahorcarla, pero que la soltó por que la víctima le aventó un "mono" que se encontraba en el consultorio. Es entonces que el agresor con su mano izquierda, le dio una cachetada en la mejilla izquierda, por lo que la víctima llamó a su menor hijo y al llegar éste, el imputado la dejó de agredir. Por su parte, en relación con la versión externada por el adolescente de iniciales ***se desprende: El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, asistido de la psicóloga Mercedes Lorena Pérez Morgan, de su madre ***y de la asesora jurídica, anifestó que el día de suceso, sus padres se encontraban en el consultorio de su progenitor y escuchó a su mamá gritar llamándolo por su nombre y que al entrar, vio a su mamá llorando, con rasguños en el cuello y a su papá con la playera rota, por lo que al preguntarle a su madre lo que había sucedido, ella le dijo que se habían peleado. De la narrativa, se pone en manifiesto, que si bien no advirtió mediante los sentidos el momento en que su padre realizó los actos de agresión a su progenitora, también no es menos verídico que la reseña proporcionada por el menor genere verosimilitud al dicho de la víctima. Ello es así, porque la quejosa precisó en su denuncia que el día de los hechos, después de las agresiones físicas que sufrió por parte de *** llamó a su menor hijo y al arribar éste, su agresor cesó la violencia física que le ejercía; por su parte, en la versión vertida por el menor ante la fiscalía e introducida como dato de prueba en la audiencia inicial, afirmó que escuchó a su mamá gritar su nombre y que al entrar al consultorio observó que su madre estaba llorando y presentaba rasguños en el cuello, mientras que su padre tenía la playera rota y al cuestionar sobre lo sucedido su madre le contestó que se habían peleado. Ante lo expuesto, se colige que contrario a lo ponderado por la sala responsable, el dicho del menor hijo de la víctima lejos de carecer de idoneidad para corroborar lo manifestado por su madre, resulta de utilidad para generar verosimilitud al dato de prueba que constituye la narrativa de agresión por parte de la ofendida, pues existe similitud entre la razón de la presencia del menor en el consultorio en donde se suscitaron los hechos, pues el declarante respondió al llamado que le formuló su madre. Por otra parte, éste órgano de control constitucional estima que la apreciación del Tribunal de Alzada se aleja de las máximas de la experiencia que constituyen uno de los pilares de la sana crítica, ello en razón de que el menor, si bien, no advirtió el momento exacto de las agresiones narradas por su madre, sí presenció que al responder a su llamado con la inmediatez que el caso ameritaba, advirtió que la aquí quejosa se encontraba llorando, observándole rasguños en el cuello. Tales particularidades manifestadas por el menor de observar a su madre llorando y con rasguños en el cuello, lejos de estimarse desvinculadas con un acto de agresión física, son propias de las evidencias que acontecen después de un altercado en donde se infligen lesiones físicas, ya que corroboran el señalamiento de la víctima de que su agresor le generó un estado de zozobra y que recibió una acción de ahorcamiento compatible con los rasgos advertidos por el menor en el cuello de su madre. Evidentemente, una postura lógica sobre el análisis cronológico de los hechos suscitados, permite afirmar que la quejosa ***recibió acciones que constituyen alteraciones en su integridad corporal, por lo que requirió el auxilio de su menor hijo y éste estuvo en aptitud de advertir mediante sus sentidos el estado de alteración y secuelas físicas (llanto y rasguños) que presentaba su madre. Consecuentemente, contrario a lo sostenido en el fallo de la sala responsable, el dicho del menor sí constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para corroborar de manera contextual la narrativa vertida por la promovente ***y en esa medida corroborar la verosimilitud de la actualización del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. Asimismo, inverso a la ponderación realizada por la sala penal, el menor de la víctima aseveró en su versión ministerial -introducida en la audiencia inicial como lectura de declaración- que en las convivencias con sus padres, existía una constante actitud de peleas e insultos entre sí, lo cual, constituye un dato de prueba más que revela el entorno de agresión que frecuentemente se involucra su progenitora, lo que propicia un dato de verosimilitud y factibilidad de que la víctima el día de los hechos recibió la agresión que refiere por parte de su concubino. En este punto, conviene adelantar que al momento de analizar la valoración del dicho de la víctima con perspectiva de género, éste constituye un mandato constitucional que rige la función de todos los órganos jurisdiccionales; es decir, juzgar bajo una visión de conciencia sobre el entorno en que históricamente se ha perpetrado violencia en contra de la mujeres, la cual, constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de desigualdad entre los géneros y se basa en el abuso de poder socialmente asignado a los hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones íntimas. Cabe precisar que es un problema cultural complejo multidimensional y de gran magnitud que viven las mujeres, por lo que, cualquier esfuerzo encaminado hacia la erradicación, prevención y tratamiento de la violencia doméstica, se debe asumir un enfoque integral del fenómeno, es por ello que, las manifestaciones del menor en el sentido de que su madre ***vivía una constante violencia, a través de peleas y palabras ofensivas, lejos de estimarse desvinculadas con los hechos narrados, debe valorarse como el contexto frecuente e históricamente reiterado que constituye el escenario en el que se manifiesta la violencia doméstica en contra de las mujeres. De ahí que, en cumplimiento del mandato constitucional atribuido a este juzgador de analizar la racionalidad del juicio de ponderación que sobre determinada prueba realice la autoridad responsable al momento de confirmar el auto de no vinculación a proceso, se estima que asiste razón a la promovente al señalar en los incisos d) y e) de la reseña de sus conceptos de violación, que la resolución de la sala penal responsable resta credibilidad a su dicho, por el hecho de que su hijo no presenció las agresiones físicas de su victimario y que no encuentran justificación en una apreciación sustentada en la sana crítica. Al caso cobra aplicación la tesis 1o.2 P (11a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con registro digital 2024143, materia penal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 10, febrero de 2022, tomo III, página 2641, del rubro y texto siguiente: "REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. SU MERA REFERENCIA POR PARTE DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, SIN LA MENCIÓN ESPECÍFICA DEL POSTULADO LÓGICO, MÁXIMA DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO CIENTÍFICO QUE SUSTENTA SU PERSPECTIVA, NO SE TRADUCE EN QUE LA MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA ESTÉ REGIDA POR AQUÉLLAS. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia que, en vía de apelación, confirmó la postura del Tribunal de Enjuiciamiento en cuanto a dar por probada la hipótesis fáctica sustentada por la Fiscalía. En la audiencia de juicio oral, el órgano colegiado en mención, a través del Juez relator sostuvo, entre otras cuestiones, que la valoración de la prueba se sustentaba en las reglas de la sana crítica, pero sin precisar el criterio o directriz de lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico en concreto que respaldaba dicha valoración. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en la audiencia de juicio oral el Tribunal de Enjuiciamiento, al verbalizar el fallo relativo, expresa que la valoración de los elementos de juicio se apoya en las reglas de la sana crítica, pero sin puntualizar qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico es el que sirve de sustento de dicha valoración, la Sala que resuelva la apelación concerniente debe concluir que dicho rubro no se encuentra suficientemente motivado y, por ende, debe decretar la revocación de la determinación impugnada, así como la reposición parcial de la audiencia de juicio oral para que el tribunal primigenio repare esa deficiencia. Justificación: En concordancia con la obligación general de fundamentación y motivación que pesa sobre las autoridades jurisdiccionales en términos de los preceptos 14 y 16 de la Constitución General de la República, la justificación de los hechos en el actual sistema penal de corte acusatorio y oral, conforme a la fracción II del apartado A del artículo 20 de esa propia Norma Fundamental, en relación con los diversos 259, segundo párrafo, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica que la valoración de las pruebas por parte del Juez deba ser libre, pero sólo en cuanto a no estar sujeta a reglas preestablecidas en la norma, ya que tratándose del fallo pronunciado en audiencia de juicio oral, la debida determinación del grado de corroboración que aportan cada uno de los elementos de juicio incorporados a dicha audiencia, así como de manera conjunta, a las hipótesis fácticas en conflicto, se encuentra limitada por las reglas de la sana crítica, esto es, en función de lo ordenado por las que correspondan a la lógica, las máximas de la experiencia, así como los conocimientos científicos. Verbigracia, si el decisor asevera que un determinado testimonio aporta un grado de corroboración mínimo a la hipótesis de la defensa conforme a las "reglas de la lógica", esa estimación, necesariamente, debe estar acompañada de la mención de la regla de la lógica en específico que la soporte, por ejemplo, atento al principio de identidad, de no contradicción, del tercero excluido, o bien, de razón suficiente. En cambio, si el juzgador expresa que un determinado elemento de juicio aporta un nivel de confirmación elevado a la hipótesis de la Fiscalía al tenor de "las máximas de la experiencia", aquél deberá expresar a qué máxima en concreto se refiere, para lo cual deberá echar mano de la doctrina del razonamiento probatorio, a fin de descartar que dicha máxima en realidad constituya una simple convención social llena de prejuicios. Asimismo, a manera ejemplificativa, si el Juez se decanta por asignar un determinado valor probatorio a un testimonio respecto de la teoría del caso de la Fiscalía conforme a "los conocimientos científicos", desde luego que esa referencia deberá estar acompañada de la expresión de la rama científica en particular que respalda esa perspectiva; ello, dado que variará en mucho, por ejemplo, que el juzgador de los hechos examine la fiabilidad del testimonio al tenor de los avances de la psicología del testimonio, o bien, que lo haga con base en la psicología clínica, ya que esta última, a diferencia de la primera, rara vez pone en entre dicho la veracidad de lo externado por la parte ofendida o, inclusive, las técnicas que desarrolla -como la hipnosis-, las cuales tienden a degradar el recuerdo y a crear falsas memorias. Así, la valoración que se encuentre carente de la argumentación del cómo una determinada regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico sustenta esa apreciación, se equipara a una suerte de íntima convicción disfrazada de racional, pues en ese contexto se elimina la posibilidad de controlarla en instancias posteriores. Por tanto, este órgano jurisdiccional discrepa de la conclusión a la que arribó la sala penal responsable en el juicio de ponderación del dato de prueba derivado del adolescente de iniciales ***pues contrario a lo aseverado en la determinación controvertida, una sana lógica de su narrativa permite sostener que su arribo al lugar de los hechos en el instante en que escuchó el llamado de la quejosa y la visión que tuvo sobre su estado emocional y secuelas físicas, permiten afirmar que existe una relación de causalidad correlativa entre lo dicho por la promovente y el menor, ya que una máxima de la experiencia dicta que si una víctima recibe agresión física y psicológica de su victimario, queden resquicios y evidencias de esa agresión en el cuerpo de la ofendida, así como, que esa situación de violencia generen una alteración en su ánimo y en su percepción psico-emocional, lo cual es acorde a lo señalado por el menor declarante. Ahora bien, en los incisos f), g), h), i) y j), de la síntesis de conceptos de violación, las cuales se analizan conjuntamente por la íntima vinculación que guardan entre sí, al relacionarse con la apreciación que sobre los dictámenes médico y psicológico realizó el Tribunal de Apelación, se estiman fundados. Respecto a esos incisos, la quejosa se duele esencialmente de que el magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realizó una apreciación incorrecta de los dictámenes médico y psicológico que fueron incorporados en la audiencia inicial, debido a que contrario a su aseveración, esos dictámenes corroboran los hechos ocurridos el siete de febrero de dos mil veintiuno, donde el imputado ejerció violencia física y psicológica sobre ella. En la resolución combatida, la responsable señaló que los dictámenes médico y psicológico no acreditan los hechos narrados por la quejosa sucedidos el siete de febrero de dos mil veintiuno, ya que ninguno justifica que haya sucedido lo que alega la víctima, argumentando que de las lesiones que le fueron certificadas no son coincidentes con la narrativa de hechos al momento de la agresión; por lo que, la sala penal conviene con la juez de control, sin otorgarle valor a los datos de prueba antes mencionados. Bajo ese contexto, resulta relevante lo expuesto por la responsable, respecto a que no existe dato de prueba que indicie que los hechos sucedieron en el lugar y el modo como lo denunció la víctima, pues únicamente estaban la aquí quejosa y el imputado (tercero interesado) de ahí que el dicho de la víctima no se encuentre corroborado con algún dato de prueba. Lo anterior, resulta incongruente e insuficiente ya que la responsable no motiva porqué el hecho ocurrido al interior de un consultorio donde no hay testigos, necesita ser corroborado y que no exista dato de prueba alguna que resulte apto para ello. También es incongruente que señale que en un dictamen médico que certifica las lesiones y el que fue analizado por la responsable, no es un dato de prueba idóneo, porque no precisa con exactitud la coincidencia de las lesiones con la forma en que la ofendida narró los hechos, además de que al médico no le consta si en el referido dictamen advirtió golpes en diversas partes del cuerpo que hayan sido auto infligidas; tal argumento resulta infundado ya que, al contrario, dicha circunstancia debe generar en la responsable una alerta sobre alguna situación violenta en la que se encuentra involucrada la víctima y preguntarse qué le provocaron esas lesiones. Por tanto, al desestimar a priori que el dictamen médico que analiza las lesiones que fueron certificadas y concluir que no corresponden a la narrativa de la ofendida, no encuentran justificación en un juicio crítico derivado de la lógica y de la máxima de la experiencia, pues deja a un lado la evidencia irrefutable de que presenta lesiones en diversas partes del cuerpo, lo cual, valorado bajo el estándar mínimo exigible para el dictado de un auto de término constitucional, sí revela indicios que constata el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. En otras palabras, si la sala penal responsable considera que el dictamen médico que precisa que la víctima tiene lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron descritas en la propia experticia, como: 1. Eritema en la región occipital del lado derecho. 2. Edema por contusión en el pómulo izquierdo. 3. Escoriación lineal de un centímetro de longitud en la cara lateral del cuello. 4. Dos escoriaciones superficiales de un centímetro de longitud, cada una en cara lateral izquierda del cuello. 5. Escoriación lineal de punto cinco centímetros de longitud en la región intraclavicular derecha. 6. Edema del dedo medio y anular de la mano izquierda. También, debe considerar que tales lesiones constituyen datos de pruebas que indiquen una probable violencia familiar, por lo que, el juzgador debe por lo menos en aras de una debida motivación, esgrimir argumentos jurídicos de por qué no es un dato de prueba que sirva para acreditar que la quejosa ha sufrido violencia física o si tal dictamen acredita otros hechos, pero no limitarse a decir que a pesar de que la víctima presenta lesiones, éstas no corresponden a la forma en que supuestamente fue agredida. Tal ponderación realizada por el dato de prueba, consistente en el dictamen médico de la perito de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tiene relevancia si se atiende a las propias manifestaciones vertidas por la autoridad responsable y cuya literalidad se extrae de la versión escrita que remitió como respaldo de lo resuelto en la audiencia oral, en la que afirmó lo siguiente: "De la comparación que esta Sala realiza tanto de las lesiones que dice la víctima le fueron propinadas así como de las lesiones que le fueron certificadas a la misma, se advierte que dichas lesiones no corresponde en su totalidad a la forma en que refiere la víctima fue agredida físicamente por el imputado; esto es así, pues las lesiones marcadas con los números 1), 3), 4), pudieran corresponder al apretón de cuello que dice la víctima le realizó el imputado; la lesión marcada con el 2), pudiera pertenecer a la bofetada que le propinó; pero la número 6) no se encuentra justificada de acuerdo a la narración que hace la víctima de la forma en que fue agredida físicamente por el imputado, tan es así, que por ello no corresponde a los hechos imputados." La transcripción vertida pone en relieve que el juicio de ponderación realizado por la sala penal responsable al dato de prueba, no descansa en el derecho humano a la legalidad en su vertiente de una debida motivación surgida de la libre apreciación de la prueba pero justificada por la sana crítica, lo cual, implica un juicio de reflexión razonable, plausible y con sentido en las reglas de la lógica. Ello es así, porque no obstante a afirmarse que de las seis lesiones que presenta la víctima y que fueron descritas con puntualidad por la perito médica, cinco de ellas pudieran corresponder a la mecánica delictiva que sustenta la acción de violencia en contra de la quejosa con el fin de someterla, agredirla y dominarla, por tanto, la responsable en vez de otorgar valor probatorio, le resta valor ponderativo, ya que una de esa lesiones, bajo su apreciación no corresponde a la totalidad de las secuelas que por la violencia física ejercida dejó en el cuerpo de la quejosa. En ese sentido, se traduciría en desconocer el cambio de paradigma que rige el sistema penal acusatorio, pues acorde con las razones que el propio poder constituyente registró en el proceso legislativo que condujo a la reforma constitucional en materia penal, en la etapa inicial del procedimiento, ya no se requiere de pruebas, ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, en razón de que es suficiente establecer y constatar que ha acontecido un suceso que la ley señala como delito, para lo cual sólo es exigible la ponderación de los datos de prueba incorporados por la fiscalía en la formulación de imputación realizada en la audiencia inicial. Los lineamientos expuestos son pertinentes también para estimar que respecto del dictamen psicológico, la responsable incurrió en una indebida motivación, ya que al analizar dicho medio probatorio consideró que no corrobora el hecho sucedido y narrado por la aquí quejosa, además de que no es un dato de prueba pertinente para ese fin. Contrario a lo anterior, el tribunal debió exponer argumentos jurídicos del por qué no acredita tampoco la violencia psicológica, tomando en consideración que el artículo 404 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que la violencia familiar es toda acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Además, el diverso numeral 404 Bis, en su fracción II, señala en la parte que interesa, que la violencia psicoemocional es toda acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. Es decir, la violencia familiar no únicamente se refiere o debe actualizarse en la hipótesis de violencia física, sino que también se puede actualizar la violencia psicológica y para ello, es preponderante la declaración de la víctima y el dictamen psicológico realizado a ella, que entrelazados tienen valor probatorio. Al respecto, es aplicable la tesis III.2o.P.157 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo III, página 2187, registro digital 2019751, que se comparte, de rubro y texto siguientes:.. De igual manera, la tesis XVII.2o.P.A.30 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1896, registro digital 171561, que también se comparte, de rubro y texto siguientes:.. "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA... De ahí que, si el magistrado de la sala penal responsable, coincide con la juez de control en el sentido de que no se logró establecer el hecho señalado como delito de violencia familiar, debe exponer argumentos jurídicos sólidos y basados en un juicio crítico de ponderación de los datos de prueba, en los términos anotados en el presente fallo constitucional. Luego, si en el caso, al analizar los datos de prueba, con independencia de que ello sea correcto o no, se debe argumentar si con tales dictámenes en los que se determinó las lesiones que presentó la víctima y el estado emocional en que se encontraba, acreditan la violencia física y psicológica. En esa línea argumentativa resultan esencialmente fundados los conceptos de violación planteados por la aquí quejosa y por tanto, la resolución dictada en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, por el magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resulta insuficientemente motivada, en parte incongruente y no es exhaustiva en la ponderación que con base en la sana crítica y libre valoración de la prueba, debió realizar a los datos incorporados por la representación social del estado de Oaxaca; lo anterior, viola el derecho humano de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la tutela jurisdiccional, reconocidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución General de la República. ESTUDIO SOBRE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO En el presente apartado se abordará el examen constitucional sobre la ponderación realizada por la responsable, magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, respecto de los hechos narrados por la quejosa ***en relación con los actos de violencia física y psicológica que padeció el siete de febrero de dos mil veintiuno por parte del aquí tercero interesado ***. Del análisis jurídico practicado en la determinación controvertida, dictada por el tribunal de segunda instancia responsable, el doce de enero de dos mil veintitrés, se advierte que sostiene que el análisis de los datos de prueba apreciados por la juez de control de primera instancia, confrontados con los agravios vertidos en la apelación, lo llevaron a sostener que no existían elementos para acreditar que la mecánica de hechos narrada por la víctima correspondiera con el resultado material que presentó. Ahora bien, el tribunal de segunda instancia sostuvo que no advertía al estudiar los hechos y datos de prueba, que la juez de control haya vulnerado el principio de juzgar con perspectiva de género; para lo cual, a continuación se transcribe [por su trascendencia sobre el tópico en análisis]: "[.] Ahora, contrario a lo alegado por las apelantes en el caso, no se está exigiendo que los atestes mencionados declaren con tecnicismos, sino solamente que se conduzcan con la verdad de cómo sucedieron los hechos imputados, pues es evidente que al rendir su testimonio el hijo de la víctima se condujo con la verdad, ya que su testimonio fue coherente entre sí, porque manifestó que su mamá le refirió que "se habían peleado", se entiende con su papá pues era la única persona con la que se encontraba la víctima, además el menor manifestó que en sus convivencias SUS PAPÁS SE PELEABAN Y SE INSULTABAN ENTRE SI, ello obedece a que cuando el arribó al consultorio de su padre, su madre ya se encontraba llorando, que su papá tenía la playera rota y su mamá tenía rasguños en el cuello, circunstancias que la víctima omitió referir en sus declaraciones, pues nunca describió que su concubino tenía rota la playera; razones por las cuales este Tribunal Unitario determina que más bien se trata de una pelea más entre estos concubinos y que las lesiones que presenta la denunciante se deben a ese altercado que se suscitó entre ambos; tan es así que por ello la víctima refiere que tuvo oportunidad para lanzarle un "mono" a su concubino, es decir se advierte que tuvo tiempo para repeler la agresión de su concubino [.]" En otro párrafo de la versión escrita de la resolución emitida por la responsable, sostuvo: "[.] Por lo cual el testimonio del hijo de ambas partes no es idóneo ni pertinente para corroborar periféricamente el hecho denunciado por la víctima, en el sentido de que fue agredida únicamente por el imputado en la forma en que ella lo narra; pues contrario a ello lo que más bien se advierte es que entre ellos hubo un altercado, pero no que el imputado solamente haya ejercido violencia física o moral en contra de la víctima, dirigida a someter, controlar o agredir a la víctima [.]" Lo anterior condujo a la autoridad responsable a sostener que contrario a lo esgrimido por la apelante en sus agravios y lo expresado por la asesora jurídica de la víctima, la declaración de la quejosa ****no se encuentra corroborada con otro dato de prueba idóneo y pertinente que permita concluir que los hechos de violencia sucedieron en la forma en que lo narró, agregando que lo que indiciariamente se podía advertir, era que ambos intervinientes tuvieron un altercado, sin que se ponga de manifiesto que el imputado agredió a la víctima únicamente. Tales consideraciones transgreden los derechos fundamentales de la aquí peticionaria del amparo establecidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contrario a los sostenido por la sala responsable, el género tiene un papel trascendente, para juzgar el caso concreto en condiciones de igualdad. La perspectiva de género, es una herramienta de análisis que se ocupa en el ámbito jurídico y parte del reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros que margina a mujeres y niñas; por lo que, es una realidad que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado, ya que si fuera de manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que de manera casi invisible, perpetúan el estado de subordinación. Así, el juzgador debe analizar la forma en que la diferencia sexual pudo haberse traducido en desigualdad social, ya que como ha destacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el orden social de género es susceptible de determinar el acceso a los derechos en la medida en que provoca que las leyes, políticas públicas e interpretaciones que se hacen de las mismas, tengan impactos diferenciados en las personas según la posición que ocupan en dicha estructura jerárquica. Es por eso que, para emprender tal labor, el juzgador debe identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes. El poder que una persona ejerce es restado de otra; por ende, la jerarquía superior se construye a partir de la subordinación del resto de personas que no pertenecen a ella; es decir, el ejercicio del poder se refleja en la presencia de relaciones asimétricas o desiguales y/o situaciones violentas, donde una persona se sitúa en una posición de desventaja frente a otra. Asimismo, al momento de la valoración probatoria se debe atender dos cuestiones fundamentales que ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1. Evitar cualquier visión estereotipada o prejuiciosa al momento de valorar las pruebas, puesto que ello, por sí mismo, puede redundar en la vulneración de algún derecho, aunado a que permite la perpetuación de las desigualdades entre los géneros. 2. Identificar la forma en la que incide el género al momento de otorgar valor a las pruebas. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, es necesario recabar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. En cualquier escenario, las autoridades jurisdiccionales deberán respetar las reglas procesales y particularidades de cada materia, pues se tiene presente que no todas comparten los mismos principios, en el caso, el sistema penal adversarial se debe buscar la forma de hacer compatible la sustanciación del procedimiento y el dictado de las resoluciones con la obligación de juzgar con perspectiva de género. Por lo que, detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, el juzgador debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género. Para ello, debe aplicarse los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los infantes. Además, debe considerarse que el método exige que en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que, debe utilizarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En este aspecto, se precisa que los estereotipos y prejuicios de género son ideas que tienen la capacidad de distorsionar las percepciones y dar lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos, ya que son figuras que afectan la objetividad de los funcionarios estatales influyendo su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho delictivo. Conforme a esa medida, comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia dando lugar a la denegación del derecho a acceder a un juicio justo e imparcial, especialmente en el caso de las mujeres, niñas y minorías sexuales, quienes históricamente han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, del libro 29, abril de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2011430, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO... En este punto, resulta pertinente traer a colación lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6181/2016, en lo relativo a los efectos de la violencia perpetrada en la familia: "[.] 1. Los efectos de la violencia perpetrada en la familia en contra de las mujeres La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém Do Pará, en su artículo primero, indica que la violencia contra la mujer es "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo segundo del mismo tratado, añade que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica y tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. En el ámbito nacional, el artículo séptimo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que la violencia familiar es "el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho". Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal en su artículo séptimo, fracción primera, recoge el mismo concepto de violencia familiar. Ahora bien, la literatura especializada indica que "la violencia doméstica constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de desigualdad entre los géneros y se basa en el abuso de poder socialmente asignado a los hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones íntimas. Es un problema cultural complejo, multidimensional y de gran magnitud que viven las mujeres de todas las culturas, incluida la latinoamericana. Cualquier esfuerzo encaminado hacia la erradicación, prevención y tratamiento de la violencia doméstica debe asumir un enfoque integral del fenómeno, es decir, contemplar las aristas legales, psicológicas, antropológicas, sociales y políticas para que sea eficaz". En el mismo sentido, se ha indicado que la "expresión más cruda y trágica de la violencia de género, es la que deriva en la muerte de mujeres como consecuencia de agresiones mortales que provienen en su mayoría de la pareja sentimental, parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a las que ellas quieren, aprecian y confían; otras más, que también forman parte de la violencia de género, provienen de extraños y de grupos de delincuencia organizada [.]". Las mujeres que están en relaciones violentas se encuentran atrapadas en el ciclo de la violencia que también es conocido como el síndrome de la mujer maltratada. De conformidad con Elena Larrauri, éste se caracteriza por tener tres fases: a) Fase 1: episodios abusivos *** en los que suceden actos de violencia menor y abuso verbal -la mujer intenta con su pasividad evitar un incremento de la violencia. b) Fase 2: ejercicio de una mayor fuerza física *** producto de la tensión, rabia o miedo desencadena el ataque violento -la víctima se concentra en sobrevivir [.]. c) Fase 3: calma, actos de arrepentimiento *** demandas de perdón y promesas de buscar ayuda externa -la mujer cree y quiere creer los propósitos de enmienda, intenta que la relación funcione en medio de una gran tensión que origina un regreso a la fase primera. La teoría en la cual se basan los estudios de la Dra. Walker es en lo que en psicología se denomina «indefensión aprendida» *** [.] De acuerdo a ésta las personas sometidas a procesos violentos desarrollan un sentimiento de que nada de lo que hagan alterará el resultado. Finalmente no intentan evitarlo aun en el supuesto de que existirán medios para ello. Ello explicaría el por qué la mujer maltratada permanece junto a su marido. Factores económicos (falta de independencia económica) y factores sociales (la atribución de un fracaso) coadyuvarían a que la mujer se sintiera inerme frente a la violencia doméstica [.]. Las mujeres que viven en contextos de violencia familiar, repiten constantemente el ciclo de la violencia descrito, de forma tal que creen perder el control respecto de la situación de abuso. Creen que es imposible escapar, inclusive cuando pudieran hacerlo. Las mujeres maltratadas se vuelven pasivas y su motivación para dejar las relaciones violentas disminuye a tal grado que no pueden salir de esas relaciones. Por lo tanto, sufren más abuso y quedan atrapadas en el ciclo de la violencia. En las relaciones abusivas "los hombres agresivos pueden llegar a controlar totalmente a las mujeres que maltratan; controlan su dinero, su ropa, su comida. Sistemáticamente cortan el contacto con sus familiares y sus amigos. Las mujeres maltratadas saben que si tratan de escapar, ellas mismas y sus hijos corren peligro y enfrentan peligro de muerte cuando intentan salir de la relación abusiva. En muchas ocasiones la violencia llega a escalar a tal punto que las mujeres maltratadas tienen que elegir entre su vida y la de sus hijos o la vida de su agresor. En este sentido, las mujeres que enfrentan violencia familiar, en muchas ocasiones enfrentan peligro de muerte, lo anterior de conformidad con el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014, que indica lo siguiente: Los asesinatos de mujeres por ahorcamiento y medios similares ocurridos en la vivienda alcanzaron su máximo en 2004, y diez años después sólo se han reducido 9%. Los correspondientes a objetos cortantes en el hogar alcanzan su máximo en 2013, y aunque en 2014 se registró una reducción de 16%, las tasas de ese año duplican las observadas en el periodo 1985-2005. Las tasas de [defunciones femeninas con presunción de homicidio] ocurridas en la vía pública debidas a ahorcamiento y similares y a objetos cortantes son muy parecidas; se cuadruplicaron entre 2007 y 2012, y en los últimos dos años se han reducido 37 y 39%, respectivamente. En cambio, y en un marcado contraste con el resto de tasas de [defunciones femeninas con presunción de homicidio], en los últimos dos años aquellas ocurridas en el hogar en las que se recurrió a ahorcamiento y similares y a objetos cortantes, crecieron una cuarta y una quinta parte, respectivamente. Es decir, ha habido un aumento reciente en los casos en que las mujeres son estranguladas o acuchilladas en sus viviendas. Resulta muy importante hacer este tipo de distinciones, pues la disminución de las [defunciones femeninas con presunción de homicidio] observada en los dos últimos años se explica principalmente por la reducción de las ocurridas en la vía pública, lo que no ha ocurrido en las que tuvieron lugar en la vivienda. Además, llama la atención que se hayan incrementado aquellas en las que se recurrió a los medios más crueles y que tuvieron lugar en sus propios hogares. Es necesario por tanto trabajar para erradicar estas formas de violencia feminicida en los espacios domésticos, lo cual requiere estrategias específicas dirigidas a cambios estructurales (énfasis añadido). Por otro lado, los efectos de la violencia son diversos ya que las mujeres maltratadas pueden presentar depresión, baja autoestima; inseguridad y vivir en aislamiento, lo que implica que ellas mismas o por su dificultad de comunicarse con los demás, han roto sus redes sociales, lo que les provoca una sensación de soledad e indefensión. Asimismo, viven con miedo constante de su agresor. Ese sentimiento generalmente se funda en diversas amenazas y manipulaciones y en las experiencias de violencia que han vivido. Las mujeres maltratadas también presentan depresión, que se manifiesta en la pérdida del sentido de la vida y en tristeza profunda por no haber mantenido una relación, la armonía en el hogar, la estabilidad de los hijos, por no cubrir sus propias expectativas, o las que de ella se esperaban. Las víctimas de violencia también se sienten avergonzadas de lo que les ocurre, por lo tanto, guardan silencio acerca de su situación. Asimismo, tienen sentimientos de culpa, ya que asumen que la situación que viven es responsabilidad de ellas y piensan que merecen ser maltratadas. Además, un alto porcentaje de mujeres que viven en contextos de violencia, tienen estrés postraumático, lo cual explica la sensación de terror y amenaza constante, inclusive sin que se esté suscitando un episodio de agresión. Existe la creencia de que las mujeres maltratadas fácilmente pueden dejar una relación violenta. No obstante, hay diversos factores que influyen en una decisión de ese tipo, como la dependencia económica, el aislamiento, la vergüenza de buscar ayuda, la presión social o religiosa para permanecer en la relación violenta o el miedo de generar represalias o episodios de violencia más agudos en contra suya o de sus hijos. Este último factor suele tener mucho peso para que las mujeres que sufren violencia familiar no se separen de sus parejas agresoras. Asimismo, las mujeres que sufren violencia, se quedan con su pareja porque esa persona es a la que aman y en muchas ocasiones es el padre de sus hijos [.]" Por otra parte, los artículos 404 y 404 bis, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen el hecho que la ley señala como delito y que es atribuido por la representación social en contra de *** cometido en agravio de la víctima aquí quejosa, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima." "Artículo 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: [.] II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio [.]." De lo transcrito, se desprende que la violencia familiar es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Además, la violencia psicoemocional es la acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. En ese aspecto, se destaca el contenido de los artículos 6 y 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: "Artículo 6. Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio [.]" "Artículo 7. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho." De tales preceptos, se advierte que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Al mismo tiempo, la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Bajo ese contexto, quien resuelve considera fundados los conceptos de violación narrados por la quejosa en su demanda de amparo y sintetizados en los incisos d), e), i), k) y l), del apartado correspondiente de este fallo.Como se adelantó, en el presente juicio, el género tiene un papel transcendente, ya que, de manera desacertada la sala responsable omitió realizar pronunciamiento respecto de la asimetría de poder alguna entre el imputado y la víctima; no obstante, debió realizar un análisis del asunto aplicando el método para juzgar con perspectiva de género a través del cual identificará si existen relaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta del desequilibrio y de la situación de desventaja en que vivía la quejosa al momento en que ocurrieron los hechos. Para ello, debió revelar el contexto de violencia que la aquí disidente enfrentaba a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar su derecho a la justicia de manera efectiva e igualitaria. Al ponderar los datos de prueba, la sala responsable debió cuestionar los hechos y desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, debido a que lo que quedó evidenciado es que el hecho narrado por la víctima se trataba de una pelea más entre concubinos y que las lesiones que presentaba la denunciante se debieron a un altercado que se suscitó entre ambos. Tal afirmación, genera una imagen estereotipada de la violencia entre mujeres y hombres y que socialmente son aceptadas las diferencias entre concubinos, frecuentemente materializándose en peleas o discusiones, que incluso pueden llegar a las agresiones físicas o psicológicas. Bajo esta visión de considerar que por las relaciones de concubinato o de matrimonio, resulta permisible estimar que las desavenencias entre ellos se erigen en un plano de igualdad en donde la agresión recíproca descarta la idea de la existencia de una víctima y un victimario, lo cual, constituye un arquetipo que tiene a normalizar las discusiones y conflictos de sus intervinientes, dejando a un lado la simetría; es decir, que uno de los sujetos se encuentre en un plano de desigualdad y desproporcionalidad. Ciertamente, la idea de considerar que la mujer por el hecho de participar pasiva o activamente en discusiones frecuentes con su concubino o cónyuge deja de tener el carácter de víctima de violencia, ante la posibilidad de que pueda repeler esta agresión es una conclusión socialmente recurrente que tiende a invisibilizar la situación de desventaja en que se ubica la mujer en esos conflictos. Por ello, la afirmación de la responsable de que los hechos narrados por la quejosa, se traduce en un altercado en el que intervino con su concubino, en donde ambos se profirieron agresiones, que se tradujeron en la evidencia de rasguños en el cuello de la ofendida y en la playera rota del imputado, según lo declarado por el hijo de ambos, que presenció esas secuelas, momento inmediato posterior a la agresión narrada por la denunciante, mismos que constituye una óptica que tiende a despenalizar el comportamiento del concubino victimario, por el hecho de que la denunciante intervino en el altercado, pasando por alto las condiciones particulares de vulnerabilidad que por cuestiones de género presentaba con su victimario, colocándola en un plano de asimetría y desigualdad ante la situación violenta, pues se encontraba en una situación de desventaja frente a la otra. Así, reducir la violencia doméstica que padece la mujer a un simple altercado entre concubinos, implica desconocer la realidad social imperante en el fenómeno de las agresiones que acontecen en una relación entre dos personas, con diferencias de género; pues en el caso específico, el juzgador de segunda instancia debe evitar cualquier visión estereotipada o prejuiciosa al momento de valorar los datos de prueba, puesto que ello por sí mismo, puede redundar en la vulneración de algún derecho, aunado a que permite la perpetuación de las desigualdades entre géneros. Ahora bien, de los datos de prueba incorporados por la fiscalía a la audiencia inicial, se desprende que la quejosa ***narró que al menos en dos ocasiones el siete de febrero de dos mil veintiuno y treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, recibió agresiones físicas y psicológicas por parte de su concubino. Tal situación de violencia familiar se ve corroborada con la narrativa expuesta por el menor hijo de iniciales ***en la que aseveró que era una constante actitud entre ellos las discusiones y peleas. Las secuelas de la violencia que recurrentemente recibía la denunciante y que narró a la perito en psicología, llevó a la experta a concluir que la promovente ***presenta ideas inadecuadas de sí misma, de sus habilidades y capacidades al sentirse menospreciada, anulada y sin reconocimiento, con pérdida de su identidad de mujer, madre y/o figura importante de la familia, autoestima y de mecanismos de afrontamiento generados por la violencia familiar vivenciada, en respuesta del factor de estrés identificable como lo es su cónyuge, presentando afectaciones psicológicas emocionales, comportamentales, asociados a maltrato físico y psicológico. Igualmente, se concluye que la violencia intrafamiliar puede ser de realización oculta en ausencia de testigos, es por eso que la declaración de la víctima debe ser analizada conforme a una impartición de justicia con perspectiva de género, lo cual implica un análisis integral de los datos de prueba que generen indicios internos o externos de la presencia de ese fenómeno de agresión doméstica, así, la prueba pericial en psicología resulta idónea como prueba directa, ya que al tratase del estado emocional actual de la víctima del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos. De modo que, si la prueba psicológica no tiene como objeto demostrar los hechos de violencia familiar, sí permite conocer los rasgos secuenciales que derivan de la violencia ejercida sobre la mujer en una relación asimétrica, aspecto que debió ser valorado por el tribunal responsable para otorgar credibilidad al señalamiento de la denunciante. En otro aspecto, la afirmación que se sostiene en la determinación materia del amparo, en el sentido que existen datos suficientes para concluir que entre la quejosa y su agresor se suscitó simplemente un altercado y no una agresión física del imputado en contra de aquella, se estima que constituye un estereotipo más que desconoce el estado de desigualdad en que se ubica la mujer en el fenómeno de la violencia doméstica, pues dicha afirmación tácitamente implica que al haber intervenido ella en una discusión con su pareja, se descarta el hecho de que éste haya infligido agresión física a la víctima con el fin de someterla o dañarla corporalmente, desconociendo que en esas relaciones de desigualdad, la reacción defensiva de la mujer frecuentemente es para repeler la violencia que recibe, lo cual en muchos de los casos resulta infructífera. Consecuentemente, al afirmar que la discusión que estimó acreditada el Tribunal de Alzada suscitada entre la quejosa y el aquí tercero interesado, no constituye el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, pues no justifica que esa agresión hubiera sido unilateral del imputado hacia su pareja, sino que derivó de las agresiones reciprocas entre ellos, lo cual, implica acentuar una vez más el estereotipo y prejuicio de que las mujeres que intervienen en esos fenómenos de agresividad lo hacen en un plano de igualdad con su pareja emocional. Por otra parte, la ponderación realizada por la sala responsable a la narrativa aportada por la quejosa ***que lo llevó a restarle credibilidad a su dicho y la aseveración categórica que en el caso, los hechos no sucedieron tal como lo denunció la víctima, trasgrede el derecho humano de la promovente a que su denuncia sea juzgada con perspectiva de género. Ciertamente, en la determinación controvertida, se sostuvo que no era verosímil lo narrado por ***pues ésta nunca señaló que su pareja tuviera rota la playera, aspecto que fue observado por su menor hijo, así como, que no resultaba factible ante la mecánica de los hechos que ésta hubiera aventado un "mono" a su agresor con el fin de repeler la agresión que sufría, puesto que la misma afirmó que éste ejercía la acción de ahorcamiento sobre su cuello, lo cual implicaba a criterio de la responsable, que necesariamente se requería de distancia entre ambos. Dicha apreciación, se estima sesgada y desatiende el contexto de violencia que sufrió previo a la declaración que realizó ante la representación social, pues no debe perderse de vista que la denuncia correspondiente se presentó el mismo día, siete de febrero de dos mil veintiuno, en el que se suscitaron los hechos. Al respecto, sobre la exigencia de congruencia y exactitud requerida por la sala penal responsable para dotar de credibilidad el señalamiento de la aquí quejosa, debe atenderse a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú y otra, contra el Estado Mexicano, cuya sentencia de condena internacional emitida el quince de mayo de dos mil once, se analizó que las declaraciones vertidas por mujeres que sufren de violencia sexual, psicológica o física, deben valorarse bajo el contexto traumático en que son vertidas. Así, la citada Corte Internacional, en el párrafo 91 de la sentencia en consulta, sostuvo que no es inusual que el recuento de hechos de naturaleza violenta contenga algunos aspectos que puedan ser considerados a priori, inconsistencias en el relato; sin embargo, los tribunales deben tomar en cuenta el contexto de agresividad que envuelve los hechos narrados, pues los mismos se relacionan a un momento traumático sufrido por las víctimas, cuyo impacto en su ánimo puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. De lo expuesto, se desprende que la narrativa hecha por la quejosa ***en caso de presentar inconsistencias debe ser ponderada con base en la sana crítica y bajo una perspectiva de género, pues no puede soslayarse que al emitir su versión, se encontraba en un estado de alteración psíquica-emocional, que la pudo hacer incurrir en ciertas imprecisiones, las cuales deben ser valoradas por la autoridad responsable de manera conjunta y sistemática, con libre apreciación de los restantes datos de prueba cuya legalidad en su apreciación fue analizada en el presente fallo. Ello es así, ya que la sala responsable no debe soslayar que el derecho a la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir con argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efecto ejercicio del derecho a la igualdad. También, en caso de detectar la situación de desventaja por cuestiones de género en el contexto de violencia familiar, debió cuestionarse la neutralidad del derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género y tomar en cuenta los efectos de la violencia en cuestión, así como, lo relativo a las lesiones que presentaba la víctima y la corroboración que sobre su narrativa brindaban los datos de prueba incorporados por la representación social del Estado de Oaxaca. Por tanto, al considerarse que la responsable transgrede en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 4º constitucionales, ya que en el caso reviste especial importancia el análisis aplicando el método para juzgar con perspectiva de género, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, en contra de la determinación reclamada, la cual, adolece de la debida motivación que en todo acto de autoridad debe prevalecer, acorde a lo inmerso en el artículo 16 constitucional. DECISIÓN Al resultar fundados y suplidos en su deficiencia los argumentos expuestos por la parte quejosa, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ***en contra de la determinación adoptada en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ***, por los magistrados de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde se confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de *** emitido por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, en la causa penal ***por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto en los numerales 404, 404 BIS, fracciones I y II, y 405 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Los efectos de la concesión de amparo se hacen extensivos al acto atribuido a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, en vía de cumplimiento de la determinación que adopte la sala penal responsable. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el tercero interesado ***, puesto que atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en razón de que conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO... EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO De conformidad con lo estipulado por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la directa quejosa para que una vez que la presente resolución se encuentre firme, la autoridad responsable, Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente: Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca de penal ***, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de ***. Siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, tomando en consideración que opera a favor de la víctima la suplencia de la queja y el tipo de delito de que se trata, atendiendo con completitud los agravios de la apelante, emita una nueva determinación de manera fundada y motivada, en la que analice los datos de prueba incorporados por la representación social en la audiencia inicial, así como, la ponderación realizada por la juez de control. Dicha resolución deberá ser analizada con perspectiva de género, resolviendo lo conducente con plenitud de jurisdicción. Por su parte, la responsable, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, deberá dar cumplimiento a la determinación que emita el Tribunal de Apelación, con motivo del presente amparo. Ante lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***en contra de los actos reclamados al magistrado titular de la Décima Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo y efectos que se precisan en el diverso XII. Notifíquese

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ********************, por medio del cual solicita copia de las constancias que integran el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza expedir copia certificada de las constancias que solicita, previa identificación de la persona que autoriza para tal efecto y razón de entrega que se deje en autos para debida constancia. Sin embargo, ante el volumen de las copias que se obtendría, éstas serán adquiridas una vez que reanude actividades el centro de fotocopiado que presta servicio a este edificio sede del Poder Judicial de la Federación, el cual se encuentra temporalmente suspendido. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtenga su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pueda consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/20201, que establece que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, debido a que tales documentos electrónicos cuenta con evidencia criptográfica de los firmantes, por lo que se considerarán una copia certificada electrónicamente. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO) ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, sin embargo, por la razón expuesta en párrafo que antecede, no fue posible celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las doce horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano