Eloy Miguel Venegas Jiménez
Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eloy Miguel Venegas Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se negó la protección constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se negó la protección constitucional a la parte quejosa, conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el ordinal 18, fracción I, inciso b), del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, en donde se negó la protección constitucional a la parte quejosa y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1179/2022 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la resolución dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se negó la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente se negó la suspensión provisional y la definitiva conforme a lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva el presente incidente no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1179/2022, promovido por ******************** por propio derecho, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, y remitido por razón de turno el mismo día a este órgano de control constitucional, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto consistente en: AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. ACTO RECLAMADO. La improcedencia del sobreseimiento en la causa penal 408/2022. SEGUNDO. Trámite del Juicio. En proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la referida demanda de amparo, registrándose con el número 1179/2022; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señalaron día y hora, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en términos del acta que antecede, por lo que ahora, se procede a emitir la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer del presente juicio de derechos, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones I y II, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, se tiene que la demanda se presentó oportunamente, pues al quejoso ******************** se le notificó la resolución de improcedencia de sobreseimiento de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en esa misma fecha, precisamente al concluir la audiencia y la demanda se presentó el catorce de octubre del mismo año, de ahí que, es indudable que está dentro del término de ley. TERCERO. Fijación de la Litis. El artículo 74 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de amparo con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según trata la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y"ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye: La improcedencia del sobreseimiento en la causa penal 408/2022. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuible a la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Información que se acredita con el disco versátil, que contiene la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, relativa a la negativa de sobreseimiento dictada en audiencia en la causa penal 408/2022. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". Y, respecto al almacenamiento de datos que contiene el contenido del disco óptico, también adquiere la naturaleza jurídica de prueba documental pública, y debe tenerse por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen o no las partes o que este órgano de Control Constitucional advierta de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia número 814, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Luego, si las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este órgano de Control Constitucional advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo que procede es analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada. SEXTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. De la información proporcionada por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, y del registro digital remitido por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprenden los siguientes anteceden del acto. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la reanudación de la audiencia inicial, previo desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa y de las alegaciones vertidas por las partes, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal ********************en contra de ******************** por estimar la actualización del hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el artículo 247, primer párrafo, del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales P. M. J. E. En contra de esa determinación, la defensa pública del imputado ******************** interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien formó el toca penal JOTPAL/14/2022. Por resolución de seis de julio de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada de mérito, emitió fallo de segunda instancia en la que resolvió revocar la resolución recurrida y, en su lugar, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ******************** por la comisión del delito señalado con antelación. Por audiencia celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, la Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, por solicitud de la defensa del imputado de mérito, resolvió improcedente el sobreseimiento de la causa al no actualizarse el supuesto de ley previsto en el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimiento Penales. Resolución que constituye el acto reclamado. OCTAVO. Examen de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, sin que se haya advertido motivo de inconformidad que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ellos, el quejoso manifiesta: a) Que la Juez de Control, no fundó ni motivó su determinación de negar el sobreseimiento de la causa penal ********************pues existen datos de prueba con un estándar probatorio alto que demuestran que no estuvo en el lugar de los hechos que le fueron imputados, ni tomó en consideración la información vertida en audiencia, ya que no valoró las alegaciones de la defensa. b) Que la Juez de Primera Instancia, no realizó una valoración exhaustiva de los datos de prueba que sustentaron la no vinculación a proceso, emitido a su favor, ni determinó los alcances probatorios de esos datos, de los que se evidencia claramente su inocencia; resolución que no fue recurrida, por lo que adquirió firmeza legal. c) Que no se atendió la manifestación de la defensa, de que procedía el sobreseimiento de la causa, porque si se evidenció que no estuvo en el lugar de los hechos incriminados, por lógica debió estimarse demostrada su inocencia y con ello sobreseer en el juicio con efectos de sentencia absolutoria. d) Que en términos de lo dispuesto por el artículo 330, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control de oficio, debe decretar el sobreseimiento, incluso por motivos distintos a los planteados por la defensa, por lo que al haberse acreditado de manera contundente que no estuvo en el lugar de los hechos, la Juez de Control no debió negar el sobreseimiento solicitado. e) Que la Juez responsable no tomó en cuenta, y los datos de prueba aportados por la defensa, con los que se desvirtúa la imputación ministerial, respecto de la probable autoría de Eloy Venegas Jiménez, porque con ellos, se les restó alcance probatorio al informe policial homologado, a la declaración de los padres de las víctimas y al propio señalamiento de ésta, ya que de la reproducción del video proyectado en la audiencia, se advierte que el imputado no estuvo en el momento y lugar de los hechos delictivos. f) Que si bien, el artículo 319, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no impide al Ministerio Público continuar con la investigación, sin embargo, esa investigación, debe realizarse con base a lo argumentado en la audiencia y la Fiscalía no manifestó con que datos de prueba desvirtuaría lo evidenciado de la reproducción del video, y sólo anunció que continuaría con la indagatoria. Se reitera, que esos conceptos de violación son infundados, en virtud de los motivos y fundamentos que enseguida se exponen: Los artículos 327 al 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: El hecho no se cometió; El hecho cometido no constituye delito; Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; El imputado esté exento de responsabilidad penal; Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; Muerte del imputado, o En los demás casos en que lo disponga la ley. "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial. El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." "Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento. El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir." Por su parte, el artículo 319, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo establece: "Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso (.) El auto de no vinculación a proceso, no impide que el ministerio publique continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. La interpretación sistemática de los artículos transcritos pone de relieve que el código adjetivo no establece precepto alguno que limite la interposición del incidente de sobreseimiento a determinada etapa del proceso penal acusatorio. Sin embargo, también queda claro que el sobreseimiento firme se traduce en la culminación del proceso y privilegia el derecho del imputado a destruir la acusación en su contra, con la finalidad de gozar en forma absoluta de su derecho fundamental a la libertad personal, es decir, tiene efectos de sentencia absolutoria. Por tanto, cabe afirmar que puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, incluso en la audiencia intermedia, pues su estudio es preferente y no pueda relegarse esa decisión a una etapa futura, por lo que debe tramitarse y resolverse conforme al sistema que prevén los artículos 327 a 330 señalados, sin postergar su resolución, máxime que la referida causa de sobreseimiento no implica cuestiones probatorias, sino simplemente constatar si efectivamente el hecho por el cual se formula acusación al procesado constituye delito o se demostró su inocencia. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis I.1o.P.5 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL JUEZ DE CONTROL DEBE PRONUNCIARSE RESPECTO DE SU ACTUALIZACIÓN SIN DESAHOGAR O VALORAR MEDIOS PROBATORIOS, Y NO DEJAR A SALVO ESE TEMA HASTA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE JUICIO POR CONSIDERAR QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE RECLASIFICAR LA CONDUCTA DELICTIVA IMPUTADA.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro II, Marzo de 2022, Tomo IV, Undécima Época, registro digital 2024341. Del análisis de los antecedentes del caso, y en particular de la audiencia contenida en el disco versátil remitido por la Juez de Control responsable, se advierte que la defensa fundamentó su petición de sobreseimiento de la causa penal ********************en el supuesto previsto en el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la procedencia del sobreseimiento, entre otras hipótesis, cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Sentado lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el quejoso, reseñado en el inciso a), pues contrario a ello, del análisis de la audiencia celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, contenida en el respaldo informático remitido por la Juez de Control responsable, se advierte que en ella se establecieron los fundamento de derecho y motivación adecuada para desestimar la pretensión de sobreseimiento de la defensa. Pues se estimó que en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al respecto la juzgadora aseveró que, si bien, la Sala Penal que conoció del recurso de apelación, determinó la revocación del fallo primario, emitiendo auto de no vinculación a proceso, de la consulta a la ejecutoria de referencia, también se advertía que el Tribunal de Alzada, no reconoció la inocencia del inculpado, sino que, los datos de prueba que hasta ese momento procesal había aportado la Fiscalía, no hacían probable tal circunstancia, y, por ello, esa determinación de la Sala Penal no constituía obstáculo para que la Fiscalía continúe investigando el hecho. Asimismo, contrario a lo manifestado por el quejoso, la Juzgadora de origen, si valoró la información vertida en audiencia, y las alegaciones de la defensa, pues al respecto consideró que si bien la Alzada examinó los datos de prueba aportados por aquélla, y determinó emitir auto de no vinculación a proceso, ello no significa que en el caso se evidencie de manera contundente la inocencia de ******************** esto debido al estándar probatorio que se requiere para el dictado de un auto de esa naturaleza; de ahí que no existían condiciones jurídicas para decretar el sobreseimiento, en los términos que señala la fracción III, del numeral 327 del Código adjetivo de la materia, lo cual se considera acertado. Ello es así, porque de la consulta a los razonamiento emitidos por la Décima Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cuya determinación fue trascrita por el propio quejoso en su demanda de amparo, se advierte que si bien el órgano revisor, tomó en consideración el video aportado por la defensa en el que se advierte que el hoy quejoso no se encontraba en el día, lugar y hora de los hechos narrados por la Fiscalía, lo cual estimó suficiente para desvirtuar la teoría del caso expuesta por la institución ministerial, también precisó: "Lo anterior no implica que en esta resolución se afirme que ******************** no cometió o participó en el hecho que se le imputa, sino únicamente que los datos de prueba con que hasta este momento cuenta la Fiscalía no hacen probable tal circunstancia; así, no constituye un obstáculo para que el ministerio público, en cumplimiento a su deber constitucional, siga investigando el hecho, apegando su actuar a los lineamientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales." De ahí, que como acertadamente resolvió la Juez de Control, no se actualizaba la hipótesis de sobreseimiento, propuesta por la defensa, pues en ese sentido la determinación de no vinculación emitida por el Tribunal de Apelación, no determinó su inocencia de manera irrefutable, requisito normativo previsto en la fracción III, del artículo 327 del Código procesal en consulta. Tampoco le asiste razón al quejoso en lo señalado en los incisos b) y e), en los que, en síntesis, aduce que la Juez de Primera Instancia, no realizó una valoración exhaustiva de los datos de prueba, con los que se desvirtúa los elementos probatorios de cargo, que sustentaron la formulación de imputación. Al respecto, debe decirse que en esta resolución, el Juez de Control, sólo está facultado para el sobreseimiento de la causa, cuando se actualicen de manera fehaciente las hipótesis previstas en el artículo 327, de la codificación en comento, pues para la procedencia del mismo, no es dable la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados en alguna de las determinaciones judiciales emitidas en el proceso. Es decir, la solicitud de sobreseimiento, no tiene el objeto de abrir otra instancia en donde se valoren nuevamente los elementos de cargo y de descargo que fundamentaron y motivaron una determinación de no vinculación; máxime que dada su propia naturaleza jurídica, la no vinculación no determina la inocencia del imputado, sino solamente la inexistencia en esa etapa primaria del juicio de datos de prueba suficientes y eficaces que justifiquen el hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. De ahí, que no procedía retomar el análisis de las pruebas valoradas por el Tribunal de Apelación, con el fin propuesto por el quejoso de que se tuviera por plenamente demostrada su inocencia, pues su justipreciación la realizó el órgano de Alzada, al momento de emitir su determinación, siendo que como lo señala la Juez de Primera Instancia, esa valoración condujo a estimar que en esta estadio procesal la Fiscalía no contaba con evidencia suficiente para acreditar su probable intervención en el hecho delictivo atribuido, pero ello no implicaba el reconocimiento de su inocencia, pues sólo tornaba necesario continuar con la investigación a fin de dilucidar la identidad de quien cometió el injusto criminal. Ilustra lo expuesto, el criterio contenido en la tesis XVII.1o.P.A.99 P (10a.)11, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOZCA DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ANALIZAR Y VALORAR MEDIOS DE PRUEBA. El objeto de la etapa intermedia prevista en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se basa en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral previsto en el artículo 348 del mismo ordenamiento. En ese tenor, al solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del referido código, en la etapa intermedia, la audiencia respectiva debe versar en anular aquellos medios de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso, mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa penal, surgiendo así, la necesidad de hacer cesar sus efectos. De lo anterior, se desprende el hecho de que el referido sobreseimiento no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución de vinculación a proceso, es decir, la mencionada solicitud de sobreseimiento no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que éste es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica, razón por la cual, el Juez de Control que conozca de la audiencia de sobreseimiento se encuentra imposibilitado para analizar y valorar dichos medios; realizar lo contrario y valorar anticipadamente las pruebas ofrecidas, desvirtuaría la solicitud de sobreseimiento y, por ende, dejaría de tener razón de existir la etapa de juicio oral." De igual forma, es aplicable al caso, por los motivos que la sustentan, la tesis VI.2o.P.63 P (10a.)12 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLO EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO, NO LE ES EXIGIBLE AL JUEZ DE CONTROL TENER A LA VISTA MEDIOS DE PRUEBA, PROVEER SU DESAHOGO NI REALIZAR UN EJERCICIO DE VALORACIÓN EXHAUSTIVO. Partiendo de la premisa de que el sistema penal acusatorio se rige por etapas conclusivas y secuenciales (investigación -en sus fases inicial y complementaria-, intermedia y juicio), puede afirmarse que el concepto de prueba transcurre durante el proceso y se verifica en función del objetivo concreto de cada audiencia, acorde con la desformalización concretada por el Código Nacional de Procedimientos Penales en la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba; de ahí que la propia legislación adjetiva establece cuáles pruebas, de manera excepcional, pueden llegar a desahogarse en etapas previas al juicio (por ejemplo, en audiencia inicial o su continuación, en revisión de medidas cautelares, o la prueba anticipada, ésta bajo su propia reglamentación). Por su parte, el sobreseimiento, entendido a la luz del sistema penal acusatorio como la resolución judicial por virtud de la cual se decide la terminación -total o parcial- del proceso, por ciertas causas legales que impiden su continuidad y su posterior apertura respecto de los mismos hechos, generando el cese de las medidas cautelares y la autoridad de cosa juzgada, se encuentra armonizado para que, sea cual fuere la causal propuesta (por las partes o advertida por el juzgador) deberá ser sujeta al ejercicio de contradicción, tan es así, que el órgano jurisdiccional, para resolver su procedencia o desechamiento, debe analizar mesuradamente las alegaciones de las partes, a fin de que no exista duda razonable sobre su actualización, pues en caso contrario -sin certeza o con base en probabilidades-, atendiendo a sus efectos, generaría un desequilibrio procesal ante la ventaja indebida de una de las partes. Ahora bien, lo anterior no implica que en etapas procesales previas al juicio, le sea exigible al Juez de Control tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo ni realizar un ejercicio de valoración exhaustivo -fuera de las excepciones previstas por la ley- para estar en posibilidad de resolver lo conducente, pues ello deformaría la naturaleza jurídica y la esencia del sistema procesal penal acusatorio, así como los principios jurídicos en los que se sustenta; antes bien, aquél puede estimar el dato de prueba existente de manera indiciaria y exclusivamente a partir de las alegaciones de las partes vertidas en audiencia, donde lo aluden a modo de referencia y no en vía de desahogo. Por tanto, si los elementos aportados para acreditar el sobreseimiento no son suficientes para producir convicción en el juzgador y, por el contrario, generan controversia, y ésta, a su vez, no se encuentra superada con algún otro medio, no puede resultar favorable la solicitud formulada. En ese sentido, la resolución nugatoria conlleva la continuación del procedimiento, pero no trastoca la situación jurídica del imputado, en la medida en que ésta se rige por el auto de vinculación a proceso decretado en su contra; luego, no vulnera el principio de presunción de inocencia." Así, que contrario a lo señalado en los conceptos de violación, el juzgador de control responsable si atendió la petición del abogado defensor del imputado, aquí quejoso, pues a efecto de justificar el análisis de la solicitud de sobreseimiento, procedió a desestimarla, precisando atinadamente que no compartía su argumento. Por ello, resulta infundada la pretensión del quejoso de que el Juzgados responsable hiciera un nuevo análisis, una nueva reflexión de los datos de prueba o en su caso una revisión de lo que se decretó en el auto de no vinculación a proceso, a efecto de verificar si aprecia claramente establecida la inocencia del imputado. Por otra parte, tampoco le asiste razón al quejoso en su planteamiento reseñado en el inciso d), pues contrario a ello, del análisis de la audiencia celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que la propuesta de sobreseimiento, radicó en que, a criterio de la defensa, quedó demostrada la inocencia de su representado, porque no se demostró su presencia en el lugar de los hechos, hipótesis en las que se centró el debate dirigido por el órgano jurisdiccional, siendo que la posibilidad de que el sobreseimiento de dicte por un motivo distinto al planteado por la defensa, ello procede cuando se actualiza, alguna de las diversas hipótesis a las que alude el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en el caso no acontece. Por último, se desestima lo propuesto en el inciso f), de la reseña de conceptos de violación, pues de la consulta a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 319 del Código Adjetivo Penal, se advierte que el auto de no vinculación a proceso, no impide que el Ministerio Público, continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, siendo que el propio numeral no acota ni limita a la Fiscalía para que esa investigación se realice con base en la teoría de la defensa ni tampoco determina que la institución ministerial manifieste a priori con que datos de prueba desvirtuaría los de descargo analizados en el auto de no vinculación, pues ello restringiría las facultades de investigación con las que cuenta, en términos de lo previsto por el artículo 21 Constitucional. Máxime, que cuando los efectos jurídicos del acto de no vinculación a proceso, tiene como resultado que el proceso quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, se allegase de pruebas suficientes, pueda acreditar al probable responsabilidad del indiciado, ya sea con datos de prueba novedosos que revelen su participación en el evento criminal, incluso que controviertan la eficacia del video valorado por el Tribunal de Apelación, para emitir la no vinculación. Atendiendo al marco jurídico planteado al inicio del presente considerando y conforme lo expuesto, se estima que el juzgador responsable se pronunció correctamente respecto de la solicitud de sobreseimiento planteada, en términos del artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes transcrito. Por tanto, la resolución que por esta vía se cuestiona no vulnera derechos fundamentales del quejoso, dado que la Juez de Control, estuvo en lo correcto al negar la referida solicitud, por las consideraciones jurídicas ya expuestas. En ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que se demanda. NOVENO. Transparencia y acceso a la información pública Gubernamental. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que los quejosos durante el procedimiento no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que esa sentencia quedará a disposición del público para su consulta. Asimismo y en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 77, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ******************** contra el acto de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, por lo motivos expuesto en el octavo considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del primero y tercero, se advierte que la Juez de Control en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, devuelve las constancias generadas con motivo del envío de la comunicación oficial registrada con los progresivos de orden 271/2022 y de origen 163/2022 de la estadística de este Juzgado Federal, la cual fue diligenciada en los términos que la notificadora adscrita a ese órgano jurisdiccional estableció en las razones de tres y de siete, ambas datas de diciembre del año en curso, glosadas en el cuaderno de despacho 06/2022 que se remiten; por tanto, regístrese la baja del citado despacho en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como diligenciado. En otro punto, de las constancias remitidas por la Juez de Control en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, se advierte que el siete de diciembre de dos mil veintidós, se emplazó a este medio extraordinario de defensa al tercero interesado ***, en su carácter de representante legal de la víctima de iniciales ***, por lo que se toma conocimiento de esa situación y de la data en la que se realizó el llamamiento judicial a este asunto de ese sujeto procesal. Por lo que hace al segundo comunicado de cuenta, se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, en atención al requerimiento de veinte de diciembre pasado remite un disco versátil digital certificado que contiene los registros de audio y de video de la audiencia celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, así como un archivo en formato PDF relativo a esa resolución emitidas en la causa penal 408/2022; en consecuencia, se tiene por cumplido el citado requerimiento y se recibe la documentación descrita. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la autoridad judicial responsable por anunciados los documentos presentados, sin perjuicio de relacionarlos y desahogarlos en la audiencia constitucional conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que se ordena dar vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos ...Notifíquese por lista...
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