Eloy Morgan Valdivieso y Otros.

Expediente 115/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
115/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2016

Partes del expediente

  • Eloy Morgan Valdivieso y Otros.
  • Eloy Morgan Valdivieso

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de nueve de febrero del año en curso (fojas 11 a 13), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eloy Morgan Valdivieso, Lanary Reyes Arellano y Juan Francisco Altamirano Luis, se les hizo el diez de febrero del año en curso (foja 14), misma que surtió efectos el once de este propio mes y año; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del doce al dieciocho de los corrientes, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se reclamó el auto de formal prisión dictado el treinta de octubre de dos mil quince, en la causa penal 213/2015, del índice del Jugado Sexto de lo penal del distrito judicial del Centro, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de una resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a algún conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA IIIA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito firmado por Eloy Morgan Valdivieso, Lanary Reyes Arellano y Juan Francisco Altamirano Luis, recibido ayer, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención decretada en auto de veinticinco de enero dos mil dieciséis, informa que el treinta de octubre de dos mil quince, quedaron notificados del auto de formal prisión dictado en la causa penal 213/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del contenido del artículo anterior, se advierte que antes de admitir a trámite la demanda de garantías, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que los quejosos quedaron notificados del auto de formal prisión dictado el treinta de octubre de dos mil quince, en la causa penal 213/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, en esa misma fecha. Lo anterior, constituye una confesión expresa, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2°. Así las cosas, es indudable que los promoventes Valdivieso, Lanary Reyes Arellano y Juan Francisco Altamirano Luis, tuvieron conocimiento del acto reclamado, el treinta de octubre de dos mil quince. Ahora bien, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días. El numeral 18, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por su parte, el numeral 61, fracción XIV, de la invocada ley, prescribe que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De autos se determina que los promoventes, como se ha expuesto, tuvieron conocimiento del acto reclamado, el treinta de octubre de dos mil quince; en virtud, que de la lectura del escrito de cuenta se advierte que los quejosos quedaron notificados del auto de formal prisión dictado el treinta de octubre de dos mil quince, en la causa penal 213/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, en esa misma fecha; de modo que, en todo caso, hasta el veinticinco de noviembre de dos mil quince, tuvieran la oportunidad de reclamar dicho acto, no obstante fue hasta el veintiuno de enero de este año, en que presentaron su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por lo que evidentemente había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual comenzó a correr y a contarse a partir del día siguiente en que se realizó la notificación de treinta de octubre de dos mil quince, como lo establece el artículo 159 del Código Penal de Procedimientos Penales para el estado de Oaxaca, que en la especie, lo fue el día dos de noviembre del pasado año, por lo que, el plazo perentorio de quince días, transcurrió del tres al veinticinco de noviembre de dos mil quince, descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veinte, veintiuno y veintidós de noviembre de los corrientes, por ser inhábiles con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dieciséis de noviembre de este año, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, en relación con la fracción VI, del artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, hace constar que este juicio de amparo. En esa virtud, la demanda intentada contra un acto reclamado al juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro y director de la Penitenciaría Central, residentes en esta ciudad, consistente en el auto de formal prisión dictado el treinta de octubre de dos mil quince, en la causa penal 213/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad; en consecuencia, la demanda de amparo que se examina respecto del referido acto y autoridades responsables, se torna notoriamente improcedente; por tanto, de plano se desecha la misma, con fundamento en lo que disponen los artículos 17 y 18, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Haciéndose hincapié que el acto combatido no se ubica en los casos de excepción establecidos en el artículo 17 la Ley de Amparo; de modo que la impugnación de ese acto mediante el juicio de amparo, en cuanto a su oportunidad, está comprendido dentro de la regla general que fija el citado numeral; aunado a que, no combate una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición (en que la promoción del amparo será dentro de treinta días); la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en cuyo caso la demanda puede promoverse hasta en un plazo de ocho años); ni se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (en que la promoción del amparo será dentro de los siete años); ni mucho menos el acto aquí reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales (en que podrá promoverse el Juicio de Amparo en cualquier tiempo). Se reitera que con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA IIIB] axaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Eloy Morgan Valdivieso, Lanary Reyes Arellano y Juan Francisco Altamirano Luis, contra actos del juez Sexto de lo Penal de lo Penal del distrito judicial del Centro; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 115/2016 que le corresponde. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, por conducto de la actuaria en turno adscrita a este juzgado, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, precisen la fecha en la que se les notificó el auto de formal prisión dictado el treinta de octubre de dos mil quince, en la causa penal 213/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro. Además, hágase de su conocimiento lo establecido en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, en un juicio de amparo, al formular su demanda afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, se les impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento que tenga para ello, a su demanda se le dará el trámite a que se refiere el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de derechos fundamentales y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Se hace del conocimiento de las parte que con el objeto de respetar su intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, tienen el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente.

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