Elizabeth Ruíz Mora
Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabeth Ruíz Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente juicio transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada del veintidós de octubre al ocho de noviembre de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el veinte de octubre del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el presente asunto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 296/2021, promovido por Elizabeth Ruiz Mora, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales A.N.CH.R., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito ingresado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante juicio en línea con folio 2119690, a través de la herramienta "buzón en línea", Elizabeth Ruíz Mora y en representación de la menor de iniciales A.N.CH.R., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los actos de las autoridades que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. - A) C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DE URUAPAN, MICHOACÁN, ANA MA. DEL SOCORRO BARRAGÁN TAPÍA. IV.- ACTO RECLAMADO. - ÚNICO. - El auto de fecha 08 ocho de abril de 2021 dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 414/2020, radicado ante la autoridad responsable." El promovente precisó que se violaron los derechos humanos de su representado reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales; 1.1, 2°, 4°, 8°, 19, 11, 21 y 25.1 de la Convención Americana de los Humanos; así como 1°, 2°, 11, 13, 15, 16 y 24 de la Convención para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém Do Pará"; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; y en auto de veinticinco siguiente, se ordenó registrarla con el expediente 296/2021 (fojas 9 a 12), la admitió a trámite, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se designó al licenciado Raúl Calzada Ortega como representante especial del menor de edad de iniciales A.N.CH.R. , dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; reconoció el carácter de tercero interesado a Manuel Chávez Álvarez, por lo que se ordenó su emplazamiento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Inconforme con la referida determinación, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno, el tercero interesado Manuel Chávez Álvarez, interpuso recurso de queja; razón por el cual, en proveído de diez de junio del mismo año, se suspendió el procedimiento hasta en tanto se resolviera lo conducente respecto al medio de impugnación planteado (foja 140 y 141). En proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al licenciado Alejandro León Cortes, como nuevo representante especial del menor de edad de iniciales A. N.CH.R. (foja 172). En sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, declaró infundado el recurso de queja civil 123/2021, interpuesto por el tercero interesado (fojas 184 a 195). En esas condiciones, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó reanudar el procedimiento; y se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto con ejecución en Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004 , ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la quejosa Elizabeth Ruiz Mora, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales A.N.CH.R., reclama: De la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: El auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinaria familiar oral número 414/2020, sobre divorcio encausado, que promovió Manuel Chávez Álvarez, contra la aquí quejosa, en el que se negó girar oficios preventivos respecto de "Agrícola Agua Chiquita", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Afrinata", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Agrícola Chaval", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Ochochem", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, "Gym Obelisco de Cupatitzio", Sociedad Anónima de Capital Variable; en las cuales el tercero interesado es socio; al exponer que de hacerlo se afectarían los derechos de los demás integrantes de las referidas sociedades mercantiles. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues los aceptó al rendir su informe justificado . Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas del juicio oral familiar 414/2020 del índice de la autoridad responsable (fojas 90 a 128); documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Ilustra, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que, respecto del acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto legal recién transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quien, teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: - Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. - Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. - Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Dicho criterio jurídico cobra puntual aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible advertir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentarse la demanda constitucional, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley, mas no inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es ilustrativa, la jurisprudencia 5, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En el caso, la parte quejosa reclama de la Juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinaria familiar oral número 414/2020, sobre divorcio encausado, que promovió Manuel Chávez Álvarez, contra la aquí quejosa, en el que se negó girar oficios preventivos respecto de "Agrícola Agua Chiquita", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Afrinata", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Agrícola Chaval", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Ochochem", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, "Gym Obelisco de Cupatitzio", Sociedad Anónima de Capital Variable; en las cuales el tercero interesado es socio; al exponer que de hacerlo se afectarían los derechos de los demás integrantes de las referidas sociedades mercantiles. La peticionaria de amparo afirmó en su escrito de demanda (foja 2), que tuvo conocimiento del auto reclamado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Empero, de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que, a Elizabeth Ruiz Mora, le notificaron el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno (acto reclamado), por medio de notificación personal realizada a Liliana Tadeo Quezada (autorizada en el juicio de origen y también en el juicio de amparo), el doce de abril de dos mil veintiuno (reverso foja 118), tal y como se advierte de la siguiente imagen: En ese contexto, es evidente que la solicitante de amparo tuvo conocimiento del proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno reclamado, por lo menos desde el doce del mismo mes y año, data en la que le notificaron personalmente a su autorizada dicha determinación; y no en la data que refiere en su demanda de amparo. Ello en virtud de que en términos de lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el secretario y actuario son funcionarios judiciales investidos de fe pública y lo dicho por ellos en ejercicio de su cometido, en las diligencias en que actúan, tienen validez y hace prueba plena en juicio, si no hay constancia fehaciente que acredite lo contrario; por lo que, si de las constancias se advierte que la actuación aquí reclamada se notificó personalmente el doce de abril de dos mil veintiuno, debe tenerse por válida dicha actuación. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que dicha determinación se haya emitió en cumplimiento al diverso juicio de amparo 434/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, y que la notificación a la quejosa con el cumplimiento dada por la autoridad responsable efectivamente se haya realizado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del expediente electrónico visible en el portal: http://sise.cjf.gob.mx/Sise/ExpedienteElectronico/PanelCentralDeConsultas/PanelDeNotificacionesPorParte.aspx, el cual constituye un hecho notario en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior es así, pues dicho supuesto no está contemplado dentro de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. En ese sentido, el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ni tampoco en que se le notifique la vista con el cumplimiento dado por la responsable. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Tampoco pasa desapercibida, la manifestación realizada por el autorizado de la parte quejosa (foja 134), en el sentido de que la licenciada Liliana Tadeo Quezada a quien se le notificó en forma personal el proveído reclamado en la presente instancia constitucional, no informó a la quejosa, ni al resto de sus abogados de dicha actuación, y que, por esa razón, no tuvieron conocimiento de la existencia del acto reclamado. Sin embargo, la quejosa no acreditó dicha afirmación, lo que era necesario, tomando en consideración que no es admisible que el representado desconozca lo que sus autorizados legalmente reconocidos conocieron en juicio; aunado a que la citada profesionista también está autorizada en la presente instancia constitucional para oír y recibir notificaciones; de ahí que se tenga certeza que la quejosa conocimiento el acto desde el momento que se le notificó a su autorizada. En esas condiciones, se tiene como fecha de conocimiento del acto el doce de abril de dos mil veintiuno, por lo tanto, el plazo para instar el juicio de amparo, inició al día siguiente en que se realizó la notificación personal, tal y como lo dispone el artículo 762 del Código Familiar para el Estado de Michoacán . Por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del trece de abril al tres de mayo del año en curso, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril; así como el uno y dos de mayo, por corresponder a sábados y domingos en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan (foja 1), es inconcuso que se promovió fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días que regula el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo presentado contra normas generales por su vigencia, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reclama una sentencia definitiva en materia penal ni se combaten actos que involucren derechos agrarios. En esas condiciones, para la promoción del juicio de amparo, respecto del acto aquí en estudio, el solicitante de la protección constitucional tenían el imperativo de promover su demanda de amparo dentro del término general de quince días, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso lo hubiere hecho, pues si tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el treinta de junio de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, es evidente lo que hizo fuera del plazo legal antes indicado. Por consiguiente, con base en las anteriores consideraciones, respecto del acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional, consistentes en el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinaria familiar oral número 414/2020, sobre divorcio encausado, que promovió Manuel Chávez Álvarez, contra la aquí quejosa, en el que se negó girar oficios preventivos respecto de "Agrícola Agua Chiquita", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Afrinata", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Agrícola Chaval", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; "Ochochem", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, "Gym Obelisco de Cupatitzio", Sociedad Anónima de Capital Variable; en las cuales el tercero interesado es socio; al exponer que de hacerlo se afectarían los derechos de los demás integrantes de las referidas sociedades mercantiles, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Tampoco se desconoce la determinación emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja civil 123/2021 (foja 187 a 195); ya que como se advierte de su contenido, se estimó que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque de las constancias que integraron el testimonio correspondiente, no se advertía la existencia de la notificación realizada a la autorizada de la quejosa en el juicio de origen el doce de abril del año en curso. Empero, en el caso, la autoridad responsable remitió copias certificadas del juicio de donde emana el acto reclamado, en donde se advierte con claridad la notificación de referencia y de las cuales se dio vista a las partes, sin que se hubieran inconformado e impugnado. De ahí que, para la resolución de la presente instancia, sea tomada en consideración. ALEGATOS. En otro contexto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por el tercero interesado; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Elizabeth Ruiz Mora, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales A.N.CH.R., contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisadas en la consideración segunda, por las razones expuestas en la diversa cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.
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En veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFCA: Que mediante oficio SEPLE./ADS./2418/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Pleno, Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de esa misma fecha, dicha Comisión acordó la readscripción del Juez José del Carmen Constantino Avendaño, del Juzgado Sexto de Distrito Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, en sustitución del Juez Sergio Santamaría Chamú; con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Con ello se da cuenta al Juez y con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 12562. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Téngase por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, con el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja civil 123/2021, de la que se advierte que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el tercero interesado Manuel Chávez Álvarez, en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Elizabeth Ruíz Mora, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.N.Ch.R. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. En esa tesitura, visto el estado de autos se advierte que en proveído de diez de junio del año en curso, se suspendió el procedimiento en el juicio en que actúa, con motivo de la substanciación del citado recurso de queja, hasta en tanto se resolviera lo conducente respecto de dicho medio de impugnación, lo que en la especie ya aconteció; por tanto, se ordena reanudar el procedimiento en el presente juicio de amparo. Por otra parte, de la certificación secretarial que antecede se advierte que, mediante oficio SEPLE./ADS./2418/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Pleno, Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de esa misma fecha, dicha Comisión acordó la readscripción del Juez José del Carmen Constantino Avendaño, del Juzgado Sexto de Distrito Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, en sustitución del Juez Sergio Santamaría Chamú; con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, manifiesten lo que su interés legal convenga, con motivo del cambio de titular, quien dictará la sentencia correspondiente en el presente juicio. Lo anterior, para que en caso de actualizarse alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo, formulen la recusación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2ª./.104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" Consecuentemente, se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Incorpórese al sumario, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que se le informó la interposición del recurso de queja en el presente asunto, asimismo, se advierte que se admitió a trámite bajo el número 123/2021. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
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