Elizabet Marin Muñoz

Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
754/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Elizabet Marin Muñoz
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, Morelia, Michoacán de Ocampo (No Existe)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En catorce de abril de dos mil veintitrés, el secretario certifica: que el plazo de diez días de que disponían las partes, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada del trece al veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dado que fueron notificados el nueve de marzo pasado, por medio de lista, sin contar los días inhábiles; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del índice del este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Doy fe. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de abril de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que, por sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al Secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************/2022, sin asistencia de las partes. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************/2022, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán.; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario agrario del Distrito Diecisiete, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán; por razón de turnó correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito, con sede en la ciudad Capital del Estado de Michoacán, quien por auto de catorce de noviembre de ese mismo año, radicó la demanda y, previa prevención que le efectuó a la parte quejosa, en proveído de seis de diciembre del año próximo pasado, decretó la separación de juicios al advertir actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario del Distrito Diecisiete, así como al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Uruapan y en razón de ello, declinó su competencia legal a este circuito judicial, respecto de los actos deducidos en el juicio sucesorio ********************, del índice de la última de las responsables mencionadas. SEGUNDO. Aceptación de competencia y trámite del juicio. Mediante boleta de turno de trece de diciembre de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda y anexos, se registró con el número ********************/2022; y, en esa misma data, se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En el caso, el impetrante solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: ". Luego entonces, es de mi interés y deseo señalar al Juez primero de Primera Instancia en materia civil de distrito judicial de Uruapan, Michoacán como autoridad responsable y señalar como acto reclamado la sentencia dictada dentro de dicho juicio, lo anterior en mi calidad de heredera pretérito o ignorada." La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud a que en el caso se reclama por quien se ostenta tercero extraño, actos de un tribunal judicial con ejecución en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo, analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, en consecuencia, lo actuado en dicho procedimiento. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no obstante que lo haya negado, pues en el mismo realiza manifestaciones que desvirtúan dicha negativa, lo que resulta suficiente para tener por cierto dichos actos. Apoya, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del tomo XIV, julio de 1994, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, de texto y rubro siguiente ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de las constancias que el juez responsable exhibió, relativas al juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ********************, de su índice; documental con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la tesis I.1o.A.E.6 K 10a, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales QUINTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario narrar los antecedentes más destacados del acto impugnado, los cuales se advierten de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, que se hacen consistir en lo siguiente. Que el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el apoderado legal de ********************, promovió en favor de éstos, juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, mismo que por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se radicó dicha demanda, la cual se registró bajo el número ********************; se ordenó dar intervención legal competente al agente del Ministerio Público adscrito, así como al Representante del Fisco del Estado; asimismo, publicar un edicto en los estrados del juzgado, por treinta días, para convocar personas que se crean con derecho a la herencia, a fin de que comparecieran a deducir sus derechos hereditarios que pudieran corresponderles; y, se confirió el cargo de albacea provisional en favor de ********************. En proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el plazo de treinta días para la publicación del edicto correspondiente, se pusieron los autos a la vista de las partes, a fin de que éstos formularan sus alegatos. Finalmente, por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo provisional del juicio sucesorio, al haber transcurrido el plazo mayor a noventa días, sin que las partes hubieren actuado en el mismo. La anterior reseña, demuestra con claridad que, dentro del juicio sucesorio intestamentario número ********************, promovido a bienes de ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, no se ha dictado sentencia que apruebe la partición y adjudicación de la masa hereditaria, ya que únicamente se radicó dicho juicio, se publicó un edicto, en donde se convocó a personas que se crean con derechos hereditarios, para comparecer a dicho procedimiento, y se designó albacea provisional. QUINTO. IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, los cuales disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;.". La fracción XXIII del numeral citado en primer término, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; por su parte, la fracción VI del precepto 107 del citado ordenamiento legal, específica que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al mismo. En este sentido, persona extraña a juicio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, de igual manera, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Criterio que resulta aplicable al caso, pues aun cuando interpreta el artículo 114, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, las razones que informa se estiman vigentes por cuanto que en la nueva legislación, en el artículo 107, fracción VI, también se prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ahora, el tercero extraño por equiparación, es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Sin embargo, cuando ese demandado tuvo conocimiento del juicio antes de que se dictara la sentencia definitiva, pierde el carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando la quejosa se ostente como "tercera extraña por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación, las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Cobra aplicación al respecto, la tesis VII.3o.P.T.32 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 3341, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio Así también lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA De los criterios citados, se advierte que en los caos en que la parte quejosa se ostente como tercero extraño a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento previamente de su existencia, antes del dictado de la sentencia, no tiene el carácter que ostentó, lo que evidencia que pudo acudir a esa vía a defender sus derechos e incluso, promover los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que considerara pertinentes. En esta instancia constitucional, como se precisó, la quejosa reclama la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario número ********************, a bienes de ******************** y, en consecuencia, todas las actuaciones realizadas con posterioridad. Por lo que, contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, no tiene la calidad de persona tercera extraña al juicio de origen, en virtud de que de las constancias de autos previamente valoradas, se advierte que en el juicio natural aún no se emite sentencia que apruebe la partición y adjudicación de la masa hereditaria, pues la última actuación que dio impulso procesal al procedimiento, corresponde a la vista que se dio a las partes para que formularan sus alegatos, al haber transcurrido el plazo de treinta días, correspondientes a la publicación del edicto, mediante el cual se convocaron a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que comparecieran a deducir los mismos, dentro de la primera sección del procedimiento relativo a la sucesión intestamentaria, sin que a la fecha exista determinación que evidencie una situación jurídica diversa. Entonces, si de las constancias de autos se advierte que la quejosa, quien se ostenta tercera extraña, conoce la existencia del juicio en el que pretende ser parte formal y material, buscando el reconocimiento de herencia, con anterioridad a que se dicte la sentencia en que se apruebe la partición y adjudicación de la masa hereditaria, a pesar de que alegue no haber sido oída ni vencida, ya no puede ser considerada como persona extraña, pues el conocimiento del juicio intestamentario le da la posibilidad de defenderse dentro de éste, es decir, de comparecer a justificar y deducir sus derechos por considerarse heredera. Es aplicable, a contrario sensu, la tesis Tesis: XXII.3o.A.C.5 C (11a.), número de registro digital 2026006, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO SUCESORIO. SI AL POSIBLE HEREDERO LE ASISTE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO, PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A RECLAMAR SU FALTA DE CITACIÓN EN CUALQUIER ETAPA POSTERIOR A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A LA CONCLUSIÓN DE LA CUARTA SECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Hechos: Los posibles herederos en un juicio sucesorio intestamentario promovieron juicio de amparo indirecto sustentándose en la ilegalidad de su citación al juicio. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio constitucional al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con el 107, fracción VI (último precepto interpretado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, puesto que el juicio sucesorio de origen aún no se encontraba concluido mediante sentencia que aprobara la partición y adjudicación; por ende, concluyó que no producía una afectación material a derechos sustantivos de los quejosos, al encontrarse aún en aptitud legal de comparecer a defender sus intereses en los términos y procedimientos de ley. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si al posible heredero le asiste el carácter de tercero extraño, puede acudir al juicio de amparo indirecto a reclamar su falta de citación al juicio sucesorio en cualquier etapa posterior a la declaratoria de herederos, sin necesidad de esperar a la conclusión de la cuarta sección. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, una vez que el Juez rector de la sucesión emite resolución de declaratoria de herederos, debe entenderse perdido el derecho de los posibles herederos para acudir en defensa de sus intereses, posteriormente a ese acto, al quedar firme, por no haber sido impugnada o porque siéndolo, se agota la cadena impugnativa en todas sus instancias, incluso, la constitucional. En esa lógica, si el juicio sucesorio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección (partición y adjudicación), y esa resolución se ocupa exclusivamente de aquellas personas que fueron declaradas como herederos, no existe ninguna razón jurídica para condicionar al posible heredero de instar el juicio de amparo indirecto hasta la conclusión del juicio sucesorio en la cuarta sección, pues aunque ciertamente la resolución en la primera sección del juicio sucesorio no es un acto definitivo, es indudable que los efectos de esta declaratoria vedan la posibilidad del interesado para acudir a la sucesión en defensa de sus derechos hereditarios. Por esa razón, debe estimarse procedente el amparo promovido por quien se ostenta como tercero extraño al juicio sucesorio -posterior a la declaratoria de herederos- sin necesidad de esperar a la resolución definitiva de la última sección en el proceso De ahí que, si la quejosa tiene conocimiento del procedimiento sucesorio donde puede intervenir, es inconcuso que se encuentra en aptitud de intervenir sin mayor obstáculo e, incluso, de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que estime procedente en contra del acto reclamado (falta de llamamiento a juicio); lo que actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. Afirmar lo contrario, significaría permitir, tolerar y procurar el abuso y deslealtad procesal de las partes, dejando a su ánimo, intereses y conveniencia el momento que para ellos sea oportuno o propicio para acudir a defender sus derechos; no obstante, que tengan conocimiento pleno del juicio en que es parte, lo que generaría un perjuicio para el sistema de administración de justicia y para su contraparte. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la propia ley. Por lo tanto, con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En quince de febrero de dos mil veintitrés, el secretario certifica: Que no obra constancia de envío del oficio 772/2023, por medio del cual se ordenó la notificación del auto de dieciséis de enero de este año, a la autoridad responsable ahí precisada. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con el estado de autos, la certificación secretarial que antecede y la constancia de notificación practicada por la actuaria de la adscripción. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que, en proveído de dieciséis de enero actual, se ordenó dar vista a las partes con la designación del cambio de titular de este órgano jurisdiccional; sin embargo, de la certificación de cuenta, se advierte que no obra constancia de envío del oficio por medio del cual se ordenó su notificación a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por lo tanto, se comisiona al área de actuaría de la adscripción, para que a la brevedad posible envié el aludido oficio a su respectivo destinatario. Se tiene emplazado a juicio al tercero interesado. Por otro lado, vista la constancia de notificación de esta fecha, practicada por la actuaria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, de la cual se desprende que notificó por lista a los terceros interesados Teresa, Anatolio, Beatriz, Juan Carlos, Leticia y Araceli, todos de apellidos Marín Muñoz, por conducto de Teresa Marín Muñoz, albacea provisional de la sucesión a bienes de Piedad Muñoz Padilla, los autos de trece de diciembre de dos mil veintidós y ocho de febrero de este año, en que se ordenó su emplazamiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por emplazado a juicio a los mencionados terceros interesados, para todos los efectos legales conducentes. Se difiere audiencia constitucional. En esas condiciones y a fin de dar oportunidad a las partes, para que manifiesten lo que su interés legal convenga, con motivo del cambio de titular y que los terceros interesados se impongan del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En ocho de febrero de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 1701. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Incorpórese a los autos el escrito que suscribe Leonardo Reyes Briseño; en atención a su contenido, se le tiene informando que ha dejado de tener representación jurídica como apoderado legal de la tercera interesada Teresa Marín Muñoz, para lo cual, proporciona el domicilio donde ésta puede ser localizada, para los efectos del emplazamiento a juicio. TERCEROS INTERESADOS. Por lo tanto, como está ordenado en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se ordena emplazar a juicio a Teresa, Anatolio, Beatriz, Juan Carlos, Leticia y Araceli, todos de apellidos Marín Muñoz, por conducto de Teresa Marín Muñoz, a quien le reviste el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Piedad Muñoz Padilla, en el domicilio ubicado en calle Cocoyoc 361, del conjunto Habitacional Las Haciendas, en esta ciudad, y con número telefónico 4521118268. EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que emplace a juicio a los terceros interesados en cita, entregándoles copia de la demanda, del proveído de treinta de enero de este año, y les requiera para que: a) Si lo estiman necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo, proporcione un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio de contacto. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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