Elizabeth Escalera Nuñez
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabeth Escalera Nuñez
Actuaciones
- Principal
En diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICO: que el plazo de cinco días de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo transcurrió del nueve al quince de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el nueve del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. En virtud a que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
En treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que Aurea Orozco López y Ma. Elena Hernández Diosdado, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que las acredita como licenciadas derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con la demanda recibida en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, la cual fue turna a este órgano de control constitucional y registrada bajo el folio 15530. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós.********************1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida:********************1.1. REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Escalera Núñez, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 726/2022.********************1.2. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:********************"ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.****************************************Es así, ya que el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal.********************En tanto, el diverso arábigo 107, fracción V, establece que para la procedencia del juicio de garantías es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación.********************Dicho en otras palabras, no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; que no podrán resarcidos, ni aún en el caso de obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; ésta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin dejar huella en su esfera jurídica; esa es la nota distintiva que orienta al juzgador para distinguir qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención para remediar el agravio padecido.********************En relación al concepto actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión; y con base en esta disposición legal, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llagará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.********************Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:********************La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo.********************La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva.********************En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro del toca VII-15/2022, en el que desechó la recusación planteada por la ahora quejosa dentro del juicio ordinario familiar 84/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Familiar con sede en esta ciudad. ********************El cual, conforme al criterio anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, pues, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia y, en caso de ser así, es decir, entonces podrá a través de los agravios respetivos, combatirlo en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Se afirma lo anterior, en razón a que el auto reclamado, no puede considerarse como un acto emitido dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que le Estado Mexicano sea parte, pues a través de éste, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y, bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas la violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna.********************Orienta al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:********************"RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Contradicción de tesis 208/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito, Noveno en Materia Civil del Primer Circuito y Quinto en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de abril de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y criterios contendientes: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 100/2019, la cual dio origen a la tesis aislada I.9o.C.19 K (10a.), de título y subtítulo: "RECUSACIÓN. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de agosto de 2019 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4633, con número de registro digital: 2020343, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 498/2019. Tesis de jurisprudencia 29/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno."****************************************En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.********************1.4. DOMICILIO Y AUTORIZADAS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Aurea Orozco López y Ma. Elena Hernández Diosdado, virtud a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que las acredita como licenciadas derecho ********************2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.********************Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO AL ORGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO. En treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que Aurea Orozco López y Ma. Elena Hernández Diosdado, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que las acredita como licenciadas derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con la demanda recibida en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, la cual fue turna a este órgano de control constitucional y registrada bajo el folio 15530. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós.********************1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida:********************1.1. REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Escalera Núñez, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 726/2022.********************1.2. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:********************"ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.****************************************Es así, ya que el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal.********************En tanto, el diverso arábigo 107, fracción V, establece que para la procedencia del juicio de garantías es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación.********************Dicho en otras palabras, no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; que no podrán resarcidos, ni aún en el caso de obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; ésta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin dejar huella en su esfera jurídica; esa es la nota distintiva que orienta al juzgador para distinguir qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención para remediar el agravio padecido.********************En relación al concepto actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión; y con base en esta disposición legal, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llagará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.********************Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:********************La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo.********************La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva.********************En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro del toca VII-15/2022, en el que desechó la recusación planteada por la ahora quejosa dentro del juicio ordinario familiar 84/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Familiar con sede en esta ciudad. ********************El cual, conforme al criterio anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, pues, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia y, en caso de ser así, es decir, entonces podrá a través de los agravios respetivos, combatirlo en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Se afirma lo anterior, en razón a que el auto reclamado, no puede considerarse como un acto emitido dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que le Estado Mexicano sea parte, pues a través de éste, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y, bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas la violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna.********************Orienta al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:********************"RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Contradicción de tesis 208/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito, Noveno en Materia Civil del Primer Circuito y Quinto en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de abril de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y criterios contendientes: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 100/2019, la cual dio origen a la tesis aislada I.9o.C.19 K (10a.), de título y subtítulo: "RECUSACIÓN. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de agosto de 2019 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4633, con número de registro digital: 2020343, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 498/2019. Tesis de jurisprudencia 29/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno."****************************************En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.********************1.4. DOMICILIO Y AUTORIZADAS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Aurea Orozco López y Ma. Elena Hernández Diosdado, virtud a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que las acredita como licenciadas derecho ********************2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.********************Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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