Elizabeth Ramírez Molina y Otros.
Expediente 1364/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Elizabeth Ramírez Molina y Otros.
- Elizabeth Ramírez Molina
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en el juicio en que se actúa, consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil, con identificación oficial vigente y copia de la misma. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de la escritura pública número cinco mil setecientos treinta y ocho, pasada ante la fe del Notario Público Número Veintitrés del Estado de Chiapas, que anexó al escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento a que hace alusión el promovente en el escrito de cuenta, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que deberá acudir a este Juzgado dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas en día hábil, con identificación oficial vigente y copia de la misma. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Presidente Municipal del Municipio de Ocozocuautla, Chiapas. 2. Secretario Municipal del Municipio de Ocozocuautla, Chiapas. 3. Director de Obras Públicas Municipales de Ocozocuautla, Chiapas. 4. Cabildo de Ocozocuautla, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1364/2018-2-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que por lo que hace al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es importante mencionar que el legislador al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal determinó que cuando éstos tengan lugar fuera de procedimiento, el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de permiso de construcción y creación de apertura de una puerta y demolición de barda en propiedad privada; por tanto, al no encontrarse dicho acto en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de agosto de dos mil dieciocho. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO, CONFESIÓN EN EL". Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que la quejosa tuvo conocimiento del acto que en esta instancia se reclama desde el quince de agosto de dos mil dieciocho, pues así lo expresó bajo protesta de decir verdad. Luego, si el acto reclamado es la orden de permiso de construcción y creación de apertura de una puerta y demolición de barda en propiedad privada, de la cual tuvo conocimiento desde el quince de agosto de dos mil dieciocho, es evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al conocimiento del acto tildado de inconstitucional, esto es, desde el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, como puede advertirse de las siguientes tablas dinámicas que se insertan: AGOSTO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FECHA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 16 DÍA 1 17 DÍA 2 18 19 20 DÍA 3 21 DÍA 4 22 DÍA 5 23 DÍA 6 24 DÍA 7 25 26 27 DÍA 8 28 DÍA 9 29 DÍA 10 30 DÍA 11 31 DÍA 12 SEPTIEMBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 DÍA 13 4 DÍA 14 5 DÍA 15 6 DÍA 16 7 DÍA 17 8 9 10 DÍA 18 11 DÍA 19 12 DÍA 20 13 DÍA 21 14 15 16 17 DÍA 22 18 DÍA 23 19 DÍA 24 20 DÍA 25 21 DÍA 26 22 23 24 DÍA 27 25 DÍA 28 26 DÍA 29 27 DÍA 30 28 DÍA 31 29 30 OCTUBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 DÍA 32 2 DÍA 33 3 DÍA 34 4 DÍA 35 5 DÍA 36 6 7 8 DÍA 37 9 DÍA 38 10 DÍA 39 11 DÍA 40 12 13 14 15 DÍA 41 16 DÍA 42 17 DÍA 43 18 DÍA 44 19 DÍA 45 20 21 22 DÍA 46 23 DÍA 47 24 DÍA 48 25 DÍA 49 26 DÍA 50 27 28 29 DÍA 51 30 DÍA 52 31 DÍA 53 NOVIEMBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 DÍA 54 6 DÍA 55 7 DÍA 56 8 DÍA 57 9 PRESENTACIÓN DEMANDA ANTE LA O.C.C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, así como del impuesto por la oficialía de partes de este Juzgado, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente (dieciséis de agosto de dos mil dieciocho), al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (quince de agosto de dos mil dieciocho), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil dieciocho), transcurrió en exceso el aludido término de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. ***
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