Elizabeth Pérez Maldonado
Expediente 1414/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2018
Partes del expediente
- Elizabeth Pérez Maldonado
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Al resultar innecesario conservar los autos del toca xxx, así como la copia certificada del expediente xxx y su acumulado xxx (en un tomo), mismas que remitió la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; devuélvanse a la autoridad indicada, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 9364, y anexos, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo 882/2018, de su índice; del que se desprende que dicha Superioridad declaró de plano carecer de competencia legal para conocer del citado juicio, y para tal efecto remite: 1) Oficio 1096-A/2018, signado por la autoridad señalada como responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad; por medio del cual rinde su informe justificado, remitiendo las siguientes actuaciones y constancias: a) Original del toca ***, de su índice (en un tomo); b) Copia Certificada del expediente ***, y su acumulado *** (en un tomo), del índice del Juzgado Segundo Familiar Tuxtla, con residencia en esta ciudad, y c) Emplazamiento realizado al tercero interesado ***. Acúsese recibo a la superioridad. Ahora, dada la voluminosidad del original del toca ***, del índice de la Sala responsable (en un tomo), y de la copia certificada del expediente *** y su acumulado *** (en un tomo), del índice del Juzgado Cuarto Familiar Tuxtla, con residencia en esta ciudad, se ordena abrir por separado dos tomos de pruebas, para el mejor manejo del expediente, dejándose a la vista de las partes en la Secretaría de este Juzgado de Distrito. COMPETENCIA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad responsable: 1. Primera Sala Colegiada en Materia Civil, Zona 01, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1414/2018-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En ese sentido, de un análisis efectuado a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente juicio de amparo, es de obtenerse que la parte quejosa en el presente juicio, reclama como acto, el siguiente: a) La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca ***, séptimo subsecuente, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirmó el proveído de diez de agosto del año en curso, emitido en los autos del expediente *** y su acumulado ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla; por el que se apercibió a la aquí quejosa con imponerle una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en caso de impedir el régimen de convivencias decretado a favor de la menor de iniciales *** (cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad), y su progenitor. Atento a lo anterior, a juicio de quien esto determina es de advertirse que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. Ahora, conviene retomar que la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional impugnado, la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca ***, séptimo subsecuente, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirmó el proveído de diez de agosto del año en curso, emitido en los autos del expediente *** y su acumulado ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla; por el que se apercibió a la aquí quejosa con imponerle una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en caso de impedir el régimen de convivencias decretado a favor de la menor de iniciales ***. (cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad), y su progenitor. Sin embargo, el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que se pone de manifiesto que éste no produce un agravio personal y directo, y sobre todo actual, en contra de la promovente. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el acto tildado de inconstitucional, cause un daño o perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, lo que en la especie no sucede, pues el apercibimiento de una imposición de una medida de apremio, como es la multa, es considerado un acto futuro e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Por actos futuros e inciertos se entienden aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de la parte quejosa o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; en contraposición, los actos futuros de inminente realización son aquellos que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de forma que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Así, los apercibimientos constituyen actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, sino que depende de la conducta que el obligado asume en relación con el específico mandato judicial. De esa forma, sólo cuando se haga efectiva dicha medida de apremio, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de amparo para impugnarlo, previo a la interposición de los recursos ordinarios de defensa que la legislación aplicable al procedimiento natural establezca para tal efecto. De ahí que la resolución impugnada, que confirma el apercibimiento formulado a la quejosa con imponerle una medida de apremio, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, para el caso de que impida el régimen de convivencias decretado a favor de la menor de iniciales *** (cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad), y su progenitor; por sí misma, no le irrogue perjuicio alguno, pues su ejecutividad es remota e incierta, en tanto que depende de la actividad previa de la peticionaria o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el apercibimiento. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia I.6o.T. J/33 (10a.) , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "APERCIBIMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O A LA CONTRALORÍA GENERAL. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA. Los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. De ahí que el apercibimiento dirigido al titular de una dependencia, consistente en que de no cumplir con lo ordenado en el laudo se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación o a la Contraloría General, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que aquél asuma en relación con el mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento, y de no cumplir, entonces sí se hará efectivo, pero lo destacable es que la vista no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el demandado cumpla o no con el laudo, es decir, con sus obligaciones como servidor público y, al ser futuro e incierto, no se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales; por lo que en ese caso, es correcto el sobreseimiento decretado por un Juez de amparo, por ubicarse en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XII, de la misma legislación." Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) derivada de la Contradicción de Tesis 6/2015 sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la cual establece: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En los mismos términos, la jurisprudencia I.3o.C.121 K (9a.) , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra señala: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y en términos restringidos del citado precepto, con relación al artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a la otra persona que cita, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Así también, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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