Eloina Elide Vivas García

Expediente 270/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
270/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2017

Partes del expediente

  • Eloina Elide Vivas García

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Devolución de Documentos Hágase devolución a la autoridad responsable 1. Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, de las constancias que anexó en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del toca civil 292-A-1C03/2016 y expediente número 1136/2015, mismos que obran por cuerda separada, tomando en cuenta que éstos ya no son necesarios, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la lista de acuerdos publicados el tres de marzo del año en curso, en ese órgano colegiado, de la cual se advierte que fue notificada la quejosa Eloina Elide Vivas García, del auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó su demanda de amparo. En tal virtud, téngase al promovente de amparo legalmente notificado del acuerdo precisado en el párrafo que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil diecisiete. ADMISIÓN Y COMPETENCIA Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, oficio 599/2017, mediante el cual el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Poder Judicial del Estado, original del toca 292-A-1C03/2016 (un tomo), expediente 1136/2015 (un tomo) y emplazamiento a la parte tercero interesado. Lo anterior, en virtud de que en proveído de quince de febrero de dos mil diecisiete, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo antes referido, tocando conocer de la misma a este órgano federal. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 35, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 270/2017-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: .Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La sentencia de uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, en el toca 292-A-1C03/2016, de su índice, que revocó la sentencia definitiva de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, y ordenó la reposición del procedimiento del juicio de origen, a partir del auto que tuvo por contestada la demanda, para el efecto de prevenir a la parte actora a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhiba copia del escrito inicial de demanda, para traslado y se llame a juicio a quien funge como diversa acreedora. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: .Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte. De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que el legislador tuvo a bien definir como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004 , cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001 , de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el particular, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, en el toca 292-A-1C03/2016, de su índice, que revocó la sentencia definitiva de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, y ordenó la reposición del procedimiento del juicio de origen, a partir del auto que tuvo por contestada la demanda, para el efecto de prevenir a la parte actora a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhiba copia del escrito inicial de demanda, para traslado y se llame a juicio a quien funge como diversa acreedora. Ahora bien, en relación a los efectos que presenta la reposición del procedimiento que se decreta en la segunda instancia de los juicios ordinarios, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el caso específico de la integración del litisconsorcio pasivo necesario, estableció los lineamientos a seguir para determinar en qué supuestos debía estimarse que la reposición originaba a las partes una afectación de imposible reparación que ameritaba la procedencia del amparo indirecto. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 63/2003, sostuvo las siguientes consideraciones: "En la especie, se actualiza la última hipótesis descrita, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasiva necesaria, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil. "Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir otras consecuencias de imposible reparación que hagan mérito para la procedencia del amparo, tales como: 1) el que en virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento (como en la hipótesis que examinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito). "Conviene explicar las consideraciones previas. "El litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio. Es pasivo, si se está en el caso de dos o más demandados. Es necesario, cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. "El efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, es que a juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión, pues no sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por ello, la existencia del litisconsorcio pasivo necesario puede ser examinada, incluso, oficiosamente por los tribunales. "Así, el objetivo de averiguar si se configura el litisconsorcio pasivo necesario, es el de que sólo pueda haber una sentencia para todos los litisconsortes. "Para los efectos de la resolución de la presente denuncia de contradicción de tesis, la figura del litisconsorcio pasivo necesario debe analizarse en relación con la institución procesal de la reposición del procedimiento, pues precisamente por no encontrarse debidamente integrado, las autoridades responsables, en sus respectivos asuntos, ordenaron la reposición del procedimiento de origen. "La reposición del procedimiento es una institución jurídica procesal que opera en los casos en que un órgano jurisdiccional advierte por sí o con motivo de un agravio planteado, que durante el procedimiento se cometió una violación procesal manifiesta que trasciende al resultado del fallo, lo cual trae como consecuencia, que se ordene dejar insubsistente la resolución impugnada hasta el momento procesal en que se verificó la violación y así subsanar la irregularidad presentada. Esto encuentra explicación en el respeto a que están obligados los tribunales por las formalidades esenciales del procedimiento. "Los alcances concretos de la reposición de procedimiento que ordena un tribunal pueden ser muy distintos, y prueba de ello son los dos juicios que se han analizado en esta resolución, pues mientras que en uno la reposición fue total, en otro resultó parcial y limitada; empero, dichos alcances siempre implican la obligación de litigar nuevamente tras haber quedado sin efecto un tramo del procedimiento seguido hasta ese momento. "En orden a lo expuesto, si en virtud del examen sobre la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, oficioso o derivado del agravio hecho valer al respecto, el tribunal de segundo grado concluye que sí se surtió esa figura y que ello no fue advertido por el Juez natural, está obligado a ordenar que se reponga el procedimiento, fijando al efecto los alcances concretos de su determinación, entre los cuales, necesariamente, estarán los de dejar insubsistente la sentencia de primer grado y los de llamar a juicio al o a los litisconsortes. "Ahora bien, si en virtud de la reposición del procedimiento ordenada en una hipótesis semejante, una de las partes queda sin la sentencia de primer grado con la cual se conformaba, obligándosele a litigar de nueva cuenta, y existe la eventualidad de que el litisconsorte llamado al nuevo juicio no tenga dicha calidad (por ejemplo, cuando no se demanda la nulidad por vicios formales del instrumento notarial en el que consta el contrato base de la acción, sino la nulidad del acto jurídico contenido en él, y sin embargo se repone el procedimiento para llamar al notario que intervino), a dicha parte se está ocasionando un perjuicio grave, pues se le estaría obligando a someterse a un juicio que a la larga resultaría ocioso e inútil, y se le habría privado de una sentencia que lo satisfacía. "Es cierto que la dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial no son elementos que determinen la irreparabilidad de los actos en juicio, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales; pero en el caso a examen la irreparabilidad no está en las molestias seguidas de la mera instauración de un juicio, sino en que se obligue a litigar nuevamente a alguien cuando ya había obtenido una sentencia que consentía y de la que se le priva, y resulta factible que la causa de la que derive el nuevo litigio -es decir, el llamamiento de un supuesto litisconsorte- sea ilegal. "Esto, si bien se analiza, pugna contra la garantía de una justicia completa, pronta y expedita, pues: 1) se priva a una parte de la sentencia que lo beneficiaba por una causa que puede ser, a la postre, infundada; 2) se retarda la satisfacción de su interés, por hacerlo seguir un procedimiento quizá inútil; y, 3) se pone una traba a esa satisfacción, que muy bien puede ser ilegal. "Lo anterior se refuerza si se toma en consideración que dependiendo de los alcances dados a la orden de reponer el procedimiento, pueden incluso hasta ocasionarse graves afectaciones como el de que no se cuente en el nuevo juicio con los elementos probatorios para acreditar la acción o defensa, o que se impongan apercibimientos como el de desechar la demanda. "Ahora bien, de considerar que en contra de la resolución a examen no procede el amparo indirecto, sino que debiera ser hecha valer como violación procesal en el amparo directo, se quebrantaría la seguridad jurídica, pues con la emisión de una resolución de las características anotadas (que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasivo necesaria), se afecta de manera grave la seguridad jurídica en el proceso, puesto que la circunstancia de que se reponga para subsanarse la violación procesal, no garantiza que al dictarse la sentencia definitiva ésta adquiera total firmeza jurídica por ese hecho, dado que aún restaría esperar si en su contra se promueve amparo directo y si se obtiene sentencia favorable, caso en el cual, de acuerdo con los efectos determinados, podría "reactivarse" el primer proceso, es decir, "reviviría" prácticamente, quedando anulado el segundo. "Entonces, tomando en consideración lo expuesto, cabe concluir que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, es factible su impugnación en forma excepcional través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo ya una sentencia favorable." Tales consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 106/2004 , de rubro y texto: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Como puede apreciarse, la Primera Sala del Alto Tribunal llegó a la conclusión de que la reposición del procedimiento decretada en segunda instancia, por si misma, no irroga a las partes un perjuicio de imposible reparación, pues aun cuando implica dejar insubsistente la resolución impugnada hasta el momento procesal en que se verificó la violación procesal y así subsanar la irregularidad presentada, lo que de suyo supone obligar a las partes a litigar de nueva cuenta el asunto, dicha molestia se estima connatural de todo procedimiento judicial, por lo que no constituye un elemento objetivo para determinar la irreparabilidad de la reposición. En cambio, los efectos concretos para los que se ordena la reposición, si pueden afectar derechos sustantivos o procesales en grado exorbitante, lo que amerita el inmediato análisis de la constitucionalidad de la resolución en el amparo indirecto. Así, por ejemplo, la reposición del procedimiento que se ordena para integrar el litisconsorcio pasivo necesario, se estima como una actuación que se traduce en una violación procesal de alto impacto en la esfera jurídica de quien obtuvo en primera instancia una sentencia favorable, ya que lo priva de la sentencia que lo beneficiaba por una causa que puede ser, a la postre, infundada, además de retardar la satisfacción de su interés, por hacerlo seguir un procedimiento quizá inútil. Aunado a lo anterior, los alcances de la reposición también pueden generar un agravio irreparable, entre los que destacan: 1) El que en virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta, lo que traería como consecuencia que no se contara en el segundo procedimiento con los elementos probatorios para acreditar la acción o defensa; o, 2) Los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Ahora bien, en relación a los lineamientos antes precisados, que sirven para determinar en qué casos la reposición del procedimiento decretada en segunda instancia irroga a las partes una afectación de imposible reparación, conviene señalar que el criterio sustentado por el Máximo Tribunal partió del concepto que de acto de imposible reparación se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, conforme al cual las violaciones adjetivas que afectaban a las partes en grado predominante o superior eran equiparables a las violaciones a derechos sustantivos; concepto que según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, no fue retomado por el legislador. Luego, en la actualidad, para definir en qué casos la reposición del procedimiento constituye un acto dentro de juicio de imposible reparación, debe verificarse exclusivamente si los efectos para los cuales se decreta afectan o no materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, excluyendo de ese análisis las cuestiones propiamente procesales. Establecido lo anterior, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que la responsable, al momento de dictar sentencia en el recurso de apelación que hizo valer la quejosa en contra del fallo de primera instancia, dejó insubsistente la determinación recurrida y ordenó que se regularizara el procedimiento desde el auto que tuvo por contestada la demanda, para el efecto de prevenir a la parte actora a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhiba copia del escrito inicial de demanda, para traslado y se llame a juicio a quien funge como diversa acreedora. Esto es, en el presente asunto la reposición decretada por el tribunal de alzada tiene por finalidad llamar a juicio a una persona que no lo fue, para el efecto de que las partes interesadas en el litigio tengan la oportunidad de ser oídas y vencidas en juicio. De tal guisa, la determinación de la Sala responsable se traduce en la necesidad de llamar a una persona al procedimiento respectivo. En ese sentido, si bien los alcances de la reposición se identifican con retrotraer el trámite del procedimiento a partir del auto que tuvo por contestada la demanda, efecto que si bien pudiera considerarse le ocasiona perjuicio a la parte quejosa, debe estimarse que dicho agravio no es de imposible reparación, pues la tramitación del procedimiento desde dicho auto, no implica que la sentencia que eventualmente sea dictada le sea desfavorable, y aun de serlo, estará en aptitud de agotar los respectivos medios ordinarios de defensa para conseguir su nulificación, previo a la promoción del amparo directo en contra del fallo decisorio definitivo, momento en el cual podrá hacer valer como concepto de violación el que se haya llamado a juicio de diversa persona, en el entendido de que se configura una violación procedimental que trascendió al resultado de la contienda. Al respecto, los artículos 170, fracción I y 172, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los citados preceptos, se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, bien sea por violaciones cometidas en la resolución respectiva, o que acaecidas en el procedimiento, hayan afectado las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, en cuyo rubro quedan incluidos casos análogos como el que nos ocupa, consistente en la reposición del procedimiento, a partir del auto que tuvo por contestada la demanda, para el efecto de prevenir a la parte actora a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhiba copia del escrito inicial de demanda, para traslado y se llame a juicio a quien funge como diversa acreedora, sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una fallo favorable, máxime que el hecho de ordenar el emplazamiento a juicio de una de las partes, no implica necesariamente una resolución desfavorable a su promovente, porque el Juez Civil al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de llamar a juicio a quien considere le asista un interés tutelado por la ley para qué puede hacer valer sus derechos en el juicio promovido, a fin de integrar correctamente la relación jurídica procesal. En ese orden de ideas, la actuación impugnada en la presente instancia constitucional no constituye una violación procesal que amerite su estudio en el juicio de amparo indirecto, sino una trasgresión que deberá ser alegada en el amparo directo que se intente en contra de la eventual sentencia que se emita en la controversia de origen, habida cuenta que de favorecer a la parte quejosa la resolución de fondo, la violación procesal se entendería intrascendente en su esfera jurídica. A mayor abundamiento, cabe precisar que los artículos 170 y 172 de la ley de la materia, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales, administrativos o agrarios, puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento. Luego, resulta manifiesta la improcedencia de la acción constitucional, toda vez que la actuación combatida se traduce en una violación adjetiva que no afecta derechos sustantivos, por lo que el planteamiento de su inconstitucionalidad será materia de los conceptos de violación que en su momento lleguen a formularse en la vía directa que se intente en contra de la sentencia definitiva que resulte contraria a los intereses de la quejosa. Sin que pase desapercibida para quien esto resuelve la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y tenor siguiente: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Lo anterior, toda vez que en el presente caso, el juicio fue tramitado primeramente por la vía directa, lo que permite que se cuente con la totalidad de las constancias, suficientes para determinar la improcedencia de que se trata. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Ahora bien, dada la particularidad del asunto y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Tribunal oficiante, líbrese atento oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notificar el presente proveído a la parte quejosa ***, por lista que se publique en los estrados de ese órgano colegiado y le requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la materia. De conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, última parte y 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para oír y recibir citas y notificaciones a las personas que cita en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; así como a lo establecido en los diversos numerales 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por conducto de los estrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.

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