Elizabeth Pat Dzul

Expediente 2001/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2001/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Pat Dzul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva del acto reclamado a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes; por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son DESTRUIBLES, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo indirecto 2001/2022-IV, promovido por ELIZABET PAT DZUL, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, ANTECEDENTES: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ELIZABET PAT DZUL, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado, y Gobernador del Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, consistentes en la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio del año en curso, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, desde su artículo 1 al 137, especialmente los artículos transitorios del primero al décimo cuarto. SEGUNDO. Previo cumplimiento a la prevención, por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 2001/2022-IV; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.COMPETENCIA. Esta juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo; además por tratarse de una demanda de amparo en materia Administrativa, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de las constancias que conforman el expediente del juicio de amparo. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa en esencia reclama la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, desde su artículo 1 al 137, especialmente los artículos transitorios del primero al décimo cuarto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados consistente en la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, por el que se expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Las autoridades responsables Congreso del Estado de Yucatán y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclamó. Por tal motivo, ante la aceptación de los citados actos reclamados, es que se tengan por ciertos. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo II, Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado al hecho de que, al reclamarse una norma de carácter general no es necesario acreditar su existencia, pues basta su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para comprobar esa circunstancia, pues la divulgación de las disposiciones legales constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía, del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia que bajo el número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, en el caso, la suscrita Juzgadora advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado por la quejosa Elizabet Pat Dzul, consistente en la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio del año en curso, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, desde su artículo 1 al 137, especialmente los artículos transitorios del primero al décimo cuarto, mismo que tilda de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la interpretación de los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción VI, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se explican. De acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, fracción V, en relación con el 4º, ambos de la abrogada Ley de Amparo, únicamente podía ejercer la acción de amparo aquella persona a quien perjudicara en sus intereses jurídicos el acto o la ley reclamada, entendiéndose que existe tal perjuicio cuando hay una afectación personal y directa a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve vulnerado por el acto de autoridad que reclama la parte quejosa. Tal presupuesto procesal de la acción de amparo se mantuvo incólume hasta la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once; ya que a partir de ese momento, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció que la acción de amparo se podría promover tanto por el titular de un derecho, como por aquel que tiene interés legítimo individual o colectivo, quedando dicha disposición en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La lectura del numeral constitucional de mérito revela que la aptitud para promover el juicio de amparo en contra de actos distintos a los provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existirá en dos casos, a saber: a) Cuando el acto o la ley afecte directamente la esfera jurídica del quejoso -noción que se hermana a lo que tradicionalmente se había tenido sobre interés jurídico-; o bien, b) Si el acto o norma general afecta al quejoso "en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", también llamado interés legítimo, sea individual o colectivo. De lo anterior se tiene, en primer lugar, que conforme a la nueva redacción del texto Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía-, sino que ahora se ha contemplado que también pueda ejercerse por quien sólo resiente afectación en sus intereses legítimos. En relación con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado profusamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) La existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado; y, 2) Una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad o la norma de carácter general afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. Por su parte, la segunda hipótesis de procedencia, es decir, la afectación a los intereses legítimos del particular, su incorporación es novedosa; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a los contornos de esta institución jurídica. Así, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendiente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: 1. Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. 2. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad o ley. 3. Que la potencial anulación del acto de autoridad, produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad o la norma general. En esa línea argumentativa, el juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria se rige por principios fundamentales contenidos en el invocado artículo 107 de la Constitución Federal, los cuales lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores se encuentra el de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 5º de la Ley de Amparo, los cuales guardan relación estrecha con la fracción XII del numeral 61 de la invocada legislación. Los dos últimos numerales, prevén: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De los dispositivos supra citados se advierte, que cuando el quejoso aduce ser titular de un derecho, se debe acreditar que el acto reclamado afecta de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues el juicio constitucional es improcedente cuando no justifica ese interés jurídico. En ese sentido, se impone establecer que la afectación real y actual referida, consiste en el daño u ofensa ocasionado a los particulares por un acto de autoridad o una norma general, sobre los derechos o intereses de los cuales son titulares; ello implica que para la procedencia de aquél, necesariamente debe acreditarse la afectación que causa el acto reclamado sobre los derechos tutelados por la ley. Luego, un acto de autoridad causa perjuicio cuando lesiona de manera directa los intereses personales o patrimoniales de los gobernados, o bien, con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia emitidas por la Primera y Segunda Salas del Máximo Tribunal del País, de los rubros y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías". De lo que se sigue que, uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos o legítimos en relación a derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean personales o patrimoniales. Por ello, sólo tiene interés aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En el caso, y como ha quedado precisado en líneas anteriores, la impetrante de amparo, reclama de las responsables, la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, por el que se expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, desde el artículo 1 al 137, especialmente los artículos transitorios del primero al décimo cuarto, mismo que tilda de inconstitucional; sin embargo, debe decirse que se ubica en el supuesto que señala el artículo cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, esto es, cumplen con los requisitos para el acceso a la jubilación, de conformidad con en el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal abrogada. Pues de conformidad con dicha Ley en sus fracciones I y II del citado artículo 63, los servidores públicos adquieren derecho a pensión, por jubilación necesaria al cumplir 55 años de edad y 15 o más años de aportaciones; y, por jubilación voluntaria cuando hayan alcanzado 30 años de aportaciones, sin límite de edad. Se afirma lo anterior, porque de las constancias que la propia quejosa adjuntó a su demanda de amparo, consistentes en copia simple de una credencial del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, así como de la credencial para votar, del Instituto Nacional Electoral, y un recibo de pago relativo a la primera quincena del mes de agosto del año en curso, de la Secretaría de Educación, expedidas a su favor, mismas documentales que si bien fueron expedidas en copia simple, crean la presunción de que la quejosa es trabajadora en activo de la Secretaría de Educación del Estado, por lo menos desde el año de mil novecientos noventa, de ahí que a la fecha cuenta con una antigüedad de treinta y dos años de servicio, y tiene la edad de cincuenta y ocho años, por haber nacido el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro. De ahí que, conforme a la ley abrogada, cumple con los requisitos para acceder a una pensión, por tanto, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no le causa perjuicio alguno, con mayor razón cuando el artículo cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, señala que se le aplicará los supuestos de la ley abrogada. Dicho artículo es del tenor literal siguiente: "CUARTO. Personas pensionadas o con derecho a pensión Las personas servidoras públicas que estén disfrutando una pensión a la fecha de entrada en vigor de este decreto la mantendrán en los términos y condiciones en que la obtuvieron. Lo mismo aplicará para las personas servidoras públicas que hubieran cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas por las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento." Conforme a lo expuesto, no queda duda que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante del amparo Pat Dzul, pues al ser servidora pública en activo, y contar con los requisitos que establecía la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga, en su artículo 63, fracciones I y II, para tener acceso a la jubilación, voluntaria o necesaria, contara con las mismos términos y condiciones que en esta se establecían, para la obtención de su jubilación, de ahí que se insiste, el Decreto que tilda de inconstitucional, no le afecta en su esfera jurídica. En esa tesitura, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Finalmente, al haber operado el sobreseimiento del presente juicio, no puede estudiarse el fondo del asunto, toda vez que las causas de improcedencia son de estudio preferente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ELIZABET PAT DZUL, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado, y otra autoridad, con sede en esta ciudad de Mérida, consistentes en la promulgación, aprobación y expedición del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio del año en curso, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, desde su artículo 1 al 137, especialmente los artículos transitorios del primero al décimo cuarto; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe; hasta el día de hoy, catorce de noviembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado permitieron su engrose. Doy Fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo Cofepris), en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Por otra parte, del contenido del oficio de la citada responsable, se advierte solicita prórroga, a fin de que la autoridad se encuentre en aptitud de dar cabal cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto; en tal virtud, este Juzgado de Distrito accede a lo solicitado por última ocasión y se le otorga una prórroga de cinco días hábiles, los cuales comenzaran a contar a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente acuerdo, en la inteligencia de que además deberá remitir a este Juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el debido cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa; asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que el término de veinticuatro horas siguientes al término que se le concedió, informe en relación con el cumplimiento del fallo protector. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Elizabet Pat Dzul, la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclama del Congreso del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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