Elizabeth Carrillo Ancona
Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elizabeth Carrillo Ancona
- C. C. C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó el citado acuerdo a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintinueve de junio del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. ERIKA ESTHER GONGORA BARBOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1f.31 06/04/23 13:37:48 En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente??????????????? expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que sus hijos menores de iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., fueran inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que sus hijos menores de iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., sean inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que los menores quejosos J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., cuentan con la edad de once, nueve y ocho años respectivamente, de conformidad con las actas de nacimiento que fueron adjuntadas al escrito de la demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el dieciséis de junio en curso, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx , el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del veintiocho de junio en curso, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de menores de entre cinco y once años de edad. E incluso, en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, se advierte informan el calendario inicial en que los citados menores habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el veintiocho de junio de dos mil veintidós en esta Entidad. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre cinco a once años (rango de edad en el que se encuentran los menores quejosos), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio en curso. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los citados menores quejosos, fuera inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentran los directos impetrantes, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radican los menores quejosos, inició el veintiocho de junio en curso. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a nivel federal la vacunación de los menores de entre cinco a once años (rango de edad en que se ubican los menores quejosos), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del veintiocho de junio en curso, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el sobre que contiene el oficio número II-12327/2022 del índice de este Juzgado, dirigido al Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México; el cual fue devuelto, con la leyenda "Cambio de dirección". En virtud de lo anterior, y toda vez que resulta necesario que dicha autoridad tenga conocimiento del oficio que se le notifica a través del aludido oficio, reexpídanse VÍA ESTAFETA debiendo dirigirse la comunicación a su domicilio correcto, esto es al: Av. Marina Nacional, N°60, piso 15, Col. Tacuba, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del diez de junio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe previo rendido por el Jefe del Departamento adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Titular de la Secretaria de Salud, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y el Director General de Epidemiologia, con sede en la Ciudad de México, mismo que obra agregado a los presentes autos; así mismo se hace constar que el Presidente Constitucional, con sede en la Ciudad de México, no rindió su informe previo, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como se desprende de las impresiones de la página correspondiente a la empresa de mensajería denominada "Estafeta", a través del cual se remitió el oficio 10736/2022. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental relativa incluso por la omisa. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la prueba documental que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el citado numeral 143 de la Ley de Amparo, se admite la prueba ofrecida en su demanda de mérito, la cual se tiene por desahogada en virtud de su naturaleza jurídica; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no las ofrecieron ni los formularon; con lo que se cierran dicha etapa. Finalmente, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, la Jueza, procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 629/2022-lI, promovido por ELIZABETH CARRILLO ANCONA, en representación de sus hijos menores de edad con iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentra la demanda y pues ofrecidas por la parte quejosa, pues las actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama, esencialmente en lo medular la inconstitucionalidad de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, actualizada y emitida el once de mayo de dos mil veintiuno por la Secretaria de Salud Federal y sus consecuencias jurídicas consistente la omisión de incluir a los menores del grupo etario de cinco a once años en la política de vacunación. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a las responsables sus informes previos; el catorce de marzo del año en curso, se celebró la audiencia incidental respecto de las autoridades que tiene su sede en esta ciudad y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental por la autoridad foránea, la cual previos diferimientos tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, tal como se hizo constar en la audiencia incidental que antecede, se toma en consideración las pruebas ofrecidas por la parte quejosa; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se resolverá sobre la suspensión definitiva. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Jefe del Departamento adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Titular de la Secretaria de Salud, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y el Director General de Epidemiologia, con sede en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe reconoció la certeza del acto que se le atribuyó. La autoridad responsable Presidente Constitucional, con sede en la Ciudad de México, no rindió su respectivo informe previo, a pesar de estar debidamente notificados; en mérito de lo cual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que a dicha responsable se atribuye Lo anterior pues es un hecho notorio para la suscrita que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" es elaborada por el Ejecutivo Federal. En ese sentido, deben tenerse como ciertos los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables. CUARTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. La parte quejosa señala en esencia que la medida cautelar de cita debe decretarse para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, incorpore al plan nacional de vacunación y por ende, aplique la vacuna "Pfizer-BioNTech" a los menores quejosos de iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C. Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la parte quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la menor quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Asimismo, se tiene que la suspensión en el juicio de amparo es, de ordinario, una medida cautelar de naturaleza provisional, que tiende a preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la menor quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis la. LXV/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Misma tesis que es consultable en la página 457, tomo XXVIII. Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Dentro de ese derecho se encuentra la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero, 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades: a) preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria; b) curativas; c) de rehabilitación, d) paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir -de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud- las vacunas lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 BIS 1 de la ley en mención). Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-00V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo posterior. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, contenido en el numeral 4o Constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4o. ...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Así, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Lo anterior, ha sido además recogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LXVIII/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, y P. XVI/2011, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dicen: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Expuestas las pautas que deben regir la garantía del derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió (SARS-CoV2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En ese sentido, el documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" (https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf), señala: "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR. Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades;3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Sin embargo, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más, independientemente las comorbilidades. De acuerdo con las estimaciones del GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas. Los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad deban vacunarse." De lo anterior, se conoce que la estrategia establecida por el Gobierno Federal, para combatir el virus SARS-Cov2, tiene por objeto vacunar a la población mediante reglas de priorización. En esas consideraciones, como lo manifiesta la promovente en la demanda de amparo, mediante comunicado a la población 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna "Pfizer-BioNTech", ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Mediante el memorándum COFEPRIS-CAS-SEFM-2144-2022, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la aludida Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, comunicó que el tres de marzo referido, dicha Comisión emitió la autorización de emergencia (autorización temporal) de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 Vaccine para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante. Con base en ello, esta Juzgadora estima procedente reconsiderar lo determinado inicialmente por cuanto a la medida suspensional solicitada, ya que de la consulta a la página del Gobierno de la República, relativa a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el apartado acciones y programas, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizadas, se advierte el listado de las Vacunas autorizadas por dicha Comisión para uso de emergencia y sus principales características, encontrándose una de ellas aprobada su uso en el grupo etario correspondiente a los menores entre los 5 y los 12 años de edad, grupo etario dentro del cual se encuentra la quejosa. No. Biofármaco Establecimiento Denominación distintiva Plataforma de diseño Fase de ensayo clínico Estatus regulatorio en México Fecha de autorización Estudio clínico en México Dosis de esquema completo Intervalo entre dosis Edad de inicio de aplicación 1 BNT162b2 Pfizer, Inc./BioNTech Pfizer ARN mensajero IV Autorizada para uso de emergencia 11/12/2020 No 2 3 -6 semanas 18 años 24/06/2021 12 a 17 años 03/03/2022 5 años * *La vacunación para el grupo etario de 5 a 11 años tiene una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen a los menores quejosos de iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., y determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares, de ser el caso, indiquen, si son candidatos a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. Además, considerando que el juicio de amparo indirecto se promovió a favor de menores de edad, por parte de sus progenitores, lo que, por sí implicaría que se encuentran de acuerdo con lo solicitado, no obstante habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en el que los menores de edad referidos sean vacunados, una vez corroborada la idoneidad para que reciban el biológico que corresponda, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible a los progenitores y a los niños, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar de los peticionarios del amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en materia de salud de la entidad, se encuentran obligadas a acatar la suspensión definitiva, aquí otorgada y deberán informar, el cumplimiento a esta determinación, una vez que se haya programado la aplicación de la vacuna a la quejosa, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; apercibidas que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, podrían incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Lo anterior, cuenta habida que dichas autoridades, como responsables en materia de salud de la entidad, se encuentran obligadas a acatar, dentro del plazo legal antes aludido, la presente medida suspensional, precisamente porque la menor quejosa tiene su domicilio en esta ciudad capital, tal y como lo indicó su progenitor, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda; por tanto, al ser en esta ciudad donde deberá vacunar a la menor quejosa, es evidente que son dichas autoridades quienes están obligadas a dar cumplimiento a la suspensión definitiva aquí otorgada. En ese sentido, es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, dichas responsables locales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que la menor sea vacunada, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional que en este acto se decreta, las citadas responsables deben coordinarse con las autoridades federales respectivas y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que la menor sea inoculada con la vacuna antes referida. No se desatiende que se reclaman actos omisivos, pero ello no impide la procedencia de la medida cautelar decretada, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página. 286, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Por lo expuesto y considerado, se establece el siguiente punto resolutivo y esta Jueza, R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a ELIZABETH CARRILLO ANCONA, en representación de sus hijos menores de edad con iniciales J.A.C.C.; C.C.C. y L.C.C., la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclama del Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
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