Elma Azucena Monroy Axle

Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
229/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Elma Azucena Monroy Axle

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se provee: fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 229/2021-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la resolución dictada el trece de enero del año en curso, en juicio ejecutivo mercantil 853/2020, en el cual desechó la demanda que interpuso en contra de la reclamación que presentó en contra del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSET), al considerar que el documento base de la acción consistente en el dictamen en el que se declaró procedente la devolución de la cantidad reclamada por el monto de ocho mil seiscientos pesos, moneda nacional, como suerte principal, no fue emitido con motivo de una obligación contractual incumplida en favor de la usuaria y a cargo de la entidad financiera, como lo refiere el párrafo segundo del artículo 68 Bis de la Ley especial, siendo éste requisito fundamental para que el citado dictamen se le pueda considerar como título ejecutivo y con ello justificar la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, dado que la reclamación resuelta en el dictamen de referencia, deriva de dos retiros sin tarjeta en cajero automático, y no de alguna obligación contractual, esto es, no deriva directamente del consentimiento y objeto del contrato, sino de la nulidad de esos cargos o retiros, lo cual es de carácter extracontractual, al no constituir el dictamen exhibido por esos motivos un título ejecutivo, para la procedencia de la vía ejecutivo mercantil; resolución que le fue notificada el catorce de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, el proveído reclamado (auto de trece de enero de dos mil veintiuno) fue emitido por una Autoridad Judicial (Juez Mercantil) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá en caso de que conforme al código vigente a la emisión del acto reclamado, la suerte principal reclamada sea mayor $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil siendo que en el caso, existe una suerte principal reclamada, por la cantidad de $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que evidencia que se trata de un asunto de cuantía determinada y presupone que ese monto integra la suerte principal reclamada. Con independencia del monto de la suerte principal, ello no obsta para invocar la causal de improcedencia del juicio de amparo, pues ya se vio que de cualquier forma, es procedente alguno de los recursos, pues incluso de interponerse ambos de manera simultánea la autoridad tiene la obligación de tramitar el correspondiente en términos de la jurisprudencia 1a./J. 45/2019 (10a.) RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO). Y por tanto, lo cierto es que el acto reclamado carece de definitividad puesto que la quejosa no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. En esas condiciones, lo anterior hace evidente, que una vez que la quejosa conoció el acto reclamado, que fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, en el que son procedentes los recursos, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de apelación o revocación en su contra, pues a través de alguno de esos recursos podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda promovida por Elma Azucena Monroy Axle, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada parte quejosa y sus autorizados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se provee fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 229/2021-I Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo revisten el carácter de una confesión ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199 ibídem que establece lo siguiente La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes I Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia y III Que sea de hecho propio o en su caso del representante o del cedente y concerniente al negocio En el caso la parte quejosa reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán con sede en esta ciudad la resolución dictada el trece de enero del año en curso en juicio ejecutivo mercantil 853/2020 en el cual desechó la demanda que interpuso en contra de la reclamación que presentó en contra del Banco Santander México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSET) al considerar que el documento base de la acción consistente en el dictamen en el que se declaró procedente la devolución de la cantidad reclamada por el monto de ocho mil seiscientos pesos moneda nacional como suerte principal no fue emitido con motivo de una obligación contractual incumplida en favor de la usuaria y a cargo de la entidad financiera como lo refiere el párrafo segundo del artículo 68 Bis de la Ley especial siendo éste requisito fundamental para que el citado dictamen se le pueda considerar como título ejecutivo y con ello justificar la procedencia de la vía ejecutiva mercantil dado que la reclamación resuelta en el dictamen de referencia, deriva de dos retiros sin tarjeta en cajero automático y no de alguna obligación contractual, esto es, no deriva directamente del consentimiento y objeto del contrato, sino de la nulidad de esos cargos o retiros, lo cual es de carácter extracontractual, al no constituir el dictamen exhibido por esos motivos un título ejecutivo, para la procedencia de la vía ejecutivo mercantil resolución que le fue notificada el catorce de enero de dos mil veintiuno Ahora bien esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo El citado precepto dispone Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivospor lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados Por tanto la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate Asípara que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25 visible en la página 361 Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser modificada revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107 fracción VII de la Constitución Federal para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil el proveído reclamado (auto de trece de enero de dos mil veintiuno) fue emitido por una Autoridad Judicial (Juez Mercantil) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado En efecto dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelaciónlos cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación lo que sucederá en caso de que conforme al código vigente a la emisión del acto reclamado, la suerte principal reclamada sea mayor $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional) sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil siendo que en el caso, existe una suerte principal reclamada, por la cantidad de $8600.00 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que evidencia que se trata de un asunto de cuantía determinada y presupone que ese monto integra la suerte principal reclamada. Con independencia del monto de la suerte principal ello no obsta para invocar la causal de improcedencia del juicio de amparo pues ya se vio que de cualquier forma, es procedente alguno de los recursos pues incluso de interponerse ambos de manera simultánea la autoridad tiene la obligación de tramitar el correspondiente en términos de la jurisprudencia 1a./J. 45/2019 (10a.) RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO) Y por tanto, lo cierto es que el acto reclamado carece de definitividad puesto que la quejosa no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo que estaba en aptitud de interponer En esas condiciones lo anterior hace evidente, que una vez que la quejosa conoció el acto reclamado, que fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil en el que son procedentes los recursos, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de apelación o revocación en su contra, pues a través de alguno de esos recursos podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda promovida por Elma Azucena Monroy Axle con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo Por otro lado como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas De igual forma de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada parte quejosa y sus autorizados para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores,al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano