Elizabeth Noriega Franco
Expediente 1637/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Noriega Franco
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1637/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de trece de octubre del año en curso, del que se advierte concedió a la parte actora un término de tres días para que señale domicilio distinto para emplazar a la parte demandada Ezequiel Olmedo Suárez; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de veinticuatro horas siguientes en que venza el término concedido a la parte actora, remita copia certificada del acuerdo que recaiga en el expediente laboral 457/13. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada el once de octubre de dos mil dieciséis, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 612/2016-2. Acto Reclamado. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos se advierte que la parte quejosa reclamó el auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el expediente familiar 612/2016-2, toda vez que refirió que la responsable omitió decretar a su favor la guarda y custodia provisional del menor Carlos Jesús Jiménez Noriega. Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Señalado lo anterior, de la constancia que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que el once de octubre de dos mil dieciséis se decretó provisionalmente la guarda y custodia del menor Carlos Jesús Jiménez Noriega a favor de Elizabeth Noriega Franco (parte quejosa); resolución que le fue notificada a la impetrante el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber emitido la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis y haberla notificado el diecisiete de octubre actual, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido que el juicio de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del procedimiento de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En lo conducente se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, mediante el cual, informa sobre el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de veinticinco de agosto del año en curso, del cual se advierte solicita una prórroga de treinta días hábiles a efecto de dar cumplimento total a la sentencia ejecutoriada en el presente juicio de amparo 367/2016-II, en razón de las manifestaciones vertidas por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en oficio número PM/SN/2016, por los motivos expuestos en el mismo; atento a lo anterior agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar . En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, se concede una prórroga de QUINCE DIAS, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a Luis Alberto Romano Barrios, quien funge como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término antes referido, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la quejosa la cantidad de $1,400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), relativa al pago de derecho de alumbrado público que se contiene en los avisos recibo con número de servicio 297 970 313 811 y 297 960 353 831, por el periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a Antonio Domínguez Aragón quien funge como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos; para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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