Elizabeth Medina Sanchez
Expediente 1408/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Medina Sanchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Por consiguiente, toda vez que el presente asunto se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo, artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el escrito de demanda presentado por ****** ******* *******, por propio derecho y en representación de los infantes de iniciales ******** y ******, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos y otra autoridad; fórmese el expediente 1408/2023-V, que por orden le corresponde. Integración del expediente. Se precisa que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el presente asunto se integrará de la siguiente forma: Se prescindirá de imprimir y glosar al expediente físico todas las promociones allegadas de manera electrónica. Se glosarán únicamente al expediente físico todas las promociones exhibidas de forma impresa así como las actuaciones necesarias para el impulso procesal del juicio constitucional. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito están facultados para desechar de plano la demanda de amparo cuando adviertan un motivo notorio e indudable de improcedencia. Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza. Así, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se advirtió claramente de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Por tanto, para advertir la manifiesta e indudable improcedencia de un juicio, debe atenderse al escrito de demanda y sus anexos, y así considerarla probada, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron expresados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de convicción indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se aporten en el procedimiento no sean necesarios para justificar la improcedencia ni puedan desvirtuar su individualización. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Establecido lo anterior, se procede al estudio de las diversas causas de improcedencia, las cuales son: A) La causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en éste se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral 1°, fracción I, de la citada legislación, establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 108 de la legislación aplicable, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo, en su caso la fracción III, precisa el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables. En el caso, la parte quejosa señalo como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, sin embargo, dicho secretario únicamente funge como fedatario de la actuaciones que realiza el citado Tribunal, mas no como autoridad que por su sola actuación se le pueda reclamar algún acto de molestia. Por analogía, sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis VII.2o.C. J/2, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto a la autoridad señalada como Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos. B) La causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." En la citada disposición normativa se desprende que la causa de improcedencia que ahí se prevé, se actualiza cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, contra la cual la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual esa resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo anterior, se advierte uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es de definitividad. Dicho principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte promovente, el amparo es improcedente. Sentado lo precedente, en la especie se tiene que la inconforme no cumplió con el principio de definitividad al que se hace referencia, por las siguientes consideraciones. El artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos del ordinal 167 de este último ordenamiento, prevé el incidente de nulidad. Tal dispositivo establece: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Por su parte los artículos 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 192 de la Ley Agraria establecen: "Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente." "Artículo 170. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de quince días. Atendiendo a circunstancias especiales de lejanía o apartamiento de las vías de comunicación y otras que hagan difícil el acceso de los interesados al tribunal, se podrá ampliar el plazo para la celebración de la audiencia hasta por quince días más. Debe llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se asentarán por días y meses, los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda." "Artículo 171. El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser: I. El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore; y II. Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento." "Artículo 172. El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorará de que el demandado se encuentra en el lugar señalado y lo efectuará personalmente. Si no lo encontraren y el lugar fuere de los enumerados en la fracción I del artículo anterior, cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la persona de mayor confianza. Si no se encontrare al demandado y el lugar no fuere de los enumerados en la fracción I mencionada no se le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva el actor." "Artículo 173. Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre. Previa certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio o practicar por primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos que contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el periódico oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de la Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal. [.]." "Artículo 174. El actor tiene el derecho de acompañar al secretario o actuario que practique el emplazamiento para hacerle las indicaciones que faciliten la entrega." "Artículo 175. El secretario o actuario que practique el emplazamiento o entregue la cédula recogerá el acuse de recibo y, si no supiere o no pudiere firmar la persona que debiera hacerlo, será firmado por alguna otra presente, en su nombre, asentándose el nombre de la persona con quien haya practicado el emplazamiento en el acta circunstanciada que se levante y que será agregada al expediente." "Artículo 176. En los casos a que se refiere el artículo 172, el acuse de recibo se firmará por la persona con quien se practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo hará a su ruego un testigo; si no quisiera firmar o presentar testigo que lo haga, firmará el testigo requerido al efecto por el notificador. Este testigo no puede negarse a firmar, bajo multa del equivalente de tres días de salario mínimo de la zona de que se trate." "Artículo 177. Los peritos, testigos y, en general, terceros que no constituyan parte pueden ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio de la exactitud de la dirección de la persona citada." "Artículo 192.- Las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios, se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento sino que se decidirán de plano. La conexidad sólo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se resolverá luego que se promueva, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación." De los numerales transcritos se desprende que, si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que, en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros. Por su parte, el arábigo 167 de la legislación agraria, con relación a los aspectos no regulados permite la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su precepto 319. Máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el numeral 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala. Sobre el tema de impugnaciones sobre notificaciones hechas u omisas en juicios agrarios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2001, sostuvo, en lo que interesa, que la Ley Agraria contempla en su artículo 167 la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no exista disposición expresa en esa ley respecto del algún tópico del Título Décimo: "De la Justicia Agraria", y que en el caso concreto lo sería lo relativo a la impugnación de las notificaciones hechas u omisas a través del incidente de nulidad de notificación previsto el Código Federal en cita. Consideraciones que se vieron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 28/2001, de rubro: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY." Caso en particular. En el caso, la parte quejosa combate la falta de notificación personal y emplazamiento del expediente agrario 88/2023 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa indicó: Es parte demandada en el expediente agrario 453/2020, promovido por Casimira Aida García Avilés y/o Casimira Aida García Avilés y/o Aida García Avilés, el cual se encontraba pendiente de resolver en definitiva. El cuatro de octubre del año en curso, al acudir al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos fue informada por personal de dicho Tribunal que al expediente 453/2020 le fue acumulado el diverso 88/2022, que se habían celebrado dos audiencias, de las cuales no tuvo conocimiento y que se había ordenado su notificación por boletín. Sentado lo precedente, en la especie se tiene que la inconforme no cumplió con el principio de definitividad al que se hace referencia, toda vez que, al ser parte dentro del juicio agrario de origen, se encontraba en aptitud de hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones en contra de los actos que por esta vía combate. De tal suerte, que si antes de gestionar el juicio de amparo, la parte promovente no interpone el medio de defensa legal a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos que se combaten, no se satisface el principio de definitividad que hace procedente al juicio constitucional únicamente respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal, lo que hace evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Además, no se advierte que la parte quejosa se encuentre en algún supuesto que la excusara de cumplir con el principio de definitividad en comento, por lo siguiente: 1. La quejosa al ser parte dentro del juicio natural, no es tercera extraña a éste. 2. Los actos reclamados no importan riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. 3. Asimismo, los actos combatidos no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; auto que establezca providencias precautorias o que imponga alguna medida cautelar que sea restrictiva de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). Tampoco se actualiza el supuesto relativo a que la procedencia del medio de impugnación se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior, pues si bien se tuvo que acudir a la norma supletoria (Código Federal de Procedimientos Civiles) para establecer la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, lo cierto es que respecto de su procedencia ya existe interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 28/2001 invocada en el cuerpo del presente proveído. De ahí que no se considere que exista una interpretación adicional, pues en tal criterio el gobernado tuvo conocimiento con exactitud del medio ordinario de defensa que estaba a su alcance para impugnar los actos reclamados, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. No obsta a lo anterior que a través de las alegaciones que vierte la promovente se pretenda demostrar que la determinación combatida pudiera ser de difícil reparación, pues, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, de ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, resulta notoriamente improcedente la demanda de cuenta. Por las razones que la informan, es de citarse la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." C) Aunado a lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, antes transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ello porque el artículo 172 de la legislación en comento dispone los casos en los cuales se considerarán violadas las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, los cuales para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el particular, como se indicó la quejosa es parte demandada en el expediente agrario 453/2020, promovido por Casimira Aida García Avilés y/o Casimira Aida García Avilés y/o Aida García Avilés, al cual se acumuló el diverso 88/2022, en el que no se ha resuelto en definitiva. Por lo que el acto consistente en la falta de notificación personal y emplazamiento del expediente agrario 88/2023 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, se advierte que es de naturaleza intraprocesal o adjetiva. Lo anterior, toda vez que únicamente produce el efecto de que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen; pero sin impacto material inmediato en derechos humanos (sustantivos) de la quejosa consagrados en la Constitución, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir; luego, las consecuencias son sólo intraprocesales. Además, cabe la posibilidad de que en el expediente de origen se dicte un fallo favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5º.C.8 K (10ª), de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Por lo expuesto, -como se precisó en el cuerpo de la presente determinación- al estar probado en esta estadía procesal la actualización de manera notoria y manifiesta de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, con relación al ordinal 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario "********************", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, esto es los estrados; motivo por el cual, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, (9a.) de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el capítulo primero de los Principios Rectores, del expediente electrónico y otras soluciones digitales del Título Séptimo de la Utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el Trabajo contemplado en el artículo tercero del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se tienen por autorizados los medios no procesales de comunicación que las partes llegaren a proporcionar durante la tramitación del presente juicio. Medios electrónicos. Se hace del conocimiento a las partes del presente juicio de amparo que en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que desde este momento se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, en caso que llegaran a solicitarlo durante la substanciación del presente asunto. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública de la persona Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento del nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese por estrados a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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