Elizabeth Martínez Martínez

Expediente 1052/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1052/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1052/2017 M3-B#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil diecisiete. se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. Devolución de documentos. ... se deja a disposición de la parte quejosa, dichas documentales, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las citadas documentales, previa copia certificada que se deje en autos, teniéndose como autorizadas para recibirlas a las personas señaladas en autos, previa razón de entrega y copia de su identificación que se deje en este expediente. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que, en caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger los documentos descritos; dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos en su momento junto con el expediente. . ...la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y, de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1052/2017 Acuerdo: PRAL. 1052/2017 M3-B#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil diecisiete. se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. Devolución de documentos. ... se deja a disposición de la parte quejosa, dichas documentales, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las citadas documentales, previa copia certificada que se deje en autos, teniéndose como autorizadas para recibirlas a las personas señaladas en autos, previa razón de entrega y copia de su identificación que se deje en este expediente. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que, en caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger los documentos descritos; dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos en su momento junto con el expediente. . ...la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y, de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1052/2017 Acuerdo: PRAL.1052/2017-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil diecisiete. Se agrega escrito. Agréguese el escrito de la quejosa Elizabeth Martínez Martínez, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de este año (fojas 8 a 11), y precisa que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 14); esto es, el mismo día en que se efectuó la diligencia de requerimiento y emplazamiento. En esas condiciones, se acuerda: Estudio. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes (foja 3): (Imagen escaneada) Y en el escrito aclaratorio de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 14), la parte quejosa precisó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 14) puesto que la diligencia de requerimiento y emplazamiento se entendió con sus familiares ese mismo día, quienes le hicieron saber la existencia del juicio 279/2017 del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil. Improcedencia de la demanda. De lo anterior, se advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; el primero de dichos preceptos establece: "ARTÍCULO 61 El juicio de amparo es improcedente: (...). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El artículo citado en primer lugar prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, con registro 178756, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." Sentado lo anterior, en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, así como la falta de emplazamiento en el juicio 279/2017; sin embargo, en el escrito aclaratorio de veintiocho de septiembre de este año (foja 14) manifestó que con data dieciséis de agosto de dos mil diecisiete tuvo conocimiento de la existencia del juicio 279/2017 en el que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento y emplazamiento y se dictó la resolución reclamada; por tanto, el cómputo del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo inició el dieciocho de agosto y concluyó el siete de septiembre del año en curso. Dado que los días hábiles que transcurrieron son: (1) dieciocho, (2) veintiuno, (3) veintidós, (4) veintitrés, (5) veinticuatro, (6) veinticinco, (7) veintiocho, (8) veintinueve, (9) treinta, (10) treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, (11) uno, (12) cuatro, (13) cinco, (14) seis y (15) siete de septiembre de dos mil diecisiete; ello, tomando en consideración lo siguiente: - Los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos y tres de septiembre de este año, fueron sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo, origen de este expediente, fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia esta población; es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada cuando ya había transcurrido el término legal para su presentación, esto es, aproximadamente cinco días hábiles posteriores a su fenecimiento; de ahí que, se reitera, resulta extemporánea la presentación de la demanda; por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que el quejoso no se ubica dentro de las hipótesis legales que contemplan las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado de ninguna manera se adecua a alguno de los supuestos comprendidos en las fracciones transcritas con anterioridad, que exceptúan la presentación de la demanda dentro del término de quince días, en virtud de que no se trata de una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal, que le imponga pena de prisión; tampoco es el caso de que se reclamen actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; menos aún se está ante un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se está en presencia de una incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, SE DESECHA, DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Elizabeth Martínez Martínez; con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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