Elizabeth Manzano Morales

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Manzano Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    INC 381/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. En esas condiciones, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en la primera resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu) y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente (conservable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido, en parte, la suspensión definitiva en interlocutoria de nueve de mayo de este año, este expediente es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado acuerdo general; por ello, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 381/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintiocho de junio de esta anualidad, firmada y autorizada el treinta de junio siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a dicha parte procesal; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal; por ende, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (conservable) y archivo reciente. Toda vez que en este juicio, por una parte, se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa, el destino de este expediente es CONSERVABLE, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General invocado, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 7. Documento a disposición. Por otra parte, no pasa desapercibido que en este expediente obra el escrito con sello de recibo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda; sin embargo, no es preciso ordenar la devolución respectiva, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, no prevé la devolución de documentales tratándose de asuntos conservables; ello, sin perjuicio de que la parte quejosa solicite su devolución, de convenir a su interés. 8. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 381/2023 MESA 7 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo ********; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el dieciocho de abril de este año, y turnada a este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, ********************************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veinte de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el número 381/2023, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En auto de veinticuatro de mayo del año que transcurre se tuvo a la quejosa ************************, ampliando la demanda de amparo inicial, en relación a los actos reclamados que se citarán en el considerando respectivo de este fallo. CUARTO. Citación para sentencia. Previos los trámites de ley, en proveído de doce de junio del año en curso se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados tienen ejecución en la ciudad de Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo y escrito de ampliación; así, se precisa que *******************************************, reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS ESCRITO DE DEMANDA INICIAL 1. Subsecretaría de Bienestar. 2. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. 3. Dirección General para la Validación de Beneficiarios. 4. Dirección General de Operación Integral de Programas. 5. Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca.  Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto 4.1 Proceso del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022.  La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.  La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA 1. Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca. 2. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. 3. Dirección General para la Validación de Beneficiarios; y, 4. Dirección General de Operación Integral de Programas.  Negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes.  Suspensión del registro de solicitudes de incorporación. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de dos actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Subsecretaría de Bienestar, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en a) omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes, descrito en el punto 4.1 Proceso del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022, b) negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes y c) suspensión del registro de solicitudes de incorporación; dado que indican que no son las autoridades competentes. Lo anterior, porque dicha atribución corresponde a diversa autoridad, esto es, a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los Módulos de Atención, conforme a lo estipulado en punto 4.1, incisos a), b) y c) de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023 . Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esas negativas, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Subsecretaría de Bienestar, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los diversos actos reclamados consistentes en:  La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.  La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Ahora, es necesario precisar que, al tratarse de actos omisivos, no corresponde a la parte quejosa demostrar los mismos, sino a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en tales omisiones. En el caso, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.3, de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023 , dichas autoridades son las instancias responsables y operativas del programa para la atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; por tanto de incorporar y autorizar el apoyo económico a los beneficiarios el cual no se ha entregado a la parte quejosa. De ahí que las negativas se desvirtúan y se tienen por ciertas la omisiones reclamadas. Sirve de apoyo la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, de rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Por otra parte, la 5) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, a través del subdelegado de Desarrollo Social y Humano, en ausencia de la delegada, al rendir sus informes justificados, negó la existencia de todos los actos reclamados en la demanda y ampliación de la misma. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada en autos, pues de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, antes citadas, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca es la instancia operativa y ejecutora del citado programa. Además, a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de abril de dos mil veintitrés) no se había iniciado el proceso para registrar a la quejosa en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; tampoco, se advierte que se haya aceptado su incorporación y menos que se le haya entregado apoyo económico. Por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos que le atribuyó la quejosa. QUINTO. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, la 1) Subsecretaría de Bienestar, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, 2) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 3) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 4) Dirección General de Operación Integral de Programas, a través del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, al rendir sus informes justificados, respectivamente, manifestaron que en el caso sobrevienen cuatro causas de improcedencia, a saber: 1) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, aduciendo que la parte quejosa no realizó conceptos de violación encaminados a explicar qué acto cometió dicha autoridad en su perjuicio. 2) La causal establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues indica que la parte quejosa no acredita su interés jurídico. 3) La establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, de la Ley de Amparo, señalando que no se pueden concretar los efectos del juicio de amparo. 4) La prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, señalando, en esencia, que el acto reclamado en esta vía constitucional fue consentido. Primera causal de improcedencia. Respecto a la primera causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, se aduce que la parte quejosa no realizó conceptos de violación específicos; argumento que resulta infundado. Es menester precisar que la Ley de Amparo no exige que los conceptos de violación se expresen con determinadas formalidades indispensables, ya que basta considerar que la demanda de amparo es un todo en forma integral, que debe analizarse en su conjunto, lo que lleva a concluir que aun cuando la costumbre ha conducido a quienes los formulan a precisarlos en un determinado capítulo del escrito de demanda, por razón de claridad y de forma, deben considerarse como conceptos de violación todos aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de amparo, que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos. Lo que significa que basta que en cualquier parte o capítulo de la demanda relativa se expresen argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, para que deba ser estudiado como concepto de violación en la sentencia que corresponda, pues, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se debe analizar cada uno de los conceptos de violación que se expresen. Por ello, para que existan "conceptos de violación" en el escrito de demanda de amparo es suficiente con que se exprese con claridad la causa de pedir y se señale cuál es la lesión o agravio que el quejoso considera que le depara el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio, para que se tengan como tales. Se precisa que la parte quejosa sí combate el actuar omisivo de las autoridades responsables, pues aduce que se le deja en indefensión al no inscribirla, incorporarla y entregar el apoyo económico del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; argumento que, en estricto sentido, se traduce en un concepto de violación. Además, en el caso opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo, en razón de que, según se desprende de los hechos de la demanda narrados bajo protesta de decir verdad, la quejosa se encuentra en una condición de desventaja porque cuenta con una discapacidad. En ese sentido, al operar la suplencia de la parte quejosa en el presente caso, este se estudiará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022415, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, no resulta aplicable la tesis que se invoca, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE". Segunda causal de improcedencia. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, también deviene infundada, porque, contrario a lo argumentado, la quejosa sí acredita su interés jurídico con la documental que exhibió con su demanda de amparo, consistente en el acuse de recibo del escrito de trece de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, recibido el diecisiete de febrero siguiente. De ahí que, con la presentación de dicho acuse de recibo de la solicitud efectuada para que se le inscribiera en el programa, es suficiente para acreditar su interés jurídico, pues produce todos sus efectos legales ante las autoridades responsables. Tercera causal de improcedencia. La tercera causal de improcedencia invocada, también es infundada, en virtud de que no se ha incorporado a la quejosa al padrón del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y tampoco ha recibido el apoyo de dicha pensión a la fecha de emisión de la presente sentencia; de ahí que con una eventual concesión de amparo, se podrían concretar y restituir los derechos humanos que la peticionaria de amparo dice se transgreden. Cuarta causal de improcedencia. De igual forma, resulta infundada la cuarta causal de improcedencia invocada, en razón de que al constituir los actos reclamados una omisión, no opera la regla del plazo de quince días por su carácter de omisivo de tracto sucesivo. En cambio, respecto de los actos reclamados consistentes en la a) omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes, descrito en el punto 4.1 Proceso del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022; b) negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes y c) suspensión del registro de solicitudes de incorporación; que atribuye a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, del informe justificado rendido por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, en ausencia de la delegada, y de las documentales anexas al mismo en copia certificada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que:  El siete de junio del año en curso inició el registro de solicitantes para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; mismo que concluye el treinta de junio de este año.  El nueve de junio de esta anualidad, dicha Delegación requisitó a la aquí quejosa el Formato de Registro Personas con Discapacidad con número de folio ********** y la cédula de verificación de discapacidad con folio *************** a través de los cuales se solicitó su incorporación al referido programa, y en los que se advierte la firma de la solicitante, aquí quejosa; además, se le informó que esa solicitud fue capturada en el sistema respectivo el doce de junio de dos mil veintitrés, generándose la captura *********. De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues la demanda de amparo se presentó el dieciocho de abril de esta anualidad, en tanto que su escrito de ampliación se recibió en este Juzgado el veintitrés de mayo siguiente; y fue hasta el doce de junio de dos mil veintitrés en que la solicitud de la quejosa fue capturada en el sistema respectivo. Por ello, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de la quejosa, en tanto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió; por tanto, aun de concluirse que los mismos son inconstitucionales, jurídicamente, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que patentiza que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En consecuencia, al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia; con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados siguientes:  Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto 4.1 Proceso del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022 (Acto reclamado en la demanda de amparo).  Negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes (Acto reclamado en la ampliación demanda de amparo).  Suspensión del registro de solicitudes de incorporación (Acto reclamado en la ampliación demanda de amparo). El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de fondo; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Estudio respecto de diversos actos reclamados. En diversa tesitura, en la demanda de amparo la parte quejosa también señaló como actos reclamados los siguientes: La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Mismos que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Subsecretaría de Bienestar. 2. Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. 3. Dirección General para la Validación de Beneficiarios. 4. Dirección General de Operación Integral de Programas. 5. Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca. Ahora, los conceptos de violación que formuló la parte quejosa no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El estudio de la demanda de amparo, en relación con las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, conduce a determinar lo siguiente: De las constancias allegadas a este juicio de amparo por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, en ausencia de la delegada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: - La solicitud de pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad de la quejosa fue capturada en el Sistema de Formato Único Bienestar el doce de junio de este año, generándose la captura *********. - De conformidad con lo señalado en el numeral 4.1. Proceso, inciso c), y 3.4. Criterios de Priorización de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, vigente en el ejercicio fiscal 2023, se desprende que se informará a la persona solicitante o a su adulto auxiliar, el resultado de su solicitud de incorporación al programa, en un plazo máximo de dos meses a la captura del trámite por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los Módulos de Atención a partir de su solicitud (sic) o a través de la Línea de Bienestar Establecida en el inciso a) del numeral 6.2. solicitudes de información de las reglas de operación. Actividad de validación que, según lo dispuesto en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, es competencia de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios. De lo anterior, se desprende que si, en el caso, el doce de junio del año en cuso se realizó el registro de la solicitud efectuada por la quejosa en el sistema, en tanto que la Dirección General para la Validación de Beneficiarios cuenta con dos meses para informar y/o notificar a la persona solicitante el resultado de su trámite , es inconcuso que las autoridades responsables a quienes la parte quejosa les atribuye: La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. No están en posibilidad de notificarle su incorporación al programa ni de iniciar el pago del apoyo económico, hasta en tanto 1) transcurra el periodo de registro de los solicitantes -inciso a) del punto 4.1. del ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023- , y 2) se agote el inciso b) del punto 4.1. del referido acuerdo. De tal manera que la omisión de las autoridades responsables no transgrede, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar infundada la causa de pedir, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados contra las omisiones atribuidas a las responsables a) Subsecretaría de Bienestar, b) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, c) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, d) Dirección General de Operación Integral de Programas y e) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca; descritas en este considerando. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En esas condiciones, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************************ respecto de los actos reclamados consistentes en:  Omisión de iniciar el proceso para la atención de personas solicitantes descrito en el punto 4.1 Proceso del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022 (acto reclamado en la demanda de amparo).  Negativa de iniciar el proceso de acceso para la atención de personas solicitantes (acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo).  Suspensión del registro de solicitudes de incorporación (acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo). Reclamados a las responsables a) Subsecretaría de Bienestar, b) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, c) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, d) Dirección General de Operación Integral de Programas y e) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar. Lo anterior, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a la quejosa **********************************************respecto de los actos reclamados consistentes en: ? La omisión de notificarle la incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. ? La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre de incorporación al padrón de beneficiarios. Atribuidos a las responsables a) Subsecretaría de Bienestar, b) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, c) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, d) Dirección General de Operación Integral de Programas y e) Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar; por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    PRAL 381/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Incorpórense a los autos el oficio número 510.E.-13614, suscrito por el subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de las autoridades responsables 1) Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, 2) Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y 3) Dirección General de Operación Integral de Programas, con residencia en la Ciudad de México; visto su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado, en relación al escrito de ampliación de demanda de amparo; con dicho informe, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Asimismo, téngasele reiterando la designación de delegados y domicilio oficial para recibir notificaciones; lo que ya fue acordado en autos. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano