Elizabeth López Morales

Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1172/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth López Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    PRAL 1172/2022 MESA 7* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1172/2022, como se ordenó en acuerdo de diez de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***** e informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, hace constar que: a) No existe documento con el que deba darse cuenta. b) A la fecha no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1) registrador adscrito al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, Registraduría de la Villa de Etla, Oaxaca y 2) actuaria judicial adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y la data de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. c) Las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el caso, se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, por el hecho de que los informes justificados de las citadas autoridades responsables no hayan sido rendidos al menos con ocho días de anticipación a esta fecha; lo anterior, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además, la quejosa no solicitó el diferimiento de la audiencia, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. A continuación, en el período probatorio se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental de su parte la que acompañó a su demanda de amparo, consistente en: a) Instrumento notarial novecientos catorce (914), del protocolo del notario público ciento treinta (130) del Estado de Oaxaca, relativo al contrato de compraventa respecto de un inmueble identificado como "*****" del predio a que se refieren los antecedentes I y II, ubicado en el *****", en jurisdicción de San Lorenzo Cacaotepec, distrito de Etla, Oaxaca, el cual tiene las siguiente colindancias: Al oriente: mide doce metros con cuarenta y cinco centímetros y colinda con la propiedad de ***** y una servidumbre de paso de cuatro metros de ancho por todo lo largo. Al poniente: mide doce metros con cuarenta y cinco centímetros y colinda con la propiedad de *****. Al norte: mide treinta y ocho metros con cincuenta y dos centímetros y colinda con el "*****" de la subdivisión, actualmente propiedad de los señores ***** y *****. Al sur: mide cuarenta metros con diez centímetros y colinda con la propiedad de *****. b) Boleta de registro definitivo del inmueble "Lote 2 ubicado en el ***** en jurisdicción de la población de San Lorenzo Cacaotepec", con fecha de asiento dieciséis de octubre de dos mil veintiuno. Acto continuo, se acuerda: ténganse por desahogada la documental ofrecida por la parte quejosa, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. No habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto, para resolver el juicio de amparo 1172/2022; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el seis de octubre de este año, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos reclamados que se precisaran en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de diez de octubre de este año se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 1172/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y porque las autoridades responsables tienen su residencia en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de los actos reclamados. La parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. JUEZ TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. JUEZ CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. JUEZ QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ETLA, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ETLA, OAXACA. REGISTRADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ETLA, OAXACA. Lo siguiente: (Imagen escaneada) Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: NÚMERO DE OFICIO AUTORIDAD FOLIO SENTIDO 738 Secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13709 NIEGA 736/2022 Actuaria Judicial de la Primera Secretaría del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13724 NIEGA 761/2022 Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13725 NIEGA Sin número Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13789 NIEGA 758/2022 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13800 NIEGA 862/2022 Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13837 NIEGA 763/2022 Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 13897 NIEGA 2643/2022 Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. 14006 NIEGA TERMINACIÓN: 129/2022 Registrador adscrito al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, Registraduría de la Villa de Etla, Oaxaca 14168 NIEGA 2645/2022 Actuaria judicial adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca 14261 NIEGA 867/2022 Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 14067 NIEGA Como ya se vio, del cuadro anterior se desprende que las autoridades responsables negaron los actos consistentes en la existencia de expediente alguno en el que la parte quejosa figure como parte demandada, así como que tampoco se ha emitido acuerdo de embargo o exequendo que ordene llamarla a juicio; ni se ha emitido sentencia, orden de desalojo, orden de inscripción preventiva y definitiva, orden de adjudicación y escritura respecto del inmueble que alude la quejosa; por tanto, no existe orden de desposesión del inmueble identificado como *****", en jurisdicción de San Lorenzo Cacaotepec, distrito de Etla, Oaxaca. En tanto que las diversas autoridades ejecutoras, actuarios judiciales adscritos a los Juzgados 1) segundo y 2) tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no rindieron sus informes justificados, a pesar de haber quedado notificadas de dicha petición el catorce de octubre de este año; sin embargo, no se debe tener por cierto el acto que se le reclama, ya que fueron señaladas como autoridades ejecutoras de actos cuya existencia negaron las autoridades a la que se atribuye su ordenamiento. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Quinto. Precisión sobre acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, consistentes en la existencia de expediente alguno en el que la parte quejosa figure como parte demandada, así como que tampoco se ha emitido acuerdo de embargo o exequendo que ordene llamarla a juicio; ni se ha emitido sentencia, orden de desalojo, orden de inscripción preventiva y definitiva, orden de adjudicación y escritura respecto del inmueble que alude; en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando cuarto de este fallo. TERCERO. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.487/20220.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, Congreso del Estado de Oaxaca, informó sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia dictada en este juicio de amparo autorizada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido el fallo protector; al efecto se destaca lo siguiente: 2. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el siete de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el ocho de octubre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: I. Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte, por el que determinó iniciar el proceso de ratificación o no ratificación de la quejosa como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º El desechamiento de la excepción de incompetencia. 3º. El desechamiento de plano del incidente de recusación promovido contra la presidenta de dicha Comisión. 4º El dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en ese cargo. 5º La aprobación del referido dictamen. 6º Las consecuencias de la aprobación del dictamen, consistente en la privación del cargo, falta de pago y demás prestaciones. Y respecto de lo que la quejosa reclamó como: 7º Todo el procedimiento para emitir el dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en dicho cargo. No se tiene como un acto destacado, toda vez que de la lectura a las constancias remitidas por esa responsable, se aprecia que el procedimiento para emitir ese dictamen se conforma de: 1º El acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte, por el que determinó iniciar el proceso de ratificación o no ratificación de la quejosa como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La petición de informe. 3º La citación a la quejosa para comparecer ante dicha Comisión. El primero de esos actos constituye uno de los reclamados por la quejosa y, respecto del segundo, la quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, como vulneración a su derecho fundamental de audiencia. II. Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y III. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El procedimiento seguido ante el Congreso responsable para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La aprobación del dictamen sin fecha. 3º La emisión del decreto por el que se determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en dicho cargo. 4º La determinación para que haga entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 5º Las consecuencias del decreto, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. IV. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto de que se trata. 2º Las consecuencias de la ejecución, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. V. Director de Administración VI. Director de Finanzas. VII. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración. VIII. Director de Gestión Administrativa. Todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto que determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º El cumplimiento y ejecución de las órdenes giradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 3º La baja de la plantilla del personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 4º La baja de la nómina relativa. 5º La baja como afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema del Ahorro para el Retiro. 6º La falta de pago del sueldo de magistrada de Tribunal, incluyendo todos los sueldos, prestaciones, bonos, compensaciones y otros. IX. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º La convocatoria pública de ocho de septiembre de dos mil veinte, para la selección de aspirantes a la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La orden para publicar dicha convocatoria. 3º El envío de la lista y expedientes de los respectivos aspirantes. 4º El envío de la terna al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que se elija a la magistrada de Tribunal. X. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º La promulgación y refrendo de dicha convocatoria. 2º La orden para publicar la referida convocatoria. XI. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca: 1º La publicación de la convocatoria de que se trata, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. XII. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º La aplicación del examen de oposición a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La certificación de cumplimiento de los requisitos de ley de los aspirantes a ocupar ese cargo. 3º La remisión de la lista que contenga los ocho candidatos a ocupar el cargo de magistrada de ese Tribunal. XIII. Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El acuerdo por el que se determina iniciar el proceso de nombramiento o elección de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º Todo el procedimiento para elegir o nombrar a la magistrada. 3º El dictamen con proyecto de decreto por el cual se pondrá a consideración del Pleno, el nombramiento o elección de magistrada de Tribunal. 4º La aprobación del dictamen con proyecto de decreto mencionado. XIV. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El procedimiento seguido para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el cual se pondrá a consideración del Pleno, la elección de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La aprobación del dictamen con proyecto de decreto referido. 3º La emisión del decreto por el que se elija a la magistrada de dicho Tribunal. 3. Sentencia de amparo. Por sentencia autorizada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 4. Recursos de revisión. Por acuerdos de: a) Veintidós de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa. b) Veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a la responsable, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el carácter de representante legal de la misma; c) Veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; y, d) Dos de septiembre de ese año dos mil veintiuno, ***********: Interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia. 5. Ejecutorias de Colegiado. En auto de quince de febrero de dos mil veintidós se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito remitiendo testimonio de las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión********, **********, *** y***, en las que: a) Respecto al primer medio de impugnación, modificó los efectos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, ya que decretó el sobreseimiento en los términos del considerado octavo de esa ejecutoria y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: (.) (.) (Imagen escaneada). b) Por cuanto a las diversas ejecutorias 150/2021, 185/2021 y 346/2021, se modificó la sentencia sujeta a revisión; por una parte, sobreseyó el juicio de amparo y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos resueltos en la referida ejecutoria del amparo en revisión 149/2021. Por lo que se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable respectiva. 6. Constancias remitidas por la responsable. Mediante proveídos de veintiséis de julio y dos de septiembre del año en curso, se tuvo a la responsable, Congreso del Estado de Oaxaca, comunicando lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia de diversas constancias, dándose vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien hizo valer lo procedente. 7. Análisis del cumplimiento de la sentencia. Previamente, es de señalarse que el Tribunal Colegiado, al modificar la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, lo realizó en relación con los efectos en que se concedió, dejando intocado los razonamientos por los cuales se estimó inconstitucional el acto reclamado. 1º Así, en la sentencia de amparo se consideró lo siguiente: ". Dictamen analizado. El dictamen con proyecto de decreto que fue aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, fue elaborado de acuerdo con los siguientes puntos: 1. Antecedentes (fojas 1 a 4 del dictamen que obra en el tomo anexo II). I. Fecha en que se eligió a la quejosa como magistrada de Tribunal. II. Periodo para el que fue electa. III. Inicio de proceso de ratificación o no ratificación en su cargo. IV. Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y anexos que exhibió. V. Citación a la quejosa para audiencia ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca. VI. Escrito de la quejosa recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el que promueve incidente de recusación contra la diputada *****. VII. Comparecencia de la quejosa, por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte. 2. Considerandos. En los considerados primero, relativo al análisis de competencia para conocer y resolver sobre la ratificación, reelección o no de la quejosa, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, señalando los preceptos que, dicen, son aplicables al caso concreto (fojas 4 a 8 del dictamen que obra en el tomo anexo II); y, séptimo, de la comparecencia de la magistrada, se señala en el dictamen que mediante escrito de uno de septiembre de dos mil veinte, la quejosa opuso la excepción de incompetencia contra el órgano colegiado que inició el procedimiento de ratificación o no ratificación (foja 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Ahora, en el escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte ante la Comisión responsable (que obra en el tomo anexo III) se advierte que la quejosa opuso la excepción de incompetencia al considerar que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no es competente legalmente para iniciar y conocer del proceso de ratificación o no ratificación en el cargo de magistrada. Al respecto, refirió dicha quejosa en el referido ocurso que los preceptos invocados por dicha Comisión, a saber, 59, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 42, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del Estado de Oaxaca, no contemplaban la competencia en tal aspecto, sino únicamente para conocer los asuntos respecto de los nombramientos de los magistrados, no de su ratificación; en tanto que la jurisprudencia en que se apoyó la Comisión no resultaba aplicable, porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, exponiendo los motivos de ello; además, que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. Por su parte, en el referido dictamen la Comisión responsable determinó que era competente acorde a las disposiciones invocadas con anterioridad, y desechó la excepción de incompetencia planteada, pero sin estudiar los motivos de inconformidad de la quejosa, manifestando únicamente que esta última había presentado un escrito oponiendo la excepción de incompetencia. Ello deviene en la falta de motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque al desecharse la excepción de incompetencia, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia no expresó claramente por qué no le asistía razón a la quejosa, quien alegó que la jurisprudencia en que se apoyó se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, para lo cual expuso los argumentos relativos; además de referir que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. En otro aspecto, en el dictamen analizado aparece que la Comisión responsable se pronuncia sobre la excepción de recusación contra la diputada**********, para lo cual resolvió en dos sentidos: 1. Desechó, de plano, la recusación planteada, porque en el escrito relativo la quejosa no expresó bajo protesta de decir verdad los hechos en los que basaba su pretensión, tampoco cumplió con el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, porque no se exhibió el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación e invocó en apoyo la jurisprudencia de rubro "RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE SUBSANE" (fojas 48 a 53 del dictamen que aparece en el tomo II). II. Porque no operaba la figura de la recusación, ya que no se trataba de una controversia basada en el ejercicio del cargo de la magistrada, sino en una evaluación que desde el Poder Legislativo podía analizarse para determinar si es o no ratificada o reelecta en el cargo. Sostuvo la Comisión responsable que la ratificación o reelección de las magistraturas al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local se da cuando se demuestra poseer los atributos que se le reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de ahí que, dijo, el derecho a la ratificación o reelección se realizaba exclusivamente para quienes habían concluido el periodo de ocho años para el que fueron designados y necesariamente requerían ser evaluados por el Poder Legislativo (fojas 53 a 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Que el presunto interés personal que alegaba la magistrada, por parte de la diputada presidenta de la Comisión Permanente, en nada se relacionaba con la obligación constitucional que le correspondía a los representantes populares de la legislatura, porque el ejercicio de evaluación relativo no se realizaba exclusivamente a la magistrada, pues se trataba de un proceso constitucional al que se encontraban sujetas todas las personas que concluían el periodo respectivo (foja 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Por lo que la presidenta de la Comisión no había optado, dijo, de manera arbitraria por intereses personales, en tanto que el Pleno era el máximo órgano de decisión sobre el asunto (fojas 56 y 57 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Además, se sostuvo en dicho dictamen que la magistrada había divulgado datos personales de víctimas, para fundar la recusación planteada, por lo que advertía probable responsabilidad, manifestándose por la injustificada utilización de los datos personales en situación de víctima que no hubieren sido autorizados a su uso y divulgación (fojas 57 a 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta respuesta a la petición de la quejosa resulta incongruente y vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque la autoridad responsable determinó desechar de plano el incidente de recusación: a) Por falta de cumplimiento en los requisitos a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Amparo, sin señalar por qué era aplicable esta legislación en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. b) Y porque no operaba la figura de la recusación, para lo cual analizó la conducta de la presidenta de la Comisión, a fin de determinar que no existían intereses personales en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. Así, resolvió desechar el incidente de recusación, por no cumplirse con los requisitos de forma y, además, por cuestiones de fondo, al prejuzgar, sin prueba alguna, que no existían intereses personales por parte de la diputada presidenta de esa Comisión; decisión que únicamente podía ser tomada al dictarse la resolución definitiva, porque con ello se dilucida la controversia planteada. De ahí que ello deja en estado de indefensión a la quejosa, por subsistir dos sentidos contrarios respecto de una misma pretensión. IV. También se aprecia que en el dictamen fue analizado el desempeño en la actividad jurisdiccional de la magistrada, para garantizar, se dijo, que la sociedad tenga el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, imparciales, aptos y eficaces; además, se garantiza a la magistrada el ser evaluada objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apta para seguir ocupando dicho cargo (fojas 23 del dictamen que obra en el tomo anexo II). En primer término, se estudió si continuaba cumpliendo con los requisitos y si poseía los atributos necesarios que motivaron su designación como magistrada, al efecto, realizó un cuadro comparativo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V, pero sin señalar de qué precepto y legislación se trataba (fojas 24 a 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Luego, determinó que, entre tales requisitos, no cumplía con el de la buena reputación, pues no había sido acreditada con ningún medio; contrariamente, sostuvo, la injustificada inasistencia de la magistrada había quedado evidenciada por no comparecer ante la Comisión en dos ocasiones (fojas 25 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta parte de ese dictamen no se encuentra motivada, en la medida que omite exponer el motivo por el cual la "buena reputación" se relaciona con la inasistencia de la quejosa ante la misma. En segundo lugar, se determinó que la ratificación o reelección se interpretaba como un nuevo nombramiento, por un segundo periodo, por lo que debía analizarse si existía idoneidad en el sujeto, en su desempeño como impartidora de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos en el Poder Judicial o de los usuarios del mismo (foja 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Así, estableció el significado de los vocablos "eficiencia" (de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española), "capacidad", "probidad", "honorabilidad", "competencia", "buena reputación" y "competencia", (fojas 27 a 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Al respecto, dijo haber estudiado los documentos que estaban detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, al respecto, argumentó que: a) Las constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, tienen el propósito de comprobar el cumplimiento del requisito de capacidad que deben tener los profesionistas o servidores públicos judiciales para poder ser designados como magistrados y magistradas del Tribunal (foja 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). b) La quejosa exhibe un sinfín de constancias en donde sólo acudió como asistente a diversos cursos. c) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. d) Que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, lo que resulta prioritario, dice, porque ante la emergencia sanitaria generada por el covid-19, las nuevas tecnologías demanda a los funcionarios públicos trabajar mediante plataformas digitales, redes sociales y cualquier medio de vanguardia, lo que resultaba necesario para demostrar su permanencia en el cargo, y para aspirar a su ratificación o reelección; además de ser indispensable para estar en condiciones de emitir resoluciones debidamente ajustadas en derecho en los asuntos elevados a su análisis y resolución, y garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. e) Que los cursos son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, porque solo prueban que ha estado de oyente en los cursos, pero debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II). Y concluye que el requisito de eficiencia se declara no acreditado. Ahora, en ese dictamen se estableció que el concepto de eficiencia se traducía en la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado; y para analizar ese valor, debía acudirse al desempeño profesional que como magistrada había tenido la sujeta evaluada, además de contratastarlo con su antigüedad en del Poder Judicial (fojas 27 y 30 del dictamen que obra como tomo anexo II). De los documentos que dijo haber analizado y que están detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contrario a lo que sostiene la Comisión responsable, se advierte que: a) Respecto de las constancias en que dijo sólo acudió como asistente y de oyente en diversos cursos, por lo que son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, y que debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II), omitió señalar cuáles son esas constancias en las que se demuestra tal aspecto. Lo que la Comisión responsable debió expresar claramente, pues con base en los cursos a los que asistió la quejosa, en ese carácter, prejuzgó sobre la capacidad y eficiencia que debía quedar demostrada, como requisito para ser ratificada en el cargo de magistrada. b) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que, se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. Esta apreciación tampoco cumple con la motivación exigida en una determinación de tal naturaleza, porque la maestría en Derecho fue cursada del año mil novecientos noventa y cuatro al año mil novecientos noventa y seis, sin que en esa fecha hubiere obtenido el grado de maestra en Derecho. En tanto que el doctorado en Derecho fue cursado durante los años mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, presentó el examen de grado el uno de marzo de dos mil cuatro, obteniendo mención honorífica, en tanto que su cédula profesional fue expedida en el año dos mil doce. Así, a la fecha en que obtuvo el grado de doctora en Derecho fue en el año dos mil cuatro y, por tanto, a la fecha de emitirse el dictamen reclamado había transcurrido dieciséis años, no veinticinco años, como lo sostuvo la Comisión responsable. Tampoco se expuso la razón por la cual influye en la "no actualización", el que a la quejosa le hubieren expedido la cédula profesional varios años después de haber presentado el examen de grado. Ni expresa el motivo por el que "los estudios de posgrado" deben actualizarse y en qué legislación, reglamento, decreto, acuerdo general o circular, se establece tal actualización, en esos estudios. c) Por cuanto a que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, ante la nueva forma de trabajar, a distancia; la Comisión responsable omitió exponer claramente en qué medida influye el que no tenga dichos estudios, con la emisión de resoluciones que, dijo, deben estar ajustadas en derecho, para garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. Aunado a ello, tampoco consideró que la quejosa obtuvo diversas constancias por haber cursado los diplomados "El Modelo de Justicia Penal en México", "La Justicia de Ejecución Penal en México, una visión desde el juez de Ejecución"; así como el taller denominado "Delitos Fiscales", en línea o de forma virtual. Por otra parte, se advierte que de las documentales que se anexaron al oficio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, existen diplomas y constancias relacionadas con cursos, talleres, congresos y diplomados en que participó la quejosa, en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, de forma presencial y en línea o de forma virtual. En otro aspecto, respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque la quejosa, en su cargo de magistrada, había sido citada tres veces, sin comparecer, incluso, que había presentado un escrito el veintisiete de agosto de dos mil veinte, promoviendo incidente de recusación contra la presidenta de la Comisión, por lo que era notorio que sí estaba en condiciones de asistir, siendo tal proceder de mala fe y dolo, configurándose delitos de carácter penal, porque ejercieron la función pública de manera ilícita, abusando de su autoridad y coludiéndose para favorecer a la magistrada (sic); además, que pretende retrasar el proceso de ratificación o no ratificación con la recusación planteada. En el caso, la Comisión responsable no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito. Y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, uno de septiembre de dos mil veinte. Tampoco se expuso cuál es el motivo claro por el que se determina que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte. En relación a que de las cartas de recomendación que exhibió la magistrada, se demuestra un conflicto de intereses innegable, porque existe la posibilidad de que alguno de los seis presidentes de las Barras de Abogados que soportan el actuar de la magistrada, tengan interés especial en que ella continúe fungiendo como magistrada, ya que pudiera haber asuntos que tengan pendientes o que hubiere proyectado la magistrada en su momento, y litigados por los recomendantes, configurándose el conflicto de intereses a que se refiere el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, se trata de una hipótesis objetiva y, por tanto, susceptible de quedar acreditada a través de diversos medios probatorios, ya que se afirma la probable existencia del interés especial que pueden tener los firmantes de las cartas de recomendación, en que continúe la quejosa con el cargo de magistrada, bajo el argumento de que existen asuntos pendientes o resueltos proyectados por la magistrada, en el que aparezcan como litigantes, sin que la Comisión responsable expusiera cuáles son esos asuntos o expedientes en los que aparezcan los recomendantes como partes procesales o litigantes. Lo anterior, no obstante que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca le remitió un informe el seis de agosto de dos mil veinte, mediante oficio número TSJ/P/128/2020, al que anexó esas cartas de recomendación, para acreditar la buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público que ha tenido la magistrada (constancias existentes en el tomo III); informe que en esos términos le solicitó la Comisión rindiera, como se advierte del oficio número./EZL/LLXIV/067/2020, de veintinueve de julio del referido año (tomo II). Así también, la Comisión responsable concluyó que los requisitos de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ser reelegida o ratificada en el cargo de magistrada se tenían por no acreditados (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que esos principios están vinculados a la honradez y a la integridad en el accionar de la persona, de esta forma quien actúa con honestidad, integridad, probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, no miente, ni comete ningún abuso, actos inmorales o delitos, tampoco se conduce con dolo o mala fe y menos ante esa autoridad de carácter legislativo (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que la magistrada se aprovechó de la buena fe y del respeto que el Parlamento le mostró, apartándose, dice, de los parámetros éticos y de la honorabilidad de la alta responsabilidad que le fueron encomendados ocho años antes (foja 42 del dictamen que aparece en el tomo II). E invoca respecto de su actuar, la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUELLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". En el caso, no expresa claramente cuál es la conducta que la quejosa presentó ante esa Comisión, para que ésta la calificara como un comportamiento con las características de dolo o mala fe, y en qué consiste la buena fe del Parlamento que consideró vulnerada por esa conducta. Por tanto, no cumplió con la fundamentación y motivación reforzada a que se refiere el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la emisión de ese dictamen. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Se transcribe. Y pese a esa falta de fundamentación y motivación reforzada, dicha Comisión la aprobó mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte, en la que, aunque la presidenta diputada conoció desde el inicio del proceso de ratificación o no ratificación y emitió el dictamen, se abstuvo de participar en los puntos 7 y 9 de la orden del día, esto es, a) de la deliberación de las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y b) de la discusión, aprobación y, en su caso, votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se pone a consideración del Pleno la ratificación o no de la quejosa en el cargo de magistrada de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por existir un incidente de recusación promovido en su contra. Sin embargo, no obstante tal argumento de la presidenta de dicha Comisión, sobre la recusación, tuvo participación en la emisión del dictamen, pese a que fue en ese acto en el que tuvo conocimiento del escrito por el que se planteó tal incidente. Además, en la referida sesión ordinaria la presidenta recusada solicitó a los integrantes de la Comisión manifestaran si estaban de acuerdo con el proyecto de dictamen siendo aprobado por los presentes, dijo; de lo que se infiere que también la recusada aprobó ese proyecto, aunque había dicho que se abstenía de participación en ese punto específico. Acta que aparece firmada solamente por tres integrantes de la Comisión, incluida su presidenta, no así por otros dos integrantes, pese a que en la última parte del acta se estableció que firman los que en ella habían intervenido. Así, resulta fundado el concepto de violación que al respecto vertió la quejosa, ya que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprobó, en sesión extraordinaria de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, el dictamen con proyecto de decreto y emitió el decreto número mil seiscientos ochenta, en los términos siguientes: "UNICO. Se da cuenta con los DICTAMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA. A continuación, por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, con Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, determina no ratificar o reelegir a la doctora ****en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado Oaxaca, del cual, el diputado presidente pregunta si alguno de los integrantes de la Comisión desea exponer el dictamen. Al no haber quien haga uso de la palabra, con fundamento en los artículos 116 y 132 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, informa que no se registró reserva alguna. Acto siguiente, pone a discusión el dictamen con proyecto de decreto mencionado, en virtud de que no hay solicitudes para hacer el uso de la palabra, en votación económica pregunta si se aprueba el decreto mencionado, pidiendo a las y los diputados que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano (treinta y cuatro diputadas y diputados levantan la mano). Enseguida, a petición de la Presidencia, la Secretaría informa que se emitieron treinta y cuatro votos a favor. Por lo que se declara aprobado con treinta y cuatro votos a favor el Decreto mencionado, ordenándose remitir al Ejecutivo del Estado, a la doctora *****************y a las instancias correspondientes para los efectos procedentes." Pese a que dicho dictamen contravino lo previsto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: . 2º En la ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de revisión**********, se concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, en los términos y para los efectos siguientes: ". ." Entonces, la superioridad señaló que, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el dictamen se emitiría subsanando los vicios formales referidos en la sentencia de amparo, además, se aplicaran criterios objetivos de evaluación, a saber, de manera ejemplificativa, la productividad en el desahogo de los asuntos, tiempos de resolución en el dictado de sentencias, índice de eficacia de resoluciones, resultado de visitas, procedimientos seguidos en su contra y, en su caso, sanciones impuestas (página 114 de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 149/2021). Y modificó la sentencia de amparo pero en relación a que la protección concedida no abarcaba los actos de ejecución reclamados por la parte quejosa. Estudio del cumplimiento por parte de la responsable. De las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que: I) Respecto del efecto marcado con el número uno que dice: 1. Deje sin efecto el decreto número un mil seiscientos ochenta, aprobado por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria el dos de septiembre de dos mil veinte, en el que determina no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordena su notificación relativa, así como la entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del veintiséis de septiembre del referido año. La Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca emitió el decreto número seiscientos cinco, de fecha seis de abril de dos mil veintidós, por el que dejó sin efecto el diverso número un mil seiscientos ochenta, aprobado por el Pleno Legislativo en Sesión Extraordinaria el dos de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado determinó no ratificar o no reelegir a***********, en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como la entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Cumpliéndose con este efecto. II) Por cuanto al efecto marcado con el número dos, en su inciso a), que dice: 2. Emita resolución en la que ordene a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de dicho Congreso: a) Deje sin efecto el dictamen con proyecto de decreto y aprobación en sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte. En el referido decreto número seiscientos cinco, de fecha seis de abril de dos mil veintidós, el Congreso del Estado ordenó a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, dejara sin efecto el dictamen con proyecto de decreto aprobado en sesión ordinaria de esa Comisión el uno de septiembre de dos mil veinte. Así, fue cumplido este efecto de la sentencia. ". b) Con libertad de decisión nuevamente emita dictamen en la que subsane los vicios formales a que se refiere esta sentencia de amparo (y aplique criterios objetivos de evaluación)". El trece de julio de dos mil veintidós, en sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año del ejercicio legal de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se aprobó la dispensa de la lectura de las iniciativas, entre otras, del dictamen con proyecto de decreto por el que no se reelige y no ratifica a la doctora**********, con el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, presentado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia y, previa discusión, se declaró aprobado. Vicios formales a subsanar. Como se dijo, en la sentencia de amparo, confirmada en esos aspectos, se estableció que los vicios formales del dictamen que en su momento se aprobó por el Congreso del Estado, son los siguientes: ". En los considerados primero, relativo al análisis de competencia para conocer y resolver sobre la ratificación, reelección o no de la quejosa, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, señalando los preceptos que, dicen, son aplicables al caso concreto (fojas 4 a 8 del dictamen que obra en el tomo anexo II); y, séptimo, de la comparecencia de la magistrada, se señala en el dictamen que mediante escrito de uno de septiembre de dos mil veinte, la quejosa opuso la excepción de incompetencia contra el órgano colegiado que inició el procedimiento de ratificación o no ratificación (foja 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Ahora, en el escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte ante la Comisión responsable (que obra en el tomo anexo III) se advierte que la quejosa opuso la excepción de incompetencia al considerar que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no es competente legalmente para iniciar y conocer del proceso de ratificación o no ratificación en el cargo de magistrada. Al respecto, refirió dicha quejosa en el referido ocurso que los preceptos invocados por dicha Comisión, a saber, 59, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 42, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del Estado de Oaxaca, no contemplaban la competencia en tal aspecto, sino únicamente para conocer los asuntos respecto de los nombramientos de los magistrados, no de su ratificación; en tanto que la jurisprudencia en que se apoyó la Comisión no resultaba aplicable, porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, exponiendo los motivos de ello; además, que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. Por su parte, en el referido dictamen la Comisión responsable determinó que era competente acorde a las disposiciones invocadas con anterioridad, y desechó la excepción de incompetencia planteada, pero sin estudiar los motivos de inconformidad de la quejosa, manifestando únicamente que esta última había presentado un escrito oponiendo la excepción de incompetencia. Ello deviene en la falta de motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque al desecharse la excepción de incompetencia, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia no expresó claramente por qué no le asistía razón a la quejosa, quien alegó que la jurisprudencia en que se apoyó se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, para lo cual expuso los argumentos relativos; además de referir que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. En relación con este vicio formal, la responsable estableció lo siguiente: Que previo al análisis de la competencia de esa Comisión Permanente, se analizaba lo establecido por los artículos 120, in fine, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 42, fracción II, inciso c), y 64, del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; los cuales, dijo, son coincidentes en establecer que el Congreso del Estado tiene amplias facultades para nombrar y reelegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el incidente planteado por la aquí quejosa, resultaba improcedente, pues no limitaba al Congreso del Estado determinar únicamente sobre el nombramiento, sino que la Constitución Local le concedía facultades para la reelección, ratificación o no de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, e invocó la tesis de rubro: "CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NO ESTÁ IMPEDIDO PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO A UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A QUIEN DESIGNÓ PARA EJERCER PROVISIONALMENTE LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR SU ACTUACIÓN COMO JUZGADOR DE APELACIÓN". Por lo que, concluyó, resultaba axiomático que correspondía a la Comisión Permanente conocer y dictaminar sobre la reelección, ratificación o no de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 8 a 13 del dictamen). Ahora, al declararse improcedente la excepción de incompetencia planteada por la quejosa, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia omite pronunciarse sobre el argumento que la quejosa planteó al hacer valer esa excepción, a saber, que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado; no obstante que esa omisión fue considerada como un vicio formal en la sentencia de amparo. ". En otro aspecto, en el dictamen analizado aparece que la Comisión responsable se pronuncia sobre la excepción de recusación contra la diputada Elisa Zepeda Lagunas, para lo cual resolvió en dos sentidos: 1. Desechó, de plano, la recusación planteada, porque en el escrito relativo la quejosa no expresó bajo protesta de decir verdad los hechos en los que basaba su pretensión, tampoco cumplió con el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, porque no se exhibió el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación e invocó en apoyo la jurisprudencia de rubro "RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE SUBSANE" (fojas 48 a 53 del dictamen que aparece en el tomo II). II. Porque no operaba la figura de la recusación, ya que no se trataba de una controversia basada en el ejercicio del cargo de la magistrada, sino en una evaluación que desde el Poder Legislativo podía analizarse para determinar si es o no ratificada o reelecta en el cargo. Sostuvo la Comisión responsable que la ratificación o reelección de las magistraturas al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local se da cuando se demuestra poseer los atributos que se le reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de ahí que, dijo, el derecho a la ratificación o reelección se realizaba exclusivamente para quienes habían concluido el periodo de ocho años para el que fueron designados y necesariamente requerían ser evaluados por el Poder Legislativo (fojas 53 a 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Que el presunto interés personal que alegaba la magistrada, por parte de la diputada presidenta de la Comisión Permanente, en nada se relacionaba con la obligación constitucional que le correspondía a los representantes populares de la legislatura, porque el ejercicio de evaluación relativo no se realizaba exclusivamente a la magistrada, pues se trataba de un proceso constitucional al que se encontraban sujetas todas las personas que concluían el periodo respectivo (foja 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Por lo que la presidenta de la Comisión no había optado, dijo, de manera arbitraria por intereses personales, en tanto que el Pleno era el máximo órgano de decisión sobre el asunto (fojas 56 y 57 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Además, se sostuvo en dicho dictamen que la magistrada había divulgado datos personales de víctimas, para fundar la recusación planteada, por lo que advertía probable responsabilidad, manifestándose por la injustificada utilización de los datos personales en situación de víctima que no hubieren sido autorizados a su uso y divulgación (fojas 57 a 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta respuesta a la petición de la quejosa resulta incongruente y vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque la autoridad responsable determinó desechar de plano el incidente de recusación: a) Por falta de cumplimiento en los requisitos a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Amparo, sin señalar por qué era aplicable esta legislación en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. b) Y porque no operaba la figura de la recusación, para lo cual analizó la conducta de la presidenta de la Comisión, a fin de determinar que no existían intereses personales en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. Así, resolvió desechar el incidente de recusación, por no cumplirse con los requisitos de forma y, además, por cuestiones de fondo, al prejuzgar, sin prueba alguna, que no existían intereses personales por parte de la diputada presidenta de esa Comisión; decisión que únicamente podía ser tomada al dictarse la resolución definitiva, porque con ello se dilucida la controversia planteada. De ahí que ello deja en estado de indefensión a la quejosa, por subsistir dos sentidos contrarios respecto de una misma pretensión. ." Por cuanto a este aspecto, la responsable señaló que no operaba la figura de la recusación, porque el procedimiento de reelección o ratificación del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca no era una controversia litigiosa basada en el ejercicio del cargo de la quejosa; aunado a que Elsa Zepeda Lagunas actualmente ya no fungía como diputada de la Legislatura, al no ser integrante de la actual Comisión Permanente, por lo que, refirió, la recusación planteada había quedado sin materia, por tanto, era improcedente. ". IV. También se aprecia que en el dictamen fue analizado el desempeño en la actividad jurisdiccional de la magistrada, para garantizar, se dijo, que la sociedad tenga el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, imparciales, aptos y eficaces; además, se garantiza a la magistrada el ser evaluada objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apta para seguir ocupando dicho cargo (fojas 23 del dictamen que obra en el tomo anexo II). En primer término, se estudió si continuaba cumpliendo con los requisitos y si poseía los atributos necesarios que motivaron su designación como magistrada, al efecto, realizó un cuadro comparativo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V, pero sin señalar de qué precepto y legislación se trataba (fojas 24 a 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Luego, determinó que, entre tales requisitos, no cumplía con el de la buena reputación, pues no había sido acreditada con ningún medio; contrariamente, sostuvo, la injustificada inasistencia de la magistrada había quedado evidenciada por no comparecer ante la Comisión en dos ocasiones (fojas 25 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta parte de ese dictamen no se encuentra motivada, en la medida que omite exponer el motivo por el cual la "buena reputación" se relaciona con la inasistencia de la quejosa ante la misma. En este aspecto, la responsable realizó un cuadro comparativo (foja 30 del dictamen), y refirió que se habían acreditado los requisitos previstos en las diversas fracciones del artículo 101 de la Constitución Local del Estado de Oaxaca (fojas 40 a 42 del dictamen). ".En segundo lugar, se determinó que la ratificación o reelección se interpretaba como un nuevo nombramiento, por un segundo periodo, por lo que debía analizarse si existía idoneidad en el sujeto, en su desempeño como impartidora de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos en el Poder Judicial o de los usuarios del mismo (foja 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Así, estableció el significado de los vocablos "eficiencia" (de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española), "capacidad", "probidad", "honorabilidad", "competencia", "buena reputación" y "competencia", (fojas 27 a 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Al respecto, dijo haber estudiado los documentos que estaban detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, al respecto, argumentó que: a) Las constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, tienen el propósito de comprobar el cumplimiento del requisito de capacidad que deben tener los profesionistas o servidores públicos judiciales para poder ser designados como magistrados y magistradas del Tribunal (foja 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). b) La quejosa exhibe un sinfín de constancias en donde sólo acudió como asistente a diversos cursos. c) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. d) Que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, lo que resulta prioritario, dice, porque ante la emergencia sanitaria generada por el covid-19, las nuevas tecnologías demanda a los funcionarios públicos trabajar mediante plataformas digitales, redes sociales y cualquier medio de vanguardia, lo que resultaba necesario para demostrar su permanencia en el cargo, y para aspirar a su ratificación o reelección; además de ser indispensable para estar en condiciones de emitir resoluciones debidamente ajustadas en derecho en los asuntos elevados a su análisis y resolución, y garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. e) Que los cursos son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, porque solo prueban que ha estado de oyente en los cursos, pero debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II). Y concluye que el requisito de eficiencia se declara no acreditado. Ahora, en ese dictamen se estableció que el concepto de eficiencia se traducía en la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado; y para analizar ese valor, debía acudirse al desempeño profesional que como magistrada había tenido la sujeta evaluada, además de contratastarlo con su antigüedad en del Poder Judicial (fojas 27 y 30 del dictamen que obra como tomo anexo II). De los documentos que dijo haber analizado y que están detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contrario a lo que sostiene la Comisión responsable, se advierte que: a) Respecto de las constancias en que dijo sólo acudió como asistente y de oyente en diversos cursos, por lo que son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, y que debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II), omitió señalar cuáles son esas constancias en las que se demuestra tal aspecto. Lo que la Comisión responsable debió expresar claramente, pues con base en los cursos a los que asistió la quejosa, en ese carácter, prejuzgó sobre la capacidad y eficiencia que debía quedar demostrada, como requisito para ser ratificada en el cargo de magistrada. b) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que, se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. Esta apreciación tampoco cumple con la motivación exigida en una determinación de tal naturaleza, porque la maestría en Derecho fue cursada del año mil novecientos noventa y cuatro al año mil novecientos noventa y seis, sin que en esa fecha hubiere obtenido el grado de maestra en Derecho. En tanto que el doctorado en Derecho fue cursado durante los años mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, presentó el examen de grado el uno de marzo de dos mil cuatro, obteniendo mención honorífica, en tanto que su cédula profesional fue expedida en el año dos mil doce. Así, a la fecha en que obtuvo el grado de doctora en Derecho fue en el año dos mil cuatro y, por tanto, a la fecha de emitirse el dictamen reclamado había transcurrido dieciséis años, no veinticinco años, como lo sostuvo la Comisión responsable. Tampoco se expuso la razón por la cual influye en la "no actualización", el que a la quejosa le hubieren expedido la cédula profesional varios años después de haber presentado el examen de grado. Ni expresa el motivo por el que "los estudios de posgrado" deben actualizarse y en qué legislación, reglamento, decreto, acuerdo general o circular, se establece tal actualización, en esos estudios. c) Por cuanto a que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, ante la nueva forma de trabajar, a distancia; la Comisión responsable omitió exponer claramente en qué medida influye el que no tenga dichos estudios, con la emisión de resoluciones que, dijo, deben estar ajustadas en derecho, para garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. Aunado a ello, tampoco consideró que la quejosa obtuvo diversas constancias por haber cursado los diplomados "El Modelo de Justicia Penal en México", "La Justicia de Ejecución Penal en México, una visión desde el juez de Ejecución"; así como el taller denominado "Delitos Fiscales", en línea o de forma virtual. Por otra parte, se advierte que de las documentales que se anexaron al oficio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, existen diplomas y constancias relacionadas con cursos, talleres, congresos y diplomados en que participó la quejosa, en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, de forma presencial y en línea o de forma virtual". En relación con este aspecto, la responsable ya no realizó un análisis de esos documentos en la misma forma que en el dictamen reclamado en este juicio de amparo; se explica: En el dictamen emitido, se dijo que con la comunicación al Congreso del Estado de Oaxaca se acompañó copia certificada de: Expediente personal Datos sobre su escolaridad Cursos y estudios realizados Experiencia laboral Informes estadísticos respecto de las Salas del Tribunal, en las que ha sido integrante la quejosa. Resoluciones confirmadas o modificadas a la magistrada quejosa, a través del juicio de amparo, en las Salas en las que ha sido integrante. Quejas presentadas en cualquier materia y ante cualquier organismo en contra de la magistrada quejosa y sentido de la resolución respectiva. Lista de asistencia de la magistrada quejosa a las sesiones plenarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Lista de asistencia de la magistrada quejosa a las sesiones de todas las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en las que haya sido integrante. Las comisiones que ha integrado la magistrada durante su periodo como tal, especificando su rango jerárquico. Constancia de no antecedentes penales y cartas de recomendación para acreditar su buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público. Así, se estableció que de acuerdo a diversas disposiciones, la Comisión Permanente es la encargada de examinar la actuación de la magistrada y emitir el dictamen correspondiente (foja 32 del dictamen). Luego, refirió que se aplicarían criterios de objetividad de evaluación, que abordaran el análisis de productividad en el desahogo de los asuntos, tiempos de resolución en el dictado de las sentencias, índice de eficacia de resoluciones, resultado de visitas, procedimientos seguidos en su contra y, en su caso, sanciones impuestas, con libertad de decisión. Enseguida, se analizaron cada uno de esos factores y determinó: a) Por cuanto al análisis de productividad en el desahogo de los asuntos e índice de eficacia de resoluciones, dijo que a simple vista pareciera que los datos arrojan una buena productividad de la magistrada, pero el resultado le perjudicaba, por afectar la calidad de sus resoluciones, en tanto que el 34.7% de los asuntos turnados a su ponencia presentaron omisiones o vicios formales detectados por las autoridades federales y que debieron ser subsanados. Además, el 63.6% de los asuntos turnados no prosperaron, esto, se negó el amparo, pero la sociedad requiere conocer las causas por las cuales fueron negados, y que del informe del magistrado presidente, así como de la comparecencia escrita de la magistrada quejosa, no se advierte la información sobre esas causas, a fin de que se tuvieran elementos necesarios para establecer la calidad de las resoluciones judiciales, por tanto, las cifras vertidas no podían ser consideradas como un elemento objetivo a su favor (fojas 35 a 38 del dictamen). b) Fueron resueltos los asuntos turnados en tiempo y forma (foja 36 del dictamen). c) En relación con el resultado de visitas, no se advirtieron elementos para establecer si la magistrada evaluada advirtió irregularidades de servidores públicos judiciales de menor rango, o que derivado de procesos disciplinarios la magistrada hubiere ordenado o encabezado visitas de supervisión a los Juzgados de primera instancia o que haya concedido audiencias regionales o foros para escuchar a los justiciables en cualquier situación que afectara el buen desempeño del personal del Poder Judicial, con lo que, dijo, no se podía obtener un elemento objetivo de eficiencia y compromiso de la función asumida, no obstante el deber de innovar como una virtud del sentido de responsabilidad (fojas 38 y 39 del dictamen). d) Procedimientos seguidos en su contra y sanciones impuestas. Refirió la responsable que según la información emitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se obtenía que no existen sanciones impuestas a la magistrada, pero como se había omitido decir si existía algún procedimiento abierto en su contra, no había un elemento objetivo que pudiera establecer su responsabilidad en la comisión de actos en contra del deber judicial, previos al procedimiento de reelección o ratificación del cargo. e) En relación con la idoneidad señaló la Comisión Permanente que de los datos personales, constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, que obran en el expediente personal de la magistrada, se ha preocupado por actualizarse y tener un buen perfil profesional (foja 44 del dictamen). Que la magistrada participó en diversas comisiones, pero que del informe sólo se obtenía que había participado en reuniones de trabajo, sin destacar los logros que dichas comisiones habían obtenido y, en su caso, como esos logros habían impactado en beneficio de la sociedad, por lo que no aparecía un elemento objetivo en su favor (foja 44 del dictamen). Así, se aplicaron criterios de objetividad, con base en los supuestos que, a manera de ejemplo, señaló la superioridad en la ejecutoria de amparo. "En otro aspecto, respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque la quejosa, en su cargo de magistrada, había sido citada tres veces, sin comparecer, incluso, que había presentado un escrito el veintisiete de agosto de dos mil veinte, promoviendo incidente de recusación contra la presidenta de la Comisión, por lo que era notorio que sí estaba en condiciones de asistir, siendo tal proceder de mala fe y dolo, configurándose delitos de carácter penal, porque ejercieron la función pública de manera ilícita, abusando de su autoridad y coludiéndose para favorecer a la magistrada (sic); además, que pretende retrasar el proceso de ratificación o no ratificación con la recusación planteada. En el caso, la Comisión responsable no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito. Y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, uno de septiembre de dos mil veinte. Tampoco se expuso cuál es el motivo claro por el que se determina que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte. En este caso, la Comisión Permanente ya no abordó el tema relativo al abuso de autoridad; sin embargo, por cuanto a la cuestión relativa a la comparecencia, por una parte, dijo que la magistrada compareció mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte (foja 4 el dictamen), pero, por otra parte, consideró que la magistrada evitó en varias ocasiones comparecer ante esa Comisión, debido a que había sido citada en tres ocasiones, notificándosele que se encontraba por vencer su periodo constitucional y que ella, como conocedora de la Constitución, sabía que debía ser sometida a una evaluación y aunque no hubiere sido convocada, debió comparecer a la invitación que le había formulado la Comisión Permanente, contrariamente, dice, desplegó acciones evasivas para no comparecer, y sólo argumento que se le dejaba en estado de indefensión, como si el procedimiento de reelección del cargo implicara un litigio entre partes, quedando de manifiesto que se resistía a someterse a lo ordenado por los artículos 102 y 140 de la Constitución Local del Estado de Oaxaca (foja 45 del dictamen). Así, se continúa incurriendo en el vicio formal por el cual se concedió la protección constitucional, ya que en la sentencia de amparo se determinó que la Comisión Permanente no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito; y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, uno de septiembre de dos mil veinte. "En relación a que de las cartas de recomendación que exhibió la magistrada, se demuestra un conflicto de intereses innegable, porque existe la posibilidad de que alguno de los seis presidentes de las Barras de Abogados que soportan el actuar de la magistrada, tengan interés especial en que ella continúe fungiendo como magistrada, ya que pudiera haber asuntos que tengan pendientes o que hubiere proyectado la magistrada en su momento, y litigados por los recomendantes, configurándose el conflicto de intereses a que se refiere el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, se trata de una hipótesis objetiva y, por tanto, susceptible de quedar acreditada a través de diversos medios probatorios, ya que se afirma la probable existencia del interés especial que pueden tener los firmantes de las cartas de recomendación, en que continúe la quejosa con el cargo de magistrada, bajo el argumento de que existen asuntos pendientes o resueltos proyectados por la magistrada, en el que aparezcan como litigantes, sin que la Comisión responsable expusiera cuáles son esos asuntos o expedientes en los que aparezcan los recomendantes como partes procesales o litigantes. Lo anterior, no obstante que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca le remitió un informe el seis de agosto de dos mil veinte, mediante oficio número TSJ/P/128/2020, al que anexó esas cartas de recomendación, para acreditar la buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público que ha tenido la magistrada (constancias existentes en el tomo III); informe que en esos términos le solicitó la Comisión rindiera, como se advierte del oficio número./EZL/LLXIV/067/2020, de veintinueve de julio del referido año (tomo II). En este aspecto, la Comisión Permanente ya no tomó en cuenta esa situación al emitir el dictamen. "Así también, la Comisión responsable concluyó que los requisitos de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ser reelegida o ratificada en el cargo de magistrada se tenían por no acreditados (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que esos principios están vinculados a la honradez y a la integridad en el accionar de la persona, de esta forma quien actúa con honestidad, integridad, probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, no miente, ni comete ningún abuso, actos inmorales o delitos, tampoco se conduce con dolo o mala fe y menos ante esa autoridad de carácter legislativo (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que la magistrada se aprovechó de la buena fe y del respeto que el Parlamento le mostró, apartándose, dice, de los parámetros éticos y de la honorabilidad de la alta responsabilidad que le fueron encomendados ocho años antes (foja 42 del dictamen que aparece en el tomo II). E invoca respecto de su actuar, la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUELLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". En el caso, no expresa claramente cuál es la conducta que la quejosa presentó ante esa Comisión, para que ésta la calificara como un comportamiento con las características de dolo o mala fe, y en qué consiste la buena fe del Parlamento que consideró vulnerada por esa conducta". Al respecto, la Comisión Permanente no consideró esa circunstancia al emitir el dictamen. "Y pese a esa falta de fundamentación y motivación reforzada, dicha Comisión la aprobó mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte, en la que, aunque la presidenta diputada conoció desde el inicio del proceso de ratificación o no ratificación y emitió el dictamen, se abstuvo de participar en los puntos 7 y 9 de la orden del día, esto es, a) de la deliberación de las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y b) de la discusión, aprobación y, en su caso, votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se pone a consideración del Pleno la ratificación o no de la quejosa en el cargo de magistrada de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por existir un incidente de recusación promovido en su contra. Sin embargo, no obstante tal argumento de la presidenta de dicha Comisión, sobre la recusación, tuvo participación en la emisión del dictamen, pese a que fue en ese acto en el que tuvo conocimiento del escrito por el que se planteó tal incidente. Además, en la referida sesión ordinaria la presidenta recusada solicitó a los integrantes de la Comisión manifestaran si estaban de acuerdo con el proyecto de dictamen siendo aprobado por los presentes, dijo; de lo que se infiere que también la recusada aprobó ese proyecto, aunque había dicho que se abstenía de participación en ese punto específico. Al emitirse el dictamen reclamado la entonces diputada presidenta ya no tuvo intervención, ante la nueva integración de la Legislatura. "Acta que aparece firmada solamente por tres integrantes de la Comisión, incluida su presidenta, no así por otros dos integrantes, pese a que en la última parte del acta se estableció que firman los que en ella habían intervenido". Después de realizar las consideraciones relativas a los actos soberanos del Congreso del Estado, se estableció lo siguiente (foja 56 del dictamen): ".Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea para su aprobación, el siguiente: DECRETO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca no reelige y no ratifica a la doctora**** en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. TRANSITORIOS. . . COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Aparece nombre y firma PRESIDENTA DIP.(nombre y firma) DIP. (nombre y firma) DIP. (nombre) DIP. (nombre) No aparece firma no aparece firma. Dictamen no fue firmado por todos los integrantes de la Comisión Permanente. Y, mediante sesión de trece de julio de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó ese dictamen, no obstante que continúa adoleciendo de diversos vicios formales a que se refirió la ejecutoria de amparo. Ante ello, se declara que no está correctamente cumplida la sentencia de amparo; por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 196, y diverso 193 de la Ley de Amparo, se remiten los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, de este Décimo Tercer Circuito. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2014210 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490 Tipo: Jurisprudencia CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo". Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    PRAL 667/2020 MESA 7* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con siete minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 667/2020, como se ordenó en proveído de treinta de septiembre de este año, estando presente Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de la audiencia. Acto seguido, se declara abierta la audiencia, en la que la secretaria hace relación de las constancias que existen en el expediente, entre las que se encuentran: 1) la demanda de amparo promovida por la persona jurídica "*****, a través de su gerente *****, 2) escrito aclaratorio de demanda, 3) auto admisorio e 4) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, da cuenta con un escrito firmado electrónicamente por *****, gerente de la persona jurídica denominada "*****, con folio de recepción , y hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por *****, gerente de la persona jurídica denominada "*****, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales procedentes, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Fase probatoria. Después, abierto el periodo probatorio, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte: Las documentales consistentes en: Copia certificada de la resolución otorgada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a favor de "*****". Constancia de situación fiscal de la persona jurídica quejosa. Estado de cuenta integral de la cuenta número *****. Copia certificada del Instrumento notarial dos mil cuatrocientos noventa y siete del protocolo del notario público ciento dos (102) en el Estado de Oaxaca, anexa boleta de inscripción en el Registro Público del Comercio de la persona jurídica quejosa *****. Copia certificada del Instrumento notarial ochocientos setenta y dos del protocolo del notario público ciento dos (102) en el Estado de Oaxaca. Así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, remitió como justificación a su informe, el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, así como acuse de envío a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su recepción. Al respecto, se acuerda: En virtud de que la prueba documental ofrecida por la parte quejosa y autoridad responsable fue admitida y desahogada durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, será ponderada al momento de dictarse la sentencia. Y en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, tal como se proveyó en el auto admisorio de este juicio, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien en favor de la parte quejosa. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Periodo de alegatos Enseguida, se abre la fase de alegatos, en la que la secretaria hace constar que únicamente *****, gerente de la persona jurídica denominada "*****, los formuló, mediante escrito que se tuvieron por recibidos a) el tres de mayo de dos mil veintiuno y b) en la audiencia constitucional, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho, o la agente del Ministerio Público de la Federación presentara pedimento; por tanto, se cierra esta etapa, se da por terminada la audiencia constitucional y quedan vistos los autos para dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver el juicio de amparo 667/2020; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito de demanda recibida vía electrónica el treinta de octubre de dos mil veinte se tuvo a la persona jurídica "*****, a través de su gerente *****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades que se precisarán en el considerando respectivo. Asimismo, narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 22, 25, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Registro de la demanda. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 667/2020, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. 2.2. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención formulada, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 2.3. Autoridad inexistente. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, previa vista otorgada a la parte quejosa, se dejó de tener como autoridad responsable al "titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores". 2.4 Primera ampliación de demanda. Después, en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa ampliando su instancia constitucional por lo que hace a la autoridad responsable y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. A) LA ORDEN VERBAL O ESCRITA PARA BLOQUEAR, CANCELAR, SUSPENDER O REVOCAR LA CUENTA BANCARIA NÚMERO: *****, APERTURADA EN LA SUCURSAL *****"*****" CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA *****. B) LA RESTRICCION, NEGATIVA O PROHIBICION PARA APERTURAR NUEVAS CUENTAS BANCARIAS. 2.5. Desechamiento de pruebas. Posteriormente, en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno se desecharon las pruebas de informe e inspección ofrecidas por la persona jurídica quejosa, por los motivos ahí expuestos. 2.6. Segunda ampliación de demanda. En auto de diez de mayo de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa ampliando nuevamente su instancia constitucional, ahora, por lo que hace a las autoridades responsables y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO 1) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 2) CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 3) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ Y EXPIDIÓ EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 4) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. EL REFERENDO AL DECRETO PROMULGADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL FUERON APROBADOS Y EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 5) SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 6) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO PROMULGADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL FUERON APROBADOS Y EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 7) TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. ACUERDO 34/2020, DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 8) DIRECTORA GENERAL ADSCRITA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. OFICIO 110/F/B/1906/2020, CON FOLIO UIF/2020/000172, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 2.7. Citación para audiencia constitucional. Previo los trámites de ley, el treinta de septiembre de dos mil veintidós se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en esta instancia. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la persona jurídica quejosa "*****, a través de su gerente *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: ACTOS DE LA DEMANDA DE AMPARO Y PRIMERA AMPLIACIÓN. 1° Acto reclamado: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria número: *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria *****. 2° Acto reclamado: La restricción, negativa o prohibición de aperturar nuevas cuentas bancarias. Mismos que atribuyó a las siguientes autoridades ordenadoras: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "E" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Autoridad señalada en la primera ampliación de demanda -acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno-). Residentes en la Ciudad de México. Y como autoridades ejecutoras: Representante legal de la institución bancaria "*****". Con residencia en la Ciudad de México. Gerente de la sucursal *****"*****" correspondiente a la institución bancaria "*****". Con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. ACTOS DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO 1) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 2) CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 3) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ Y EXPIDIÓ EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 4) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. EL REFRENDO AL DECRETO PROMULGADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL FUERON APROBADOS Y EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 5) SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 6) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO PROMULGADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL FUERON APROBADOS Y EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 7) TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. ACUERDO 34/2020, DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 8) DIRECTORA GENERAL ADSCRITA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. OFICIO 110/F/B/1906/2020, CON FOLIO UIF/2020/000172, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. Es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de actos reclamados señalados en la demanda de amparo y primera ampliación. Las autoridades responsables: Secretario de Hacienda y Crédito Público. A través del director General de Amparos contra Actos Administrativos, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos (promoción con folio de recepción 12448). Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "E" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las anteriores autoridades, por conducto del director de lo Contencioso y subdirectora Contenciosa, ambos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos C, de la referida Comisión (promoción con folio de recepción 12578). Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la directora General Adscrita (promoción con folio de recepción 3949). Al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, no obstante su conocimiento. Por lo que hace a la autoridad responsable: Representante legal de la institución bancaria "*****", con residencia en la Ciudad de México. No rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificada de su petición el treinta de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, no es dable tener por cierto el acto que se le atribuye, al haber sido señalada como ejecutora de actos cuya existencia negaron a quienes se les atribuye su ordenamiento. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos consistentes en: 1° Acto reclamado: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria número: *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria "*****". 2° Acto reclamado: La restricción, negativa o prohibición de aperturar nuevas cuentas bancarias. Atribuidos a las autoridades relacionadas en este considerando. Es aplicable la tesis cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Inexistencia de actos reclamados en la segunda ampliación de demanda. No son ciertos los actos atribuidos a las siguientes autoridades responsables: a) Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Refrendo al decreto promulgado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, mediante el cual fue aprobada la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 115 (promoción con folio de recepción 6262). b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: Expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 115 (promoción con folio de recepción 6327). Ello, pues la citada autoridad legislativa, al rendir su informe justificado, a través de la directora de Amparos y Controversias Constitucionales, únicamente convino en la existencia de un diverso acto que se le reclamó, relativo a la discusión, votación y aprobación de esa ley. En esas condiciones, también procede sobreseer en el juicio respecto de los actos precisados y atribuidos a las autoridades marcadas con los incisos a) y b), con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Se tienen por ciertos dos actos reclamados a una autoridad señalada en el escrito de demanda. La señalada como responsable, gerente de la sucursal *****"*****" correspondiente a la institución bancaria "*****". Al rendir su informe justificado, a través del apoderado legal de dicha Institución, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez (promoción con folio de recepción 13111), no negó ni aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen, sino únicamente refirió que no tiene el carácter de autoridad responsable, en virtud de que no se reúnen en su representada los elementos característicos de una autoridad, es decir, en los actos que se le reclaman no está investida de uniteralidad, imperatividad y coercitividad, ni tampoco proviene de un órgano del poder centralizado. En esas condiciones, a fin de estudiar lo manifestado por dicha autoridad en el considerando respectivo, y al no expresar en sentido afirmativo o negativo respecto del acto reclamado, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que le reclama la parte quejosa, consistentes en: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria número: *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria "*****". La restricción, negativa o prohibición de aperturar nuevas cuentas bancarias. SEXTO. Existencia de diversos actos reclamados en la segunda ampliación de demanda. Las diversas autoridades responsables, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia de los actos relacionados con el proceso legislativo de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 115; a saber: 1) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de su subdirector de Amparo y representante legal, en relación a la aprobación y expedición. 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través de la directora de Amparos y Controversias Constitucionales, respecto a la discusión, votación y aprobación (promoción con folio de recepción 6327). 3) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como representante legal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del director de Amparos contra Actos Administrativos, en relación a la promulgación (promoción con folio de recepción 8933). 4) Secretaría de Gobernación, a través del subdirector de Coordinación y Análisis, por lo que hace al refrendo (promoción con folio de recepción 8933). 5) Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por conducto del subdirector de Producción, respecto a la publicación de la citada ley (promoción con folio de recepción 6389). Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 6) por sí y 7) en representación de la directora General adscrita a dicha Unidad, convino en la existencia del acto reclamado siguiente (promoción con folio de recepción 6725): La aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se traduce en el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte. Al respecto, dicha autoridad agregó que, derivado de la emisión del acuerdo 34/2020, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, se solicitó a las entidades financieras que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, imposibilitando que éstos pudieran abrir nuevas cuentas, cancelar las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que éstas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes, autorizados, fidecoimitentes, representantes legales y/o autorizados. SÉPTIMO. Causas de improcedencia (fundadas e infundadas). Previo al estudio de fondo del asunto, se analizará si, en la especie, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea porque las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. A. Causa de improcedencia respecto a los actos reclamados al gerente de la sucursal *****"*****" correspondiente a la institución bancaria "*****". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que respecta a los actos reclamados al gerente de la sucursal *****"*****" correspondiente a la institución bancaria "*****". A fin de demostrar dicha afirmación, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: -- - -- (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: - -- - (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. - - -- (.)" De la interpretación de los numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Y autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Al interpretar este último precepto con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. Ahora, conforme con el contenido del artículo 5, fracción II, primer párrafo, del citado ordenamiento legal, el legislador citó descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de constitucionalidad a través del juicio de amparo. Por consiguiente, es menester precisar qué debe entenderse por acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Federal y las leyes secundarias, requiere del despliegue de una serie de funciones y actividades que, en la mayoría de los casos, repercuten en la esfera jurídica del gobernado. Esa actividad desplegada por el Estado a través de los órganos que lo integran, e incluso, por conducto de particulares que ejercen funciones de servicio público para el cumplimiento de sus atribuciones, se traduce en el ejercicio del poder público y, como consecuencia, genera lo que se conoce como acto de autoridad, que es el antecedente del acto reclamado, supuesto fáctico de uno de los factores de procedencia del juicio de amparo. De manera que se puede conceptualizar como aquél que proviene de quien tiene las atribuciones jurídicas para ejercerlas hacia los gobernados, que tiene como notas distintivas: imperatividad, unilateralidad, coercitividad y disposición de la fuerza pública. Así, es dable sostener que es factible determinar que frente a las notas externas del acto de autoridad, las facultades de decisión y ejecución sobresalen las notas internas del acto de autoridad, en las que incluyen atributos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y las que en su conjunto se proyectan, en una relación de supra a subordinación, al inferir y penetrar en la esfera jurídica del gobernado, con la finalidad de producir consecuencias de derecho, ya sea, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas generales o particulares. En ese sentido existen distintos tipos de relaciones entre gobernantes y gobernados, que a continuación se explican: ? Relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la impartición de justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios para ventilarlas, se distinguen además, porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir bilateralidad en el funcionamiento. ? Relaciones de supra a subordinación que son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, que se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten, e incluso, la Carta Magna dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del Estado. Es importante tener en consideración que para determinar la naturaleza de los actos reclamados se tiene que establecer si quien lo emite es autoridad para efectos del juicio de amparo, y la relación que guarda legalmente frente a quien realizó la conducta o se abstuvo de hacer e inclusive de quien lo toleró al lado del derecho humano que se pretende tutelar. Sobre el tema objeto de estudio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, que cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: 1) Que se emitan dentro de una relación de supra a subordinación. 2) Que el acto tenga su origen en ley, la cual debe otorgar facultades al ente de hecho o de derecho para actuar en ese sentido; y, 3) Que se trate de un acto unilateral que afecte la esfera legal de los particulares sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad de la parte afectada. Así, se puede decir que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la "responsabilidad estatal". Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, en el cual determinó que: "(.) la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado", toda vez que las "obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales". Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitado, sino debe entenderse acotado a que exista "conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo", es decir, debe atenderse a "las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía". De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En ese orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, por tanto, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, concluyó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: I. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. II. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. III. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de esta instancia constitucional es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por lo tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor que atiende a las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. En esas condiciones, se procede a continuación a analizar al acto materia de estudio. La parte quejosa reclama del gerente de la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria "*****", lo siguiente: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria número: *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria "*****". La restricción, negativa o prohibición de aperturar nuevas cuentas bancarias. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias, efectivamente, derivó de lo ordenado en el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte -con base en lo ordenado en el Acuerdo 34/2020, que incluyó a *****en la lista de personas bloqueadas, quien, además, aparece como apoderado legal y firmante de las cuentas bancarias de la empresa quejosa. Acuerdo por el que se ordenó: a) identificar a clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de personas bloqueadas; y b) suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con las personas incluidas en la lista del Acuerdo referido, emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En el entendido de que el citado oficio fue retransmitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a diversas instituciones bancarias, para su cumplimiento. Luego, de la emisión del oficio reclamado se observa que tuvo como fundamento el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el que, en su parte conducente, establece: "(*****DO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) ARTICULO 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. -- -- - (.) (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. (*****DO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley. (*****DO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2006) Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. (*****DO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 107 Bis, 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los incisos a., b., c., e. (sic) del quinto párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 30,000 a 100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las disposiciones que de él emanen multa de 5,000 a 50,000 días de salario. (DEROGADO DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 2008) (*****DO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2006) Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes." De acuerdo con el artículo transcrito, las instituciones de crédito tienen la obligación de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial, lo que tiene por objeto prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran implicar la comisión de un delito; y, por tanto, la restricción de apertura de nuevas cuentas a nombre de las personas incluidas en dicha lista. Por consiguiente, los actos reclamados al gerente de la citada sucursal bancaria, se estima, no son equivalentes a actos de autoridad, esencialmente, porque la unilateralidad y obligatoriedad de sus efectos en la esfera de derechos de la parte quejosa no provienen de la voluntad de dicha institución financiera, sino de una orden dada por la autoridad fiscal. Es por ello que el acto que se atribuye al gerente de dicha sucursal bancaria no es equivalente a actos de autoridad, pues los efectos de la inmovilización de cuentas bancarias provienen de la voluntad decisoria de una autoridad fiscal, y su obligatoriedad hacia la parte quejosa no proviene de la conducta desplegada por tal institución financiera, sino en virtud de que así lo ordenó la autoridad fiscal que está investida de imperio. Y si bien aquélla interviene en la ejecución del acto, ello no la dota del imperio necesario para atribuirle el carácter discutido, ni siquiera como autoridad ejecutora, sino como particular que interviene en el cumplimiento de un mandado de una autoridad fiscal. En el entendido de que no es dable equiparar a la institución financiera con la naturaleza de una ejecutora, pues para ello sería menester que tuviera el carácter formal de autoridad, ya que no debe soslayarse que dicha calidad es lo que permite a aquélla que es reconocida como ejecutora, cumplimentar la orden unilateral y obligatoria de la autoridad ordenadora. Esto es, aun cuando existen entes que se limitan a ejecutar actos ordenados por otra autoridad, a los que se les reconoce el carácter de autoridades ejecutoras, no debe ignorarse el hecho de que esto es así en la medida en que tiene el carácter de autoridades en sentido formal, calidad de la cual carece la institución financiera en este caso, pues implicaría reconocer a un particular el carácter de autoridad únicamente bajo el argumento de que cumplimentara una orden de una autoridad cuando que, para ello, sería necesario que su actuar fuera la expresión de una voluntad unilateral y obligatoria. Sin que se soslaye que el mandato de inmovilizar las cuentas de los usuarios derive de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; sin embargo, debe recordarse que ello está supeditado a que la norma le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En ese entender, el actuar de las instituciones financieras no lo realizan en calidad de autoridades, ya que sólo fungen como auxiliares de la autoridad fiscal, que puede catalogarse como de cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado, en tanto la obligación prevista en la norma deriva de la facultad que el legislador tiene para imponerles obligaciones en ese sentido, en este caso, con la finalidad de detectar y evitar la comisión de algún ilícito. Por esa razón, la sola circunstancia de que la obligación de las instituciones bancarias para suspender la realización de actos, operaciones o servicios con usuarios que la autoridad hacendaría le informe mediante una lista de personas bloqueadas, no deviene en una designación de atribuciones para actuar como autoridad del Estado con un margen de discrecionalidad, sino que se trata una cooperación de los particulares con las autoridades fiscales para realizar los fines del Estado, concretamente, para detectar y evitar la comisión de ilícitos. Cabe precisar que en similares términos se pronunció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 126/2017, en donde sostuvo que la institución financiera señalada como autoridad responsable por congelar una cuenta bancaria, no tenía el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de los actos de ejecución que se le reclaman, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco federal. Asimismo, similar criterio sostuvo el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 145/2019, en el que determinó que las instituciones bancarias no realizan actos equivalentes a los de una autoridad, pues los efectos de la inmovilización de las cuentas bancarias proviene de la voluntad decisoria de una autoridad fiscal, y su obligatoriedad hacia la empresa quejosa no proviene de la conducta desplegada por tal institución financiera, sino porque así lo ordenó una autoridad que está investida de imperio. Criterios que este Juzgado de Distrito comparte y que apoyan lo aquí resuelto, para efecto de determinar la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados al gerente de la citada institución bancaria señalada como autoridad responsable. En esas condiciones, al no ser dable otorgar el carácter de autoridad responsable al gerente de la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria "*****", por las consideraciones expuestas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 1, último párrafo, y 5, fracción II, del referido ordenamiento legal; pues, se insiste, los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos de esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO por lo que respecta a los actos reclamados a la referida institución bancaria. No se soslaya que la parte quejosa haya citado la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, página 4357, Décima Época, número de registro 2020073, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL"; en la que se indica, de manera general, que las instituciones bancarias sí tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, con independencia de que no resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por haber sido dictada por un Pleno de Circuito distinto al que este Juzgado de Distrito se ubica, el supuesto jurídico del que derivó el criterio de mérito es distinto al aquí analizado. En efecto, en dicha tesis se hace referencia al supuesto en el que el aseguramiento de cuentas relativo provenga de una orden librada por la autoridad ministerial o judicial dentro de un proceso del orden penal, lo que en el caso no acontece, pues, como se vio, la inmovilización de cuentas bancarias deriva de una investigación que se sigue por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra diversa persona. De ahí que no resulte aplicable, pues el congelamiento de las cuentas bancarias de la persona jurídica quejosa derivó de la solicitud de la autoridad fiscal, y la institución bancaria únicamente actuó como auxiliar de la autoridad fiscal, que puede catalogarse como de cooperación de los particulares. En ese sentido, tal como se adelantó, se comparte el criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 126/2017; Tribunal que analizó el mismo supuesto jurídico que el aquí se resuelve, y determinó que las instituciones bancarias no les revestía el carácter de autoridad responsable por actuar como auxiliares de la autoridad fiscal. También sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la queja 145/2019, del que derivó la tesis I.15o.C.6 K (10a.), consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3513, Décima Época, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCION JUDICIAL". B. En otro orden de ideas, la directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa consintió el acto reclamado, ya que no reclamó el bloqueo de su cuenta con anterioridad al treinta de octubre de dos mil veinte -fecha de presentación de la demanda de amparo-, pues, refiere, dado el impacto de la suspensión o congelamiento de sus instrumentos financieros, pudo haber tenido conocimiento con anterioridad del acto del que se duele. Para el estudio de dicha causa de improcedencia se considera pertinente precisar que el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra normas generales que, por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. Asimismo, dicho artículo menciona en su inciso g) que son normas generales "los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es procedente contra normas generales cuando causen perjuicio al quejoso por: (I) su sola entrada en vigor y (II) con motivo de su primer acto de aplicación. Ello permite colegir que la impugnación en amparo de normas generales tiene como presupuesto que exista una afectación en la esfera jurídica del quejoso, ya sea que dicho perjuicio derive de la mera entrada en vigor de la norma, o bien, del primer acto de aplicación de ella. En ese contexto, se impone precisar que una norma general es aquella norma jurídica que regula la conducta de las personas, de manera abstracta e impersonal, vinculando a los sujetos incluidos en la hipótesis que contiene, es decir, es una regulación abstracta de determinados supuestos bajo determinadas circunstancias. De manera que una norma general puede producir sus efectos y engendrar diversas afectaciones en la esfera jurídica de determinados sujetos desde que entra en vigor, al imponerles una obligación de hacer o de no hacer, o bien, extinguir una situación de derecho del particular. Este tipo de normas sin más modifica la esfera jurídica de sus destinarios, esto es, de aquellos que se encuentran bajo los supuestos que prevé. En otras ocasiones, la materialización de las consecuencias previstas en la norma está condicionada a la realización de los hechos contenidos en la propia disposición, ya sea por un acto de autoridad, del propio particular, de un tercero, o incluso de un hecho ajeno a la voluntad humana, a efecto de que ésta pueda surtir sus efectos en la esfera jurídica del gobernado. La distinción de las normas que causan una afectación con motivo de su entrada en vigor, de aquellas que lo hacen con motivo de su primer acto de aplicación, ha recibido la denominación de autoaplicativas, para las primeras, y de heteroaplicativas, tratándose de las segundas. Al respecto, cabe destacar que, al resolver diversos amparos en revisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, debe acudirse al concepto de "individualización incondicionada", que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque sólo a través de ese elemento puede conocerse, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; en la inteligencia de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. Así, el Máximo Tribunal concluyó que se está ante una norma autoaplicativa cuando los efectos de esa disposición se producen de forma incondicionada, esto es, cuando no se requiere un acto posterior a su entrada en vigor, para que se actualicen en la esfera jurídica de los gobernados, mientras que se estará ante una norma heteroaplicativa cuando la actualización de sus efectos dependa de una condición, pues con la sola vigencia de la norma no se producen sus efectos, sino que requiere de un acto diverso para incidir en la vida jurídica de los particulares. Lo que evidencia que dicho criterio formal se entiende en función de las posibilidades de afectación de una norma general (incondicionada o condicionada) en los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La afectación que produce una norma de carácter general y su reclamo en el juicio de amparo puede presentarse bajo diversas hipótesis, principalmente, mediante la: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa). 2. Aplicación expresa, o tácita, en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteoraplicativa). En el primer caso, es suficiente que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición, para que ésta le genere perjuicio con su sola vigencia, sin que resulte necesario esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero, actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En ese sentido, se reitera, es un requisito para la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, que exista una afectación en la esfera jurídica del gobernado en un derecho subjetivo del que sea titular, o bien, en su interés legítimo, derivado de su situación particular respecto del orden jurídico. Dicha afectación, por regla general, se verificará en dos momentos, según el tipo de norma que se reclame; en el caso de que se reclame una norma como autoaplicativa, el perjuicio que dicha disposición causa se origina con motivo de su entrada en vigor; en cambio, cuando se reclama en su carácter de heteroaplicativa, la afectación que ella ocasiona al particular proviene de un acto concreto de aplicación. En el caso de las normas heteroaplicativas, las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen de forma automática con su sola entrada en vigor, pues su cumplimiento se encuentra condicionado a la realización de un acto o hecho diverso. Pues para que surta sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada, pues la aplicación jurídica o material de la norma se halla sometida a la realización de ese evento, lo que se actualiza en el caso, como se verá. En ese contexto, las normas heteroaplicativas pueden reclamarse sólo en una oportunidad, a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primer acto de aplicación concreta, explicita e implícita, en perjuicio del gobernado, y no así de los ulteriores actos de aplicación. Debe entenderse como primer acto concreto de aplicación, aquél que se genera no ineludiblemente por parte de la autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir ya de un particular que actúa por mandato expreso de la ley y que reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando del orden legal establecido aparece que la norma combatida debe ser cumplida imperativamente por dicho quejoso, a efecto de evitarse la imposición de sanciones o medidas coercitivas en su contra. Ahora, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en lo sustancial, señala que las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; debiendo presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, y los que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en los supuestos de los delitos antes descritos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial, y será informada a las instituciones de crédito, quienes tendrán la obligación de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que aparezcan en dicha lista. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en las conductas delictivas anteriormente mencionadas. Por otra parte, en las "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", específicamente la relativa al número 70, establece las medidas que deben implementar las Entidades para identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la "Lista de las Personas Bloqueadas"; luego, la disposición número 71 contiene los parámetros para que la Secretaría pueda introducir a las personas en la "Lista de las Personas Bloqueadas". En la siguiente disposición regula las medidas que deberán tomar las Entidades cuando identifique el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarias, entre ellas, ordenar suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con él. Luego, una vez que las entidades hayan suspendido los actos, operaciones o servicios con sus clientes o usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación, por escrito, en el que se deberá informar a los clientes y usuarios afectados los fundamentos y la causa o causas de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, así como la circunstancia de que, dentro de los diez días hábiles siguientes al día de la recepción del citado escrito, podrán acudir con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para efectos de ser notificados formalmente del Acuerdo que determinó su inclusión en la lista de personas bloqueadas, ofrecer pruebas y alegar sobre la legalidad de sus operaciones financieras. Asimismo, en la disposición número 73 se establece que el titular de la mencionada Unidad deberá emitir resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado, en la cual funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma, debiendo notificarla por oficio al interesado dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al de su emisión. De lo anterior es dable advertir que las disposiciones reclamadas en primer término, son de carácter heteroaplicativo, toda vez que con su entrada en vigor no causan algún perjuicio a los gobernados, sino que se encuentran condicionadas al actuar de las autoridades administrativas y de las instituciones de crédito para que puedan ser aplicadas a determinados sujetos. En efecto, las normas reclamadas causan perjuicio a los gobernados a través de la acción que emprenden las autoridades administrativas contra ellos, y solo así, es cuando a las personas que son sujetos de investigación les puede causar algún perjuicio, es decir, cuando las personas son incluidas a la lista de personas bloqueadas, pues es hasta ese momento cuando se emiten diversas medidas cautelares, como lo es el bloqueo de sus cuentas bancarias, cuando los sujetos recienten una afectación en su esfera jurídica. En dicho supuesto se encuentra la solicitante de amparo, toda vez que del informe justificado de la referida autoridad responsable se observa que dicha dependencia incluyó en la lista de personas bloqueadas a *****, quien, a su vez, figuraba como gerente de la empresa quejosa y que, por tal motivo, esta última pudiera haberse visto afectada con la emisión del oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte. Por tanto, no obstante que *****fuera gerente de la empresa *****, la cuenta bancaria de cuya paralización se reclama era de la persona jurídica quejosa; misma que, bajo protesta de decir verdad, en el hecho marcado como número 3 de los antecedentes de los actos reclamados de su escrito de segunda ampliación de demanda, refirió que fue hasta el momento de la notificación del informe previo rendido por la institución bancaria en el incidente del que deriva este juicio que conoció qué autoridad ordenó el bloqueo de su cuenta y, por tanto, le reclamó el acto de aplicación respectivo. Además, como lo informó el apoderado legal de la institución bancaria "*****", con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante oficio agregado en acuerdo de treinta de septiembre de este año, no existe constancia de notificación, escrita, a la persona jurídica quejosa "*****, 1) por conducto de representante legal y/o a través de 2) su entonces apoderado *****, del bloqueo de la cuenta *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a dicha institución bancaria, en la que se le haya informado los fundamentos y la causa o causas de la inclusión en la lista de personas bloqueadas. De ahí que se desestima la causa de improcedencia hecha valer por la responsable, directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que la parte jurídica quejosa conoció del acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito durante el trámite de este juicio de amparo. C. En otro aspecto, el director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, invocó como causa de improcedencia la establecida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico, pues alega que la parte quejosa no demostró la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito o el perjuicio que le causa ese acto reclamado. Se desestima la referida causa de improcedencia, toda vez que de la instrumental de actuaciones ofrecida por la parte quejosa, se advierte que a través de la emisión del acuerdo 34/2020, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, se solicitó a las entidades financieras que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, imposibilitando que éstos pudieran abrir nuevas cuentas, cancelar las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que éstas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes, autorizados, fidecoimitentes, representantes legales y/o autorizados; siendo que, en el caso, la persona bloqueada de nombre *****fungía como gerente de la sociedad en el momento del congelamiento. De ahí que la persona jurídica quejosa sí demuestra su interés jurídico con la aplicación del referido numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. OCTAVO. Causa de improcedencia respecto del proceso legislativo del acto reclamado. Se precisa que son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa respecto de la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito reclamado; razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 108, fracción VIII (en sentido contrario) y 217 (que dispone la observancia obligatoria de la jurisprudencia), del referido ordenamiento legal. Lo anterior, puesto que, como se verá con mayor amplitud en el considerando siguiente, el referido numeral 115 de la citada Ley de Instituciones de Crédito fue aplicado indebidamente a la persona jurídica quejosa, por lo que no es aplicable al caso concreto, siendo que el perjuicio a la promovente del amparo no dinamó de esa disposición propiamente sino de su indebida aplicación. En efecto, del estudio que se realizará a continuación se advierte la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1270, Décima Época, de rubro: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)"; de la que se evidencia la inexacta aplicación del referido numeral, que se reclama de inconstitucional, a la situación jurídica de la persona quejosa. Así, del análisis de un aspecto de legalidad, como lo es la indebida aplicación de la ley, se llega a la conclusión de la inconstitucionalidad del acto reclamado; de ahí que no es procedente abordar el examen de la ley, pues a nada práctico conduciría, ya que, por las particularidades del asunto, la determinación de inconstitucionalidad de la norma general sólo tendría efectos limitados en el congelamiento reclamado respecto de una cuenta bancaria de la parte quejosa; por ello, todos los argumentos planteados en relación al tema de inconstitucionalidad del referido numeral, resultan inoperantes; en consecuencia: Procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del proceso legislativo del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, reclamado a las siguientes autoridades legislativas: 1) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como representante legal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 4) Secretaría de Gobernación. 5) Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Volumen 48, Sexta Parte, página 75, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 256071, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION DEFICIENTES. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO." NOVENO. Estudio del asunto (aspecto de legalidad). Es imprescindible precisar que, de manera excepcional, debido a las particularidades de cada asunto y atendiendo al principio de mayor beneficio, es factible que a través del análisis de los aspectos de legalidad se llegue a la conclusión de la inconstitucionalidad del acto reclamado y se prescinda del estudio de constitucionalidad de la norma general que se reclama. Lo anterior puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se advierta que a) se aplicó indebidamente la norma general que se controvierte, b) que no debió aplicarse o c) que debió aplicarse otra, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, sería patente que el perjuicio para la parte quejosa no dimanaría de la ley, sino de su indebida interpretación o aplicación por parte de la autoridad responsable. En el caso, en los conceptos de violación de la segunda ampliación de demanda (promoción registrada con el número de folio 5400), atinentes a la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la parte quejosa señala que: El acuerdo 34/2020, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte y el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, que se invocó para ordenar el bloqueo de las cuentas de la persona jurídica quejosa, no satisfacen los requisitos constitucionales de los artículos 14 y 16, pues no se respetó la garantía de audiencia y legalidad; siendo que la orden de cancelación de cuenta bancaria y prohibición de aperturar nuevas cuentas con cualquier institución del sistema financiero se hizo sin previo juicio, siendo además que se materializó en una cuenta bancaria que no tiene relación con el ciudadano *****, quien desde el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve renunció al cargo de gerente de la sociedad. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito resulta violatorio de la garantía de audiencia, pues, por una parte, faculta a la autoridad hacendaria a realizar actos de molestia, como lo es el bloqueo de la cuenta de la empresa quejosa y, por la otra, no concede derecho de audiencia, es decir, lo ordena sin que previamente exista resolución emitida por la autoridad competente, lo que constituye una violación al debido proceso. Se viola en perjuicio de la persona jurídica quejosa la garantía de presunción de inocencia, al bloquear su cuenta bancaria, sin haber sido incluida en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero; lo que transgredió en su perjuicio, ya que la inclusión de *****en dicha lista afectó de manera directa a la empresa quejosa. La disposición 72 de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito resulta inconstitucional, ya que en exceso de lo que dispone el citado numeral 115, dotó de atribuciones a las instituciones bancarias para que una vez que una persona esté en la lista de personas bloqueadas, pueda suspender de forma inmediata la realización de cualquier operación o servicio de clientes o usuarios que no correspondan a las personas señaladas, es decir, a pesar de que no sea una cuenta directa del sujeto investigado, sino de terceros. No obstante, se estima que el estudio de los planteamientos vertidos en la segunda ampliación de la demanda de amparo deben partir de los aducidos respecto de los vicios de los actos de aplicación y, en caso de resultar ineficaces, se abordarán los atinentes a la constitucionalidad de las normas impugnadas. Esto es así, pues la parte quejosa plantea, en lo sustancial, que el acuerdo 34/2020, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte y el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, que se emitió para ordenar el bloqueo de las cuentas de la persona jurídica quejosa, no satisfacen los requisitos constitucionales de los artículos 14 y 16, pues no se respetó la garantía de audiencia y legalidad, ya que la orden de cancelación de cuenta bancaria y prohibición de aperturar nuevas cuentas con cualquier institución del sistema financiero se hizo sin previo juicio, siendo, además, que se materializó en una cuenta bancaria que no tiene relación con *****, quien desde el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve renunció al cargo de gerente de la sociedad. Situación que, se estima, debe resolverse en primer término, ya que con tales planteamientos es inconcuso que se controvierte una indebida aplicación del artículo 115 de la Ley de las Instituciones de Crédito, lo que, de ser fundado, haría innecesario el estudio de la constitucionalidad de la norma impugnada. En esas condiciones, para dar contestación a sus planteamientos, se considera necesario realizar las siguientes consideraciones. I. Bloqueo de actos, operaciones o servicios bancarios derivado de las atribuciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sobre el tema, al resolver el amparo en revisión *****, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con la obligación de las instituciones de crédito para suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas. La referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la facultad de inclusión en la lista de personas bloqueadas no consiste en una sanción, sino que únicamente se trata de una medida cautelar de índole administrativa. Aclaró que el despliegue de tal atribución no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, emite para la protección del sistema financiero. Precisó que no pasaba desapercibido el hecho de que, a partir de la información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio Público podrá ejercer sus atribuciones. Sin embargo, ello no implica que la emisión de la lista de personas bloqueadas sea de carácter penal, pues, reiteró, el acto emana de una autoridad administrativa para la protección del sistema financiero, con independencia de que, eventualmente, los datos en cuestión puedan ser empleados en la formulación de una denuncia, supuesto en el que el Ministerio Público sí ejercerá atribuciones de índole penal. Precisó que el artículo 15, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene competencia para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; ante lo cual, de conformidad con la fracción X del citado artículo, podría recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre tales conductas, integrando los expedientes respectivos. En tal sentido, acudió a la diversa fracción XIII del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que indica que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas precisadas en el párrafo anterior de dicho Reglamento, aunado a que la fracción XXXII del mismo numeral señala que dicha Unidad podrá integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas de la misma. En consecuencia, concluyó que el ejercicio de la facultad consistente en el bloqueo de cuentas bancarias, tiene como origen la actualización de las atribuciones propias de dicha autoridad administrativa, situación que puede, si se dan los supuestos jurídicos necesarios, dar inicio a la actividad del Ministerio Público que retomará la información originalmente obtenida, y será utilizada en el propio ejercicio de sus funciones, de carácter penal solamente hasta ese momento. Aclaró que si bien es cierto que dicha porción no contiene un listado de supuestos en los cuales se procederá al bloqueo de cuentas; sin embargo, la propia disposición contiene una remisión a otra porción del propio artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en tanto señala que el objeto del bloqueo es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que se ubiquen en los supuestos que, a su vez, prevén los artículos a que se refiere la fracción I de dicho numeral. Lo que llevó a la Corte a considerar que la porción normativa sí representa una problemática de validez constitucional, en tanto si bien contiene una medida de naturaleza cautelar, lo cierto es que no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión. En efecto, sostuvo que las medidas cautelares deben encontrarse referidas o vinculadas a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos, justamente debido a su carácter provisional y accesorio, cuyo objeto consiste en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva de tales procedimientos. Así, para que una medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Es por lo anterior que la Segunda Sala estimó oportuno realizar una distinción a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas, esto es, el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en favor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Corte refirió que existen algunos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias. A manera de ejemplo, la Segunda Sala citó los artículos 6, 7, 12.2 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 8.1 y 12.1 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, así como el hecho de que México es parte del "Grupo de Acción Financiera Internacional" (GAFI por sus siglas), el cual es un ente intergubernamental que fue creado en mil novecientos ochenta y nueve por el "Grupo de los Siete" (G-7) y su mandato consiste en fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. De ahí que, señaló la Segunda Sala, México como miembro del "GAFI" debe cumplir con la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de: (I) lavado de dinero; (II) financiamiento al terrorismo; y (III) proliferación de armas de destrucción masiva; para lo cual, debe prever acciones, tales como la identificación, detección y aseguramiento de los fondos utilizados o asignados para la comisión de tales conductas. En suma, el Alto Tribunal determinó que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, ante solicitudes extranjeras para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Concluyó que únicamente en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. Explicó que ello se debía a que, en tal contexto, la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, efectivamente, opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. No obstante, la Corte aclaró que la citada conclusión, consistente en que el artículo reclamado es acorde con el principio de seguridad jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto que en estos supuestos, efectivamente, la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. En efecto, la Corte determinó que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo; aspecto que, en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por nuestro texto constitucional. Sin embargo, la Segunda Sala estimó que lo anterior no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues, a su consideración, es posible realizar una interpretación conforme del mismo. De esa manera, la Corte estableció que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: a) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: I. Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. II. Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional (a manera de ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). b) La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica. Así, de dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1270, Décima Época, número de registro 2016903, de rubro: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)". En relatadas condiciones, la atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, sólo puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, pues, en caso contrario, contravendría al principio de seguridad jurídica. Aclarado lo anterior, lo procedente es determinar cuándo se cumple con el requisito de la solicitud del bloqueo de cuentas, derivado del cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental, cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. II. Requisitos de la solicitud del bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2019, estableció que para que el bloqueo de cuentas sea constitucionalmente válido, no bastará la simple mención de la Unidad de Inteligencia Financiera en el sentido de que está ejerciendo sus atribuciones a la luz del supuesto reconocido por la jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), antes citada. El Máximo Tribunal precisó que debido a que se trata de un supuesto excepcional en que será válido el ejercicio de la citada atribución, la referida autoridad -Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- deberá encontrarse en aptitud de demostrar, en su momento, que, efectivamente, el bloqueo de cuentas bancarias obedeció al supuesto de validez reconocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aclaró que, en caso contrario, habrá de contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole. Se estima pertinente citar la parte en que se refleja dicha conclusión de la ejecutoria en estudio: "(.) Por el contrario, habrá de contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole. (.)" (Lo subrayado es propio). Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 90/2020, en el que sostuvo que se colma jurídicamente el requisito de la petición del bloqueo de cuentas, cuando exista una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole, acorde a un tratado bilateral o multilateral. En ese orden de ideas, puede concluirse que, conforme a los parámetros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bloqueo de cuentas previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito será constitucionalmente válido cuando: a) Tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país. b) Ello se cumple con la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole. De modo que si el bloqueo de cuentas realizado, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no cumple con los aludidos requisitos será inconstitucional, ya que cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resulta contrario al principio de seguridad jurídica. Expuestos los requisitos para que el bloqueo de cuentas resulte constitucional, lo procedente es analizar el contenido del oficio reclamado para verificar si la inmovilización de las cuentas de la parte quejosa obedeció o no al supuesto de validez establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte. De la lectura del oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, se advierte que mediante el mismo la directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera comunicó a las entidades financieras la "lista de personas bloqueadas" contenidas en el acuerdo 34/2020, emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que suspendieran de manera inmediata actos, operaciones o servicios, de las personas que fueron incluidas en dicha lista y en donde aparezcan como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado; además de los casos en los que aparezcan como beneficiarios y/o fideicomisario; requiriendo específicamente la suspensión respecto de la persona de nombre *****, quien, en ese momento, era el gerente de la persona jurídica quejosa. Sin que pase desapercibido el hecho de que en la demanda de amparo, la parte quejosa haya manifestado que *****renunció al cargo de gerente de la sociedad el dieciséis de diciembre de dos mil veinte; pues, de ser procedente el bloqueo, la referida persona al momento del bloqueo, encuadraba en el supuesto de "cliente de Instituciones de Crédito" a que se refiere la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que en dicho concepto se incluye a cualquier persona física o jurídica o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de mandatos. Sin embargo, el bloqueo se sustentó en la presunción de que la persona referida había efectuado operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que no encuentra su etiología en actividades comerciales o de negocios lícitos. Lo anterior genera la certeza que el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa quejosa, a las que tenía acceso su entonces gerente *****, no obedeció al supuesto de validez establecido por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos descritos; ello, en virtud de que no se advierte que la autoridad responsable justificara, como era su obligación, el por qué la referida empresa quejosa se encuentra en los señalados supuestos de excepción, es decir, que a) tuviera como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional o, bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, o que b) ello se cumple con la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole. Por el contrario, el bloqueo de cuentas, que constituye el acto reclamado, atendió a cuestiones estrictamente nacionales, al no encontrarse la empresa quejosa relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional; por tanto, la medida impuesta resulta contraria al principio de seguridad jurídica. En virtud de lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo a la persona jurídica quejosa, en tanto que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como se advierte de las constancias que integran este juicio, no se realizó con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado mexicano. En tales circunstancias, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera no se actualizó a partir de los supuestos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su legítimo ejercicio; de ahí que no puede subsistir el acto de aplicación reclamado, consistente en el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, debido a que el mismo no responde, en consecuencia, a un compromiso internacional en la materia. Debe precisarse que aun cuando la persona jurídica quejosa no sea la expresamente bloqueada, sino una persona física de nombre *****, como se evidenció, este último era gerente de la empresa al momento del bloqueo, por lo que se encontraba facultado para realizar operaciones en su nombre, y con dicho bloqueo fue la persona jurídica quejosa quien sufrió directamente las consecuencias directas de tal determinación en sus cuentas. Resulta importante destacar que no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos formulados por la parte quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, solo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda, en sus ampliaciones, y los aducidos en los informes con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto reclamado consistente en el oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte. DÉCIMO. Efectos de la sentencia. En mérito de lo expuesto en el considerando que antecede (noveno), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, a fin de que las autoridades responsables a) titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y b) directora General adscrita a dicha Unidad, única y exclusivamente en lo que respecta a la persona jurídica quejosa "*****", realicen lo siguiente: A través de las autoridades competentes, hagan del conocimiento a las diversas instituciones que conforman el sistema financiero que la emisión del oficio 110/F/B/1906/2020, con folio SIARA UIF/2020/000172, fechado el seis de marzo de dos mil veinte, así como el acuerdo 34/2020, del que derivo su emisión, se dejan sin efectos sobre la esfera jurídica de "*****, únicamente en la parte por la cual ordenó la identificación de clientes o usuarios, para suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con dichas instituciones, imposibilitar abrir nuevas cuentas o cancelar las vigentes, así como impedir la disposición de recursos que contengan, incluyendo los casos en que alguna de las personas designadas en la lista aparezcan como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado; además en los que se identifique como beneficiario y/o fideicomisario. En consecuencia, ordenen que, a través de las autoridades competentes, se instruya a las diversas instituciones que conforman el sistema financiero, se dejen sin efectos sobre la esfera jurídica de empresa "*****, los bloqueos sobre la cuenta bancaria *****, aperturada en la sucursal *****"*****", correspondiente a la institución bancaria *****. Precisión. En el entendido de que si existe diversa orden de bloqueo de la cuenta bancaria de referencia, que no tuviera su origen en los actos reclamados, esta concesión no implicará su levantamiento, por no ser materia de análisis en este juicio de amparo. UNDÉCIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por la persona jurídica quejosa "*****, contra la 1): La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria número: *****, aperturada en la sucursal *****"*****" correspondiente a la institución bancaria *****. La restricción, negativa o prohibición de aperturar nuevas cuentas bancarias. Actos atribuidos a todas las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo y primera ampliación; en términos de los considerandos tercero y séptimo de esta sentencia. Así como respecto de 2) las autoridades responsables a) Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace al refrendo del decreto promulgado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, mediante el cual fue aprobada la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 115, y la b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación a la expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 115; en términos del considerando cuarto de esta determinación. Y por lo que hace al proceso legislativo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por los motivos expuestos en el diverso considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a la persona jurídica quejosa "*****, por los actos y motivos expresados en el considerando noveno y para los efectos precisados en el diverso décimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    INC 1172/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Glose de comunicados. Agréguense, únicamente para que obren como correspondan, los tres oficios con terminación 128/2022, del registrador adscrito al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, Registraduría de la Villa de Etla, Oaxaca, por los cuales rinde informe previo; ello, en virtud de que el veinticinco de octubre de este año, se dictó resolución interlocutoria en este incidente de suspensión, en la que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, dada la inexistencia de los actos reclamados. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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