Elizabet Montalvo Charmi

Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
393/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Elizabet Montalvo Charmi
  • Elizabet Montalvo Charmi y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 286), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Asimismo, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE:S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 393/2018-IV, promovido por ********************, contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ******************** presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, la cual fue turnada el mismo día a este Juzgado, en contra del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y Directora General adjunta responsable de Recursos Humanos, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Norte, así como Director Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos adscritos, a quienes les reclamó lo siguiente: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Respecto de las autoridades señaladas como ORDENADORAS: DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: El Decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 2009, cuyo contenido resulta inconstitucional en sus artículos 13, 44, 73, 74 y 88. DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: La inconstitucionalidad de los 13, 44, 73, 74 y 88, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009, en cuanto hace a su promulgación y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La inconstitucionalidad de los artículos 13, 44, 73, 74 y 88, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009, en cuanto hace a su expedición, aprobación, promulgación y publicación de los citados preceptos. DEL DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: La publicación en el referido Diario de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009. DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: El refrendo y firma del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 2 de enero de 2009 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "NORTE": Notificación del Dictamen de Baja, con número de oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, de fecha treinta y uno de mayo de 2018. RESOLUCIÓN DE BAJA DEFINITIVA, con número de oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, de fecha treinta y uno de mayo de 2018. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD: DICTAMEN DE BAJA de la suscrita quejosa ELIZABETH MONTALVO CHARMI, de fecha 15 de marzo de 2018. DIRECTORA GENERAL DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA POLICÍA FEDERAL: OFICIO PF/SG/CSDP/DGCC/********************/2017, de fecha ocho de marzo de 2017, en el que se concluye resultado de control de confianza "NO APROBADO", en las evaluaciones. En relación a las autoridades señaladas como EJECUTORAS: DIRECTORA GENERAL ADJUNTA RESPONSBLE DE RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD.- La ejecución de la resolución de BAJA del cargo de AUXILIAR EN SG Y MANTENIMIENTO PRS "A". La suspensión de pago de salarios y percepciones. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CEFERESO 9 NORTE.- La BAJA del cargo de AUXILIAR EN SG Y MANTENIMIENTO PRS "A". La suspensión del pago de salarios y percepciones, del cargo de AUXILIAR EN SG Y MANTENIMIENTO PRS "A". SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CEFERESO 9 "NORTE".- La suspensión del pago de salarios y percepciones, del cargo de AUXILIAR EN SG Y MANTENIMIENTO PRS "A". SEGUNDO. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. En auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 30), se admitió a trámite la demanda inicial, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo y demás constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclamó: Del Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores: La expedición de los artículos 13, 44, 73, 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del Decreto mediante el cual se expidieron las normas reclamadas. Del Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación: El refrendo y publicación, respectivamente, de dicho Decreto. De la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal: El resultado integral de la evaluación que se le practicó, que fue el de "no aprobado", contenido en el oficio PF/SG/CSDP/DGCC/********************/2017, de ocho de marzo de dos mil diecisiete. Del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad: El dictamen técnico jurídico contenido en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/********************/2018, de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se aplicaron los preceptos reclamados. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte": La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, mediante la cual determinó su baja definitiva como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", en la cual se aplicaron los preceptos reclamados. La notificación de dicha resolución. De la Directora General Adjunta responsable de Recursos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director Administrativo y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte": La ejecución material de la resolución de baja definitiva a través la suspensión de sus salarios y percepciones. TERCERO. Inexistencia de actos. La Directora General Adjunta responsable de Recursos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 137) y el Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte" (foja 93), en sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Asimismo, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte" (foja 38), en su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la notificación de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, mediante la cual determinó baja definitiva de la quejosa como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", lo que se corrobora con las constancias que exhibió, de las que se advierte que esa actuación reclamada, la llevó a cabo una notificadora adscrita a dicho Centro (foja 46). Constancias que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por dicha autoridad responsable. Por lo tanto, se sobresee en este asunto en relación con dichas autoridades y actos reclamados mencionados en este considerando, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) CUARTO. Existencia de actos. La Cámara de Senadores (foja 101), la Cámara de Diputados (foja 98 y 162), el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 206 y 222), el Secretario de Gobernación (foja 105), así como el Director del Diario Oficial de la Federación (foja 103), en sus informes justificados manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman, respectivamente, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto mediante el cual se expidieron los artículos 13, 44, 73, 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a tal aceptación, se tiene que la existencia de dichos numerales se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por otra parte, la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, en su informe justificado (foja 232), manifestó que es cierto el acto que se le reclamó, consistente en el resultado integral de la evaluación que se le practicó, que fue el de "no aprobado", contenido en el oficio PF/SG/CSDP/DGCC/********************/2017, de ocho de marzo de dos mil diecisiete; mientras que, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en su informe justificado (foja 137), manifestó que es cierto el acto que se le reclama, consistente en el dictamen técnico jurídico contenido en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/********************/2018, de quince de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas relativas que remitió el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ya valoradas (foja 51 y 70). Por su parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte" (foja 38), en su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, mediante la cual determinó baja definitiva de la quejosa como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", sin embargo, de las constancias que anexó a su informe, ya valoradas, se advierte que contrario a lo que afirmó, sí emitió la resolución que se le reclama (foja 47). Por último, la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue oportunamente requerida para ello (foja 37), por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, consistente en la ejecución material de la resolución de baja definitiva señalada en el párrafo que antecede, a través de la suspensión del pago de salarios y percepciones de la quejosa. QUINTO. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio de fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Directora de Control de Confianza de la Policía Federal. En relación con el acto reclamado a la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De dichas normas se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, el resultado de la evaluación que le fue practicada a la quejosa, el cual resultó como no aprobado, fue materia del juicio de amparo ********************/2018-VI, del índice de este juzgado, el que fue promovido por la misma quejosa ********************, en contra del propio acto reclamado (entre otros) y de la misma autoridad responsable, en el cual, con fecha de engrose de quince de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia, de la cual consta agregada copia certificada en este asunto de fojas 268 a 278, en la que se determinó el sobreseimiento por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, sentencia que causó ejecutoria mediante auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, esto conforme a la consulta que se realizó en el Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. Constancias que de conformidad con los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una Secretaria adscrita a este juzgado, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Mientras que, la información que se desprende del mencionado Sistema de Seguimiento de Expedientes, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y hace prueba plena de su contenido. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Sin que se actualice el supuesto de excepción previsto en la invocada fracción X, pues en el juicio de amparo ********************/2018-VI, como puede advertirse del contenido de la sentencia ahí dictada, no fue promovido contra normas generales. De manera que, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia mencionada en relación con el acto reclamado que nos ocupa y al respecto lo procedente es decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, no es necesario analizar las diversas causas de improcedencia relativas a dicho acto reclamado que en su informe justificado hizo valer la autoridad responsable que lo emitió, relativas a que no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de separación instaurado en contra de la quejosa, pues lo cierto es que en relación con dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia analizada. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto del refrendo y publicación de las normas impugnadas. Respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes respectivamente en el refrendo y la publicación del Decretos mediante el cual se expidieron los artículos 13, 44, 73, 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la quejosa reclama de las citadas autoridades, el refrendo y la publicación del Decreto mediante el cual se expidieron las normas reclamadas, sin embargo no impugnó dichos actos por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo correspondiente. De ahí que, en relación con el refrendo y la publicación de los Decretos reclamados, actos atribuidos respectivamente al Secretario General de Gobierno y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. III. Improcedencia de los actos de aplicación y en consecuencia, de las normas reclamadas. En principio, es menester precisar que tratándose de un juicio de amparo contra leyes, promovido con motivo de su primer acto de aplicación, la técnica para abordar su estudio, es la siguiente: - En principio, se debe verificar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio de la parte quejosa, la hipótesis jurídica controvertida, y si en relación con él, no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. - De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada, determinando lo conducente, y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 71/2000, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, que dispone: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Pues bien, en relación con el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, consistente en el dictamen técnico jurídico contenido en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/********************/2018, de quince de marzo de dos mil dieciocho, así como en relación con el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte", consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, mediante la cual determinó baja definitiva de la quejosa como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario. Tales normas, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Conforme al primero de dichos preceptos, el juicio de amparo es improcedente cuando la causa derive de alguna disposición de la Ley de la materia, diversa a las señaladas en su artículo 61, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que, el segundo señala como parte en el juicio de amparo, a la autoridad responsable, la cual se entiende, para efectos de dicho juicio, con independencia de su carácter formal, como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita realizar tales acciones que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Respecto a las características de las autoridades para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época y número de registro 161133, determinó lo siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, que los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, se distinguen de otros, debido a lo siguiente: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación de supra a subordinación, tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación de supra a subordinación, emita actos unilaterales a través de los cuales, como se indicó, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas en la esfera jurídica del particular, o bien, omita emitir tales actos; y, Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado, esto es, que goce de imperatividad y coercitividad. Precisado lo anterior, se tiene que en el caso, la quejosa reclamó de las mencionadas autoridades responsables, el dictamen técnico jurídico sobre su situación laboral como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, adscrita al Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", en esta ciudad, en el cual el Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos de dicho Órgano, estimó que dejó de cumplir con el requisito de permanencia previsto en el artículo 40, fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como la resolución emitida por el Director General de dicho Centro, quien decretó su baja definitiva en el puesto que desempeñaba. Tales actos, la quejosa los reclama en este juicio de amparo, como los primeros en los cuales se aplicaron los artículos 13, 44, 73, 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tildó de inconstitucionales. Sin embargo, esas resoluciones no pueden ser consideradas como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la quejosa no se ubica en el régimen previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (.) Conforme a dicho precepto constitucional, la relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, cuando estos sean militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos o miembros de las instituciones policiales, se regulará conforme a sus propias leyes; quienes podrán ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien, ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que, en ningún caso, proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Sin embargo, a pesar de que la quejosa era trabajadora al servicio del Estado, no desempeñaba el cargo de militar, marino, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, perito, ni el correspondiente a alguna institución policial, sino que, conforme a su nombramiento, el cual fue remitido por el Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos de dicho Órgano (foja 141), desempeñaba las siguientes labores: APOYAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE GAS Y EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN COCINAS, TALLERES Y OFICINAS, PARA GARANTIZAR SU OPERACIÓN, EFECTUAR ACTIVIDADES DE BARRIDO Y TRAPEADO Y LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES, MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FEDERAL; AUXILIAR EN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, TANTO EN REPARACIÓN COMO ELABORACIÓN DE NUEVAS ADECUACIONES EN EL CENTRO; PLANCHADO DE ROPA DE LOS INTERNOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA ESTANCIA DIGNA, EFECTUAR LAS LABORES DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO, CORTANDO PASTO, APLICANDO FUNGICIDAS, SEMBRANDO Y PODANDO PLANTAS Y ÁRBOLES, PARA MANTENER UN CLIMA ARMÓNICO. LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNAN EN ESTA CONSTANCIA SE DETALLAN EN LOS PROFESIOGRAMAS QUE REGISTRA LA S.H.C.P.. De manera que es claro que la quejosa no se desempeñaba con ninguna de las funciones a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer y segundo párrafo, Constitucional, y también resulta evidente que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 1, 2 y 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que disponen lo siguiente: Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. Esto es, la quejosa no es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues la naturaleza de sus funciones, no corresponde a la de las instituciones policiales, de Procuración de Justicia, de alguna instancia encargada de aplicar infracciones administrativas, de supervisar medidas cautelares, la suspensión condicional del procedimiento, de la prisión preventiva o de ejecución de penas, y tampoco se advierte que sus funciones, ya citadas, tengan relación con el objeto del Sistema Nacional de Seguridad, que consiste en salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, prevenir los delitos, sancionar infracciones administrativas, investigar y perseguir los delitos, así como la reinserción social del sentenciado. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 93/2012, determinó que para establecer si la relación de un servidor público con el Estado, se regula conforme al régimen previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no, debe atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña, esto es, si esas funciones se desempeñan en aras de la seguridad pública, ejerciendo la fuerza pública del Estado para el debido y eficaz cumplimiento de sus atribuciones, no a su pertenencia de determinada institución. Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 2ª./J. 67/2012 (10ª), publicada en la página 957, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2001527, la cual se cita en apoyo a lo expuesto, por las razones conducentes que informa: TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando la quejosa pertenecía al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y estaba adscrita al Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", se insiste, las funciones que desempeñaba como empleada del Estado, no estaban relacionadas con la seguridad pública nacional. Lo anterior implica que la baja definitiva que se derivó de los actos reclamados mencionados, no ocurrió en un plano de supra-subordinación, entre las autoridades responsables y la quejosa, pues aunque de su nombramiento se desprende que era trabajadora de confianza, la naturaleza de su relación laboral con el Estado no era de las previstas en el mencionado precepto constitucional y numerales de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, las que se regulan por sus propias leyes y no conforme a la ley reglamentaria relativa que es la Ley Federal del Trabajo, pues de su nombramiento como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", se advierten claramente sus funciones, las que como ya se explicó, no guardan relación con las previstas por tales normas, sino que, al ser trabajadora de confianza y atendiendo a las funciones que desempeñaba, se concluye que la quejosa se ubica en el supuesto previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Trabajadores que si bien disfrutan de las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de seguridad social, no les asisten otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo, lo que no es óbice para estimar que su relación con el Estado es de índole laboral, no de supra-subordinación, por lo que para defender sus derechos, incluso su cese injustificado, el juicio de amparo es improcedente y debe acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. De esa manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 9/90, publicada en la página 91, del Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, materias Laboral y Administrativa, Octava Época, con número de registro 205875, del rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo. Por lo tanto, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en relación con el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, consistente en el dictamen técnico jurídico contenido en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/********************/2018, de quince de marzo de dos mil dieciocho, así como en relación con el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "norte", consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS9/DG/********************/2018, mediante la cual determinó baja definitiva de la quejosa como auxiliar en SG y mantenimiento PRS "A", pues al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con el numeral 5, fracción II, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario, ya que no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 92, del Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, materias Laboral y Administrativa, Octava Época, con número de registro 205876, del rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución. Por lo tanto, atendiendo a técnica para resolver juicios de amparo contra leyes, señalada al inicio de este apartado, también se sobresee en relación con los preceptos reclamados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, quince de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. La Secretaria del Juzgado, **********, da fe de que las constancias y la presente sentencia coinciden fiel y exactamente con los archivos digitales que se ingresan al expediente electrónico; asimismo, que se giraron los oficios , al tenor de la minuta que se agrega. Doy fe. PEGAR SENTENCIA Lo resolvió y firma David César Aranda González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yazmín Meraz Rivera, hoy quince de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el veintisiete de julio del año en curso, se tuvo al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, promoviendo incidente de acumulación, en el presente asunto, toda vez que en el diverso *******, del índice de este Juzgado, se reclamaron actos relacionados con el procedimiento de separación de la quejosa *******, del cargo que desempeñaba como auxiliar en *******. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, para el que suscribe, es un hecho notorio que en el Juicio de Amparo *******, promovido por *******, del índice de este Juzgado, el quince de noviembre de la presente anualidad, se dictó la sentencia correspondiente. Por lo tanto, queda sin materia el incidente de acumulación propuesto por la autoridad responsable en cita y se continúa con el trámite normal del presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el veintisiete de julio del año en curso, se tuvo al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, promoviendo incidente de acumulación, en el presente asunto, toda vez que en el diverso *******, del índice de este Juzgado, se reclamaron actos relacionados con el procedimiento de separación de la quejosa *******, del cargo que desempeñaba como auxiliar en *******. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, para el que suscribe, es un hecho notorio que en el Juicio de Amparo *******, promovido por *******, del índice de este Juzgado, el quince de noviembre de la presente anualidad, se dictó la sentencia correspondiente. Por lo tanto, queda sin materia el incidente de acumulación propuesto por la autoridad responsable en cita y se continúa con el trámite normal del presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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