Eliseo Moreno Urioste
Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliseo Moreno Urioste
- José Antonio Luna Carbajal
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Como de autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ ANTONIO LUNA CARBAJAL, y otros, en cuanto miembros del SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo con los oficios de cuenta se tiene al Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por rendido su INFORME JUSTIFICADO, al que anexa las documentales que lo sustentan. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".ACTO QUE SE RECLAMA: Lo es la omisión del Tribuna de Conciliación y Arbitraje del Estado de expedir al SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN la constancia que refiere el último párrafo del artículo 366 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Debido a que transcurrió con exceso el término de 60 días naturales establecido en el Artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo para la Autoridad resuelva si concede o niega el Registro sindical, sin que este caso lo haya hecho, el ahora quejoso, mediante escrito presentado el día 08 de junio del año 2018 ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del término legal correspondiente, requirió a la Responsable que emitiera el acuerdo correspondiente sin que la lo hiciera, razón por la cual mediante escrito presentado el día 25 de junio del año 2018 ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el ahora quejoso solicitó a La Responsable que tuviera por hecho el registro del SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN y expidiera la constancia respectiva, sin que a la fecha lo haya hecho." (SIC) Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar respuesta los escritos presentados en fecha ocho y veinticinco de junio de dos mil dieciocho, así como de expedir registro sindical solicitado por los aquí quejosos; y si de las constancias aportadas por la responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se desprende que en fecha de veintisiete de junio del presente año, acordó los escritos de uno, seis y ocho de junio del año en curso, presentados por la aquí quejosa, asimismo, en veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictó resolución definitiva donde negó la solicitud de registro sindical hecha por José Antonio Luna Carbajal; y posteriormente el cuatro de julio dio contestación a su petición presentada el veintiuno de junio del presente año, por los aquí quejosos, precisando que en dicho auto de seis de junio de dos mil catorce, ya se había pronunciado al respecto, resoluciones las últimas dos que le fueron notificadas el siete de septiembre del mismo año; por tanto, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, virtud a que como del mismo informe se advierte que la resolución dictada por la responsable le fue notificada el siete de septiembre del año en curso, por lo que tiene a salvo su derecho para promover recurso ordinario o extraordinario respectivo contra las determinaciones de la aquí responsable. Notifíquese personalmente.
- Principal
CON ESTA FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA, DEL AUTO DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo con los oficios de cuenta se tiene al Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por rendido su INFORME JUSTIFICADO, al que anexa las documentales que lo sustentan. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".ACTO QUE SE RECLAMA: Lo es la omisión del Tribuna de Conciliación y Arbitraje del Estado de expedir al SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN la constancia que refiere el último párrafo del artículo 366 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Debido a que transcurrió con exceso el término de 60 días naturales establecido en el Artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo para la Autoridad resuelva si concede o niega el Registro sindical, sin que este caso lo haya hecho, el ahora quejoso, mediante escrito presentado el día 08 de junio del año 2018 ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del término legal correspondiente, requirió a la Responsable que emitiera el acuerdo correspondiente sin que la lo hiciera, razón por la cual mediante escrito presentado el día 25 de junio del año 2018 ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el ahora quejoso solicitó a La Responsable que tuviera por hecho el registro del SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN y expidiera la constancia respectiva, sin que a la fecha lo haya hecho." (SIC) Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar respuesta los escritos presentados en fecha ocho y veinticinco de junio de dos mil dieciocho, así como de expedir registro sindical solicitado por los aquí quejosos; y si de las constancias aportadas por la responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se desprende que en fecha de veintisiete de junio del presente año, acordó los escritos de uno, seis y ocho de junio del año en curso, presentados por la aquí quejosa, asimismo, en veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictó resolución definitiva donde negó la solicitud de registro sindical hecha por José Antonio Luna Carbajal; y posteriormente el cuatro de julio dio contestación a su petición presentada el veintiuno de junio del presente año, por los aquí quejosos, precisando que en dicho auto de seis de junio de dos mil catorce, ya se había pronunciado al respecto, resoluciones las últimas dos que le fueron notificadas el siete de septiembre del mismo año; por tanto, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, virtud a que como del mismo informe se advierte que la resolución dictada por la responsable le fue notificada el siete de septiembre del año en curso, por lo que tiene a salvo su derecho para promover recurso ordinario o extraordinario respectivo contra las determinaciones de la aquí responsable..." NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Como de la certificación que antecede y el estado de autos se advierte, que el término de quince días concedido a las autoridades responsables a fin de que rindan su respectivo informe justificado, aún no transcurre; en consecuencia, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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