Eliseo Lopez Herrera
Expediente 1182/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliseo Lopez Herrera
Actuaciones
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE SEIS DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Por otra parte, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió como complemento a su escrito inicial de demanda de garantías, previa identificación, copia de éstos, y recibo que al efecto se asiente en autos, los cuales obran glosados en autos, apercibido que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente. ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Por otra parte, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió como complemento a su escrito inicial de demanda de garantías, previa identificación, copia de éstos, y recibo que al efecto se asiente en autos, los cuales obran glosados en autos, apercibido que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente.
- Principal
1. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Súper Intendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1182/2019-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO.- La orden e instalación de un poste de la comisión federal de electricidad en la entrada de mi propiedad, afectando mis derechos de libre tránsito como también afecta el acceso a mi propiedad, hecho ejecutado en mi propiedad por la autoridad que señalo como responsable en su carácter de ordenadoras y ejecutora, fuera de todo procedimiento judicial y administrativo con clara violación al debido proceso y derechos y/o garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 Constitucionales. En virtud de que a la fecha no he sido oído ni vencido en juicio que esté resuelto mediante una sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, y mucho menos de que haya sido notificado de la instalación del poste." La suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza del acto precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a esta juzgadora a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que al rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado por la parte promovente, se hace consistir en la orden e instalación de un poste de la comisión federal de electricidad en la entrada de su propiedad, afectando el acceso a ésta. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) Ahora, si el acto que reclama el quejoso lo constituye la instalación de un poste de la comisión federal de electricidad en la entrada de un bien inmueble de su propiedad, lo cual considera afecta el acceso a éste; y, toda vez que la Comisión Federal de Electricidad, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal -conforme a las atribuciones conferidas en nuestra carta margan- la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva; y por tanto, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales Al respecto, se considera necesario transcribir los numerales 83, 84, 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: "ART. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. ART. 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. ART. 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. ART. 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo." Así como lo preceptuado por el artículo 2º. De la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Y lo indicado por el diverso 14, fracción XI de la abrogada Ley Orgánica de Justicia Fiscal y Administrativa: "ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: "(..)" XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" De ahí que antes de acudir al juicio de amparo, el peticionario de garantías, debió agotar los medios ordinarios de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que la determinación reclamada no se encuentra ubicada en el supuesto de excepción que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Apoya lo anterior la tesis CVI/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Página: 1093, Materia Administrativa, Décima Época, que a la letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." De igual forma se aplica la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Así como la diversa tesis 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por lo antes expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en señalado en su libelo constitucional y por autorizados para tal efecto a las personas que señala, con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la materia, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, como se asentó en la certificación de cuenta y se acredita con las impresiones correspondientes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Elio Ambriz Nava607/2010
- Eliodoro Garduño Sanchez48/2021
- Elisa Alcaraz Avalos512/2019
- Elisa Flores Arredondo819/2023
- Eliseo Farias Gomez135/2021
- Eliseo Lopez Gomez1013/2023
- Eliseo Moreno Urioste673/2018
- Eliud Artemio Archundia Garcia320/2016
- Elizabeth Aguiñiga Rodriguez160/2022
- Elizabeth Araceli Vega Marin547/2021
- Elizabeth Davalos de Macias216/2023
- Elizabeth Hinojosa Garcia602/2023