Elizabeth Josefina Salazar Sanders
Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabeth Josefina Salazar Sanders
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente copia del escrito de cuenta remitido vía electrónica por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; atento al mismo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto el escrito de expresión de agravios de cuenta, y copia del mismo, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ********************, en cuanto apoderado de ********************, carácter que se le reconoce en términos de lo dispuesto por el numeral 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la documental descrita en la cuenta secretarial; contra actos del Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número II-976/2023-1. En atención a los actos que se impugnan este Juzgado considera que procede desechar la demanda de amparo, en atención a los argumentos que a continuación se exponen. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que los Juzgados de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse, sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, se cita en apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE" Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente: "El proceso legislativo que concluyó con la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número 405, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, y de los cuales además se tilda de inconstitucionales, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298, de dicho cuerpo normativo." En efecto, en el caso este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contras normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los preceptos en cita, se advierte que para que opere la causa de improcedencia que en ellos subyace, requiere que tal acto impugnado se encuentre en los siguientes supuestos: La parte quejosa no demuestra su interés jurídico o legítimo, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba (falta de acreditamiento); La parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado (ausencia de interés); y. Teniendo legitimación procesal el acto reclamado no le produce una afectación (falta de afectación). En el caso, se actualiza esa causa de improcedencia (falta de afectación) en contra de las disposiciones reclamadas ya que éstas no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Para ello es necesario señalar que en el caso concreto, el interés que resulta aplicable al presente es el interés jurídico de la accionante; además, es importante destacar que, tratándose de la afectación a dicho interés, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Ahora, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, esto de conformidad con la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por tanto, uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo" que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes citado; de igual manera, dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso, como se dejó precisado la parte quejosa reclama el proceso legislativo que concluyó con la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número 405, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, en especial sus artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298. Luego, en los artículos transitorios sexto, octavo, décimo, décimo primero, décimo tercero y décimo cuarto de la legislación reclamada, se establece lo siguiente: "(.) SEXTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor a 365 días naturales, los Municipios deberán armonizar sus disposiciones normativas y reglamentarias, programáticas, presupuestales y de políticas públicas con la finalidad de integrar y homologar sus atribuciones conforme a la presente Ley y su Reglamento (.)". "(.) OCTAVO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un término no mayor a 210 días hábiles, deberá expedir los reglamentos que resulten necesarios para el cumplimiento del presente Decreto (.)". "(.) DÉCIMO. El titular del Ejecutivo del Estado, contará con 180 días hábiles para crear el Instituto, respetando los derechos laborales de los trabajadores de base y sindicalizados (.)". "(.) DÉCIMO PRIMERO. En lo referente a esta Ley, hasta en tanto no sea creado el Instituto, las atribuciones de éste serán entendidas como las de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. (.)". "(.) DÉCIMO TERCERO. Una vez instalado el Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, éste emitirá en un término no mayor a 180 días hábiles, la Estrategia Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. (.)". "(.) DÉCIMO CUARTO. Una vez instalado el Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, en un periodo no mayor a 180 días hábiles, éste creará el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano (SEITU)(.)". Entonces, lo anterior evidencia, que para la aplicación de los preceptos impugnados, contendidos en el Decreto número 405, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, es necesario que se expidan los reglamentos que resulten necesarios, y que fueron precisados en los artículos transitorios que han sido transcritos en el párrafo que antecede. Lo anterior, da lugar a que actualice en el caso la figura conocida como "vacatio legis"; la cual se define como el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En el presente caso, si bien en la publicación del decreto que contiene las normas impugnadas se estableció que entro en vigor a partir del día siguiente de su publicación, las mismas no se vuelven obligatorias de facto, sino que tal obligatoriedad se encuentra supeditada a que se emitan los reglamentos e instituto respectivos, para el debido cumplimiento y observación de la ley que se impugna, lo que como se dijo actualiza la figura "vacatio legis", ya que da la oportunidad a los sujetos obligados de conocer el contenido de la nueva legislación, mediante la creación de las figuras precisadas, pero deberán esperar a que se expidan tanto los reglamentos y se creen los institutos correspondientes para llevar a cabo el cumplimiento de dicha ley. Al respecto cobra aplicación la siguiente tesis 1a./J. 2/96: sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor."; y, la diversa tesis CCX/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE REFERIRSE A HECHOS ACTUALES O ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías debe referirse a hechos actuales o anteriores a su presentación; pues lógicamente, los actos reclamados sólo pueden analizarse como quedan demostrados en el juicio, de manera que si la recurrente alega que se debieron estudiar otros actos, distintos de los que reclamó y que sucedieron posteriormente a éstos, su petición es improcedente." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia en cita, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite?correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por otra parte, como lo solicita expresamente la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario "********************" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico y se le realicen las notificaciones. Asimismo, se tiene por autorizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** cuya cédula profesional fue localizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se desprende de la constancia secretarial; mientras que a las restantes personas que indica, se les autoriza únicamente para para recibir notificaciones e imponerse de autos, así como para recoger documentos, dado que no cumplen con el anterior requisito en comento. Igualmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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