Elisa Francisca Romero Gil

Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
579/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Elisa Francisca Romero Gil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, no obra en autos los acuses de recibo de los oficios 34804/2022 y 34805/2022, dirigidos a las autoridades señaladas como responsables foráneas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, y el Departamento de Nóminas del referido instituto, ambos con residencia en Mexicali, mediante los cuales se les requirió su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista, la certificación de cuenta se advierte que mediante resolución incidental de siete del mes y año en curso, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, por los actos reclamados a las autoridades responsables Director General y Jefa del departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, con residencia en Mexicali; y se le requirió para que dentro del plazo de cinco días hábiles, garantizara la cantidad que mensualmente se le descuenta bajo los conceptos de servici médico y reserva técnica, con los códigos de deducción 53 y 7 respectivamente, es decir $2,954.93 (dos mil noveciento cincuenta y cuatro pesos con noventa y tres centavos) y $738.7 (setecientos treinta y ocho pesos con setenta y tres centavos) acorde al recibo de pago exhibido, que dan un total de $3,693.66 (tres mil seiscientos noventa y tres pesos con sesenta y seis centavos), a fin de que continuara surtiendo efectos dicha medida cautelar, lo cual debería acreditar ante este juzgado de Distrito, dentro del mismo plazo concedido, sin que a la fecha lo haya realizado, no obstante que feneció el plazo otorgado para ello, pues fue notificada el ocho del mes y año que transcurre, como se desprende de la constancia de notificación respectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo, gírese oficio a las autoridades responsables, haciéndoles saber que dado lo anterior, quedan expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis III.3o.C.42K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época, visible a página 1079, con número de registro 193988, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJARÁ DE HACERLO SI NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD FIJADOS POR EL JUZGADOR. El artículo 139 de la Ley de Amparo, en lo conducente dispone: "El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado ...", aunque en lo transcrito se alude al "auto" por el que se conceda la suspensión, en realidad se refiere a la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva, lo que se deduce del hecho de que también se dice que la medida otorgada surte desde luego sus efectos "aunque se interponga recurso de revisión", que es justamente el medio de defensa que procede cuando se trata de la clase de suspensión que se viene comentando; además de los términos claros de dicho precepto sobre que la suspensión surte efectos desde luego y deja de hacerlo cuando no se satisfacen los requisitos de efectividad establecidos por el juzgador, no puede entenderse de otra manera, porque si, por ejemplo, en un caso urgente (un lanzamiento) la medida se otorga en una hora en que el quejoso ya no puede tramitar una fianza por estar cerradas las oficinas de la compañía respectiva, es claro que se consumaría el acto reclamado, por lo que es incorrecto que se estime que la suspensión otorgada surte efectos hasta después de exhibida la garantía señalada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Lorey del Rocio Cacho Barraza, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    R E S U EL V E Único. Se concede la suspensión definitiva que solicita ***, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Director General y Jefa del departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, con residencia en Mexicali, para el efecto de que de no haber acontecido, no se ejecute el cobro de la multa impuesta a la parte quejosa, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de ese proveído, realizara lo siguiente: "Único: Manifieste si es su deseo señalar como actos reclamados en forma destacada a los artículos 16 último párrafo y 25 fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, publicada el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, así como a los titulares de los órganos del estado que participaron en su creación. En ese contexto, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga en tiempo y forma la prevención de referencia y manifiesta que no es su deseo señalar como acto reclamado en forma destacada a los artículos 16 último párrafo y 25 fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de haber sido solicitado expresamente. Se señalan las diez horas con veintiséis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida0s que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables rindan su informe justificado vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las autoridades responsables como en este juzgado de Distrito; y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a efecto de que en caso de ser necesario, este juzgado de Distrito pueda entablar la comunicación correspondiente. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; de igual forma, proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Por último, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, notificándole mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), corriéndole traslado con copia simple de la demanda.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano