Elisa Martínez Velazco

Expediente 532/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
532/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Elisa Martínez Velazco
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, Con Domicilio En Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la tercera interesada Adela Aguilar Montaño y personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a los terceros interesados Alma Marlen Aranda Salgado también conocida como Alma Marlen Aranda Salado, Beatriz Arce y Miguel Ángel Melendres Cuero

  2. Principal

    de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a los terceros interesados Alma Marlen Aranda Salgado también conocida como Alma Marlen Aranda Salado, Beatriz Arce y Miguel Ángel Melendres Cuero, el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: "....Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que mediante proveído de siete de noviembre del año que transcurre se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Alma Marlen Aranda Salgado también conocida como Alma Marlen Aranda Salado, Beatriz Arce y Miguel Ángel Melendres Cuero y se les requirió para que dentro del plazo de tres días hábiles, señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no efectuarlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, en los términos del artículo 26 fracción III de la ley de la materia. Ahora bien, toda vez que a la fecha feneció el plazo otorgado a los terceros interesados Alma Marlen Aranda Salgado también conocida como Alma Marlen Aranda Salado, Beatriz Arce y Miguel Ángel Melendres Cuero, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena al actuario de éste juzgado, notificarles por lista en los estrados de este juzgado el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa; y atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído dictado el diez del mes y año en curso, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que señalen las constancias que en copia certificada deberán de remitirse al Tribunal de alzada, a fin de que se encuentren en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación; transcurrido dicho plazo envíese el escrito del recurso, informe sobre la materia de la queja, copia certificada de las constancias que señalen las partes y las que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno. Al considerar que el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, puede influir en la sentencia que se dicte por este Juzgado, específicamente en el derecho de audiencia y de ofrecer pruebas a la parte tercero interesada en el presente juicio; es por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, ello hasta en tanto se reciba copia certificada de la resolución que recaiga en la queja de que se trata; por tanto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente sumario constitucional. Resulta aplicable a la anterior determinación, dado que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por las razones que la informan, la jurisprudencia 4/2012 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." Por otra parte, en relación con el segundo ocurso y oficio de cuenta registrados con folio 12172 y 12207, se reserva proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento decretada en párrafos precedentes..." asimismo, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado copia del escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del proveído dictado el diez del mes y año en curso, registrado con folio 12173

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha transcurre el término de quince días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, por conducto de la Magistrada Titular y actuario de dicho tribunal, con residencia en esta ciudad, rindan su informe justificado relativo a la ampliación de demanda. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que en auto de siete de noviembre del presente año, se recibió el escrito registrado con folio 11475, presuntamente signado por la parte promovente; sin embargo, toda vez que la firma que obra en el mismo y la que se encuentra en el escrito inicial de demanda se observaron notoriamente distintas, se requirió a Elisa Martínez Velazco, para que compareciera ante este juzgado a efecto de ratificar el mismo. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia actuarial de once de noviembre del año en curso, de la que se advierte que ratificó el escrito registrado con folio 11475; en consecuencia, se procede a acordar su contenido. En ese contexto, se tiene a la parte quejosa Elisa Martínez Velazco, ampliando la demanda de amparo en relación al acto reclamado y los conceptos de violación que indica, con motivo del informe justificado rendido por las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, por conducto de la Magistrada Titular y actuario de dicho tribunal, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 111, fracción I, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo, en relación con el nuevo acto reclamado y respecto de los conceptos de violación que indica. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión en vía de ampliación, en virtud de no haber sido solicitado. ?? Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación de demanda, córrase traslado a las partes, a fin de hacer de su conocimiento lo anterior. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo individual, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que podrá remitir el informe justificado en vía de ampliación al correo electrónico institucional 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 646 120- 56-23. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedora en lo individual a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acredite, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se informa que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En otro tenor, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la ampliación de la demanda de amparo. Finalmente, se advierte que en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se requirió a diversas dependencias a fin de que informaran el domicilio que conforme a sus archivos correspondiera a Alma Marlen Aranda Salgado también conocida como Alma Marlen Aranda Salgado, Beatriz Arce y Miguel Ángel Melendres Cuero. En ese contexto, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de referencia, hace del conocimiento de éste órgano jurisdiccional que no se localizó registro alguno de las partes terceras interesadas de referencia.

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