Elida Rivera Chávez

Expediente 382/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
382/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Elida Rivera Chávez
  • Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Certificación. Ensenada, Baja California, dos de julio de dos mil diecinueve, el que suscribe Ricardo Morones Dávalos, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, certifico lo siguiente:  Que en proveídos de veintinueve de mayo y uno de julio de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los escritos presentados respectivamente por Juan René Álvarez Sobrino, autorizado de la parte quejosa, por medio de los cuales realizó manifestaciones en relación al cumplimiento de la autoridad responsable a la sentencia dictada en el presente asunto.  La totalidad de las partes fueron notificadas del proveído de veinte de junio del año en curso, en el que se les dio vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, en las fechas que se señalan en la tabla que enseguida se inserta: Partes: Fecha de notificación: Fecha en que surtió efectos la notificación: Fecha en la que feneció el plazo otorgado a las partes: Agente del Ministerio Público 21 junio de 2019. 24 junio de 2019. 27 junio de 2019. Quejosa 25 junio de 2019 26 junio de 2019 01 julio de 2019 (sin contar el 29 y 30 de junio de 2019, por ser inhábiles) D De lo anterior se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles que se les concedió a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el referido cumplimiento.  Igualmente, que este expediente encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, certifico que en el juicio de amparo en que se actúa no se aperturó incidente de suspensión. Lo que se certifica para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha doy cuenta al juez con la certificación que antecede. Conste. Ensenada, Baja California, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, además de que sólo la parte quejosa, por conducto de su autorizado Juan René Álvarez Sobrino, realizó manifestaciones al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio, en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Elida Rivera Chávez, para el efecto de que el Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali: "De respuesta a la solicitud de pensión formulada por la quejosa Elida Rivera Chávez." Determinación que fue recurrida por las autoridades responsables; sin embargo, mediante ejecutoria dictada el catorce de marzo del año en curso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en el amparo en revisión administrativo 15/2019, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "[.] PRIMERO. Se confirma la resolución sometida a revisión, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en los autos del juicio de amparo indirecto 382/2018. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ELIDA RIVERA CHÁVEZ, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos precisados en la parte final del fallo recurrido. [.]" La ejecutoria en mención se tuvo por recibida en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, por lo que en ese mismo acuerdo, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al Delegado de la autoridad responsable, informando haber dado cumplimiento al fallo protector y remitiendo la constancia de notificación de quince de mayo de dos mil diecinueve, con firma original de recibido de la quejosa Elida Rivera Chávez, mediante el cual se hizo de su conocimiento el oficio SE/176/14-05-19, de catorce de mayo del presente año, relativo a la respuesta a su solicitud de pensión; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con la constancia de referencia. Asimismo, en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa por conducto de su autorizado Juan René Álvarez Sobrino, desahogando la vista de referencia y realizando manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. En ese contexto, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procedió al análisis del cumplimiento dado al fallo protector y se determinó que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, no dio cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, en virtud de que no acreditó con copias certificadas ante este juzgado haber dado respuesta a la solicitud formulada por la quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a Javier Meza López, en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitiera copia certificada del acuerdo SE/176/14-05-19 de catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa Elida Rivera Chávez, a fin de acreditar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. En acatamiento a ello, mediante oficio registrado con folio 5542, presentado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en la Mexicali, por conducto de su delegado, remitió copia certificada del acuerdo SE/176/14-05-19, relativo a la quinta sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, llevada a cabo el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que, se dio respuesta a la solicitud de pensión por retiro de edad y años de servicio presentada por la aquí quejosa Elida Rivera Chávez, y con plenitud de decisión se resolvió conceder dicho beneficio a su favor. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en la Mexicali, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que demostró con las copias certificadas respectivas que mediante acuerdo SE/176/14-05-19, de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dio respuesta a la solicitud de pensión por retiro de edad y años de servicio que presentó la aquí quejosa Elida Rivera Chávez, y con libertad de decisión, resolvió conceder dicho beneficio a su favor; así como también, acreditó que el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, notificó a dicha impetrante del mencionado acuerdo. No obsta a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, por conducto de su autorizado Juan René Álvarez Sobrino, en los escritos registrados con folios 4758 y 5871; en el sentido de que la responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector, porque, aduce la impetrante, que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en la Mexicali, resolvió otorgarle la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, y no se pronunció respecto al otorgamiento de la pensión por jubilación que mediante nueva solicitud presentó el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Al respecto, resultan infundados los argumentos precisados, toda vez que la protección constitucional en el presente juicio se concedió para el efecto de que la autoridad responsable diera respuesta a la solicitud de pensión de retiro por edad y años de servicio, elaborada el once de junio de dos mil quince y presentada ante la autoridad responsable el seis de julio de ese año, por la quejosa Elida Rivera Chávez, no así respecto de la diversa nueva solicitud de jubilación que aduce la impetrante presentó el veintiséis de julio de dos mil diecisiete; aunado a que en dicha concesión se otorgó a la autoridad responsable plenitud de decisión. Luego, si los argumentos expresados por la parte quejosa, y sintetizados en los párrafos que anteceden, van dirigidos a atacar la determinación de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en cuanto a que en la misma no se ponderó la nueva solicitud de jubilación que presentó, por considerar que se actualizaba otro supuesto de pensión; como se dijo, la concesión del amparo no tenía ese alcance, porque se limitó a que la responsable, con libertad de decisión diera respuesta a la solicitud de pensión por retiro de edad y años de servicio, elaborada el once de junio de dos mil quince y presentada ante la autoridad responsable el seis de julio de ese año. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, uno de julio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Juan René Álvarez Sobrino, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, en relación con el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Por tanto, tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, uno de julio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Juan René Álvarez Sobrino, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, en relación con el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Por tanto, tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA REALIZADO EN CITATORIO DE TRES DE JUNIO ACTUAL Y NOTIFICO POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ensenada, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veintiuno de mayo del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Elida Rivera Chávez, para efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, realizara lo siguiente: ? De respuesta a la solicitud de pensión formulada por la quejosa Elida Rivera Chávez. Determinación que fue recurrida por las autoridades responsables; sin embargo, mediante ejecutoria dictada el catorce de marzo del año en curso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California en el amparo en revisión administrativo 15/2019, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "[.] PRIMERO. Se confirma la resolución sometida a revisión, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en los autos del juicio de amparo indirecto 382/2018. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ELIDA RIVERA CHÁVEZ, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos precisados en la parte final del fallo recurrido. [.]" La ejecutoria en mención se tuvo por recibida en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, por lo que en ese mismo acuerdo, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al delegado de la autoridad responsable, remitiendo copia del oficio de quince de mayo de dos mil diecinueve (visible a foja 321 de autos), dirigido a la quejosa Elida Rivera Chávez, con firma original de recibido de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de hacerle de su conocimiento que mediante acuerdo SE/176/14-05-19 de catorce de mayo del presente año, en respuesta su solicitud de pensión, los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, determinaron conceder a la aquí quejosa la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; sin embargo, la autoridad responsable no remitió copia certificada del referido acuerdo. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, en virtud de que no acreditó ante este juzgado haber dado respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Javier Meza López, en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo SE/176/14-05-19 de catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa Elida Rivera Chávez, a fin de acreditar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos) que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo.". Por último, por lo que hace a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito con número de registro 4758, serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos precisados en párrafos precedentes; lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo.

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