Eligio Sandoval Mendoza

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Eligio Sandoval Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    I. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngase a dicha autoridad, informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida Eligio Sandoval Mendoza, la que fue registrada como juicio de amparo 881/2018. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; además, no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  2. Principal

    I. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Eligio Sandoval Mendoza, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de cinco de octubre del año en curso y al efecto, textualmente manifiesta: "1. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no es mi deseo señalar autoridad responsable con residencia en esta ciudad, en virtud de que las autoridades responsables se encuentran en Zamora y otras. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio de cuenta se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORA Juez de Garantías y Enjuiciamiento. Zamora, Michoacán. EJECUTORAS Procurador General de Justicia del Estado. Primer Comandante de la Policía Ministerial en el Estado de Michoacán. Con residencia en Morelia, Michoacán. Subprocuradora de Justicia del Estado. Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional de Justicia. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial. Con residencia en Zamora, Michoacán. Subprocurador Regional de Justicia en el Estado. Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional de Justicia. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial. Agente Primero del Ministerio Público de la Región Zamora. Agente Segundo del Ministerio Público de la Región Zamora. Agente Tercero del Ministerio Público de la Región Zamora. Agente Cuarto del Ministerio Público de la Región Zamora. Encargados del Área de Litigación de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado. Con sede en La Piedad, Michoacán. De quienes reclama: ".Reclamo de las ordenadoras señaladas en el inciso A, la improcedente orden de aprehensión, misma que pretenden llevar a cabo las ejecutoras, y de las ejecutoras mencionadas la pretensión de cumplimentar la aludida orden de aprehensión y por ende llevara a cabo la privación de mi libertad cumpliendo una orden de aprehensión emitida por la autoridad citada como ordenadora, que con toda seguridad están violentando mis garantías Constitucionales más elementales, así como las normas esenciales del procedimiento al tomar en base por mera analogía y simple mayoría de razón, además sin tener por acreditada la probable responsabilidad del suscrito." Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde tienen su residencia las autoridades ejecutoras. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pág. 383 Jurisprudencia(Común) "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y señalado como domicilio particular, así como para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Jiménez número 743, colonia San Pedro, de esta ciudad, puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se señala domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, se ejecutó y va tener ejecución el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pag. 147 Tesis Aislada(Común) "COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado." Aunado a que el quejoso en su escrito de prevención, no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor y adujo que su domicilio se ubica en la población de Zamora, Michoacán. Similar criterio a lo determinado, adoptó el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 17/2016, originado con motivo de la demanda relativa al juicio de amparo 320/2016-I, de la que no se aceptó su competencia por parte de este juzgado, planteada por el homólogo titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por Eligio Sandoval Mendoza, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías y escrito aclaratorio, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda y aclaratorio, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pág. 357 Tesis Aislada(Común) "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor."

  3. Principal

    I. Téngase a Eligio Sandoval Mendoza, por su propio derecho, promoviendo demanda amparo contra actos del Juez de Garantías y Enjuiciamiento de Zamora, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 507/2018-I. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción III, además del 110, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al accionante de garantías para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el respectivo incidente de suspensión solicitado, que se tramita por duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Manifieste sí es su deseo señalar alguna autoridad con residencia en esta ciudad, a quien se le atribuya la ejecución del acto reclamado, toda vez que del contenido de libelo de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló autoridades responsables con residencia en Zamora y La Piedad, Michoacán. Lo anterior, tomando en consideración que el peticionario de amparo se duele de la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, sin embargo, únicamente designa autoridades responsables con residencia en Zamora y La Piedad, Michoacán. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis siguiente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 383 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo ordenado, en caso de resultar procedente su admisión, se acordará lo conducente. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mariano Jiménez número 743, colonia San Pedro de esta ciudad, y como autorizado con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Carlos Ávila Tinoco, Gabriel Ávila Castillo y Jorge Olmedo Gómez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.

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