Eliazar Francisco Alonso
Expediente 491/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliazar Francisco Alonso
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de julio de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 484/2023 (orden 765/2023), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar personalmente al quejoso el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés y prevenirlo en los términos ahí indicados, circunstancia que aconteció en fecha veintidós de junio de la presente anualidad. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; acúsese el recibo de estilo. SE REMITE. Por otro lado, tomando en consideración que éste órgano jurisdiccional se declaró incompetente para seguir conociendo del presente juicio y el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se avocó al conocimiento del presente asunto; en ese sentido, mediante oficio que derive del presente auto, remítase el original del comunicado que se acuerda con los anexos correspondientes, previa copia que se deje en el cuaderno de antecedentes; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuatro de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio número 12401/2023, derivado del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 491/2023, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor de Eliazar Francisco Alonso, contra actos del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 491/2023-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como acto reclamado textualmente el siguiente: "IV.- Omisión reclamada A) La omisión de proporcionarle la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece" Actos que le atribuye al Director del Hospital General de Zamora, Michoacán de Ocampo y otra autoridad. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Los actos reclamados precisados anteriormente constituyen omisiones relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, constituyen un peligro para la vida del quejoso, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, ello en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos reclamados a las autoridades responsables; por tanto, dichas autoridades, de inmediato deberán prestar al quejoso la atención médica necesaria respecto del tratamiento hemodiálisis que requiere semanalmente para vivir, así como el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada (insuficiencia renal crónica), y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud, esto es, deberán proporcionar el tratamiento médico y suministrar el medicamento que requiere; ahora bien, en caso de que el Director del Hospital General de Zamora, Michoacán de Ocampo, no cuente con la infraestructura y el medicamento necesario para la adecuada atención médica respecto de los tratamientos del quejoso directo Eliazar Francisco Alonso, ni se le puedan practicar los estudios necesarios, deberá canalizarlo a otra institución del sector salud pública, o de ser el caso, privada, donde se le pueda brindar la atención médica y medicamentos que necesita, ello con plena responsabilidad de las autoridades responsables. En efecto, es procedente decretar la suspensión de plano en la forma en que ha quedado precisada, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que se agrave la enfermedad del quejoso e incluso, pierda la vida, que es uno de los derechos fundamentales más valiosos para el ser humano. Lo anterior, debiendo las autoridades responsables, a través del personal correspondiente, tomar las medidas adecuadas para su atención y en su caso, tratamiento médico y se le practiquen los estudios de laboratorio que resulten necesarios, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente la salud de la parte quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a las autoridades responsables. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata sin costo alguno para la quejosa, considerando que se trata de la salud del peticionario de amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; reiterándoles, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dichos informes podrán ser rendidos vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Ahora, tomando en consideración que la demanda de amparo fue promovida por Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor del quejoso directo Eliazar Francisco Alonso, sin que obre la firma autógrafa de éste último, además de que así lo solicita la promovente. Por tanto, a fin de que el juzgado que corresponda se encuentre en condiciones de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, prevéngase al quejoso directo -Eliazar Francisco Alonso-, para que al momento de la notificación que se le realice del presente proveído; o bien, dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de dicho proveído, manifieste si ratifica o no el escrito de demanda. De igual manera, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, precise si es su deseo en designar como su autorizada a la promovente de la demanda de amparo, es decir, a Ana Luisa Gómez Ibarra; apercibido que de no hacerlo, dicha persona no podrá actuar en el presente juicio. APERCIBIMIENTO DE NO RATIFICAR LA DEMANDA. Apercibida que de no ratificar el ocurso de demanda presentado en su favor dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, se tendrá por no presentada; y, quedarán sin efecto alguno las providencias decretadas en el acuerdo dictado por la autoridad declinante, de conformidad con el ordinal 15 de la Ley de Amparo. SE GIRA DESPACHO. Tomando en consideración que el directo quejoso Eliazar Francisco Alonso, según refiere la promovente puede ratificar la demanda de garantías, en el domicilio ubicado en calle Privada 16 de septiembre, S/N, de la localidad de Carapan, del municipio de Chilchota, Michoacán, como referencia vive a un lado de la clínica del IMSS, la casa es de adobe y puerta de madera, asimismo podrá ser contactado al número de teléfono 443 471 5644, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda realice lo siguiente: Notifique al quejoso Eliazar Francisco Alonso el presente proveído, dictado por esta autoridad de control constitucional. Lo requiera para que al momento de la notificación que se le realice del presente proveído, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa promovido por Ana Luisa Gómez Ibarra (se anexa copia). Además, lo requiera para que manifieste si es su deseo señalar como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la referida Gómez Ibarra; de igual forma, indique si es su deseo señalar el usuario para recibir notificaciones personales; así como el correo electrónico y número telefónico que se indican en el libelo de garantías, como medios de contacto alternos. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NO RATIFICAR DEMANDA. De igual forma, se deberá apercibir al quejoso directa que de no ratificar el ocurso de demanda presentado en su favor, se tendrá por no presentada; y, quedarán sin efecto alguno las providencias decretadas, de conformidad con el ordinal 15 de la Ley de Amparo. De todo lo cual se deberá asentar la razón correspondiente con la que se acredite haber cumplido con lo ordenado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III. Autoridades responsables. A) Director del Hospital General de Zamora, con domicilio en prolongación avenida 5 de Mayo, número 97, El Jerico, Zamora de Hidalgo, Michoacán. B) Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con domicilio en la calle Allende, número 505, colonia Centro, en Morelia, Michoacán. "IV.- Omisión reclamada A) La omisión de proporcionarle la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece" INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que sea menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la Ley de la materia, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto y considera que le corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, conocer del mismo, por las siguientes razones. El quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. En diversas ocasiones ha solicitado al Hospital General de Zamora, Michoacán, el tratamiento de hemodiálisis para contrarrestar su padecimiento de insuficiencia renal crónica; sin embargo, le mencionan que no pueden hacerlo, por no contar con máquinas de hemodiálisis. 2. Las autoridades responsables han sido omisas en brindarle la atención médica que requiere (con sede en Zamora y Morelia, Michoacán, respectivamente). Es decir, han sido omisas en brindarle el tratamiento de hemodiálisis. 3. El quejoso tiene su domicilio en calle Jacinto López, número 168, colonia Jacinto López, en Zamora, Michoacán. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de realizar, es decir, proporcionar las sesiones de hemodiálisis para suministrar los medicamentos necesarios que necesita la parte quejosa para su tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para salvaguardar su vida. Esto es así, porque el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución; además, que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social; por tanto, la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no otorgue los servicios médicos requeridos por la parte quejosa, de manera diligente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada realice o deje de hacer lo conducente, para la adecuada y garantizada protección de la salud de los gobernados. Por lo tanto, el elemento que consideró esta Juzgadora para determinar que es un Juez de Distrito con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, el competente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real" Lo enfatizado es de este Tribunal. Con la finalidad de explicar mejor lo anterior, en principio se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado, por lo que, primero debe estudiarse la forma en la cual éstos se dividen de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, los actos se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos; Actos prohibitivos. 3. Omisivos o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Entonces, a partir de que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, lo que a criterio de esta Juzgadora, se actualiza en el presente caso, pues en este asunto la parte quejosa reclama la omisión por parte de las responsables en brindarle la atención médica que requiere para vivir. Es decir, han sido omisas en dar el tratamiento de hemodiálisis para contrarrestar su padecimiento de insuficiencia renal crónica que padece el quejoso. En ese orden de ideas y considerando que la falta de atención médica, cuya omisión se reclama en el juicio de amparo, ha sido solicitada tanto al Hospital General de Zamora, Michoacán, como a la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán (según lo refiere la parte quejosa bajo protesta de decir verdad) es que deriva la obligación constitucional y legal de las autoridades señaladas como responsables en otorgar la atención médica reclamada. Consecuentemente, la omisión de otorgar la atención médica señalada, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal y constitucional de las autoridades, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de la salud del quejoso, dado que mientras subsista, se generará una violación a ese derecho fundamental. Violación que subsistirá, hasta tanto se otorgue la atención respectiva, sin la cual no es posible que mejore la salud del directo agraviado. De ahí que esta Juzgadora considere que tal acto no constituye omisión simple, sino que trae aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza la continuidad al tratamiento respecto del padecimiento del quejoso y se corre el riesgo de que se agrave el estado de salud del mismo e incluso, que pierda la vida, que es uno de los derechos fundamentales más valiosos para el ser humano. Motivo por el cual, y recordando que -como se precisó en párrafos anteriores- ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo a su contenido, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades sanitarias que proporcionaran los servicios médicos que requiere la parte quejosa. Aunado a lo anterior, la promovente del amparo refiere que el quejoso directo tiene su domicilio en: "I.- Datos del quejoso. Eliazar Francisco Alonso, con domicilio en calle Jacinto López, número 168, colonia Jacinto López, Zamora, Michoacán." Lo cual se corrobora de la documental que anexa al escrito de demanda (copia simple de la credencial); por lo que es evidente que el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es el legalmente competente para conocer de la presente demanda de garantías, por ser dentro de su competencia territorial donde tiene ejecución material la afectación que genera el acto reclamado, conforme a la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el promovente del amparo textualmente manifieste: "SÉPTIMO: Manifiesto que la parte quejosa actualmente está en domicilio calle Privada 16 de septiembre, S/N, de la localidad de Carapan, del municipio de Chilchota, Michoacán." El cual se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a lugar donde radican las autoridades señaladas como responsables y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar donde reside la parte quejosa, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno. En este contexto, remítase el escrito original de demanda, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de la misma -escrito de demanda-, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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