Elías Ayala Santillán

Expediente 543/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
543/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Elías Ayala Santillán

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de quince de noviembre pasado, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, tomando en consideración que el peticionario del amparo Elías Ayala Santillán, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y notifique personalmente al promovente la presente determinación. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    IV.-Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveídos de siete y nueve de noviembre actual, se tuvo por rendido el informe justificado del Director General y Presidente del Comité Técnico, así como del Jefe del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación social Número 17, "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán (fojas 29 a 31 y 57 a 60) Ahora, en atención al contenido de los referidos informes, así como las documentales que los apoyan, se advierte que durante el trámite del presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones al principio de definitividad contemplado en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la lectura del escrito de demanda que ocupa la atención, reporta que el acto que se reclama no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. En el caso concreto, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias precisadas en su demanda de amparo lo siguiente: "La falta de atención médica adecuada para mi padecimiento, el no proporcionarme los medicamentos adecuados para los mismos, lo cual ha afectado bastante mi salud de forma directa y me ha causado daño físico y psicológico ya que tengo mi padecimiento de la próstata e inflamación de colon, a lo cual he sido atendido por mi padecimiento de próstata con el especialista en Urología teniendo un tratamiento por un año pero al acudir a consulta con el urólogo y decirle que mi estómago me dolía bastante y que me estaba creciendo mucho me dijo que eso no tenía que ver nada con la próstata, así que ordenó un ultrasonido más y el día veinte de julio se me hizo dicho ultrasonido, ordenando una dieta pero los médicos no me han dicho nada sobre la inflamación de colon, asimismo, fui llevado a consulta con el cirujano el día veintiocho de agosto con el cirujano recetándome un medicamento de nombre PREGAVALINA, pues de la próstata me encuentro estable ya que he recibido atención por el especialista y tengo un tratamiento por un año. Pero no he recibido la atención adecuada del especialista en oncología ya que mi problema puede ser de "cáncer de colon rectal" ya que mis síntomas son de estos "distensión abdominal mucho estreñimiento, ganas de defecar muchas veces al día y solo haciendo puros gases, mucha debilidad, cansancio, fatiga.", con dolor fuerte en la cintura, mis músculos se me han hecho bolas mis tendones, a tal grado de sufrir inflamaciones de rodillas y coyunturas, tan es así que el día veinticinco de septiembre fui atendido por la doctora por haberme inflamado la rodilla y recetándome unas inyecciones pero ella argumentando que es por la edad sin siquiera hacerme un estudio ni siquiera porque ve que mi estado de salud viene decallendo cada día más. Está bien claro que necesito la atención del especialista en oncología al mandarme hacer otro ultrasonido el urólogo pues al decirme que los dolores de cintura no tenían nada que ver con la próstata, ya que cuando estaba yo recluido en Tabasco, en el sureste # 6 Humanguillo y al estarme llevando a consulta con el urólogo y al tomarme un ultrasonido se me detectó "dicha inflamación de colon", y en todas y cada una de mis peticiones siempre pidiéndole atención a la doctora por mi fuertes dolores de cintura y bolas que se han formado por dentro y ella nunca se toma la molestia de checarme no se toma la molestia de tentar esas dichas bolas para saber porque por eso pido la atención de "ONCOLOGÍA" Sin embargo, es necesario destacar que los actos que por esta vía combate, constituyen una omisión de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificados, revocados o nulificados, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. (.) Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (.) Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.". "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. (.)" "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. (.)" "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. (.)" De los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Aunado a lo anterior, en caso de que la persona privada de la libertad no obtuviera una respuesta favorable a su petición o no obtuviera respuesta alguna, puede impugnar dicha determinación ante el Juez respectivo. De igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir diversos actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con las condiciones de internamiento del promovente del amparo (negativa de proporcionar atención médica especializada en oncología). En consecuencia, a dichos actos cuya ejecución tuvo lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Así como los criterios aislados siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad". "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". En tales condiciones, como fue anticipado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Tomando en consideración que el peticionario del amparo ELÍAS AYALA SANTILLÁN, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído en ese centro de reclusión. Consecuentemente, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y notifique personalmente al promovente el presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    IV.-Agréguese a el oficio de cuenta, que envía el Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, concedida al quejoso Elías Ayala Santillán, en proveído de veinticinco de octubre actual. En términos del artículos 9, de la ley de la materia, téngase como delegados de las autoridades responsables, a los que precisan en el oficio de cuenta. Circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, glósese el pedimento de cuenta, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito en materia de amparo, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    IV.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Elías Ayala Santillán, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 CPS Michoacán con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda. El promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán". Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán. Coordinadora del Servicio Médico y/o Encargada de la Coordinación de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" Residentes en Buenavista Tomatlán, Michoacán. De quienes reclama: La falta de atención médica adecuada para mi padecimiento, el no proporcionarme los medicamentos adecuados para los mismos, lo cual ha afectado bastante mi salud de forma directa y me ha causado daño físico y psicológico ya que tengo mi padecimiento de la próstata e inflamación de colon, a lo cual he sido atendido por mi padecimiento de próstata con el especialista en Urología teniendo un tratamiento por un año pero al acudir a consulta con el urólogo y decirle que mi estómago me dolía bastante y que me estaba creciendo mucho me dijo que eso no tenía que ver nada con la próstata, así que ordenó un ultrasonido más y el día veinte de julio se me hizo dicho ultrasonido, ordenando una dieta pero los médicos no me han dicho nada sobre la inflamación de colon, asimismo, fui llevado a consulta con el cirujano el día veintiocho de agosto con el cirujano recetándome un medicamento de nombre PREGAVALINA, pues de la próstata me encuentro estable ya que he recibido atención por el especialista y tengo un tratamiento por un año. Pero no he recibido la atención adecuada del especialista en oncología ya que mi problema puede ser de cáncer de colon rectal ya que mis síntomas son de estos distensión abdominal mucho estreñimiento, ganas de defecar muchas veces al día y solo haciendo puros gases, mucha debilidad, cansancio, fatiga.", con dolor fuerte en la cintura, mis músculos se me han hecho bolas mis tendones, a tal grado de sufrir inflamaciones de rodillas y coyunturas, tan es así que el día veinticinco de septiembre fui atendido por la doctora por haberme inflamado la rodilla y recetándome unas inyecciones pero ella argumentando que es por la edad sin siquiera hacerme un estudio ni siquiera porque ve que mi estado de salud viene decallendo cada día más. Está bien claro que necesito la atención del especialista en oncología al mandarme hacer otro ultrasonido el urólogo pues al decirme que los dolores de cintura no tenían nada que ver con la próstata, ya que cuando estaba yo recluido en Tabasco, en el sureste 6 Humanguillo y al estarme llevando a consulta con el urólogo y al tomarme un ultrasonido se me detectó "dicha inflamación de colon", y en todas y cada una de mis peticiones siempre pidiéndole atención a la doctora por mi fuertes dolores de cintura y bolas que se han formado por dentro y ella nunca se toma la molestia de checarme no se toma la molestia de tentar esas dichas bolas para saber porque por eso pido la atención de ONCOLOGÍA De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción IV, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de garantías, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente; asimismo, remitan, en su caso, todas y cada una de las constancias en que se basaron para emitir el acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a dichas responsables, para que rindan su informe por vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Bajo apercibimiento que de no rendir el referido informe dentro del expresado lapso, o no acompañar las constancias necesarias para apoyarlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se impondrá a la autoridad omisa una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. Respecto de las pruebas que ofrece el peticionario de garantías, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, así como de las documentales que remitan en su apoyo. Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado por el quejoso ELÍAS AYALA SANTILLÁN, consistente en la falta de atención médica y tratamiento médico especializado, adecuado y suficiente para la protección y restauración de su salud, así como la atención médica especializada (oncología); debiendo las autoridades responsables, a través de los médicos respectivos tomar las medidas pertinentes para su atención y en su caso, tratamiento y prescripción médica, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, acorde a lo determinado en párrafos precedentes. Por otra parte, como lo gestiona el quejoso, con apoyo en los artículos 14, 17 y 20, Apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico federal en favor del citado promovente. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, estos es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal Elías Ayala Santillán el contenido del presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Resulta aplicable la tesis: Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002576 1 de 1 Segunda Sala Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Pág. 1253 Jurisprudencia(Común) "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO ELÍAS AYALA SANTILLÁN, EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; POR OFICIO Y TELEGRAMAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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