Eligio Quintanilla González

Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
215/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Eligio Quintanilla González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el computo a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo.. Asimismo, se tiene como delegados de la autoridad responsable de mérito, a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 119, de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable de mérito, el anexo que adjunta al oficio de cuenta, mismo que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Luego, visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Eligio Quintanilla González consiste en la omisión de dar contestación a la petición realizada en escrito de once de enero de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente laboral número 41/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, esto es, darle el tramite correspondiente a la radicación de demanda en la instancia laboral que promovió en la citada fecha. En tales condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo deviene improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que la citada Junta Federal remitió con su informe justificado, copias certificadas correspondientes al expediente laboral número 41/2018 de su índice; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del impetrante, habida cuenta que tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. Esto es, resulta evidente que sí por ésta vía Constitucional el quejoso reclama la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, al escrito de once de enero de dos mil dieciocho por el que promovió demanda en aquella instancia laboral; y, si, dentro de los autos del expediente laboral número 41-2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí responsable, esta dio trámite, esto es, radico la demanda que entabló el ahora quejoso en contra del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y otro, lo que acredita la responsable con las constancias certificadas que remite a éste Juzgado Federal consistentes en el auto de radicación de demanda de la misma fecha foja 34, así como el acuerdo de seis de abril del año en curso, en el que se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de la presente anualidad, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; dicha circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que consideró violado. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta Federal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene inconcuso que debe sobreseerse el presente juicio Constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En tales condiciones, déjese sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (fojas 23 y 24). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a juicio como autoridad responsable a la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, requiriéndole para tal efecto su informe justificado; sin embargo, de la constancia de notificación del oficio 5625/2018 (foja 22), se advierte que no cuenta con el sello oficial de recepción en el cual se pueda observar de manera fehaciente la fecha en que se recibió, sin que sea óbice que se observa el nombre de Gisela Cecilia Alvarado y una firma y/o rúbrica ilegible; empero, como se mencionó no existe certeza que la citada responsable haya recibido la comunicación oficial de mérito. En tales consecuencias, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, evitar la reposición del procedimiento e integrar debidamente el presente sumario constitucional, remítase de nueva cuenta a la autoridad responsable en cita, el oficio 5625/2018 con sus respectivos anexos, vía fax o correo electrónico. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eligio Quintanilla González, contra actos que reclama de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 215/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite. Es aplicable al caso, la Tesis Jurisprudencial PC.III.L. J/24 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 928, Tomo III, Diciembre de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015842, que textualmente señala: "AMPARO INDIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE PROVEER RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), estableció que, por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, en esa misma tesis, señaló una excepción a esa regla general, específicamente cuando el Juez advierta de la demanda, que se está ante la "paralización total del procedimiento". Luego, en atención a los efectos que produce la omisión de proveer sobre la admisión de una demanda laboral en un plazo razonable, es decir, cuando ha transcurrido un lapso mayor al doble de las 24 horas hábiles que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo (más de 48 horas, comprendidas de las 7:00 a las 19:00 horas de los días hábiles, acorde a los arábigos 714 a 716 de la ley citada), contado a partir de que el escrito se recibió en la Oficialía de Partes de la Junta, o bien, de la primera hora hábil del día siguiente a su recepción en la Oficialía de Partes o Unidad Receptora Común, se concluye que si no existe constancia de lo primero, se actualiza la paralización del procedimiento, con el consecuente perjuicio de imposible reparación, al afectar materialmente el derecho sustantivo de acceso a la justicia del promovente y, por ende, contra ese acto omisivo, procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, invocado." Sin que deba tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se cita por analogía la tesis I.7o.A.12 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 848, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Enero de 1999, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita." Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para tal efecto, remítase copia de la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada el viernes seis de enero de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia Constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, por medio de lista según lo previene al artículo 26, fracción III del citado cuerpo legal, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, haciéndole de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jardín Hidalgo número 113, de la zona Centro, de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiano Castillo Balleza, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. En cuanto a Carlos Alejandro Bustos Ruiz, se tiene como autorizado en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se le tiene ofreciendo como prueba documental, el documento que anexa a su libelo constitucional, la que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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