Eligio Quintanilla Gonzalez
Expediente 327/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eligio Quintanilla Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido vía electrónica el exhorto de cuenta, del Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual adjunta las constancias del exhorto 116/2020 número de orden 357/2020, del índice de este juzgado federal, debidamente diligenciado, enviado para el efecto de notificar el acuerdo de catorce de octubre del año en curso, a fin de que emplazara al tercero interesado Afore Banamex Sociedad Anónima de Capital Variable Integrante del Grupo Financiero Banamex; dese de baja, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno así como en el mencionado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin necesidad de acusar recibo, pues éste lo genera automáticamente. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Afore Banamex Sociedad Anónima de Capital Variable Integrante del Grupo Financiero Banamex, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. ...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veinte. Ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro, con sede en la ciudad de San Luis Potosí y Actuario adscrito, mediante los cuales, rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva. Ahora, la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado acompaña en copia certificada las constancias de notificación de once de febrero, veintidós y veintitrés de octubre, todos de dos mil veinte, practicadas al quejoso Eligio Quintanilla González y a la parte demandada dentro del expediente laboral 41/2018; documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión de notificar a la parte demandada el laudo de catorce de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral 41/2018 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro, con sede en la ciudad de San Luis Potosí. Por otro lado, se observa que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Así las cosas, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el nueve de noviembre de dos mil veinte, mismo que se provee en párrafos que anteceden la Junta Especial Número Treinta y Cuatro, con sede en esta ciudad de San Luis Potosí, a través de su presidente, rindió su informe justificado, negando la existencia del acto reclamado y remitió en su apoyo copia certificada las constancias de notificación del laudo de catorce de enero de dos mil veinte, realizadas al quejoso Eligio Quintanilla González y a las demandadas Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los días once de febrero, veintidós y veintitrés de octubre, todos del dos mil veinte, en el expediente laboral 41/2018, a las cuales se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de notificar a la parte demandada, el laudo de catorce de enero de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 41/2018, pues se ha evidenciado que con fecha veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veinte, fueron realizadas por el fedatario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Cuatro, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del exhorto 116/2020 (orden 357/2020) de este índice e informa que procedió a su diligenciación; asimismo, se toma conocimiento de que dicha comunicación oficial se registró con el número de exhorto 98/2020 (orden 98/2020-2).
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** se admite. Apertura del incidente de suspensión. ... Fecha y hora de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo y 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Informe justificado. ....
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